Categoría: Zihuatanejo

De ocurrencias y quedabienes

Raymundo Riva Palacio

Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer 10 reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que serán llevadas al pleno para su aprobación. No incluye nada que refuerce las leyes para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, y se enfoca en la regulación de la presencia y participación de “agentes extranjeros” en México. Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las presiones del Ejército tras la detención del general Salvador Cienfuegos, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico. El Presidente quiere blindar al Ejército, y por tanto a su gobierno, de espionaje e interferencia extranjera en los asuntos internos que afecten al Estado Mexicano. 

No lleva destinatarios explícitos, pero a decir de sus declaraciones tras la captura de Cienfuegos, está inspirada en la DEA, en la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que siempre confunde con la de antidrogas, responsable de la Operación Rápido y Furioso. Los demonios de López Obrador incluyen a la CIA, que intervino en Chile para desestabilizar al presidente Salvador Allende, y promovió el golpe de Estado en 1973, y que es el punto de referencia de su terror al presidente Donald Trump, en su lógica que el único que puede desbarrancarlo es el gobierno de Estados Unidos. 

Además de esas agencias policiales y de inteligencia que habitan en su mente, incluye conceptualmente a muchas más, aunque no se haya percatado de ello, como las estadounidenses el FBI, el servicio de inteligencia del Pentágono, los U.S. Marshals o la Agencia Nacional de Seguridad. Y también otras agencias de inteligencia y policiales extranjeras que operan en México, como el Mi5 y Mi6 del Reino Unido, el Mossad y Aman, los servicios de inteligencia civil y militar de Israel, el G2 cubano, el FBS o el GRU, las agencias de inteligencia civil y militar rusas, el BDN alemán, o el DRM francés.

Como se aprecia, la iniciativa del Presidente, es de gran calado. Lo que buscan las reformas, bajo el argumento de tener una mejor colaboración para enfrentar amenazas como el narcotráfico trasnacional y el terrorismo, es que para que puedan seguir operando en México, tienen que registrarse como lo que son y serán obligados a  “informar los hechos de que tengan conocimiento” en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral cada mes—en efecto, cada mes. Dicho de otra forma, tienen que compartir regularmente la información que recopilen a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad.

La iniciativa muestra el reduccionismo presidencial y de sus asesores. Define como “agentes extranjeros” sólo a aquellos que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de las leyes, pero al enmarcarla dentro de la Ley de Seguridad Nacional y hablar de amenazas externas, recae de manera natural en los servicios de inteligencia. Más allá del argumento sobre la definición de quiénes son los “agentes extranjeros”, la propia definición del ámbito en el que se encuadra la iniciativa la hace extensiva, a menos de que estén avalando el espionaje y la interferencia extranjera de todos los servicios de inteligencia que operan en México, lo que se puede alegar que no es la intención.

Esta iniciativa está llena de perlas. No sólo pasarían los “agentes extranjeros” a pasar lista mensualmente y entregar sus reportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que además, si alguno de ellos incurre en el cohecho –eufemismo que pretender inhibir que paguen informantes-, puedan anular todos los convenios internacionales, quitarles la inmunidad diplomática, y juzgarlos en tribunales mexicanos. Si se pregunta porqué les tendrían que quitar la inmunidad diplomática, es porque todos los miembros de los servicios policiales y de inteligencia extranjeros, están en México con la cobertura diplomática. 

En la actualidad, los únicos “agentes extranjeros” que tienen que mostrar su filiación en el registro diplomático que se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores son la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza, los U.S. Marshals, el FBI y el Servicio Secreto. Nadie más, ni de Estados Unidos –todos sus servicios de inteligencia aparecen sólo como diplomáticos o en las agregadurías militares, aunque sus contrapartes los conozcan y sepan cuál es su función- ni de otros países, son identificados por razones de seguridad.

Ningún servicio de inteligencia o policial compartirá con el gobierno mexicano la identificación de todos sus agentes. Tampoco información de calidad. Y ninguno tendrá una relación más allá de la formal con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La razón es sencilla: no creen en el gobierno mexicano. No es algo contra López Obrador, sino que la desconfianza la arrastran hace lustros. Han documentado cómo el Ejército y las policías federales fueron penetradas por el narcotráfico, provocado asesinatos como el de Camarena Salazar, y saboteando los esfuerzos contra el crimen trasnacional, como la protección transexenal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero además, no los harán partícipes de su información porque no están doblemente certificados –vetting-. Es decir, si no pasan por sus controles de confianza en dos niveles, lo único que les darán abiertamente será el saludo.

La iniciativa es inconsistente, llena de lagunas y limitaciones, hecha para quedar bien con los militares, sustento de la gobernabilidad en el gobierno de López Obrador. También es ingenua, si en verdad creen que las cosas cambiarán con la ley. Al contrario, empeorarán. Por un lado se reirán del Presidente y su gobierno, pues al esgrimir la defensa de la soberanía, en realidad la están socavando, ya que dejarán de recibir la limitada información que les dan ahora, sin que dejen de hacer lo que han hecho por décadas, comprar informantes, espiar criminales y detectar amenazas, aunque ahora sí, a espalda total del gobierno. Para esas naciones, la seguridad nacional es algo serio, no una ocurrencia más del Presidente en turno. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

La pelea de los egos

Raymundo Riva Palacio

Para un soberbio, soberbia y media. Así es como se puede definir el choque entre vanidades y la lucha de poder que escenifican dos subsecretarios, Martha Delgado, de Relaciones Exteriores, y Hugo López-Gatell, de Salud. La primera es la responsable de ir negociando por el mundo la compra de medicamentos y vacunas contra la covid-19; el segundo es el zar del coronavirus y responsable de la estrategia federal. Los pleitos entre los dos fueron exteriorizados en una entrevista que le dio Delgado a El Universal este lunes, donde reveló que su jefe, el secretario Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron que intervenir y persuadir a la Secretaría de Salud -léase López-Gatell porque el secretario Jorge Alcocer es disfuncional-, para que aceptaran las compras de vacunas anticipadas contra el virus.

Estas declaraciones no fueron un escándalo porque en este país las cosas más relevantes son intrascendentes, pero hizo Delgado fue denunciar que la Secretaría de Salud estaba saboteando los esfuerzos para comprar anticipadamente las vacunas contra el coronavirus, con lo que, en acción inversa, quería dejar vulnerable a millones de mexicanos y sentenciándolos prácticamente a una eventual muerte. La revelación no trajo consecuencias para López-Gatell, porque en Palacio Nacional, sus objeciones a todo lo que no es su iniciativa, a todo lo que le reste protagonismo y lo que se aleje de sus cálculos políticos, es perdonado por el Presidente, a quien complace y da sustento a sus caprichos políticos.

Pero este conflicto alcanza dimensiones diferentes, porque jugó con la vida de los mexicanos y tendría que haber consecuencias, de existir un gobierno serio y responsable. La historia de sus sabotajes, no obstante, tiene otra cara, no menos grave, la de la subsecretaria Delgado. De acuerdo con funcionarios, no todo es atribuible a López-Gatell, sino también hay una carga de responsabilidad -no presuntamente criminal como en la que incurrió el subsecretario de Salud- de Delgado, que ha chocado con su contraparte en el gobierno y con su equipo. “Gatell es muy difícil, soberbio y necio”, agregó un funcionario, “y si delante le pones a alguien igual o peor que él, generar acuerdos se convierte en algo imposible”.

A la dificultad de hablar y negociar con López-Gatell, quien como en público y en privado se comporta con soberbia e ironiza lo que plantean sus interlocutores, la forma brusca, atropellada e igualmente arbitraria de Delgado, como describen a la subsecretaria, hace más difícil las cosas. Ebrard ha tenido que recurrir al Presidente para que se puedan solucionar los problemas palaciegos, y López Obrador lo ha hecho de manera coyuntural, sin resolver de fondo el problema, que es el propio caos que ha propiciado con la caótica administración de su equipo y la tolerancia a sandeces, como la de Delgado y López-Gatell, que anteponen su posición ante cualquier otra cosa, incluso, evitar que mueran más mexicanos.

Es absurdo que se cobren facturas en público, gastando energía en sus pugnas burocráticas y su correlación de fuerzas dentro de Palacio Nacional, antes que enfocarse en contener colectivamente la pandemia. Vamos tarde. “Estamos tres semanas retrasados”, le dijeron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional a las reporteras María Idalia Gómez y Elizabeth Hernández. El personal de salud, la primera línea en la batalla contra el coronavirus, está mermado. Por un lado, el alto número de decesos, consecuencia del mal equipamiento que le dio el gobierno federal, o la mala calidad de los equipos que sin orden ni estrategia compraron desesperadamente, porque López-Gatell, cuando estaban en tiempo y forma, convenció al Presidente de que no era necesario. Por el otro, el agotamiento por la estrategia del subsecretario de aplanar la curva pensando en camas de hospitales y no en la contención de la pandemia mediante su caza, como hasta ahora lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, con la masificación de las pruebas covid, para determinar el aceleramiento del virus y poder analizar y romper los ciclos del contagio. 

La pelea entre Salud y Relaciones Exteriores, se agudizó ala par del aceleramiento de contagios en los últimos días de noviembre. Gómez y Hernández reportaron que la segunda ola que se expande por todo el país, llevó a que 19 estados cerraran ese mes con aumento en el número de muertes oficiales, mientras que otros 24 registraron incremento en los casos activos en 14%, y de fallecimientos en 19.7%. 

En tan sólo cuatro días, agregaron, el número de estados con algún porcentaje de aumento en los pacientes positivos pasó de 15 a 24, mientras que otras dos entidades se sumaron a las 17 con incremento en las defunciones reportadas hasta el 28 de noviembre. Tanto en contagios como en fallecimientos directos, dijeron, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con un total de 152 decesos y 10 mil 356 positivos más que los registrados entre el 1 y el 14 de noviembre, cuando las alzas hospitalarias llevaron a las autoridades locales a añadir un tipo de alerta al color naranja del semáforo epidemiológico.

La situación está en peor momento de lo que estuvo durante el primer pico de la pandemia, y las pugnas personales han superado los esfuerzos colectivos para enfocarse en la lucha contra el virus. Siguen los forcejeos, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores parece pasándole los costos a López-Gatell, y criticándolo en público. Ayer mismo, el canciller Marcelo Ebrard, al término del anuncio del Plan Nacional de Vacunación, proclamó “misión cumplida”, trasfiriendo toda la responsabilidad restante al subsecretario. 

No se sabe qué cumplió, pues aún ni llegan las vacunas a México, ni está claro cómo cumplirán las metas del Plan que propone vacunar unas 125 mil personas al día en 2021. El Presidente no da ningún golpe de timón, y ve pasiva e irresponsablemente por su inacción, el conflicto de egos entre subsecretarios y su lucha de poder.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa