Categoría: Zihuatanejo

El panteonero y el ausente

Raymundo Riva Palacio

El estilo personalísimo del presidente Andrés Manuel López Obrador genera un desorden natural en su gobierno. Irrespetuoso indómito de las jerarquías, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México ignoró las líneas de mando. No es un presidente de estructuras, sino de encargos. A Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, lo mandó a resolver conflictos étnicos en Chiapas, sin importar su trabajo con las universidades. A Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, le pidió en los prolegómenos del Tren Maya, que reclutara a indígenas para que abrieran tumbaran la selva por donde pasarían los vagones de sus sueños. 

El Ejército es el mejor ejemplo de esta anarquía. Por ejemplo, López Obrador responsabilizó a la Secretaría de la Defensa que se encargara del transporte de las vacunas desde Rusia, por lo que, al carecer de logística internacional, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, contrató a DHL. Así opera el presidente en las reuniones de gabinete, y encarga tareas por fuera de las atribuciones que tienen los funcionarios elegidos, aunque los resultados no siempre son negativos. Hay algunos encargos, sin embargo, que sí pueden tener repercusiones, como sucedió recientemente con el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, viejo amigo del presidente. 

El tema migratorio ha sido un problema desde que iniciaron las caravanas de indocumentados centroamericanos a Estados Unidos, cuando por presiones del expresidente Donald Trump, López Obrador accedió a desplegar a la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para frenarla. Desde hace unos dos meses, con la esperanza de que el nuevo gobierno de Joe Biden relajaría los controles fronterizos, comenzaron nuevamente las caravanas, mientras el gobierno de México modificó su política migratoria y volvió a dejar pasar a los inmigrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró el sábado que no había cambio de política. Pero en Washington, a través de los periódicos donde se reflejan las ansiedades e inquietudes del gobierno, desde la semana pasada han aparecido reportajes sobre esta crisis en ciernes. En Palacio Nacional, ni en cuenta. Garduño se encuentra realizando una tarea especial que le encargó el presidente, quizás recordando una anécdota que le contó hace tiempo el comisionado de Migración de cuando en su juventud trabajó en un panteón.

Como para el presidente eso es suficiente para efectos de capacidad, le pidió que revisara la capacidad de tumbas en los panteones del país, porque le preocupaba que el número de muertos por el coronavirus saturara los panteones y comenzara las filas para enterrar a los fallecidos, o recorridos interminables en busca de tumbas. Para la imagen de su gobierno en cuanto a la atención de la pandemia, sobre todo cuando insiste que va de salida, sería devastador. De esta forma, Garduño está más atento en el censo de panteones y analizar las posibilidades de facilitar entierros ante los riesgos de saturación, que en un tema donde la tensión está creciendo en Washington.

A López Obrador no le importa lo que piensan en Estados Unidos, sino la óptica para medir su gobierno. En el caso de los panteones, su preocupación está en la Ciudad de México, donde su delfín, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, llegará a la candidatura presidencial en 2024, como quiere el presidente, si sale ilesa de la pandemia. Antes del repunte de la pandemia en diciembre, ante la negativa de López Obrador de ir a semáforo rojo, la ocupación de tumbas llegó al 71% de su total, y no ha dejado de subir.

En un reportaje de la agencia EFE a finales de enero, Daniel Cruz, jefe de pantenones en Tláhuac, explicóque de los tres entierros al día que hacían, máximo cinco, ahora están sepultando de 10 a 15 personas diarias. Alejandro Sosa, director de operaciones del Grupo Gayosso, les dijo que después de diciembre se incrementaron los servicios fúnebres en 75%, en comparación con los picos del coronavirus del verano pasado, y 40% arriba de la cifra en diciembre.

López Obrador no es un político estratégico, sino táctico, audaz, improsivado y ocurrente. No le preocupa el fondo sino la forma, porque de esa manera puede manejar las expectativas a través de su narrativa diaria, que no suele ser contrastada por la población con datos ni con hechos. En el caso de Garduño, busca resolver un eventual problema de imagen política, pero hay otros temas, que son incluso más importantes, a los que simplemente soslaya porque no le repercuten directamente a él.

El más relevante, porque muestra que en materia de vacunas anti-covid el cantinero y el borracho son una misma persona y no le inquieta al presidente la falta de contrapesos, tiene que ver con la ausencia desde hace dos meses aproximadamente del director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, José Antonio Novelo, porque le hicieron una operación a corazón abierto y le colocaron cinco stents, que son los pequeños tubos de malla de metal que se colocan dentro de las arterias del corazón para impedir que se cierren. La Cofepris, como se le conoce, es el órgano de regulación sanitario gubernamental que, entre muchas otras cosas, verifica la calidad de las vacunas anti-covid. 

La incapacidad que tiene Novelo no afecta el permiso para las vacunas anti-covid, al ser responsabilidad de la comisionada de Autorización Sanitaria, América Orellana, quien llegó a la Cofepris en noviembre pasado, nombrada por el subsecretario Hugo López-Gatell. Los problemas de salud de Novelo no afectan las decisiones de la Cofepris, pues perdió la autonomía técnica y presupuestal con la reforma que hizo López-Gatell, quien decide políticamente las cosas en la Cofepris. Pero Novelo le sirve al presidente para ocupar el espacio. 

Un panteonero y un ausente, funcionarios en tareas que no les competen de acuerdo con sus responsabilidades escritas, y síntomas de acracia. Qué importa. Los encargos presidenciales son más importantes. El poder es lo que está en juego.

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El pleito (interno) de las vacunas

Raymundo Riva Palacio

A mediados de enero hubo una eclosión en el gobierno federal: Miriam Veras Godoy renunció a su cargo de directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Esos nombres que arrastra el gobierno como si fuera un legado orwelliano, no permiten ver a simple vista lo que Veras Godoy representaba en la coyuntura actual de la pandemia. Responsable del Plan Universal de Vacunación, fue integrante del equipo que diseñó el esquema de vacunación contra la covid-19, cuya renuncia provocó dudas sobre la integridad de las acciones que se están realizando. 

Tan pronto como se filtró a la prensa su renuncia el domingo 17 de enero, se mencionó que obedecía a un choque un choque con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, por el tema de la vacunación. El gobierno salió a atajar las versiones, y ese mismo día, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, declaró que había sido por razones “meramente personales”, y no por un desacuerdo con el plan de vacunación. El 18, Veras Godoy, presionada, o para salirse de la discusión pública, declaró que su decisión obedecía a un problema de salud que se había “agudizado” 15 días antes a la renuncia.

El escándalo se contuvo, pero los pormenores fueron revelados por funcionarios federales con información de primera mano. Los detalles de la salida de Veras Godoy, con 31 años de experiencia en el sector de salud a nivel federal y estatal, muestran una vez más la forma como el plan de vacunación tiene una arista abiertamente electoral, en donde están alineados los estrategas del presidente Andrés Manuel López Obrador, al apoyo de López Gatell, quien tiene mucho menos autonomía de la que parece, pero cuenta con el respaldo absoluto en las oficinas que importan en Palacio Nacional, por su disposición a hacer lo que le pidan.

La salida de Veras Godoy tiene como preámbulo un enfrentamiento con Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, que tiene a su cargo a 32 brazos que dependen de él en todo el país, que son quienes controlan los recursos para los programas sociales, que aplican de acuerdo con las instrucciones que les envía, en función de la estrategia que cotidianamente revisa con el presidente, con el único propósito de ganar votos. Para un partido en el poder, esto es natural, pero cuando se mezcla con temas de salud, donde está en juego la vida de las personas, estas decisiones tienen un peso diferente.

García Hernández le instruyó que en el calendario de vacunación contra la covid-19 debía incorporar a los llamados “servidores de la nación”, que son 28 mil jóvenes reclutados por el gobierno de López Obrador para repartir los recursos de los programas sociales, que iban a ser incorporados en 10 mil brigadas de vacunación. La estrategia acordada en Palacio Nacional era que de esa forma se captaría un voto uniforme de las familias en las elecciones del 6 de junio. Tres mil 800 “servidores de la nación”, deberían ser vacunados en la primera etapa.

Veras Godoy protestó. La primera etapa era la más sensible, porque se enfocaba en el personal médico de primera línea. La funcionaria fue con su jefe López-Gatell, para que la apoyara y se revirtiera la instrucción. El subsecretario, que ha demostrado entender más de política que de control de pandemias, la reprendió y amenazó, de acuerdo con los funcionarios federales. La calendarización se hizo -la cuarta alteración al plan anunciado en diciembre en sólo un mes-, y se comenzó a vacunar a los brigadistas electorales.

Para la especialista, la decisión se volvió inaceptable cuando le informaron que las dosis se iban a ver afectadas, no sólo por los retrasos que causó en el mundo Pfizer con la ampliación de su planta en Bélgica, sino porque el gobierno mexicano había firmado contratos que incluían cláusulas donde los principales laboratorios que están fabricando las vacunas, sólo garantizaban una distribución fluida a partir de marzo. Las vacunas Pfizer que llegaron a México no eran parte de estos contratos, sino fueron donadas por el gobierno del todavía entonces presidente Donald Trump.

La vacunación de los “servidores de la nación” -como más adelante a 20 mil maestros de Campeche-, impactarían negativamente en la vacunación del personal médico, y alterarían el plan nacional. Frente a este escenario, Veras Godoy optó por renunciar. Los funcionarios federales que describieron estos desencuentros, señalaron que la funcionaria le presentó su renuncia a López-Gatell, a quien también le reclamó la forma como había manejado la estrategia anti-covid, y la forma como le había quitado los programas de vacunación, para que fueran elaborados desde la oficina del subsecretario.

A López-Gatell parece no haberle gustado el tono de Veras Godoy, porque además de aceptarle la renuncia sin objetar, le exigió que fuera de “inmediato”. No se había terminado de ir la para entonces exfuncionaria, cuando el zar del coronavirus le habló al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para pedirle que el nombre, el currículum y la imagen de Veras Godoy fuera eliminada de las páginas oficiales del gobierno. Como publicó El Universal el 18 de enero, las autoridades de Salud “no perdieron tiempo en borrar del mapa cualquier rastro” de ella.

Tal como lo instruyó García Hernández, los “servidores de la nación” comenzaron a ser vacunados e integrados como parte central de las brigadas de vacunación, compuestas por 12 personas, donde el 50% son los brigadistas electorales, militares y dos responsables del sector salud. En ningún país se emplea personal no médico en la vacunación anti-covid, ni los militares se encuentran en esa primera línea. Aquí en México la salud no es definitivamente lo principal, sino ganar conciencias, lealtades y votos en junio. Mantener el poder por encima de todas las cosas, incluida de las vidas, parece el dogma.

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