Opinion | - Part 186

Pacto por la corrupción

Por la posición de los personajes, por el volumen de los recursos involucrados y la dimensión de las decisiones que se tomaron, en el caso que se investiga a partir de las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, todo apunta a que estamos ante uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente del país.

Una vez detenido el 12 de febrero de este año en Málaga, España, a donde se había refugiado cuando huyó de la justicia mexicana, se especuló sobre la información que proporcionaría el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la justicia mexicana. Como se recuerda, en un primer momento Lozoya Austin negó las acusaciones y posteriormente, a través de sus abogados (encabezados por Javier Coello Trejo), anticipo que se defendería y que si se le investigaba daría a conocer la información que disponía y hablaría de la participación de sus jefes superiores en los casos denunciados: sobornos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados.

Una vez detenido, Lozoya Austin cambió de postura y aceptó la extradición y colaborar con la justicia por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Todo indica que en este cambio de postura tuvo qué ver la intervención de Emilio Lozoya Thalmann (padre del exdirector de Pemex y Ministro en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari) y los abogados del imputado, entre ellos el exjuez español, Baltasar Garzón.

A cambio de aceptar la extradición y colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para indagar a quienes y cómo beneficiaron de los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht y la mexicana Altos Hornos de México, Lozoya Austin espera disminuir su condena o incluso quedar libre y también beneficiar a sus familiares involucrados: su madre Gilda Margarita Austin, su hermana Gilda Susana Lozoya y su esposa Marielle Helene Eckes (aunque según algunos juristas, cada una de ellas debe librar un juicio por separado).

Una de estas pistas es la revelación de Reforma el pasado viernes de que parte del dinero que la constructora Odebrecht entregó a cuentas secretas a Lozoya Austin fueron utilizadas en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Según esta nota, Lozoya Austin le aseguró a la Fiscalía mexicana que tanto Peña Nieto como su coordinador de campaña, Luis Videgaray, estaban enterados de estas transacciones. La otra revelación es que parte del dinero sirvió para sobornar a diputados y senadores a cambio de que aprobaran la Reforma Energética que se discutía en el Congreso de la Unión en 2013. En este caso se destinaron 52.3 millones de pesos para aprobar reformas del Pacto por México. “El entonces Presidente Enrique Peña y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezaban directamente la estrategia”, se afirma en la nota firmada por Abel Barajas y Claudia Guerrero (Reforma, viernes 24 julio 2020).

Las denuncias de Lozoya Austin hacen un salpicadero de suciedad a diversos políticos que sostenían jubilosos el Pacto por México, entre otros el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobó la Reforma Energética. Otros panistas mencionados son Ernesto Cordero y Salvador Vega, exsenadores, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Pero el salpicadero no termina con estos actores y estas cifras. De acuerdo con Milenio, la red de sobornos que en la que participó Lozoya Austin ascendió a unos 120 millones de dólares, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. “Milenio tuvo acceso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que se desprenden 16 denuncias: ocho a personas físicas y ocho a morales. Los montos denunciados son por depósitos de 73 millones 531,419.85 pesos y 119 millones 75 mil 131.67 dólares, respectivamente”.

No es la primera vez que trasciende el soborno de los legisladores para aprobar leyes en México (de hecho esta es una práctica utilizada en el Congreso de Jalisco), pero lo que resalta en esta red de corrupción revelada por Lozoya Austin es el tamaño y dimensión que alcanzó la corrupción en los dos anteriores sexenios, convirtiendo al Pacto por México en un verdadero pacto por la corrupción. Ahora, que no haya pacto de impunidad.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

*Entrada libre al espectáculo circense de la 4ª T

*FGR acusa; Emilio “N” niega y A. Ancira abona

*Tapan letalidad de la epidemia y robos en Pemex

El domador del circo ordenó: debemos estar muy pendientes de todo el juicio –el de Emilio Lozoya Austin mejor conocido en el presente como Emilio “N” o “L”-, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular”. Es decir, aún y cuando se introduzca el pueblo bueno a la jaula de los leones sin látigo y sin un escudo, va a participar en el espectáculo, lo dejarán sentirse juzgador, le autorizan a sentenciar sin advertir la invalidez de sus dictámenes, será parte de un montaje en el cual hacen girar el ventilador frente a una montaña de guano, parapetándose detrás en un afán de no verse salpicados lo cual, seguramente, no lograrán.

Desde las cómodas instalaciones de un hospital privado de lujo, el ex funcionario hizo su primera declaración, la aparición después de once días de haber llegado a México procedente de España frente a un juez para hacer y decir lo mismo que todos los “presuntos” delincuentes: “soy inocente”. ¿Alguien esperaba algo distinto? ¿Alguna vez se ha escuchado aceptar culpabilidades? Los señalamientos se dieron en torno a la operación de compra venta de Nitrogenados, ya lo de Odebrecht será hoy y ya se verá si son los encargados de impartir las leyes capaces de declarar públicamente la prescripción de los delitos imputados en torno a los sobornos de la constructora brasileña.

Ese es el gran tema, el de las referencias hacia el pasado, a la compra de votos de los legisladores presentada como novedad a sabiendas de ser esta una práctica permanente tanto en el Congreso federal como en los estatales. La aparición del ex funcionario fue, apenas sí, la apertura parcial de una cortina que será deslizada conforme convenga, con intervalos para fomentar los comentarios, los análisis, las críticas a los de antes y así profundizar en la llegada a la presidencia de un país en crisis, quebrado, sin valores, con el estandarte de la corrupción desplegado y formando parte de su “cultura”, como lo concebía Peña Nieto.

Ante lo agotado de la farsa voladora, la del avión presidencial, su exterior, el interior, las dos cocinas, la cama, el área de trabajo, los billetes de Lotería supuestamente puestos en la mesa de los 100 más importantes empresarios mexicanos, la modificación a la operación de la LN a fin de poder entregar un bien y no dinero, las supuestas ofertas de compra y la parte en la cual se presenta como una magnífica negociación la entrega de equipo médico, vino el gran acuerdo con Emilio “N” o “L”. Con esto último sustentan la estrategia de desgaste de los partidos políticos con el mayor número de militantes registrados: PRI y PAN, en ese orden, para abrirle paso al tabasqueño cuyo doctorado en campañas electorales cuenta con el respaldo de 18 años de experiencia.

En tanto salta el célebre refrán “platica poblano mientras yo te gano”. Tanta atracción tiene Emilio “N” y su esperada e inútil comparecencia que nadie reparó en el robo efectuado a una plataforma petrolera el pasado lunes. Cinco sujetos fuertemente armados sustrajeron equipo, amenazaron a los encargados de operarlo, lo desmontaron y tranquilamente se retiraron en una embarcación no vista por la Marina, por quienes ahora son parcialmente responsables de la operación de los Puertos –la otra parte está en manos de una fémina inexperta cuya profesión es la comunicación, Rosa Icela Rodríguez-. Tampoco el sofisticado equipo de vigilancia operado desde la Torre Central de Pemex y la correspondiente a la zona de Campeche pudo captar nada, al parecer simplemente… se apagó.

No conformes con darle un garrotazo a los laboratorios y distribuidores nacionales adquiriendo medicamentos en el extranjero, van a convertir esta práctica en ley y los diputados, siempre al servicio de AMLO, con esa capacidad adquirida para leerle el pensamiento y hacer realidad todos sus sueños, ya se aprestan a dar a conocer la iniciativa con la cual se regularán estas adquisiciones, regulación de la que se carece en la práctica o simplemente se viola, por lo que está en el papel para ser totalmente incumplida y recurrir así a las asignaciones directas en un porcentaje nunca antes visto.

Capítulo I

de la serie I

En la audiencia de imputación contra Emilio “N”, mediante un enlace desde su aislamiento hospitalario este martes, y luego de que el juez José Artemio Zúñiga, dio por ejecutada la orden de aprehensión en su contra, la primera parte de la acusación presentada por la FGR contra el ex funcionario indica: el accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira -detenido en España a petición de México y quien enfrenta en libertad el proceso en su contra- transfirió tres millones de dólares a cuentas de la que es beneficiaria Gilda Lozoya, hermana del ex director de Pemex. La FGR precisó: el 28 de noviembre de 2012, Lozoya se vio beneficiado por Alonso Ancira a través de esa transacción con la cantidad mencionada, depositada en cuentas bancarias de Suiza abierta por la compañía fachada Tochos Holding Límites, recursos que Lozoya utilizó para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, cerca de Santa Fe, en la Ciudad de México. Los recursos salieron de las cuentas de AHMSA en una sucursal de Monclova, Coahuila, donde la empresa tiene su sede principal.

Emilio Lozoya Austin o Emilio “N” se declaró inocente de las imputaciones en su contra. Rechazó ser responsable del delito de lavado de dinero y de haber recibido un soborno de Altos Hornos de México (AHMSA) para aprobar la compra que hizo Pemex de la planta “chatarra” de Agronitrogenados. En este caso, la denuncia fue presentada el 9 de marzo de 2019 por la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta, y en ella se menciona que el 26 de octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex realizó una sesión extraordinaria en la que se aprobó “el proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal hasta por un monto de 635 millones de dólares”.

La compra de acciones se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2015 “como comprador, Pemex Fertilizantes Pacífico, representado por Édgar Torres Garrido, y como vendedores Banco Azteca, institución de banca múltiple, en su carácter de fiduciario del fideicomiso 470, Inmobiliaria Corporativa Las Cañadas, Westside Capital Marking, LLP, NPK Holdings, ABBeserock, BBVA, Fabio Massimo Covarrubias Piffer, Carlos Guillermo Ibarra Covarrubias, Giancarlo Fustini Venilaria, Pablo Ignacio Duarte Aranzubía, Ángel Ricardo Carmona Garduño, Ignacio Sierra Noriega y Anna Chiara Piffer Becciani (fideicomisarios vendedores)”. Asimismo, NPK Holding y Grupo Ferinal, en este último el accionista mayoritario es Alfonso Ancira de lo que se denomina Agro Nitrogenados.

Así, se acusa a Lozoya, éste niega la acusación y Ancira promete reparar el daño. Gran teatro de impunidad y complicidades en la Cuarta Transformación, con gran rentabilidad electoral al poner contra la pared a los adversarios políticos del tabasqueño. Espero el segundo capítulo de esta primera parte de una serie cuya comparación hace palidecer a Netflix.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El novelón del Caso Lozoya, digna de Netflix, comenzó el martes con la primera comparecencia del acusado, que por causa de la pandemia fue vía internet y no de manera presencial.

De entrada, Lozoya, a través de sus abogados pidió el beneficio de ser “testigo de oportunidad” (la versión mexicana de testigo protegido), como garantía para desembuchar todo lo que sabe de las redes de corrupción que montó Enrique Peña Nieto y su equipo, siendo el titular de Hacienda, punta clave en ese entramado que incluía, por supuesto, al propio indiciado.

El martes se le inquirió por el caso de la compra fraudulenta de Agronitrogenados, una empresa productora de fertilizante que era del gobierno, pero que durante el Salinato fue privatizada. Con la llegada de Peña Nieto, su dueño la revendió a Pemex, pero ya convertida en chatarra y endeudada con Banco Azteca. De ahí el sobreprecio a su valor real, con cargo al erario público.

Lozoya quedó ese mismo martes vinculado a proceso, pero sin ir a la cárcel. El juez únicamente pidió se le pusiera un brazalete, para monitorearlo, y tendrá que ir a firmar al reclusorio Norte cada 15 días.

En este contexto, y una vez que le fue concedida la garantía de ser “testigo de oportunidad”, Lozoya se declaró “no culpable” y prometió que daría pormenores de ese delito y a los autores materiales e intelectuales.

En su segundo día de comparecencia, Lozoya conoció del caso Odebretch, desde la aportación millonaria para la campaña de Enrique Peña Nieto, en 2012. Lozona también se martirizó. Sus abogados expusieron: “El señor Emilio Lozoya ha sido utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.

Algo así como “yo no quería, fui forzado a actuar”.

Sin embargo, la Fiscalía le comprobó que de los sobornos que dio la empresa Odebretch para la campaña de Enrique Peña Nieto, algo así como 4 millones de dólares, Lozoya se quedó con su parte. Es decir, entonces no fue forzado ni mucho menos, sino que había dinero de por medio también para él, y se le documentaron depósitos en sus cuentas en Suiza, y el ex director de Pemex usó a su hermana para hacer triangulaciones de efectivo.

Pero eso no es todo, la Fiscalía expuso que testigos protegidos en manos del gobierno de Brasil declararon que entre 2011 y 2014 se pagaron sobornos por 10.5 millones de dólares en México para que Odebrecht asegurara contratos en diversas obras públicas. Estas negociaciones las hizo de manera personal Emilio Lozoya, en su calidad de director de Petróleos Mexicanos.

¿Y qué esgrimió el ex amigo de Peña Nieto? Lo mismo: “No soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación. Quiero hacer de su conocimiento, su señoría, que con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado.

“Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”, declaró.

Por este caso, Fiscalía General de la República formuló la imputación del exdirectivo de Pemex los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, delitos que el acusado no negó, sólo dijo que no es responsable de ello, ofreciendo que probará y señalará a los verdaderos beneficiarios de estos sobornos.

¡Wow! Ya sabíamos que estábamos frente a un espectáculo de grandes dimensiones, pero no que veríamos semejante descaro. Ni un rubor de por medio, ni una brizna de vergüenza de alguien que ya está siendo visto por la opinión pública como el Judas del sexenio pasado.

Y claro, no es que los otros sean santos, y por supuesto que merecen su castigo, pero no deja de ser vergonzoso que Lozoya, para salvar su pellejo, esté exhibiendo a sus jefes. Aunque, bueno, como dice el dicho: En política no hay amigos, hay intereses.

El ajedrez de Lozoya

Raymundo Riva Palacio

Emilio Lozoya ha dado muestras muy importantes de inteligencia estratégica. En dos días de juicio ha puesto a volar el imaginario de una Nación que quiere sangre de corruptos, le ha inyectado helio a los sueños del Presidente para que pueda cumplir el mandato de 30 millones de votos y derruir el sistema político que enfrentó sin éxito casi dos décadas, y subordinado a la Fiscalía General a sus tiempos, formas y deseos. Con apenas probaditas, no ha aportado absolutamente ninguna de las pruebas que ofreció para no pisar la cárcel, está alistándose para irse a vivir a la casa de sus padres y vivir en libertad provisional mientras lo cuida la Guardia Nacional, al tiempo de ir construyendo la idea de que es inocente y vengarse de quienes siente y cree que lo abandonaron y traicionaron.

Por segundo día consecutivo se declaró inocente de las imputaciones que le hace la Fiscalía por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Odebrecht, como el martes hizo lo mismo en el tema de Agronitrogenados. Además, repitió la misma frase preparada por la defensa: “En relación con los hechos que se me imputan, fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. Sus abogados añadieron que Lozoya “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder”.

La estrategia de Lozoya es tramposa, lo que no habla mal de él necesariamente, sino de la Fiscalía General, donde si el fiscal Alejandro Gertz Manero no empieza a exigirle pruebas, terminará pidiéndole perdón, para llevar al extremo grotesco lo que está sucediendo. Lozoya está utilizando la retórica para confundir. No puede declararse inocente si al mismo tiempo afirma estar negociando con la Fiscalía para convertirse en testigo colaborador. Para apelar al criterio de oportunidad, que es lo que busca le otorguen para disminuir sus penas o que le condonen sus actos criminales, como establece ese recurso, primero tiene que ser culpable de un delito. Si fuera inocente, no tendría necesidad de recurrir a esa figura.

Lo que dicen sus abogados también es engañoso. Cuando afirman que fue “un instrumento no doloso”, se refiere al artículo 13, fracción IV del Código Penal, sobre las personas responsables de delitos. Los abogados la conocen como la “autoría mediata”, que significa que la persona incurrió en un delito sin saber que estaba cometiéndolo, por lo que es inocente. Los expertos sostienen que esa fracción no se aplica en el caso de Lozoya. La propia búsqueda del criterio de oportunidad y los testimonios de los ex ejecutivos de Odebrecht sobre los sobornos por unos 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex, lo contradicen.

Los fiscales aún no lo confrontan porque se encuentran en la presentación de las imputaciones. Lozoya igualmente ha respondido, y colocado las piezas sobre el ajedrez que está jugando. El martes y miércoles dijo que daría los nombres de las personas que lo presionaron, dejando ver su estrategia: está preparando una acusación directa contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y el ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Ellos dos son los primeros objetivos claros cuyas siluetas dejó ver en los dos primeros días de audiencias.

Sus cabezas son las que había ofrecido desde un principio a Gertz Manero, en su “Declaración Nitrogenados”, descrita en este espacio, donde los acusó de haber sido los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo, como lo han parafraseado sus abogados. Eso ya lo sabía Gertz Manero, quien después de 48 horas de juicio, aún no tiene nada en las manos de todo lo que ofreció. Por ejemplo, no ha entregado ninguno de los videos que se comprometió, manteniendo en la oscuridad a los fiscales sobre la valía y contundencia de ellos.

Lozoya está manejando el juicio en sus tiempos. Ayer mismo le solicitó al juez de control definir el miércoles su situación jurídica con respecto al Caso Odebrecht. Las jugadas las está definiendo el ex director de Pemex, junto con los tiempos del juicio. La Fiscalía General, al solicitar el martes la ampliación a seis meses para que puedan acumular pruebas le regaló a Lozoya un primer periodo para que pueda ir administrando la documentación para construir el caso de corrupción contra los gobiernos de Peña Nieto y, eventualmente, Felipe Calderón.

Los tiempos le funcionarán políticamente bien a López Obrador, pero hasta un cierto límite. El Presidente no podrá mantener el discurso de lo mucho que aportará Lozoya para mostrar la corrupción del pasado si, en efecto, no produce las pruebas esperadas. Probablemente en Palacio Nacional no hay angustia todavía por la falta de pruebas, pero en la Fiscalía General deben estar preocupados. El juicio ya comenzó y no les ha dado nada todavía. Lo único que han recibido son frases y promesas ante el juez, pero dentro de su propia estrategia de defensa.

La Fiscalía General ha cumplido con lo que le pidió Lozoya a través de su padre: no pisaría la cárcel cuando llegara a México, ir del aeropuerto de la Ciudad de México a un hospital, y de ahí a su casa. Tampoco dio algo políticamente útil para la narrativa del Presidente, como la fotografía al llegar a México. La imagen al entrar a la cárcel no existe porque ni siquiera estuvo cerca del reclusorio. Entonces, nada para el caso jurídico, nada para la semiótica. El trato a Lozoya es notoriamente excepcional a cambio de migajas y promesas de un poco de pan. Es una burla.

Gertz Manero tendría que estar revisando si a todo lo que hizo para que Lozoya regresara a México, le ha faltado una segunda parte de estrategia, antes de que junto con López Obrador empiece a perder todas sus piezas en el astuto ajedrez que está jugando Lozoya.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Las dudas del caso Lozoya

Todo es extraño y confuso. Nada está claro y, a pesar de la relevancia política, social y mediática del asunto, son las filtraciones y el manejo intencionado de la información lo que prima. Nos referimos, desde luego, al tema del momento, al “Caso Lozoya”, que ha sido planteado -mediáticamente, desde luego- como un “parteaguas” en la lucha contra la corrupción.

Ayer, un juez federal presidió la inusual audiencia del “caso del momento”, con un detenido que se encuentra en la suite de un hospital privado y sin que el video del evento pudiera ser visto por nadie más que las partes en el proceso. Lo que sabemos de éste es sólo aquello que un desconocido funcionario del Consejo de la Judicatura Federal nos contó a través de un chat de mensajería instantánea.

Al final, según se informó, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue vinculado a proceso y permanecerá, en calidad de detenido y portando un brazalete, en el cuarto de hospital a donde fue conducido desde que pisó suelo mexicano luego de ser extraditado desde España.

En términos estrictamente técnicos, a Emilio Lozoya se le ha dictado una medida cautelar que implica monitorear sus movimientos, pero extrañamente también se ordenó que se mantuviera la vigilancia policial en el inmueble donde se encuentra.

¿Se le dictó entonces prisión preventiva pero en tanto esta puede ejecutarse le han colocado de forma provisional un brazalete? O, más bien, como afirma el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿la vigilancia policial es para “garantizar su seguridad” porque corre peligro?

Las preguntas no hacen sino acumularse conforme pasan los días y las respuestas que se van ofreciendo no hacen sino multiplicar las dudas.

¿Cuál es la calidad real de Emilio Lozoya en términos judiciales? ¿Cuál es el trato que la Fiscalía General de la República hizo con él y sus abogados? ¿Se le va a juzgar y a condenar por los delitos que necesariamente debería confesar si, como se ha dicho, ha decidido “cooperar” con las autoridades?

No se trata de preguntas triviales, sino de cuestionamientos de la mayor importancia que deberían quedar perfectamente respondidos de cara a la opinión pública, pues de lo que estamos hablando es de esclarecer lo que el propio Gobierno de la República ha bautizado como uno de los más escandalosos casos de corrupción del pasado reciente.

De entrada parece claro que el primer compromiso de las autoridades mexicanas para con Emilio Lozoya es que no pise la cárcel. Pero eso, ¿es sólo temporal o implica que finalmente no se le juzgue sino que, al final, se le deje en libertad y se le permita disfrutar del dinero con el que ilegalmente se benefició según sus acusadores?

Rara forma de combatir la corrupción, al menos hasta ahora: realizando un proceso penal en la opacidad, “administrando” la información que se le entrega al público pero, sobre todo, usando abiertamente con propósitos electorales un caso que, al menos hasta el momento y en el terreno estrictamente judicial, ha hecho mucho ruido pero mostrado pocas nueces.

El Partenón secreto de México

Desde que tengo memoria conocía la historia del Partenón y lo veía en las montañas al cruzar la bahía en una pequeña lancha, todos lo vimos y escuchamos la misma historia muchas veces.

El “negro Durazo”, ex jefe de la policía capitalina o mejor conocido por la serie Luis Miguel como “su padrino”, decidió construir un edificio de ese tipo en el bello puerto de Zihuatanejo.

Nunca fui tan curiosa para investigar la verdadera historia del Partenón y cuál era su significado, pero hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar el original y conocí la historia de ese monumento que vi tantas veces en la bahía, quiero compartirla con ustedes.

En la antigua Grecia, los ciudadanos construyeron templos adornados para honrar y adorar a su grupo de dioses.

La ciudad de Atenas adoraba a Atenea, la diosa de la guerra justa y de la sabiduría. Según la mitología griega, Atenea nació de la cabeza de Zeus.

Poco después de su nacimiento, Poseidón y Atenea se pelearon por el poder de la ciudad de Atenas. Atenea ganó la batalla, y por lo tanto, el patrocinio de la gloriosa ciudad.

Como reconocimiento, los ciudadanos construyeron un templo llamado el Partenón en honor a Atenea.

El Partenón fue construido en la Acrópolis, la parte más alta y fortificada de Atenas. Partenón significa literalmente la casa de Atenas.

Las columnas se construyeron para ser ligeramente más anchas en la zona media y ligeramente más delgada en la parte superior, cerca del capítol. Los antiguos griegos hicieron esto como una ilusión óptica para que pareciera como si el techo estuviese poniendo demasiada tensión en las columnas.

La realidad es que actualmente el Partenón de Atenas está compuesto por columnas y no es posible entrar, son ruinas, igualmente es un espectáculo hermoso pensar en toda la historia que contiene y el motivo por el que fue construido.

Me parece que muchas veces tenemos tantos tesoros escondidos o tan evidentes frente a nosotros que no nos cuestionamos la historia, si son o si van a Zihuatanejo los invito a que vean el Partenón con otros ojos.

RUTH MORELOS Instagram. ruthmorelos

La batalla del cubrebocas

La defensa de la salud en tiempos de epidemia es un problema privado, además de público.

La historia de los contagios se narra sobre descuidos individuales o malas prácticas colectivas que provocan la transmisión del virus en cuestión, pues es difícil contagiarse si se siguen todas las instrucciones de cuidado, sencillas por cierto, que han compartido los expertos en materia de epidemia; aun así es increíble como los adversarios del régimen han concentrado su lucha política, publicitaria y propagandística en demostrar que “lo que dice el Gobierno es falso”.

Una de las batallas más intensas la han centrado en el uso del cubrebocas, convirtiéndolo en causa belli e intensificándola de tal manera que ya hay personas que consideran que el cubrebocas protege de toda suerte de contagio; el tema lo usan a sabiendas de que es un tema secundario, que sólo funciona o es indispensable en ciertas circunstancias, y no es garantía de salud.

Este fin de semana Lopez-Gatell usó un cubrebocas y explicó que era recomendable usarlo en interiores con poca circulación de aire y sin poder guardar la sana distancia, lo que aprovecharon los adversarios del actual Gobierno como su victoria en la guerra por la protección de la salud.

Un editorialista de un afamado periódico escribió en su Twitter lo fácil que hubiese sido reconocer, hace tres meses, que el cubrebocas era indispensable y en respuesta cientos de comentarios se unieron a su canto de victoria, como si la selección mexicana hubiese ganado la Copa Mundial, además de exigir que López-Gatell fuera enjuiciado por la muerte de todas las víctimas de la COVID-19 hasta la fecha.

No se requiere ser un experto epidemiólogo para entender que este accesorio puede ser útil en ciertos momentos y que no necesariamente representa la diferencia entre la vida y la muerte.

La guerra por el cubrebocas, responsabilizar a las autoridades por el aumento de los contagios, la exigencia permanente por la reapertura de negocios e industrias con la excusa de fortalecer la economía y el uso de la muerte dolorosa en las familias como argumento político ha desnudado la calidad moral de quienes ansían la renuncia de Andrés Manuel.

Es cierto que las condiciones económicas y sociales actuales hacen imposible mantener por más tiempo la emergencia sanitaria y la disminución de la movilidad de la población; tenemos que salir a buscar trabajo, comida y los recursos necesarios para la supervivencia, y aquí en Ciudad Juárez sabemos que salir a la calle representa muchos riesgos, como una balacera en vía pública que termine con nuestras vidas por una bala perdida, como le ha pasado a muchas personas, pero no nos queda de otra.

Estoy seguro que es bueno usar el cubrebocas pero este accesorio es secundario y no garantiza mi salvación.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

*Cadena de mentiras presidenciales

*Lozoya, distractor para detener derrumbe del gobierno

*Sobre Odebrecht, prescripción; otros delitos en veremos

Nada cómodo ha resultado aceptar el país de mentiras en el cual habitamos. Y no porque la naturaleza nos muestre una cara diferente a los cientos de maravillas contempladas, sino a lo hecho por los gobiernos y particularmente por el encabezado por López Obrador, el cual tiene una receta diaria con la cual intentar medir nuestra capacidad de aceptación o de estupidez. Si nos atenemos al espectáculo Lozoya Austin, se miente permanentemente al señalarlo con cargos sobre los sobornos de Odebrecht, cuando este delito ya prescribió. Si nos referimos al avión presidencial ¿fue un engaño aquella compra millonaria de billetes realizada por empresarios asistentes a la cena de tamales de chipilín en Palacio Nacional? Porque la Lotería Nacional reporta la venta de menos del 25 por ciento de “cachitos”. Si nos percatamos de la farsa escenificada como combate a la corrupción, bastará con confirmar quienes están en la cárcel junto con Rosario Robles o que sucede con las investigaciones anunciadas por la Función Pública sobre las acciones de los superdelegados, o con las denuncias por la asignación de obras de manera directa, sin mediar licitación alguna y las cuales llegan al 80 por ciento de adquisiciones y obras del gobierno federal.

Ya en líneas anteriores advertimos la utilización solamente mediática, porque jurídicamente son muchos los errores y las violaciones cometidas a leyes y procedimientos penales en el caso Lozoya se abren las ventanas, las puertas, de una escenografía que no conoce límites en el engaño. El doctor José Oscar Valdés, nos desnuda la terrible realidad: Sobre el amparo otorgado a Lozoya Austin en el 2018 y que respondía al caso Odebrecht, el delito ya prescribió, la entonces PGR nunca se aquerelló, perdió. Por lo tanto, se fueron por el lado electoral, el de acusar la utilización de esos recursos para la campaña de Peña Nieto. Esto produjo, recordemos, la salida de Santiago Nieto, cuando asegura contar con pruebas de ello. Así que, Lozoya se va al amparo, lo gana y con el tiempo los delitos prescribieron. No puede juzgarse al ex director de Pemex por esa causa. Pero, además, los actuales no son delitos graves y solamente lo traen por la compra de Agronitrogenados y por los Astilleros. Por otra parte, los videos que dicen presentará, ya tienen 8 años y no están vinculados como prueba.

De acuerdo a lo señalado, se advierte se trata de 15 videos de los cuales, afirman, se conocerán 12 y en ellos aparecen legisladores del PAN y del PRI, pero nada dicen de los del PRD. En ellos, afirman, se comprueba la recepción de dinero y habrá de resaltarse algunos de ellos hoy son gobernadores, como son los casos de Miguel Barbosa de Puebla, el mandatario Rosas Aispuro de Durango, el de Baja California Jaime Bonilla, el de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, Cabeza de Vaca de Tamaulipas, pero también el director del IMSS Zoe Robledo, la titular de Energía Rosario Nahle y el director de CFE Manuel Barttlet. En el pasado y con referencia a los casos Bejarano, Ahumada, Robles, Ponce –a quien exhibieron jugando en Las Vegas siendo Tesorero del gobierno de AMLO en la CDMX-, crearon en la Suprema Corte de Justicia jurisprudencia y de ahí se advierta que notas de medios o vídeos tienen que ser medios lícitos vinculados con alguna prueba ¿cómo va a sustentar la Fiscalía cargos?

La 4T está desesperada porque nada le ha funcionado, mataron la economía y no mataron al virus, hay bonos basura, está todo quebrado así que lanzan el tema Lozoya a los medios para tomar una bocanada de aire. Mediáticamente les va a dar para que puedan salir a rasgarse las vestiduras, pero legalmente está enclenque la acusación. Es una vil mentira que vayan a sentar a Peña Nieto o a Videgaray en el banquillo de los acusados. Además de Lozoya, solamente que inventen, porque ya prescribió lo relacionado a Odebrecht. Ahora que, en estas presentaciones, lejos de citar al Artículo 21 y advertir que el ex funcionario es testigo protegido, llega sin esposar, en un avión privado, en lugar de presentarlo ante el juez se lo llevan a un hospital privado y para colmo no hay explicaciones oficiales y ni siquiera se sabe dónde está.

Debe la Fiscalía probar cada una de las acusaciones y todo apunta a una mala apuesta al seleccionar el caso Lozoya, porque en eso de combatir la corrupción habría de señalarse el inicio desde casa y eso no se ha visto ni con los superdelegados acusados desde dentro por ladrones, o checar lo registrado en salud en donde se lucra con la pandemia o revisar la salida de la mamá y del papá del Marro de la cárcel. Solamente Rosario Robles se encuentra tras las rejas y hasta una licencia de conducir le inventaron, dijeron iban a caer muchos y no están ni siquiera quienes con ella colaboraron. “En aplicación de la ley estamos peor que antes, no se ve el cambio, hay una pandemia no controlada, un combate a las mafias con abrazos y no balazos, el cubre bocas ya se convirtió en tema de debate, el presidente no resuelve nada y nos da excusas culpando permanentemente a los del pasado. Hay algo más para quienes vivimos en el Estado de México. Ahí reina el Grupo Atlacomulco, se dan maravillas, se caen helicópteros con secretarios de gabinete y no pasa nada, si Lozoya fuera un problema para Peña Nieto, desde hace tiempo lo hubieran desaparecido. Por esas tierras se han aventado a secretarios de gobernación, no permiten embarrarse mucho”, enfatiza José Oscar Valdés.

Por cierto ¿cuántas reformas de Peña Nieto están vigentes y por cuántas de ellas hubo sobornos? Para las nuevas reformas ¿ningún legislador resultó beneficiado? Porque la corrupción no es solamente dinero, son acciones en las cuales se registra el retraso de los pueblos, el consabido dejar hacer, dejar pasar sin responsabilidad.

Andrés Manuel López Obrador recurrió una vez más a la farsa del “avión presidencial” para exhibir la corrupción y el dispendio del sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Pero la población desconfía cada vez más de su mandatario. A casi dos meses de la falsa rifa de la aeronave, se han vendido sólo 25 por ciento de los boletos, es decir, un millón 530 mil cachitos por 765 millones de pesos. Todo apunta a un fracaso en esta mala broma del tabasqueño a los mexicanos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin, los gobernadores están en sintonía para que el Congreso de la Unión se enfoque en una reforma penal profunda, que restituya el derecho a la justicia de las víctimas, evitando la “puerta giratoria” de la que se valen los delincuentes y criminales para evadir la acción de la justicia en su contra.

Desde que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se adoptó en México, muchas han sido las historias en que los infractores de la ley se burlan del sistema. Alegan de todo, hasta porque se difunden sus fotografías en medios, cuando aún se les tiene bajo la presunción de inocencia, o porque no fueron puestos a disposición a la autoridad correspondiente, en el tiempo legal previsto, o porque los detuvieron bajo argumentos distintos a los que se les imputan.

Recordemos el caso reciente de la mamá de El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, a quien la Fiscalía de esa entidad detuvo junto con una veintena de personas cuando pagaban la nómina del cártel. Sí, pero la detención se efectuó “por causalidad”, pues en realidad los agentes se metieron a la finca en busca de un auto robado, auto que no encontraron. Lo que sí hallaron fue a la señora, cuya detención -acusó el propio Marro-, fue para hacerle un favor a sus enemigos, los del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Por lo tanto, la defensa de la madre de uno de los capos más violentos del país, se apegó a estos errores de procedimiento y en el término de las 72 horas fue dejada en libertad. La Fiscalía General de la República no atrajo el caso porque el procedimiento estaba viciado de origen, y así se fueron echando la bolita unos con otros, pero el caso es que la señora, siendo que es operadora del cártel que lidera su hijo, libró la cárcel.

Y así por el estilo, los abogados se fueron especializando en este nuevo sistema de justicia, encontrándole no sólo puertas giratorias, sino verdaderos portones por los cuales sus clientes eran puestos de patitas en la calle en menos de que canta un gallo.

En cambio, las autoridades -desde policías municipales, estatales y ministeriales-, tardaron en adaptarse al modelito, que implica una serie de normas y disciplinas a las cuales no estaban acostumbrados. Y así es que a fuerza de cometer errores -por ignorancia o a propósito- han favorecido a los delincuentes y se han convertido en verdaderos obstáculos para la acción de la justicia.

Los gobernadores lo han venido diciendo, pero es hasta ahora que concretan algo para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa la presentó ayer el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

La propuesta la avalan gobernadores como el de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Es una propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), “con el objetivo de construir un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante de la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia”, cita el documento.

Son cinco los ejes que guían la propuesta: 1) El fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5) la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.

¿Y qué dicen los senadores? El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que confía en que se multiplique la colaboración con los representantes de los estados con el fin de institucionalizar las preocupaciones de los mismos.

“No vamos a legislar hasta que los gobernadores den su opinión y puedan avanzar en beneficio de toda la sociedad”, puntualizó.

Luego entonces, conviene que todos los gobernadores se documenten y se sumen a esta iniciativa, que ayudará, entre otras cosas, a rescatar la figura del Ministerio Público, y clarificar muchos conceptos que parecen ambiguos, como la denuncia anónima, la flagrancia y otros.

Como bien dijo Monreal, los gobernadores no pueden estar ausentes en la discusión de este tema, pues son quienes enfrentan de primera mano la violencia y el crimen organizado.

¿Cuántos se suman?

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El cambio en la administración portuaria y aduanal del país fue tan radical, que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tuvo que renunciar por no estar de acuerdo en lo que él llamó la “militarización” de este sector.

La verdad es que esto no es nuevo, ya se ha hecho en otras épocas, y con muy buenos resultados. Incluso en el gobierno de Peña Nieto la administración portuaria estaba en manos de almirantes de la Marina, y nadie puede negar las fallas, pero actualmente estamos peor.

A un año y medio de su gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio cuenta que algo andaba mal en este sector, pero no por su titular -démosle el beneficio de la duda- sino por la red de corrupción enquistada en la SCT, algo que es vox populli en este país.

Y como ejemplo de ello tenemos los puertos marítimos nacionales, sobre todo los del Pacífico, que se han convertido en la puerta de entrada del Fentanilo, una droga sintética que por su bajo precio desplazó a la amapola y sus derivados, pero con gravísimos daños a la salud pública, por los efectos adversos en los consumidores.

Para nadie es un secreto que el Fentanilo chorrea desde Asia por los puertos marítimos mexicanos, sobre todo el de Manzanillo, Colima, estado que llegó a ser uno de los más violentos del país, pero obviamente no es el único punto de embarque.

En cada puerto se tiene una Administración Portuaria Integral (API), la cual era manejada por civiles, y se encargan del comercio internacional, que implica el cobro de impuestos, pero también del control del contrabando de todo tipo.

En un ambiente natural, no habría problemas que fuesen civiles los que lo manejaran, expertos en comercio internacional y esas cosas. Pero siempre se ha sabido que los puertos y las aduanas son el talón de Aquiles de la guerra contra el narcotráfico; y, por lo tanto, se requiere de algo más que un administrador y experto comercial en esos puntos; se requiere de la presencia de una policía avezada, entrenada y con experiencia en el modus operandi de los contrabandistas de todo tipo de mercancías, no únicamente drogas.

La Marina hace tiempo que venía pidiendo mayor injerencia en los puertos marítimos, que son su escenario natural de acción. Al contrario, se le mandó a tierra, dejando ese gran portón abierto en los dos litorales, el del Atlántico y el del Pacífico.

Desde la salida de Javier Jiménez Espriú, el presidente comenzó a hacer cambios en las API’s. En Lázaro Cárdenas será el almirante José Luis Cruz Ballardo (quien, paradójicamente, había estado en esa responsabilidad el sexenio pasado, pero fue removido por Jiménez Espriú cuando había comenzado a tener ciertos avances).

En la API de Manzanillo quedará a cargo el almirante Salvador Gómez Meillón.

En el resto, el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, será quien recomiende a los demás encargados de las API’s del país.

Por fortuna, el presidente ha demostrado que es el hombre mejor informado del país, y que está tomando decisiones que, aunque no les gusten a sus subordinados, no pueden aplazarse.

La militarización de las aduanas terrestres también es crucial. Ya ayer se anunció el decomiso de 20 mil cartuchos que una mujer que conducía una camioneta intentó introducir al país. Nótese la descarada actuación de los contrabandistas de armas, y no es casual. Lo cierto es que nada de eso fuera posible si en las aduanas no tuvieran contactos que les permitieran ese tipo de acciones.

Bien por los cambios. Los nuevos administradores tendrán que dar cuentas claras.