Una salida
para el avión
Raymundo Riva
Palacio
Esta noche,
el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con alrededor de 100
empresarios, para algo que ya saben en qué terminará. Comprarán cientos de
boletos para la rifa de 100 millones de pesos para comprar medicinas y equipo
médico, y que se disfrazado de sorteo del avión presidencial. El tema sigue
metiendo en problemas al gobierno y enredándolo más en temas legales que
significan responsabilidades penales. El martes, quien resbaló fue el
fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien entregó un cheque por dos mil
millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para el pago
de los premios. Se suponía que el Instituto ya tenía ese dinero en caja pero
resultó mentira. Sin embargo, el resultado fue peor, porque el fiscal entregó
dinero asegurado de una empresa sin haber consignado la carpeta de investigación ante tribunales,
y sin saber si el juez va a aceptar las pruebas presentadas.
El avión queda en lo
mismo. Ningún recurso asegurado ni dinero de la rifa será para saldar la deuda de
130 millones de dólares de la Secretaría de la Defensa Nacional con Banobras,
dueña del avión. La Fuerza Aérea a poco será dueña de la nave hasta que se la
pague. El caso contrario sería una cuenta incobrable para Banobras y Hacienda
tendría que aprobar el quebranto para que se convierta en deuda.
No había necesidad de todo esto. En la
transición, el equipo de López Obrador recibió el reporte que la empresa
británica Ascend Flightglobal Consultancy entregó a Banobras el sexenio pasado,
cuando se analizó la opción de venta del avión, un Boeing 787-8, antes de
aceptar su entrega. La consultora proporcionó también un análisis sobre el
mercado privado de las aeronaves de negocios, llamadas “Bizliners”, de fuselaje
ancho, cuya configuración se asemeja a la de aeronaves de gobierno.
Una de las
conclusiones era que difícilmente podría venderse en un plazo de 12 meses, por
las condiciones económicas del mundo tras la crisis financiera de 2009 y por la
configuración altamente personalizada, que obligaría a un descuento por
readaptación. En su opinión, si el avión se vendiera a un gobierno o una
empresa en 24 meses, el valor de la pérdida con respecto a su valor de
adquisición, de casi 218 millones de dólares, podría ascender a 70 millones, y
en 36 meses a 76. Si se pretendiera recomercializarlo y reconvertirlo en avión
comercial, la pérdida podría ascender al 50% del valor de la compra.
Ascend señaló que el
precio del avión fue muy atractivo y el costo de sus acabados internos
estuvieron en línea con los estándares de la industria para aeronaves de ese
tamaño, por lo que sería improbable adquirir una aeronave alternativa a mejores
precios. El avión, agregó, era uno de los de mayor eficiencia en su momento y
cumplía con los requisitos para operar desde la Ciudad de México. Adquirir uno
nuevo costaría cuando menos de 250 a 350 millones de dólares. “En conclusión”,
Ascend recomendó “aceptar la entrega y conservar para operación la aeronave…
durante el futuro previsible”.
Un resumen de este informe fue publicado en el
portal de la Presidencia de la República el 14 de enero de 2016. Es decir, el
equipo de transición contaba con una alerta pública de la existencia del
documento y con la misma evaluación. En su momento debían haber informado a
López Obrador de la dificultad de llevar a la venta, como había ofrecido en
campaña y, si lo hicieron, debió haberlos escuchado. Aún así, hubo algunos que mostraron
atracción por el avión. Uno de los últimos interesados fue un país africano
–probablemente Nigeria-, pero según allegados a los funcionarios involucrados
en el tema, no avanzó porque dentro del gabinete le propusieron al presidente
la rifa. Como ya se sabe, fue un desastre.
El presidente, típicamente,
se ha ido para adelante, a costa de su propio prestigio y de las burlas
sangrientas a su inteligencia en las redes sociales que tanto elogia. Rechazó
soluciones comerciales y financieras, y el avión está satanizado. ¿Quién se
atrevería a utilizarlo? Sin embargo, López Obrador tiene una salida política al
avión, si quisiera explorarla, y mediante un uso fuera de México, no arrendado
ni vendido –opciones que deberá mantener abiertas-, podrìa sacar un gran
provecho de esta aeronave que políticamente lo ha lastimado. Por ejemplo,
ofrecerlo a las Naciones Unidas con fines humanitarios.
Existe el Servicio
Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, manejado por el Programa Mundial de Alimentos que ofrece transporte de pasajeros
y carga ligera, puentes aéreos hacia o desde zonas de crisis e intervenciones
militares, desastres naturales, hambruna, y asistencia de emergencia en lugares
donde no hay acceso para otro tipo de aviones. El Boeing 787-8 no podría aterrizar
en varias zonas en crisis, donde las pistas, o no son lo suficientemente largas,
o son de terracería, pero sí podría ser de gran utilidad en evacuaciones desde
la mayoría de las capitales del mundo, que tienen capacidad para recibir ese
tipo de naves.
Las Naciones Unidas opera
una flotilla rentada de 50 helicópteros y aviones de hélices para este tipo de acciones,
que en 2018 tuvieron participación en 16 países, donde ayudaron a casi 400 mil
personas a ser evacuadas. López Obrador ha dicho que la “lujosa” flota de
aeronaves gubernamentales, no serán usadas en México. Ponerlas a disposición de
las Naciones Unidas, rentadas a mejor precio o prestadas con fines
humanitarios, es una tarea que el mundo le agradecerá y podrá concitar el
respaldo de los mexicanos. Definitivamente sería una gesta de solidaridad
internacional, en lugar de dejar que se deterioren las naves en los hangares
porque no se le ocurrió mejor idea para mantener cara ante su promesa de
campaña.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
