Una carta de vergüenza
Raymundo Riva Palacio
El breve encuentro que sostuvieron la madre de Joaquín “El
Chapo” Guzmán y el presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de
Badiraguato el fin de semana pasado, provocó una intensa polémica que
trascendió al mundo. El contexto lo explicaba: la amabilidad presidencial con
la familia del criminal más famoso del mundo en Badiraguato, donde cualquiera
que conozca esos rumbos sabe que no se entra, so pena de arriesgar la vida,
salvo con la autorización de quien manda ahí, el Cártel del Pacífico. El saludo
de López Obrador a la señora, de gran fuerza óptica, ocultó lo importante, el
contenido de una cartaque le envió y sobre
la cual dio acuse de recibo.
La carta revela que a petición de la madre, María Consuelo
Loaera, para que interviniera ante el gobierno de Estados Unidos para buscar la
repatriación de “El Chapo” Guzmán, el presidente de México instruyó a la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los secretarios de
Relaciones Exteriores y Hacienda, Marcelo Ebrard y Arturo Herrera, y al fiscal
general, Alejandro Gertz Manero, para reunirse con los abogados del criminal,
quienes, según la misiva, les aportaron pruebas para demostrar que “había sido
entregado ilegalmente” a las autoridades de ese país.
Cuatro miembros del gabinete, cubriendo todos los ángulos
posibles, intercedieron ante el gobierno de Estados Unidos para ver la
repatriación de Guzmán Loaera, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, y
sentenciado en la Corte Federal del Distrito Sur, en Brooklyn, a cadena
perpetua, culpable de 25 de los 27 delitos de los que lo acusaron. “El Chapo”
se encuentra en la prisión Supermax en ADX Florence, en Colorado, el centro de
máxima seguridad en Estados Unidos donde, metafóricamente hablando, se vive
muerto.
No hay información actualizada sobre el rumbo de esas gestiones,
pero sí sobre una diligencia aparentemente realizada por instrucciones de López
Obrador, para que se le permitiera a la madre de “El Chapo” por segunda vez,
visitar a su hijo por razones humanitarias. La señora Loaera dice en su carta
que le negaron ese permiso, a lo que en declaraciones a la prensa, el
presidente señaló que eso dependía de los responsables en su gobierno y de la
Embajada de Estados Unidos.
La carta revela además que los cuatro miembros del gabinete
–porque no hubo desmentido o precisión al respecto-, recibieron a los abogados
de “El Chapo”, José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo, quienes les
detallaron las razones por las cuales querían que fuera repatriado. Aunque no
se precisa, si argumentan que la extradición fue “ilegal”, entonces por una
violación al debido proceso tendría que reponerse toda la gestión.
El presidente ha quedado demasiado expuesto y levantado muchas
cejas. Coincidió, probablemente fue eso, una coincidencia, que el encuentro fue
el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán López, el hijo predilecto de “El Chapo”,
a quien puso en libertad el gobierno federal el 17 de octubre pasado en
Culiacán, tras haberlo detenido durante más de tres horas, en cumplimiento de
una solicitud de extradición de Estados Unidos. Aquél episodio mostró, cuando
menos, la claudicación del Estado Mexicano al Cártel de Sinaloa, y generó mucha
especulación sobre el grado de cercanía de la organización criminal en el
gobierno de López Obrador.
La visita a Badiraguato, como toda la agenda del presidente, era
pública –lo que en sí representa un riesgo para la seguridad nacional-, por lo
que el encuentro pudo haber sido, como dijo López Obrador, fortuito. La prensa
que regularmente acompaña a López Obrador en sus giras, no fue a Badiraguato, y
periodistas locales sinaloenses comentaron que fueron alertados del encuentro
que se iba a producir cerca del poblado de La Tuna, en ese municipio, donde
nació y creció el criminal, por miembros del equipo de la defensa de “El
Chapo”.
El hacer público ese encuentro, por breve que fuera, mostró que
“El Chapo” mantiene el respaldo de López Obrador, no sólo por razones
humanitarias, sino gestiones que tienen que ver con sus actividades criminales.
No se sabe si el presidente, en efecto, instruyó al canciller, Marcelo Ebrard,
que una vez recibida la documentación, haga el trámite formal ante el gobierno
de Estados Unidos, o si sólo le dio entrada a la petición, cubrió las formas
involucrando a cuatro miembros de su gabinete, y no hicieron nada más que eso.
En cualquier caso, el presidente quedó muy mal parado. En
términos de imagen en México, como se apreció durante la polémica, las
analogías se hicieron desde diferentes trincheras, de cómo era solícito con
criminales, pero agresivo y excluyente con quienes, del lado de la ley,
discrepan de sus ideas y políticas. Pablo Hiriart lo expresó nítidamente ayer
en estas páginas: “Básico, no más rondas con el narcotráfico: a ponerse de
manera inequívoca y firme del lado de la sociedad y no de sus verdaderos
verdugos”.
Fuera de México, particularmente en algunos sectores en Estados
Unidos, causó aún más extrañeza, no sólo por ser reiterativo en un discurso
terso e incluyente con miembros del Cártel de Sinaloa, sino porque también
aparece en una de las fotografías que circularon sobre su visita a Badiraguato,
una persona que es considerada “de interés” para las autoridades de ese país, y
de quien tienen registro de que lo visitó en la cárcel de Ciudad Juárez, poco
antes de ser extraditado.
Se podría pensar que López Obrador ha estado demasiado cerca de
narcotraficantes para estar cómodo. Pero cuando se le escucha, se cae esa idea.
Para el presidente, son peores los criminales de cuello blanco, y argumenta sin
sostén jurídico, que en el pasado, funcionarios trabajaban para el Cártel de
Sinaloa. La narrativa sigue funcionando en México, pero eventualmente tendrá
costos en el flanco que se está ensanchando, la Casa Blanca.
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