Trinidad Zamacona López
“Nada justifica armar a los niños en defensa de su comunidad, hacerlo es ejercer violencia psicológica, misma que debe de ser castigada pues se equipara al delito de corrupción de menores”.
Nadie tiene derecho de usar a los niños para que se defiendan, nadie los debe de armar, sus derechos están protegidos de forma constitucional y en los tratados internacionales, para proteger el interés general de los niños, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional, así lo establece la Declaración Universal de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes.
Los niños son el corazón de la humanidad, en ellos descansa la esperanza de un mejor mundo, su inocencia, su inquietud, su iperatividad no deben de ser amenazada por ninguna circunstancia.
El derecho a defenderse puede ser justo, pero con los niños NO, constitucionalmente sus derechos están protegidos, en los tratados también, por lo que utilicen a los niños para ese fin están cometiendo un delito, sea quien sea se equipara al delito de corrupción de menores, ya que los obligan a hacer algo que NO comprenden, por su corta edad, por ello es lo debe de hacer el Estado y nadie más.
Algunos de los derechos son, a la vida, a la supervivencia al desarrollo; derecho de prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a la educación; derecho a vivir en una vida libre de violencia; derecho a la libertad de expresión y acceso a la Información; derecho a la Participación; derecho a la salud; son muchos más derechos pero consideramos que estos son los más importantes.
En estos derechos no se encuentran el que deben ser armados para defenderse de los grupos armados, o de la delincuencia organizada, por lo inseguridad que privan en algunas comunidades de Guerrero; sus derechos se deben de respetar.
El Estado mexicano, es el que debe de bridar seguridad en todos los aspectos, pero son los habitantes de las comunidades en donde muchas de las ocasiones no dejan entrar a las corporaciones policiacas a resguardarlos, por amenazas de estos grupos o bien porque ellos los protegen, de una u otra manera la seguridad la brinda el Estado, por ello es que se debe de denunciar todo acto de intimidación o de extorción para que el Estado haga su función, de lo contrario deben de sancionar a quien atendiendo esa necesidad utilicen a los niños para armarlos, violando con ellos sus derechos humanos, a una vida libre de violencia.
Esto lo escribimos porque habitantes de la comunidad de Ayuhualtempa pertenece al municipio de José Joaquín de Herrera, con el pretexto de encontrar a familia secuestrada desde el viernes 19 de enero, y ante la falta de respuesta de la Fiscalia General del Estado, integraron a 20 niños y niñas a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (Crac-Pf). Violando con ello los derechos de los niños, alguien les dio los rifles que son escopetas, y calibre 22, que son de cacería, para hacer presión a las autoridades en sus demandas de justicia, sin embargo el gobierno del Estado, ha dado atención a esos reclamos, para dar con la localización del matrimonio de Cecilia Gaspar y José Teodoro Domingo Ortiz, así como de sus hijos Gaudencio y Roberto, privados de su libertad desde el viernes 19 de enero; por lo que la Fiscalía General del Estado, sin eludir su responsabilidad deben de dar resultados para evitar que los niños sean utilizados con este pretexto.
De manera que no se justifica el que hayan armado a los niños, quienes deben de estar en las escuelas aprendiendo y preparándose para la vida, no para andar armados en sus comunidades.
La Fiscalía General de Justicia del Estado, anuncio en un comunicado que inicio una carpeta de investigación para saber quién los armó, y hacerles saber que se es cometió un delito equiparado al de corrupción de menores.
Los policías comunitarios de Ayuhualtempa, comunidad que tienen 720 habitantes, en un acto público presentaron a 20 niños y niñas de 12 a 17 años que se integrarán a las filas de la Policía Comunitaria de la Crac-Pf para resguardar su territorio ante la falta de seguridad de la población y el acecho del crimen organizado. Pero se les olvidó que estos niños tienen derechos que no están a caprichos de nadie para su respeto y protección, así que deben de regresar estos infantes a las escuelas, esa en la función del Estado, que nadie debe de soslayar.
Y sostengo que no se justifica armar a los niños, pues en ese punto se encuentra una Base de Operaciones Mixtas, de la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.
El Gobierno del Estado, a través del DIF, tiene junto con el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) un convenio de colaboración para evitar que los niños sean utilizados para otros fines que no sean los de su sano desarrollo, es hora de echarlo a andar en esas comunidades.
La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ha puesto puntual atención en estas comunidades, por ello es que se mantiene esa Base de Operaciones Mixtas, las famosas (BOM) para evitar actos de violencia, por ello es que no ha existido invasión en esas comunidades de grupos armados, según se sabe siguen funcionando por instrucciones de la mandataria estatal.
La seguridad pública, es un asunto de seguridad nacional, por ello recientemente se dio el relevo en la Secretaría de Seguridad Publica, en donde un mando de alto rango del Ejercito Mexicano, tomó el mando para darle prioridad a los asuntos de seguridad pública.
