Ernesto Hernández Norzagaray
México, durante mucho tiempo, ha sido un paraíso fiscal para muchos que hacen negocios derechos o chuecos en su territorio.
Paraíso fiscal no en el sentido clásico del que ocurre en algunas de las Antillas menores o en Panamá, sino porque hasta poco, existía un vacío en la ley que permitía cierta discrecionalidad para condonar impuestos de medianas y grandes empresas en perjuicio de los ingresos del Estado.
Aquel diseño constitucional y reglamentario era literalmente un asalto en despoblado contra las finanzas del Estado. Una manera legal de hacer negocios e intercambiar favores entre políticos en funciones de Gobierno y empresarios sin escrúpulos. Unos y otros ganaban. Y, mediante esta fuga de dinero público, se crearon grandes fortunas que seguramente explica cómo algunos de nuestros empresarios se encuentren en el ranking de las personas más ricas del mundo.
Con ese vacío se pudieron hacer negocios rentables y no pagar los impuestos correspondientes; tener efectivo y circularlo en el sistema financiero; generar ingresos y llevar sin control fiscal ganancias a otros países para formar sociedades off shore; tener deudas fiscales sin que pasara nada porque simplemente se buscaba el “contacto” y así se producían los perdones fiscales; incluso, se podía lavar dinero sin ser molestado por el fisco.
O sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba maniatada a unas leyes lesivas del interés público y sujeta al arreglo entre las élites, provocando que nuestro país estuviera entre las naciones con más baja recaudación fiscal del mundo y eso explica mucho que ante la falta de liquidez lo usual fuera la contratación de préstamos para tapar los hoyos financieros que dejaba una economía que no crecía conforme a las necesidades que demandaba la población.
Sin embargo, eso no podía continuar así, era un modelo que producía constantemente pobres sin mayores expectativas de salir de ella y eso en parte explica el sentido del voto del verano de 2018.
Y, también, que AMLO haya levantado la bandera de “primero los pobres” que implicaba una reforma fiscal de fondo. Capaz de elevar los niveles de recaudación fiscal y esa está en marcha en forma exitosa. Sólo bastó mencionar que había 15 grandes empresas que debían a la hacienda pública más de 50 mil millones de pesos para qué empezaran a cubrir los adeudos acumulados durante el sexenio de Peña Nieto incluso algunos sin recurrir a instancias judiciales para defender sus intereses.
En ese grupo selecto hay de todo, evasores, deudores del ISR e incluso del IVA que están siendo requeridos por la autoridad hacendaria. Así, algunos de los grandes deudores, que fueron conminados a pagar sus adeudos lo estén haciendo poco a poco, uno a uno, molestos y a regañadientes se están acercado al Gobierno para saldar sus deudas con el fisco y eso representa oxigeno puro ante la caída estrepitosa del PIB, la quiebra de empresas y el subsecuente efecto en la recaudación fiscal. Más la caída del consumo por la elevada tasa de desempleo que ha traído la emergencia sanitaria.
Para darnos una idea de la dimensión de esta medida correctiva y del tamaño de los adeudos, basta ver lo que debían tres grandes empresas que han saldado sus deudas fiscales: América Móvil de Carlos Slim pagó en una sola exposición 8 mil 289.9 millones de pesos; la transnacional Walmart, 8 mil 079 millones de pesos por la venta de la cadena de restaurantes VIPS y El Portón y la firma FEMSA, de José Antonio Fernández Carbajal, pagó 8 mil 790 millones de pesos, lo hizo muy molesto que amenazó con una balandronada de poderoso: “Voy a pagar al SAT, pero si es necesario pondré el doble para sacar a AMLO en 2022”.
En suma, estos pagos representaron un total de 25 mil 159 millones de pesos que da a pensar que si tres de ellas superan más del 50 por ciento de la deuda de las mencionadas probablemente el resto de esas empresas supere los 50 mil millones de pesos.
Esta transición desde un sistema fiscal permisivo y discrecional, hasta otro riguroso y exigente, fue posible no sólo por la voluntad del Presidente López Obrador sino por la reforma al artículo 28 de la Constitución que expresamente señala en el primer párrafo: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.
Cerrando así un capítulo negro en la recaudación de impuestos y cualquier infracción en este u otro Gobierno sería ilegal y tendría consecuencias penales.
Cómo decíamos esto representa oxígeno puro para las finanzas públicas y los proyectos de Gobierno, en un momento en que decenas de miles de pequeñas y medianas empresas han bajado las cortinas y millones de trabajadores formales e informales han quedado en el desamparo económico.
Sin embargo, no es suficiente, la fortaleza de cualquier economía radica en su capacidad productiva y ampliar la base de contribuyentes para sostener las políticas públicas.
Este giro en materia fiscal es un triunfo contra los privilegios en la materia, pero sobre todo sienta las bases para que en el imaginario colectivo se instale la idea de que en materia fiscal todos deben pagar sus impuestos y es muy importante cuando todavía hay segmentos de población que no han sido visto por el fisco o se ha tolerado su existencia.
Es, imperativo, que en la vuelta a la normalidad se incremente la base de contribuyentes de manera que aumente el flujo hacia las arcas del Estado y se combata la idea insolidaria de que estas acciones de justicia fiscal son para “quitar a los ricos y darles a los pobres”.
México está llamado a mantener un sistema fiscal de subsidiaridad de manera de generar una distribución para reducir los desequilibrios regionales y el abismo de a desigualdad, para promover el desarrollo económico y construir un país más justo, y eso en perspectiva de lo que hoy estamos viviendo es más que necesario.
La pandemia dejará un país más pobre y cuando eso sucede debe haber más Gobierno solidario. Más gestión de recursos para que no se profundicen los desequilibrios sociales.
En definitiva, la recaudación por esta vía es un acierto del Gobierno de la 4T y no hay razón para regatear el valor que tiene la medida y sólo resta aplaudir la medida que se terminara redondeando con la guerra contra los beneficiarios de la emisión de facturas falsas.
Al tiempo.