La reforma no va
Raymundo Riva Palacio
La controvertida reforma judicial, que consensuada y corregida iba a
presentarse ante el Senado, está en entredicho. El presidente Andrés Manuel
López Obrador cambió de opinión el miércoles por la mañana, antes de ir a
Querétaro a conmemorar la Constitución, y dentro del gabinete se espera su
cancelación. No se ha dado explicación clara del porqué, y varios funcionarios se
sorprendieron por la decisión, después de haber trabajado el paquete de
iniciativas la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Consejería
Jurídica de la Presidencia. La decisión del presidente parece, de concretarse
en los próximos días, eminentemente política.
La reforma preparada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, provocó polémica
y una airada protesta por la violación de los derechos humanos que pretendía normalizar
y legalizar, junto con la restauración del poder en el ministerio público ante
lo que consideraba como fracaso del sistema penal acusatorio. Gertz Manero
nunca estuvo de acuerdo con el sistema, desde que empezó a ser planteada en el
gobierno de Felipe Calderón, así como durante el proceso que fue llevado a cabo
por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo gasto incontrolado e ineficiente en
la Secretaría de Gobernación para la capacitación y consolidar el cambio, nunca
se dio. La posición de Gertz Manero siempre fue pública, y por la coyuntura que
se le abrió en la actual administración y empoderado por una autonomía sin para
consolidar lo que antes era una barrera infranqueable, marchó sobre todos para
alcanzar su objetivo, argumentando que el Ejecutivo no podía impedirlo.
Tres imponderables, jurídicos y de la política real, se le atravesaron. El
primero fue que la Fiscalía no puede presentar iniciativas de Ley; el segundo
fue el reclamo dentro del gabinete que había sido pasado por alto, y el último,
el presidente. Para quienes valoran las garantías individuales y los derechos
humanos, son buenas noticias que la Ley Gertz, que las vulneraba, si las
señales desde el despacho presidencial se mantienen inalterables, no vaya a
caminar. También, que en la decisión salomónica de conciliar los deseos de la
Fiscalía con el resto del gobierno, se evite una mini reforma. El presidente quiere
cancelarla en su total, con lo que también evitaría que el encono y la
confrontación se acentuaran dentro de su equipo de trabajo, al decidirse por
una reforma que no recogiera a plenitud las propuestas de Gertz Manero, quien está
muy enojado por lo que sucedió al frustrarse la presentación de su reforma. No
hay fecha para una nueva reforma judicial, pero se podría pensar que no se
cruzaría con el proceso electoral del próximo año. López Obrador tiene
demasiados fierros calientes sobre la estufa para añadir uno más que afecte lo
que sí le preocupa, los votos.
La valoración de cancelarla ha sido unilateral, pero no se puede entender
sin el contexto y el ánimo con el que anda el presidente últimamente.
Funcionarios federales apuntaron el enojo que carga el presidente desde hace
unas semanas ante el escenario complejo y difícil que está enfrentando, donde
las cosas no están saliendo como deseaba. Las perspectivas económicas lucen
oscuras para sus proyectos y programas, y no habrá manera de cambiar la inercia
porque no habrá inversión privada. No tendrá recursos suficientes para el Tren
Maya, ni para la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, o para
otras grandes obras de infraestructura. Los inversionistas desconfían de López
Obrador y consideran que no hay garantías jurídicas para la inversión, que la
toma de decisiones en una persona conlleva enormes riesgos en el diseño y la
ejecución.
La agencia calificadora Moody’s explicó como uno de los factores por los
que como otros 10 bancos y consultoras han recortado la expectativa de
crecimiento a uno por ciento para este año, es la gobernanza, que tiene que ver
con la relación entre gobernantes y gobernados. Esto significa que lo que se ve
en el exterior es que la forma como López Obrador está gobernando, excluyendo a
dos terceras partes del país, difamándolos, atacándolos, hostigándolos y amenazándolos
con los recursos del poder que causan el mayor terror, la Unidad de Inteligencia
Financiera y el SAT, que sólo lleva a una tensión en el sistema, a
confrontaciones institucionales y, eventualmente, a una profundización de la
ruptura del consenso nacional. Otra es cómo toma las decisiones.
Eurasia, otra consultora internacional, ha señalado que la toma de decisión
en su gobierno, que depende casi en su totalidad y exclusividad de él, implica
un riesgo por los enormes márgenes de error que entraña. Desde hace un año
Eurasia ha venido alertando sobre la centralización de las decisiones, que
reduce los márgenes de maniobra para sus colaboradores. “Como quedó claro con
la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México”, señaló en
un reporte en enero de 2019, “tomará decisiones basadas en sus creencias y
preferencias personales, con asesores moderados que tienen una influencia
limitada”. La experiencia en el primer año de gobierno confirmó el diagnóstico.
En el caso de la reforma judicial, a partir de lo revelado por funcionarios
federales, ha seguido el mismo camino. Ni consultó a nadie de su equipo, ni lo
pasó por un proceso previo de deliberación. El miércoles por la mañana comenzó
a plantear la posibilidad, que tomó desprevenidos a todos. Pero nadie dijo
nada. Si López Obrador quiere cancelar la reforma judicial, lo hará. Sus
consideraciones no atraviesan, como ninguna de sus decisiones, salvo cuando se
le convirtieron en un problema insalvable, por cálculos político-electorales.
La reforma judicial se contaminó demasiado por los atropellos a la libertad, y
se ha convertido en una papa política demasiado caliente. Un problema más, no lo
necesita el presidente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
