Al laboratorio que le dijeron no
Raymundo Riva Palacio
La forma como la ideología impidió acciones preventivas más
temprano en México lo da una historia que, vista ahora desde la distancia, es
una de las grandes esperanzas del mundo para enfrentar el coronavirus y reducir
el número de fallecimientos. Es la de los Laboratorios Abbott, una empresa
centenaria fundada en Chicago, cuyo jefe de científicos es Richard Roberts,
premio Nobel de Medicina en 1993, que desarrolló una prueba para detectar el
Covid-19 en cinco minutos, y que se ha convertido en la quimera del
coronavirus. Dos días después de iniciar con éxito las pruebas críticas de su
dispositivo, sus representantes tocaron las puertas de la Casa Blanca y de la
Secretaría de la Salud de México para ofrecerla.
En Washington, las credenciales del laboratorio y de Roberts
abrieron las puertas. Les presentaron un documento de 14 páginas para
explicarles su dispositivo de rápida detección molecular del Covid-19,
desarrollado a partir del estudio de los pacientes en Wuhan, la ciudad china
donde estalló la pandemia a finales de diciembre pasado. En Estados Unidos,
fueron siendo evaluados y aprobados. La Administración Alimentación y
Medicamentos, responsable de la salud pública en ese país, aprobó su
descubrimiento y le permitió, desde esta semana, comercializarlo.
En México, el mismo documento de 14 páginas se entregó en la
Secretaría de Salud. Al día siguiente, se le dijo a su emisario que no estaban
interesados. No hicieron una sola pregunta, una sola observación, una sola
crítica. Ni siquiera preguntaron lo menos importante, cuánto costaría, porque
incluso el Laboratorio estaba dispuesto a prácticamente regalarle las pruebas
al gobierno mexicano. La indiferencia fue total. Ningún gobierno estatal podía
siquiera hacer hecho el intento de adquirirla, como lo hizo cuando menos una
entidad, porque la Secretaría de Salud les prohibió adquirir pruebas.
El argumento es que no estaban autorizadas por Cofepris, pero
había más de fondo. Un alto funcionario de la Secretaría de Salud se lo confió
a un funcionario en uno de los hospitales públicos, cuando se sugirió que el
gobierno podría hacer las pruebas que se necesitaran para hacer una detección
temprana del virus. No iban a autorizar su fabricación porque contravenía la
política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no quería pruebas en
la población, porque no creía que la pandemia fuera real. Su actitud pública,
negando la realidad que planteaba la Organización Mundial de la Salud y la cifra
de contagios y muertes que producía el virus en Asia y Europa, eran una
demostración que no necesitaba orden para que dentro de un gobierno éticamente
deficitario, por no atreverse a decir lo que piensan en realidad al presidente,
se acatara su deseo.
Por las mismas razones, aparentemente, no se adquirieron
insumos. Un ejemplo fueron las mascarillas de aislamiento N95. Mientras el
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero designado para la pandemia,
reiteraba que no eran necesarios los cubre bocas, cuando menos ocho gobiernos
estaban haciendo pedidos de mascarillas N95 a los fabricantes en Estados
Unidos, que producían 500 mil al día cada uno y no se daban abasto. Lo mismo
hicieron con respiradores y con medicinas que estaban dando resultado en los
países donde se aplicaban. En México, el gobierno estaba en una cosmogonía
diferente, metafísica, no científica.
López Obrador pidió la semana a los líderes del G-20 en una
cumbre virtual, que se debía garantizar el acceso a los equipos médicos, y urgió
la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para evitar la
escasez y el acaparamiento de insumos. El presidente llegó muy tarde a ese
puerto. Las N95 se agotaron cuando en México prevalecía el discurso de que no
servían las mascarillas simples, pese a la evidencia que el uso de ellas en
Corea del Sur, Japón, Singapur y Hong Kong, ayudaron a achatar la curva de
crecimiento del contagio. Todavía hoy en día, no hay medidas de apoyo a la
población con mascarillas simples y gel gratuito en los sistemas de transporte
colectivo, que utilizan miles de personas que tienen que salir a las calles
para comer ese día.
El gobierno apenas autorizó el viernes pasado la compra de
insumos y equipos médicos de manera expedita, en donde pudiera encontrarlos porque
en México no los hay. El presidente anunció que se habían adquirido cinco mil
ventiladores de China, reconociendo indirectamente que las estimaciones de sus
expertos en Salud, que afirmaban que México estaba preparado para la pandemia,
eran incorrectas. Días antes de que se emitiera la orden, en una acción ilegal
–porque no había ley o decreto de por medio- y desesperada, autoridades
federales recorrieron la calle de Motolinia, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, donde se venden al menudeo equipos médicos, para decomisar
ventiladores.
La tardía reacción en equiparse y prepararse para el Covid-19
está directamente asociada con la negación de López Obrador a la realidad de la
pandemia y a su resistencia a prepararse. El caso de las pruebas desarrolladas
por los Laboratorios Abbott es una muestra de esa actitud displicente y
negligente. Rechazar la propuesta sin siquiera buscar profundizar en ella,
habla enormemente de las manos en las que descansa la salud de la nación. No
había interés en nada de ello, ni querían contrariar al presidente.
Desde la semana pasada, los Laboratorios Abbott están
produciendo 50 mil pruebas al día, y enviando decenas de miles a quienes las
solicitan, bajo la autorización del gobierno estadounidense de emergencia, que
redujo el trámite burocrático por 12 meses. La semana pasada, el presidente
Trump hizo un reconocimiento a la empresa y dijo que la llegada de ese
dispositivo molecular era “todo un nuevo juego” en la lucha contra el
coronavirus. En México la ignoraron. La oportunidad, una vez más, se perdió.
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