Opinion | - Part 119

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Acelerador a la reforma eléctrica

*Trudeau y las concesiones mineras

*Sensatez pide RM a la Sheinbaum

“La plata cede al oro; el oro, a la virtud”: Horacio

Hace una semana la principal preocupación presidencial se centraba en la aprobación, sin quitarle una coma a su presupuesto de Egresos, el dinero a ejercer el próximo año. Aunque bien podría ser se centrara la atención en remarcar la autoridad autoimpuesta del Ejecutivo sobre el Legislativo, una vez vista la disposición de dinero a criterio del tabasqueño, venga de donde venga, se obtenga como se obtenga, llegue haiga sido como haiga sido. El tema y la atención, una vez superada la cuestión presupuestal, está en la aprobación de la Reforma Eléctrica. Para los diputados todo está listo, pero atenderán la instrucción del primer mandatario y se sentarán “a escuchar a todos aquellos que sienten que se van a ver afectados y platicar con ellos, debatirla, hacer foros, llamar a especialistas, académicos y a los altos directivos para que en un trabajo de debate, de conocimiento, los mexicanos sepan por que razón se pretende”. O sea, a montar el circo de la farsa porque ya decretó 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la reforma, Dócilmente, Ignacio Mier acudió a Palacio Nacional a recibir instrucciones y de inmediato se ha dado a la tarea de cumplirlas.

Se dieron ya a conocer las posiciones contrarias provenientes no solamente de la iniciativa privada nacional sino de la extranjera, resaltando la situación de las empresas productoras de energías limpias, las cuales han firmado contratos con el gobierno de México para la realización de esta tarea. Sin embargo, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el tema energía no fue tratado con Joe Biden, receptor de las cartas de inconformidad firmadas por empresarios de su país, sino con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Según lo informado desde el templete de Palacio Nacional, con Trudeau trató el tema señalando que con la reforma anterior se hicieron negocios con el pretexto de las energías limpias en México y se especuló financieramente. Destacó trataron la posibilidad de modernizar equipos generadores de electricidad para operar con turbinas en hidroeléctricas tal y como se hace en Canadá a través de una empresa pública.

No evitó hablarle de la entrega de 110 contratos a empresas extranjeras, acción con la cual saquearon al país. La relación con Canadá se trató con pinzas. Hubo este rosario de quejas y con ello el canadiense podrá comprobar en México se lanzan acusaciones, pero no se procede. No se hizo ninguna referencia a la necesidad de llevar a cabo acciones legales en el terreno internacional en contra de contratos considerados leoninos. Nada más se reporta un saqueo y se cambia de hoja, o de reforma. Como si Justin Trudeau no llegara a esa reunión debidamente informado, le hizo saber que Bombardier, empresa de su país, está construyendo los trenes para el Tren Maya y se hace ese trabajo en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, en donde también opera la francesa Alstom con igual encargo. Esta plática fue la entrada para llegar al platillo suculento: las mineras. Sobre este tema “ya solo tenemos pendiente la cuestión fiscal”, reveló el tabasqueño al ser interrogado. Lo oculto es quien y como, bajo cuales condiciones están llegando a acuerdos sabedores de la intervención del flamante senador Napoleón Gómez Urrutia.

Este siniestro personaje quien se ha desempeñado como líder de mineros, ha cometido todo tipo de fraudes, sin embargo, resultó una pieza clave para estas empresas en Canadá, y de esos abusos, de las condiciones en las cuales las mineras canadienses tienen laborando a estos trabajadores rechazando los controles de seguridad existentes por lo menos en el papel, de eso AMLO no hizo ningún reproche. Como seguramente tampoco le dijo están a la espera del cumplimiento ordenado por un juez en el cual debe “Napito” devolver a los trabajadores 55 millones de dólares. Con la acusación de este robo a los sindicalizados se provocó el autoexilio de Gómez Urrutia a ese país. Ostentándose como presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y en un afán de hacerse presente en el senado, lejos de reclamar lo conducente a la seguridad de los mineros, a la supervisión de la Secretaría del Trabajo sobre las condiciones laborales o de asegurarse de la entrega de indemnizaciones a quienes han resultado heridos o muertos en el cumplimiento de su trabajo -como sucedió recientemente en las minas de carbón-, se dedicó a pelear contra las outsourcing. Su respaldo a las organizaciones internacionales del trabajo perjudica más al país que la reforma eléctrica presentada por EPN. De eso, con Trudeau, ni media palabra.

El presidente trasladó a su gira la cita: “hasta en los tinacos hay niveles” y volvió a salvar a uno de sus preferidos, aún y cuando con ello eche por tierra promesas y aseveraciones de cambio.

El turno

de las obras

El decreto presidencial en el cual se considera a las obras de infraestructura de casi todos los sectores parte de la “seguridad nacional” y la dispensa de permisos y licencias para llevarlas a cabo, muestra de nueva cuenta se está al borde del autoritarismo. Un ejemplo lo podríamos encontrar en la orden de construir una carretera en la Selva Lacandona y ser esta obra considerada de seguridad nacional, lo cual llevaría a devastar la selva sin necesidad de las autorizaciones correspondientes, de las otorgadas por las dependencias de gobierno creadas para dar la certeza y seguridad a los proyectos. O también puede perseguirse el seguir entregando mayores parcelas de poder al Ejército en su calidad de garante de la seguridad nacional. Estas autorizaciones exprés acarrearan un sinnúmero de inconformidades.

De nada servirán los reclamos de quienes se vean afectados en sus tierras, ya sean de la iniciativa privada, o ejidales o comuneros. Seguramente lo de producir energías limpias, cuidar el planeta, evitar deforestaciones, lograr desarrollo sin alteraciones ecológicas se ha convertido en un grave problema para los objetivos de la 4T y nada mejor a un decreto para hacer de lado cualquier problema y así eliminar inconformidades. Se dan golpes sobre la mesa y se acaba con cualquier intento de aplicar criterios diferentes a los generados en Palacio Nacional. Así van caminando las realidades en nuestro país y puede lograrse todo en estos momentos en los cuales no existe ninguna oposición. Quienes la integran y pertenecen a partidos políticos están cuidando mantenerse libres, han cometido suficientes tropelías y no parece quieran mostrar algún rostro de defensa por estas imposiciones. Si no existe una oposición organizada, la reacción de la sociedad puede presentarse en cualquier sentido con todo lo que ello represente frente a un Ejército comprometido con la 4T

De los pasillos

Una vez recibida la instrucción presidencial para montar el teatro de escuchar a quejosos y a expertos para evitar el calificativo de imposición con la aprobación mayoritaria de la contra reforma eléctrica, Ignacio Mier, explicó como realizarán el foro y alista los preparativos del escenario. Por si no se recuerda, Mier es el legislador que dijo, sobre la violación a una joven ejecutada por su homólogo poblano: “No lo hizo en su horario de trabajo” …

En el senado, Ricardo Monreal advierte la posibilidad de hacer algunos cambios a esta iniciativa del Ejecutivo, lo cual se escucha más lógico, razonable e inclusive de alguna manera intenta salvar sea vista como otra imposición, aun cuando no pueda lograrse mucho …

Por cierto y en relación a las elecciones de candidatos, el zacatecano en ningún momento da marcha atrás a la aseveración sobre lo desgastado de las encuestas y tal expresión podría no existir si no se hubiesen prostituido y manipulado tanto por Mario Delgado, quien inclusive llegó al extremo de presentar resultados cuando ni siquiera se habían levantado. De ahí también solicite a Claudia Sheinbaum prudencia, sensatez, ante la publicidad sobre una decisión sucesoria adelantada.

Para la jefa de gobierno de la CDMX no se imponen límites y tal parece tampoco respeto por las leyes con las cuales están impedidos los funcionarios públicos de hacerse propaganda. Los reportajes desplegados en el diario El País, un acérrimo crítico de López Obrador, sobre su persona y acciones resultan la mejor prueba de la prisa por posicionarse que la acompaña, aunque será difícil, muy difícil llegue a remontar la opinión desfavorable e imborrable para millones de mexicanos, sobre lo sucedido en el colegio Rebsamen y en la Línea dorada del Metro, el encubrimiento de sus funcionarios y la impunidad reinante…

Empiezan a deshojar la margarita de la Estafa Maestra, por lo pronto vincularon a proceso a Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la desaparecida o mejor dicho “transformada” Sedesol, acusada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Firmó un anexo técnico del contrato por 23 millones de pesos suscrito por la Universidad de Morelos. Sigue el proceso en libertad al igual que el rector de esa casa de estudios. ¿Y Ramón Sosamontes? ¿Y el confeso autor intelectual de la Estafa Emilio Zebadúa González? ¿Tratan de salvar a Luis Videgaray? ¿Le están preparando la cama a Ernesto Javier Nemer? …

Entrampados con temas anteriores a los cuales no les encuentran la cuadratura y menos la solución, para el caso Ayotzinapa ya citaron de nueva cuenta al ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco, pero al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ni siquiera lo mencionan…

Empezaron a salir los negocios y los tratos hechos a través de un tercero del ex titular de la UIF en Quintana Roo. Devoluciones de cuentas congeladas, venta de protección, garantías para el futuro, son algunos de los señalamientos surgidos a raíz de la protección de ciertos personajes de la política de la entidad hacia integrantes del Partido Verde y en ello se incluye a curuleros y otros llegados al poder por la vía electoral. Malo porque eran los de confianza de AMLO; y en esa misma tesitura aparece un socio enorme, gigante, de los de Aguakan y de ahí no puedan proceder en su contra ante tanta rapiña y abuso.

Los críticos II

María Rivera

La semana pasada escribí sobre el estado en que se encontraba nuestro país en 2018 y del voto de la mayoría. Hacía yo un ejercicio de memoria para aquellos críticos que convenientemente han olvidado de dónde venimos, muy lejos del país pacífico y democrático que les gusta imaginar. Críticos interesados, decía, porque muchos de ellos provienen de las filas de la oposición partidista. Muchos vivían en un país que no existía, salvo en sus parcelas de privilegios, producto de un país obscenamente desigual y no pocas veces obtenidos por su cercanía con el poder gubernamental. Votantes del PRI o del PAN, ex funcionarios de sexenios anteriores, asesores, que durante sexenios apoyaron abiertamente medidas que hoy critican, como la militarización, o no criticaron nada o lo hicieron de manera condescendiente con la barbarie y el latrocinio, hoy se alzan como críticos feroces de este gobierno. Aunque pueda ser chocante, hay que decir también, que de manera legítima. Lo que no es legítimo y es delirante, es que estos críticos pretendan “llamar a cuentas” como pomposa e infantilmente dicen, a los votantes de López Obrador que son críticos de su gobierno, como si tuvieran algún tipo de autoridad sobre los demás. Equivocan el blanco, sin duda, enceguecidos por la polarización. Aun así, tal vez haya que recordar una verdad de perogrullo: el gobierno nos gobierna a todos, por igual, se haya votado por quien se haya votado y es por ello que todos tenemos derecho a la crítica del poder, con la misma legitimidad.

Sin embargo, la narrativa excluyente y polarizadora que López Obrador y los suyos decidieron sostener tras ganar las elecciones, ha logrado desnaturalizar esta idea. Mucha gente cree que hay quienes no tienen “derecho” a la crítica, o que quienes critican al gobierno tienen segundas intenciones, no puede tener razón. Esto constituye uno de los rasgos más ominosos de este gobierno y ha representado una traición al espíritu democrático con el que llegaron. Pronto, todos entendimos que el presidente emprendería sus cambios a través de la mentira perversa del discurso maniqueo, la difamación y el amedrentamiento de quienes se opusieran a su transformación; que defenestraría instituciones funcionales sin estudios previos y sin importarle, incluso, afectar a los más pobres, entre ellos mujeres y niños. Y no es que el país deba rebosar en una falsa unidad, como pregonan algunos. Es que el poder no debería discriminar a ciudadanos según sus orientaciones políticas, ideológicas, partidistas, ni señalar a sus opositores y críticos como si de traidores a la patria se tratara. Esa aberración, la exacerbación de dos bandos en disputa, creada desde el gobierno, significó la desnaturalización de cualquier debate civilizado en torno a la cosa común. No solo en las redes sociales donde campean, por igual, ejércitos de trolls y bots dedicados a evitar cualquier discusión medianamente razonable, sino en los espacios institucionales para ello. Todos somos víctimas de este enredo, donde cada vez parece más difícil entablar una conversación siquiera. “Fifís, chairos, facilitadores, conservadores, oportunistas”, etc. forman parte ya de nuestra jerga para mediar odios y resentimientos.

La polarización también ha servido como coartada para aquellos que, habiendo sido feroces críticos de los gobiernos anteriores, hoy se abstienen de criticar prácticas y políticas de este gobierno muy similares a las tomadas por gobiernos anteriores, completamente contrarias a cualquier movimiento que se precie de ser de izquierda o humanista, e incluso, abiertas traiciones a los ofrecimientos de campaña de Morena. Críticos que gritaban en plazas contra la militarización y llamaban al expresidente Calderón “asesino” por los miles de muertos de todo el país, que crearon banderas como “No + Sangre”, hoy no dicen nada ante el agravamiento de la violencia, ni critican la política de seguridad que no ha logrado resolver el saldo sangriento. Nada dicen de estados como Michoacán o Zacatecas, donde el crimen organizado reina impunemente, como sucediera en sexenios anteriores. Tampoco ante la violencia que este gobierno comete todos los días contra los migrantes, a quienes se les caza, inclementemente para beneplácito de la política estadounidense; no, no se conmueven ante las víctimas, como antaño, sino que emprendieron una campaña de calumnias contra ellas cuando intentaron acercarse al presidente. Algunos, lejos de quedarse callados, se han sumado servilmente a la campaña militarizadora del presidente López Obrador, o han llamado “cuentos, telenovelas” al desabasto de medicamentos oncológicos de niños. Es decir, pasaron de ser críticos a ser propagandistas sin ningún escrúpulo, se sumaron a las narrativas gubernamentales sin el menor recuerdo de las críticas que tan vehementemente sostenían. Es increíble, pero a estos críticos del pasado, nada los desanima de apoyar al gobierno, ni el proceso de creciente militarización, ni las iniciativas de naturaleza innegablemente autoritaria de este gobierno como el decreto recién publicado que atenta contra todos los controles anticorrupción y la transparencia, ni el criminal manejo de la pandemia que ha dejado medio millón de fallecidos, ni el desmantelamiento de instituciones del Estado perfectamente funcionales, ni el asedio a las comunidades académicas del país. Vamos, ni los pobres, a quien el gobierno dejó desprotegidos, les importan. A ellos, lo que les importa es criticar a los críticos, a los medios, a los viejos villanos del país, y apoyar a un político ciegamente, aunque contradiga cada una de las cosas que prometió.

A estos aplaudidores, otrora críticos, no es necesario que nadie los llame a cuentas, como creen algunos. La historia lo hará, que no le quepa duda, querido lector.

Hágase mi voluntad

Adela Navarro Bello

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se precia de ser democrático, respetuoso de la Ley, honesto, transparente, este lunes sorprendió con un decreto que lo hace ver todo lo contrario a lo que presume.

Publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, un decreto para declarar “de interés público y seguridad nacional”, prácticamente todas las obras que realiza el gobierno de la República, y, además, instruir a las dependencias federales a otorgarles, a esos proyectos, todos los permisos, licencias o dictámenes necesarios para su inicio, sin cortapisa, en un plazo de cinco días, a partir de los cuales la resolución se toma en positivo.

A la letra, el decreto presidencial dice:

“Artículo Primero: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

“Artículo Segundo: Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

“Artículo Tercero: La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.

Dos temas son los que ocupan y preocupan, por violentar otras leyes y derechos. El primero, el declarar todas las obras del gobierno de AMLO, “de interés público y seguridad nacional”, lo cual, en automático, blinda y reserva la información al respecto para el ojo ciudadano. Contratos, convenios, presupuestos, empresas participantes, desarrollo de la obra, financiamiento de la misma, todo, queda reservado por tratarse de un tema de “interés público y seguridad nacional”.

En una fracción reformada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2014, quedó determinada tal premisa:

“I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Así, aunque el presidente ha dicho que “esto no tiene nada qué ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, la realidad es que sí. Está inscrito en la Ley que se reserva por razones de “interés público y seguridad nacional”, precisamente los dos conceptos que, en el artículo primero del decreto de López Obrador, se declaran las obras del gobierno de México.

En estas condiciones, después de la oposición y de algunas barras de abogados, fueron los consejeros del INAI, quienes acordaron presentar una controversia constitucional “con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, resolvieron en el pleno, el cual tiene un máximo de 30 días para presentar el instrumento legal.

El otro tema que ocupa, es el de eximir de los requisitos legales para la construcción de las obras, todos los proyectos del gobierno de López Obrador. Así lo decreta cuando instruye a todas las dependencias federales a que otorguen, de manera provisional en cinco días, los dictámenes, permisos o licencias que se requieran para el arranque de la obra. Además, que, a partir del quinto día, “sin que se emita una autorización provisional expresa, se considere resuelta en sentido positivo”.

El decreto del presidente López Obrador, es básicamente, un “hágase mi voluntad”, por encima de la Ley, de los reglamentos, de las competencias, la normatividad. El gobierno de la República, o uno estatal o municipal, deben, como las empresas y la iniciativa privada, cumplir con una serie, ciertamente extenuante, de requisitos en los tres órdenes de gobierno, para poder iniciar una construcción, además de cumplir con otros trámites para echar a andar la empresa de la que se trate.

López Obrador pretende con su decreto, que el gobierno de la República sea liberado de toda esa carga normativa e iniciar a construir a su libre albedrio, allende si incumple con el medio ambiente, con la certeza jurídica de la tierra, con las normas regulativas, con la seguridad social, la protección civil, el pago de derechos a otros órdenes de gobierno, y decenas de trámites más que se deben cumplir para, en un Estado de Derecho, contribuir a un desarrollo ordenado, justo y en armonía con el entorno social, político y económico.

Justifica el presidente que su decreto tiene dos objetivos que nada tienen que ver con la opacidad y la corrupción: “es un decreto para agilizar trámites, y que los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el tema ya, para que los trámites que tengan qué hacer sean más expeditos”, además para evitar “amparos”, pues dice que un amparo le puede detener la obra, y él tiene que terminarlas.

Ciertamente, en un Estado de Derecho la justicia estará con aquel a quien le asista la razón, y si no es el gobierno, por haber incumplido un requisito o violentado algún derecho, así se determinará, pero es evidente que el presidente no quiere atravesar por el camino de la certeza jurídica, sino por la ruta de su voluntad.

En relación a los trámites, lo más acorde sería que su gobierno simplificara todos esos trámites, requisitos, normatividad y regulación que existen para autorizar el inicio de una construcción o la apertura de una empresa, es una deuda pendiente del gobierno federal. Pero no, para el presidente es más fácil eximirse a sí mismo, como representante del Estado Mexicano, de cumplir con los requisitos de Ley, que cambiar la misma para favorecer a todos, a la inversión en general.

Desafortunadamente, el gobierno de la República, no solo el actual, actúa a su conveniencia y provecho, porque seguramente, si alguno de los antecesores de López Obrador, hubiese emitido tal decreto, él habría sido el primero en manifestarse, en dudar, en presumir opacidad y corrupción.

Ahora, es buen momento que preguntarse, en la práctica, dónde quedó la prometida transparencia, la honestidad, la máxima publicidad de los contratos del gobierno, el respeto a las leyes y a las instituciones, porque en estos momentos, impera más el “hágase a mi voluntad”, que otra cuestión.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Fracasa lucha anticorrupción

*País “armado hasta los dientes” por EU

*Si o no a militarizar la Guardia Nacional

*Morena “la tiene fácil” en Quintana Roo

“La corrupción la pagan los pobres”: Papa Francisco

De acuerdo con el diario internacional Financial Times, la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador, una bandera llevada como insignia en la frente, no logra saltar del discurso a la acción. La periodista Christine Murray consideró es más bien una “estrategia profundamente influenciada por la política y con poco que mostrar”. La realidad para los mexicanos se presenta diariamente, cuando “pagan cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para el papeleo básico como iniciar una empresa o pagar impuestos a los automóviles”. Lo más preocupante, subraya, es la existencia de un patrón “de exoneración de los aliados políticos y la persecución de los críticos del gobierno o sus opositores”.

Según FT, el mandatario mexicano se centra una y otra vez en “endiosar” a la llamada cuarta transformación al destacar el combate llevado a cabo por su administración en contra de uno de los males que históricamente ha aquejado a México, pero basta con revisar los datos y las victorias presumidas para percatarse de la inexistencia de resultados, y, los vistos, no son precisamente gracias a su gobierno.

Cita el caso de los sobornos de Odebrecht en el país: “El ex jefe de la petrolera estatal de México, Emilio Lozoya, fue extraditado de España hace más de un año por presuntos sobornos , pero fue solo después de la difusión de las fotos de él comiendo pato de Pekín en un restaurante de lujo se desencadenó la indignación pública y apenas el mes pasado los fiscales solicitaron lo pusieran en prisión preventiva”. El artículo publicado este lunes fue titulado “López Obrador tiene poco que mostrar por su lucha contra la corrupción”.

Aclaró sobre el caso de Lozoya, que ahora podría será la aportación más grande de la 4T en el combate a la corrupción, fue solo porque la periodista de El Financiero, Lourdes Mendoza, reveló la foto del ex director de Pemex cenando en el Huna, lo cual desató un gran escándalo mediático, pero, de no haber sido así, ¿Lozoya seguiría gozando de privilegios? Murray resalta si bien su plan de austeridad republicana le da cierta credibilidad a sus dichos en contra de la corrupción, a la vez sus instituciones “carecen de independencia o recursos para sostener una lucha de tales dimensiones”. En su texto, enumera dos casos: la reciente renuncia de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de ser sorprendido en su propia boda de lujo en Guatemala; y en segundo lugar, la Auditoría Superior de la Federación, donde las denuncias penales no terminan por ser relevantes.

El artículo señala: el discurso contra la corrupción de AMLO se le ha vuelto casi una obsesión llevada como un “tesoro preciado” a las Naciones Unidas el pasado nueve de noviembre. Y esa obsesión no le permite ver “del dicho al hecho, hay mucho trecho”. La edición del periódico británico destaca: “Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países. El fiscal federal anticorrupción solo ha logrado asegurar dos sentencias por delitos en más de dos años y medio en el cargo. Los cargos de alto perfil tardan en avanzar (…) No tienen una política de enjuiciamiento penal (…) eligen casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en la fiscalía”, comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México. López Obrador, dice Murray “está más preocupado por mostrar una imagen de austeridad, que por las acciones y los resultados que su gobierno está teniendo”.

“Seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones. El presidente no ha invertido nada de su capital político o recursos, no es parte de su proyecto el fortalecimiento de las instituciones”, señaló Edna Jaime, directora del Think-Tank México Evalúa. Un claro ejemplo es la Guardia Nacional, una institución debilitada , carente de una estrategia clara de seguridad. La política de “abrazos, no balazos” tiene desatadas a las organizaciones criminales sin que los elementos de la GN puedan hacer algo al respecto. La tarea del Ejército ya no es enfrentarse al crimen organizado, sino “cuidar” el territorio de los cárteles.

Financial Times también señala AMLO utiliza las “mañaneras” para hacer propaganda de la cuarta transformación, pero con muy pocos datos que lo respalden. “En una de sus conferencias de prensa mañaneras López Obrador prometió publicar detalles de quienes han sido sancionados o acusados de corrupción. En el comunicado posterior dijo que miles de funcionarios habían sido excluidos del gobierno y se habían presentado cientos de denuncias penales, pero no mencionó una sola condena penal”..

500 mil armas

a México

Al participar este lunes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido por México este mes, el canciller Marcelo Ebrard señaló: los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir el tráfico de armas han sido insuficientes. Luego de reconocer el esfuerzo del grupo para contrarrestar acciones ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, admitió: “Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes”, por lo tanto demandó la colaboración de los gobiernos nacionales y la IP para frenar los efectos nocivos de éste tráfico.

“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse las fabricadas bajo la ley no lleguen a manos criminales”.

En este punto, Ebrard recordó la demanda entablada en agosto contra las empresas Smit & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Colt´s Manufacturing Company y Glock por llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias facilitando el tráfico ilícito lo cual ha profundizado la violencia en nuestro país.

La Corte Federal de Massachusetts aceptó días después el litigio, recordó el canciller, quien remarcó todavía faltaba la notificación y el proceso legal. En ese caso, aclaró el funcionario, no se trata de cuestionar el derecho de particulares a comerciar armas, “sino de denunciar prácticas negligentes que generen graves consecuencias en otras poblaciones”.

Este martes el gobierno mexicano esperaba la respuesta de las once empresas fabricantes de armas de Estados Unidos demandadas hace tres meses.

De acuerdo con cifras del propio Ejecutivo federal, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EU, y sólo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos. Los datos revelan que entre el 70 por ciento y el 990 por ciento de las armas encontradas en las escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos.

Sobresalen los fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, fusiles Ar-15 calibre .50, ametralladoras Browning M2 calibre .50, lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas, así como pistolas escuadra y revolver, calibre .45, .44 y .38.

El gobierno mexicano prevé que la respuesta de las armadoras contenga argumentos como cuestionar si la cancillería mexicana puede demandar en Estados Unidos, señalar que su legislación les otorga inmunidad contra demandas civiles por daños y responsabilizar al gobierno de México por daños descritos en el litigio.

De los pasillos

Kamala Harris va a saborear estar en la oficina de la presidencia de EU en tanto Joe Biden es sometido a un profundo examen médico en el cual se someterá a una colonoscopía…

Comenzaron las reacciones sobre las simpatías manifestadas por el primer mandatario mexicano. El republicano Marco Rubio, lanzó fuertes críticas por la defensa pública a mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela a quienes califican de extrema izquierda aún y cuando el autoritarismo está presente.

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, el legislador expresó “nosotros nov vamos a interferir en las elecciones y en la política interna de México, pero yo no creo que la culpa sea del pueblo mexicano. Creo que la culpa es del líder que tienen en la presidencia…

Calladita se ve más bonita, le recomiendan a la Sheinbaum cuando de hablar de seguridad se trata. Ese tema se lo deja a su compañero, al titular de la Secretaría Omar García, de quien se espera aclare debidamente la penetración de la Unión Tepito en el centro histórico de la capital del país, adueñándose de predios…

Estamos al borde en la entrada de la cuarta ola de Covid-19, en algunas entidades se nota el repunte. El reporte de hoy del Doctor Muerte, servirá para negar tal situación ya presente en otros países desde donde se han lanzado todas las alertas para estar preparados, situación de la cual asegurará López Gatell está el sector salud debidamente preparado, lo cual no es verdad al saberse han desmontado hospitales dedicados a esta tarea…

Empiezan en Quintana Roo las presentaciones de denuncias sobre el manejo presupuestal de los alcaldes salientes. Estas acciones se hacen periodo tras periodo, pero no se han visto resultados, ni en esta entidad ni en muchas otras. Por lo pronto la alcaldesa de Othón P. Blanco cuya cabecera está en Chetumal, capital del estado las interpuso en contra de varios exfuncionarios…

Para la ex alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain el camino es otro, por ahora. Ya se inició el juicio político en su contra en el Congreso Local, aún y cuando lo deseable es la intervención de la Auditoría Superior estatal, pero eso no será posible en virtud de haberle enviado desde esa dependencia al auditor municipal previa recompensa económica…

Quien tiene las castañas en el fuego es la reelecta Mara Lezama de Benito Juárez, Cancún. De entrada, olvidó el lema morenista: no mentir, no traicionar, no robar. La investigación de las denuncias en su contra se está realizando y una vez perdidos los principales apoyos para mantener paralizados los expedientes, el camino va sobre una muy floja cuerda con todo y la propaganda realizada tanto por doña Laura como por doña Mara por su inscripción como aspirantes de Morena a la candidatura para gobernador.

Elija su Revolución Mexicana

Alejandro de la Garza

El sino del escorpión fatiga numerosas interpretaciones de la Revolución Mexicana para ratificar la complejidad multifacética de ese proceso histórico y la imposibilidad de explicarlo con facilidad a más de cien años de los hechos. Hay quienes la asumen como una revolución democrático burguesa, otros la indagan desde la perspectiva marxista de la lucha de clases, algunos la ven como parte de la modernización económica capitalista, muchos más ven en ella el parto del Estado mexicano moderno, y aún abundan quienes la califican como un revolución traicionada o corrompida.

Las primeras interpretaciones surgieron casi paralelas a la revuelta popular (1911-1920), y ya durante el siglo XX se multiplicaron las visiones novedosas. Las valoraciones inmediatas de la revolución están en las memorias de sus protagonistas, como Álvaro Obregón y su idea de la pacificación posrevolucionarios por la vía electoral (aunque después, vale recordar, el Caudillo defraudaría las elecciones y el hecho le costaría la vida). Pero el alacrán recomienda el segundo volumen de las memorias de José Vasconcelos, La Tormenta, testimonio personal de prosa viva y emocional, sobre el agitado periodo de guerra.

En los años veinte sobresale la interpretación de Manuel Gómez Morín, integrante de la “Generación de 1915”, quien reconoce el ascenso de las masas revolucionarias, urge a terminar la violencia y aboga por la reconstrucción mediante “la técnica, el método y la crítica”. En los treinta crece el interés de historiadores extranjeros, aprecia el escorpión. Entre ellos el austriaco-estadunidense Frank Tannenbaum, quien en su libro Peace by Revolution (1939), define la Revolución Mexicana como un movimiento espontaneo, arraigado en la multitud de comunidades del campo y dirigido contra las haciendas, idea retomada por las interpretaciones subsecuentes.

En estos años se realizan también valoraciones ya más documentadas de la revolución, al verse su vigencia recobrada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, “encarnación de la continuidad de la revolución”, según Lombardo Toledano. El dirigente obrero encuentra en el cardenismo una grandiosa etapa de acción renovadora de la revolución, pero ante esta idea surge la crítica de Luis Cabrera, para quien el cardenismo era la desviación más peligrosa de los principios revolucionarios por su caudillismo, la alineación corporativa de las masas trabajadoras, y por su propuesta de una educación socialista. Este fue el primer choque entre el enfoque marxista y el enfoque liberal sobre la Revolución Mexicana.

En los textos hipercríticos de Jesús Silva-Herzog y Daniel Cosío Villegas surgen, a principios de los años cuarenta, las interpretaciones donde se denuncia la corrupción y se advierte una desviación de la revolución. Silva Herzog la en peligro de muerte, porque después del cardenismo se han abandonado sus principios y su empuje. Cosío Villegas coincide en ver el principal desprestigio para la revolución en la corrupción de su clase política, por tanto, asegura, su crisis es moral.

Al escorpión lo seduce el dibujo ideológico de la revolución trazado por José Revueltas, esa idea de la revolución como producto de un proceso histórico alienado “que confunde clases, intereses, objetivos y hasta genera una ideología socializante, pero cuyo contenido real ha sido abrir las compuertas del país para el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción”.

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Como para añadir picante a la discusión, el inglés Alan Knight, uno de los analistas más agudos del fenómeno de la revolución vista a ras de tierra, como una conjugada revuelta de comunidades, lanzó la pregunta clave de su célebre libro La revolución mexicana: ¿burguesa, nacionalista, o simplemente gran rebelión?

El alacrán destaca otras interpretaciones posteriores de la Revolución Mexicana: Adolfo Gilly, con su perspectiva de “la guerra de clases” en la revolución y la idea de la “revolución interrumpida”, nutrió nuevas visiones. Arnaldo Córdoba consolidó el estudio de la política de masas del Estado mexicano posrevolucionario y calificó de revolución burguesa a ese movimiento protagonizado, no obstante, por las masas campesinas. Enrique Semo profundizó el análisis ideológico de la revolución y documentó el proceso de legitimación que significó para la burguesía dominante. También sobresale el análisis del Estado mexicano, su desarrollo y sus desvíos a partir de la revolución, elaborado por Lorenzo Meyer.

Las interpretaciones neoliberales en los últimos cuarenta años, tendieron a combatir el fetiche ideológico en el cual los gobiernos priistas habían convertido a la revolución al vaciarla de contenido político real y dejarla en mera demagogia, una ideología nacional revolucionaria o nacional burguesa confusa y difícil de descifrar Esa corrupción de la idea misma de la revolución, llevó a minimizar el fenómeno histórico y a invalidar sus contenidos centrales, por ejemplo, la reforma salinista del artículo 27 constitucional.

Hoy el escorpión se interroga sobre cómo registrará la historia al régimen de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la Revolución Mexicana y las continuidades y rupturas de su proceso histórico. ¿Significará un movimiento popular de continuidad después del cardenismo? ¿La adecuación a otra fase del capitalismo global? La historia está abierta.

El injusto maltrato al CIDE

Carlos A. Pérez Ricart

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lleva varios días en la prensa y no por las razones correctas.

Hay que decirlo como es: el Gobierno federal lleva ya un tiempo maltratando a este centro público de investigación. Algunos dirán que por torpeza; otros que lo hace con premeditación y precisión milimétrica. Los más dirán que la institución es el blanco elegido por Palacio Nacional; otros vemos en la dirección de Conacyt la raíz y corazón de los agravios. Sobre los motivos reales del maltrato tampoco hay claridad. Lo cierto es que el maltrato existe: no verlo es no atreverse a mirar a los ojos.

La letanía de maltratos es larga y puede encontrarse en la hemeroteca con facilidad. Menciono algunos de los eventos que más escozor han causado a la comunidad: la extinción, ordenada desde Palacio Nacional, del principal fideicomiso dl CIDE; la ejecución por parte de Conacyt de una nueva normativa que precarizó (aún más) el Programa de Cátedras de esta institución y al cual están integrados varios de los investigadores más jóvenes (y más brillantes) del CIDE; la persecución por parte de la FGR contra investigadores del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico bajo absurdas acusaciones de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero; la negativa de Conacyt por liberar —de una vez por todas— las reglas de operación de recursos obtenidos de manera externa por el CIDE y que ha provocado que la institución lleve más de un año incumpliendo obligaciones laborales establecidas en el contrato colectivo. Hay varios más, basta abrir los ojos.[1]

Es posible analizar esos eventos por separado e intentar justificarlos como una serie de desafortunadas impericias. Juntos constituyen, sin embargo, una serie de vejaciones que hace tiempo rebasaron el umbral de lo admisible. El último golpe llegó hace cuatro meses con la designación de un nuevo director interino no solamente ajeno a la comunidad, sino en las antípodas de muchos de los mejores valores de la institución.

Aunque el nuevo director interino describió sus tareas como administrativas y temporales, en el ejercicio de su poder ha mostrado todo lo contrario; debía ser puente entre el CIDE y la dirección del Conacyt; prefirió ser motor de desgobierno.

En solo cuatro meses el director interino removió de sus funciones administrativas a la secretaria académica del CIDE (la segunda persona más relevante en la jerarquía del centro) y al director de la sede Aguascalientes de la institución. Además, en un acto que terminó por cimbrar a la institución, canceló indebidamente y sin fundamento la realización de las comisiones académicas dictaminadoras, una serie de reuniones estatuarias de la que depende el futuro laboral de varios profesores. Ese mismo director interino es uno de los dos candidatos para ser designado como director permanente del CIDE en los próximos días. El rechazo de la comunidad —alumnado incluido— es casi unánime.

Según se desprende del plan de trabajo del (todavía) director interino y de las poquísimas conversaciones que ha mantenido con miembros de la comunidad, este pretende eliminar la “visión neoliberal” con la que, según él, se analizan en el CIDE los problemas del desarrollo de México. Su perspectiva es, casi con seguridad, la misma que predomina en las oficinas de Conacyt, así como en Palacio Nacional.

¿Qué es posible y deseable buscar un nuevo equilibrio entre tareas de docencia e investigación? Sí. ¿Qué el nuevo contexto político debería llevar a la comunidad del CIDE a reflexionar sobre su vinculación con el resto de la sociedad? También. ¿Qué pueden repensarse mecanismos que promuevan un ingreso más plural y de un mayor número de estudiantes? Sí ¿Qué parte de la comunidad del CIDE se benefició de cierta cercanía con administraciones anteriores y ahora pide una paradójica sana distancia? Admitámoslo ¿Qué es necesario replantear el tipo de ciencia social que se enseña en los centros públicos de investigación? Estoy convencido. ¿Qué caben uno o dos pupitres más en cada salón del CIDE y que no estaría mal que esos pupitres estuvieran ocupados por más estudiantes de preparatorias públicas? ¡Sí, enfáticamente!

Lo que no es admisible es tener ese tipo de debates —sanos, incluso necesarios— a partir de políticas públicas mal enfocadas, decisiones arbitrarias y, sobre todo, desde la soberbia.

Lo más lamentable de la crisis que vive el CIDE es que quienes han desatado el maltrato no promueven un modelo alternativo de educación superior. Ni tienen un plan viable para reformar una institución que está lejos de ser perfecta, ni parecen capacitados para hacer mejor las cosas de lo que se había hecho hasta ahora. En sus argumentos predomina la falta de un diagnóstico adecuado, la caricaturización del modelo a combatir y la descalificación del adversario.

Hay quienes aplaudiríamos —y acompañaríamos con gusto— una reflexión amplia sobre los perversos incentivos que dominan la ciencia social en México (y a escala global), así como el tipo de métricas que suelen utilizarse para llenar de contenido los conceptos de excelencia, institución de élite y vanguardia. El tema es que quienes hoy maltratan al CIDE actúan desde la sordera y el maltrato gratuito —eso no podemos aplaudirlo ni acompañarlo; nuestra obligación es denunciarlo.

Si el plan es generar una crisis de gobernanza en la institución, el Gobierno federal va por el camino correcto. Si, por el contrario, se pretende abrir un debate amplio sobre el papel del CIDE —y otros centros públicos de investigación— en el México contemporáneo, es necesario rectificar; no hacerlo es conducir al caos. Y allá no hay nada bueno.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Inseguridad e impunidad demuestran: fracasa militarización

*EU alerta a sus connacionales sobre la violencia en México

* Próxima boda en la familia Verde; “cachan” trampas de MD

“Entre las diversas maneras de matar la libertad, vi hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen”: Francisco de Miranda.

La militarización impulsada por la 4T no tiene resultados favorables para la nación ni para su población, sólo para los fines políticos del actual inquilino de Palacio Nacional. La inseguridad registra nuevos récords conforme avanza esta gestión federal y la ola de homicidios rebasa los 103 mil ejecutados en este gobierno. También la impunidad está en niveles extraordinarios y peligrosos. El poder de los cárteles de la droga se asentó en este sexenio debido a la política de “abrazos no balazos”, permitiendo se multiplicarán las actividades delictivas de las organizaciones criminales. La militarización preocupa a los mexicanos pues muchos ven la antesala de la implantación de una dictadura y la cancelación del proyecto democrático impulsado desde finales del siglo pasado en el país. Las tareas asignadas al Ejército abarcan ya todas las actividades y esto es lo visto más claramente durante el actual mandato.

El crecimiento de las fuerzas armadas de México es seguido de cerca por observadores internacionales. De acuerdo con un ensayo de la organización estadounidense Atlantic Council –dedicada al análisis político, económico y de seguridad mundial-, México supera en personal militar activo a los 13 nuevos miembros de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con sus 236 mil 450 efectivos, tiene más soldados que los 228 mil que en conjunto hay en Macedonia, Montenegro, Albania, Croacia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Hungría.

La inclusión de México a la llamada Alianza Atlántica “añadiría más personal militar en servicio activo a las filas de la OTAN que los 13 nuevos miembros de la Alianza juntos”, destacan Christopher Skaluba, director de la Iniciativa de Seguridad Transatlántica en el Centro Scowcrof para Estrategia y Seguridad del Atlantic Council, y Gabriela Doyle, asistente de programa en la Iniciativa de Seguridad Transatlántica.

De acuerdo con esa organización, México sería el tercer ejército de la OTAN, sólo por debajo de Estados Unidos y Turquía. El análisis destaca que en la última década, las fuerzas armadas mexicanas se han convertido en un ejército fortalecido y más profesional, experto en la guerra de cuarta generación y opera en todo el espectro del conflicto, desde misiones quirúrgicas de las Fuerzas Especiales conformadas por pequeñas unidades hasta las operaciones de estabilidad a nivel de división en áreas comparables en tamaño a Bélgica.

A pesar del incremento de la militarización del país, los resultados en seguridad son lamentables. En cuanto a ejecuciones, la gestión de López Obrador hizo suyo el récord histórico de 2019, cuando el país alcanzó 35 mil 651 asesinatos, de acuerdo con cifras del mismo Inegi. La cifra más alta desde que se efectúan registros, 1990. Para 2020 la administración de AMLO batió su marca previa: la cifra llegó a 36 mil 579 asesinatos, 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa igual a la registrada en 2019. De acuerdo con el SESNSP, de septiembre de 2018 al cierre de septiembre de 2021, en México han sido asesinadas en total 100 mil 300 personas.

El de López Obrador es ya el periodo de gobierno más violento de la era moderna. En mayo pasado la administración del tabasqueño logró un registro doble del gobierno de Felipe Calderón y 75% más de los ocurridos durante la gestión de Enrique Peña Nieto. De nada han servido las críticas al manejo de la seguridad nacional de AMLO en México y a nivel internacional. La liberación de Ovidio Guzmán en 2019, uno de los líderes del grupo criminal Cártel de Sinaloa, además el dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación en varias zonas del país pone en duda la existencia de una correcta estrategia de seguridad. Y mientras, el poder de los cárteles se fortalece y crece. Por ejemplo, en Michoacán, familiares de desaparecidos denunciaron que grupos armados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan levas en la zona de Tierra Caliente desde hace dos años.

Las víctimas son privadas de su libertad para engrosar las filas del cártel. También hay registros de niñas raptadas para ser esclavas sexuales de los jefes de plaza de la organización delictiva, así como de jóvenes torturados con el fin de sacarles información. Esto ha provocado la huida de cientos de personas de las comunidades en donde ha incursionado el CJNG. En el colmo, esta organización ha puesto precio a las cabezas de habitantes de los sitios en donde se han resistido a sus ofensivas. En Zacatecas, al grito de auxilio del gobernador David Monreal respondió el presidente López Obrador y anunció la implementación de un Plan de Apoyo y Rescate para el estado donde también se vive una crisis financiera y creciente ola de inseguridad.

El jueves pasado aparecieron 10 muertos, nueve de ellos colgados en un puente entre los municipios de Ciudad Cuauhtémoc y Luis Moya, y ese mismo día fue el más violento con saldo de 20 personas asesinadas. Ante los acontecimientos registrados en los últimos días en el estado, el gobernador destituyó el pasado viernes a Arturo López Bazán como secretario de Seguridad Pública, y en sustitución fue nombrado Adolfo Marín Marín, general brigadier en retiro. La creciente violencia en territorio mexicano llevo al gobierno de Estados Unidos a ampliar su listado de alertas de viaje de sus ciudadanos ya sean los radicados o quienes se encuentren de visita en México, al encontrarse en un mayor riesgo de ser víctimas de delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos.

También la inacción del gobierno ante los cárteles de la droga preocupa al gobierno estadounidense, donde se resienten los efectos del tráfico de estupefacientes. En ese país, existe una epidemia por consumo de drogas desde hace años, pero la pandemia de Covid-19 solo ha empeorado las cosas. El virus, además de provocar cientos de miles de fallecimientos, impulsó el abuso de drogas, en especial, de opiáceos sintéticos hasta sobrepasar un umbral trágico: en un año, entre abril de 2020 y abril de 2021, las muertes por sobredosis pasaron de cien mil en la primera potencia mundial. Fueron en total, 100,306 fallecimientos, según el recuento provisional publicado la semana pasada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).

Además del fracaso de la lucha contra la corrupción de López Obrador, preocupa profundamente la impunidad. Un amplio informe de México Evalúa, quienes revisan la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, revela el 94.8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, cuando ya se manejaba un 9i2.4%. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsiona, secuestrar o desaparecer sale gratis a los delincuentes.

Ante ese panorama, Luis Cresencio Sandoval, general titular de la Secretaría de la Defensa, respondió, durante el festejo de la conmemoración del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a las preocupaciones de observadores y expertos: “Tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas”, Sin embargo, fue claro al señalar están comprometidas en apoyar la consolidación del actual régimen. Además, exhortó a unirse al proyecto de la 4T y trabajar en un mismo objetivo. López Obrador también reaccionó a la creciente preocupación por la militarización del país. Reconoció la lealtad de militares, marinos y guardias nacionales que, dijo, vienen del “México profundo”, y pertenecen al pueblo mismo. “Los integrantes de la Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y a las instituciones, no han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía”, señaló el tabasqueño en el desfile en el cual participaron 3 mil 953 militares, dos mil 431 civiles y 335 niños. Se utilizaron dos mil 52 caballos, 71 vehículos y 15 aeronaves.

De los pasillos

En el gobierno de la 4T se prendieron las alertas ante la advertencia del presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza, en el sentido de que México dejará de ser “un destino” para la inversión privada extranjera si no se realiza la transición hacia energías renovables. “Si no existe un manejo jurídico, estructural en México enfocado a la producción de energía renovable, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono)”, señaló el directivo en la 49 Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)…

El próximo fin de semana tendrá lugar otra boda, ahora de una de las integrantes de la familia poseedora del Partido Verde. Ya veremos la reacción del primer mandatario por el gasto hecho por sus aliados en una de esas ceremonias salpicas de salitre sexenal…

La mediocridad alcanzó a la cultura y una muestra de ello puede verse en la ex residencia oficial Los Pinos. Todo contrasta y da fe del dispendio de recursos bajo el falso argumento de la austeridad republicana…

Todo indica es inocultable el daño causado por Mario Delgado a Morena. El filtro de sus decisiones y la supervisión directa de las acciones le fue asignada al titular de Gobernación Adán Augusto López, pero también los de la Comisión de Elecciones hace lo suyo marcando pueden crecer esas listas presentadas de cuatro aspirantes por estado para la contienda por la gubernatura: dos hombres y dos mujeres. Encontraron la serie de trampas puestas por el ex carga maletas de Emilio González, se percataron de sus intenciones de entregarle a ese partido oportunidades para hacerse de un número mayor de gubernaturas y seguir con esa alianza lo están pensando muy seriamente, más aún cuando el inquilino no aparece con las disposiciones de antaño.

¡Aquí no!

Ernesto Hernández Norzagaray

En el norte de Sinaloa está en peligro uno de los humedales más importantes del país. Se pretende la construcción de la planta de amoniaco “más grande de Latinoamérica” en la bahía de Ohuira ubicada en el municipio de Ahome y los promotores políticos de la consulta ciudadana están dispuestos a sacarla a su favor y para ello basta ver como la han diseñado.

Rabindranath Salazar, Subsecretario de Gobernación, fue a Los Mochis, a exponer las características de la consulta y a promoverla, el Gobernador Rubén Rocha estuvo en el mismo tenor, los alcaldes de Ahome, Guasave y El Fuerte y, en todos, parece haber sintonía de que se deba construir la planta en el noveno humedal Ramsar en importancia del país.

Y, así, contraviniendo los derechos de los ahomenses, los pueblos originarios y los compromisos internacionales del Estado mexicano, como son los que obliga la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocido como Convención Ramsar, que México suscribió en 1986 para preservarlos y mantener los equilibrios en los ecosistemas húmedos del planeta.

La opinión de los científicos y activistas medioambientalistas, ecologistas, funcionarios, políticos, periodistas y, obviamente, la de quienes potencialmente serán afectados por los riesgos que oficialmente se reconocen (emisiones de gases a la atmosfera, alteración de la calidad de los recursos de la laguna de Ohuira, alteración de los suelos y modificación en los ecosistemas) en este proyecto industrial contaminante ha sido cuestionado por su impacto que habrá de tener sobre la calidad de vida los vecinos incluso algunos han señalado la experiencia de Trinidad y Tobago donde una planta similar significó un incremento sustantivo de los casos de cáncer.

Pero, eso no parece importar, se impone la racionalidad económica sobre el equilibrio de la naturaleza y la vida humana.

Así, cómo distintas fuentes lo han documentado, de salir adelante se cumpliría el negocio de dos exgobernadores y empresarios que han invertido tiempo y relaciones para hacer viable este proyecto que tendría financiamiento alemán y suizo por un monto de 100 mil millones de pesos.

Informe: Los hábitos de compra creados durante la pandemia pueden estar aquí para quedarse

Se podrá decir que ninguno de los ex invertirá en la planta, qué cómo lo ha aceptado Francisco Labastida Ochoa, solo están ahí “gestionando” cuando en realidad estaban operando políticamente el proyecto y ahora, para que no se vea que es un negocio de políticos priistas, pierden visibilidad para que sea con cargo político para el Gobierno morenista ante esto sorprende el entusiasmo con que el ejecutivo estatal abraza el proyecto.

Rocha Moya no ha escatimado elogios al proyecto que favorecería “la agricultura de todo México”, ante el asombro de activistas morenistas, que se han opuesto desde sus orígenes y que ahora están en el dilema de apoyar a su gobernador o seguir combatiendo la instalación de la planta de amoniaco.

Al final de cuentas, es una historia depredadora, que ya hemos visto en otros lugares cuando políticos y funcionarios públicos aprovechan su estatus para hacer negocios personales o de grupo.

Pero, vamos, al tema de la consulta que ha sido diseñada para que no falle a favor de sus promotores:

Primero, se integra selectivamente un Consejo Ciudadano para la Consulta Popular con “figuras de reconocido prestigio de la región” pero, no se hace explicito, el criterio técnico que el seleccionador utilizó para elegir a cada uno de ellos y, peor, notoriamente, podrían estar en ese Consejo principalmente quienes están a favor del proyecto. Así, se hizo visible en la propia conferencia de prensa donde se presentó el modelo de consulta, con la intervención del boxeador Jorge “Travieso” Arce quien, como miembro del Consejo aprovecho para mostrar abiertamente sus simpatías por la planta. Y, curiosamente, dejan fuera de ese Consejo Ciudadano a quienes lo han cuestionado y los que serán directamente afectados con la instalación de la planta o aquellos que se han amparado contra este ecocidio largamente anunciado.

Segundo, la conferencia de prensa se celebró el 16 de noviembre y la consulta será el 28 del mismo mes, es decir, escasos 12 días después, lo que significa, que en ese tiempo breve se hará una campaña de difusión e invitación para participar en ella, lo que indica que hay prisa para sacar adelante el “sí” y, hay en marcha, todo un operativo, por lo que no se descartan prácticas perniciosas como las ocurridas en las pasadas elecciones municipales cuando los ahomenses fueron víctimas de la violencia.

Tercero, el Subsecretario de Gobernación no aceptó dar a conocer la pregunta que habrán de responder los ciudadanos involucrados con un “si” o un “no”, como tampoco explicó cómo se seleccionarán a los responsables de cada una de las 30 mesas que habrán de ser instaladas en Ahome, Guasave y El Fuerte, este último, sorprende porque no tiene salida marina

Cuarto, incluso, llama la atención que una buena parte de las mesas serán instaladas en sindicaturas rurales donde existe mayor desconocimiento del impacto medioambiental del proyecto y, sorprendentemente, se omite una mesa en las comunidades indígenas pertenecientes a la nación Yoreme-Mayo de Lázaro Cárdenas y Ohuira y sólo, una de ellas, está contemplada en Topolobampo que es el epicentro del malestar ciudadano.

Quinto, las 30 mesas de recolección de boletas se distribuirán en Ahome (16), Guasave (13) y El Fuerte (una), incluso una casilla especial en Los Mochis, pero, sin que haya un padrón de potenciales participantes y el subsecretario, a pregunta expresa de la prensa, sobre el número de boletas solo señaló que “habría suficientes” para todos aquellos que quieran manifestarse el 28 de noviembre y para darnos cuenta de la desmesura, el despropósito y la intención, basta recordar que en Ahome durante la pasada elección el INE se instalaron 650 casillas para recolectar los votos.

Y sexto, o sea, la consulta está diseñada bajo el principio de “quien hace la consulta hace la trampa”, pues define cual es el sector que más interesa que participe y de esa manera perversamente se deja en minoría a quienes serán directamente afectados como es el caso de los pueblos originarios que han elevado su voz por la negativa y se han amparado contra el proyecto.

Interesa legitimar la consulta mediante la consulta misma y con los que quieran participar, es decir, si el día de la consulta asiste un cinco o un 10 por ciento de las personas en condición de manifestarse es suficiente para legitimarla, aunque dado el interés expresado por los convocantes de la conferencia de prensa, no hay que descartar la movilización de sufragantes por el “sí”, en tanto, eso sucede, activistas ambientalistas de Ahome, Culiacán y Mazatlán, se han acercado al Congreso del Estado, para denunciar la ilegalidad de la consulta y buscar apoyo y para este viernes 19 de noviembre hay una convocatoria para movilizarse en Los Mochis.

Esto, ocurre, en medio de amenazas de muerte, contra miembros del colectivo ambientalista “Aquí no” de Topolobampo que es la parte siniestra de esta operación contra el humedal que busca legitimarse con la consulta y, por encima de los seis amparos, que existen ante las instancias jurisdiccionales del país.

En definitiva, Aquí ¡no!

Desaparecidos: la ONU no nos salvará

Rubén Martín

Con más de 300 mil muertos, casi 95 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, más de 52 mil cuerpos sin identificar, tres mil fosas clandestinas y una estela de episodios con su reguero de masacres, cuerpos colgados, desmembrados y torturados, México vive una crisis excepcional de violencia organizada, nombrada desde el ámbito de los derechos humanos como una crisis humanitaria de grandes proporciones.

Por su magnitud, México vive una guerra informal que no es reconocida por las autoridades de todos los niveles, dedicándose apenas a administrar esta violencia que azota a la mayoría de la población, especialmente a los más pobres, y donde muchas veces la violencia es funcional para la imposición de distintas dinámicas de acumulación de capital como ocurre con frecuencia en megaproyectos estatales o privados.

Este es el contexto en el que llega a México el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) en el que cuatro de diez de sus integrantes se encontrarán con familias organizadas que tienen desaparecidos, víctimas de violencia, organizaciones civiles de derechos humanos, autoridades y distintos sectores sociales para recoger testimonios, reportes, análisis y con todo ese material, realizar un informe que será presentado en marzo del próximo año para compartir sus conclusiones y recomendaciones.

La delegación del CED estará recorriendo el país del 15 al 26 de noviembre y está compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y jefe de la Delegación, por Juan-Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna.

El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. Desde su creación, es la primera ocasión que el CED lleva a cabo una visita a un país miembro firmante de la Convención contra desaparición forzada, y como ha subrayado el mismo CED, habían solicitado la visita de trabajo a México desde el año 2013, al inicio del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sin embargo esta fue negada.

Ante esta negativa del gobierno de Peña Nieto y ante el notable crecimiento del fenómeno de las desapariciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió “enérgicamente” al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité en agosto de 2016. Pero el gobierno siguió siendo omiso.

Si ahora el CED está en México es gracias a las exigencias y tenacidad de las madres organizadas que buscan a sus desaparecidos. En el año 2018, María Herrera, una madre michoacana que ha sufrido la pérdida de cuatro de sus hijos, exigió que el gobierno mexicano aceptara la visita de la CED ante instancias jurídicas.

En 2019, a comienzos del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, María Herrera, acompañada de organizaciones de derechos humanos, ganó un amparo para exigir al gobierno esta petición. Para sorpresa de María Herrera y abogados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, impugnó la decisión. La presión de las familias llevó a que en agosto de 2019, finalmente, el gobierno mexicano aceptara la visita que ahora se concreta.

Aunque es la primera visita al país, el CED ya se había pronunciado sobre la grave situación de las desapariciones forzadas en México: en su primer informe, reconoció que en México hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Además México es el segundo país del mundo en solicitar acciones urgentes al CED, por atrás de Iraq. De un total de 1,031 acciones urgentes solicitadas en el mundo, 424 corresponden a México, recordó en un artículo reciente el Centro Prodh.

Los integrantes de la CED que llevan a cabo la visita a México ya han empezado a recoger testimonios dolorosos, conmovedores y con la esperanza de que esta visita contribuya a cambiar el contexto de desapariciones generalizadas que existe en el país. El jueves, en Monterrey, los integrantes del CED escucharon a madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León que en ese estado hay 5,790 personas desaparecidas, 2,089 personas sin identificar, 410 desconocidas que se encuentran en fosas comunes, y seis grandes campos de exterminio donde han sido detectados hasta 600 mil restos orgánicos de humanos (Proceso, 18 noviembre 2021).

Ese mismo día, en Nayarit los colectivos de familias denunciaron la crisis forense que existe en el estado así como el crecimiento de fosas clandestinas y también expresaron su preocupación por la seguridad de los familiares de las víctimas, ya que “están en riesgo, toda vez que son tan visibles y alzan la voz frente a estas violaciones de derechos humanos”. En Nayarit también se denunció que el órgano de procurar justicia, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ha actuado en realidad como parte de la “estructura criminal” y ha cometido crímenes de lesa humanidad (La Jornada, 19 noviembre 2021).

Juan José López Ortega, representante del CED, estuvo la mañana de viernes pasado en Guadalajara, en una reunión con más de 50 representantes de organizaciones de familiares, quienes expusieron tanto los casos individuales y masivos de desapariciones, crisis forense y respuesta burocrática poco eficiente del gobierno de Jalisco. Y escuchó también las denuncias de que se cometen desapariciones forzadas en Jalisco, como quedó evidenciado en el episodio represivo conocido como el Halconazo tapatío, del 5 de junio de 2020. En ese episodio el gobernador de Jalisco reconoció que la Fiscalía estatal está infiltrada por el crimen organizado.

Relatos y testimonios como estos recogerán los enviados del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU a la largo del país durante una semana más. Los familiares de desaparecidos tienen esperanza de que sus testimonios, evidencias e indagaciones que los integrantes del CED recojan en su gira en México produzca un informe contundente que obligue al Estado mexicano a dar una respuesta eficaz a la exigencia de presentar con vida a los casi 100 mil desaparecidos que hay en México.

Pero por más que esté justificada esta esperanza, ningún organismo de la ONU “salvará” a México de esta crisis de violencia generalizada. Es necesario que desde abajo se articulen las familias y la sociedad se movilice masivamente de forma solidaria para poner freno a esta guerra informal que padecemos. La salida no vendrá de la ONU y del Estado mexicano, que es cómplice por comisión u omisión de esta crisis por desapariciones y los episodios brutales de violencia. Tendrá que ser buscarse con la sociedad organizada desde abajo.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Nuestra amada Costa Grande, como ninguna otra región del estado y del país, fue escenario para la cruenta Guerra Sucia, periodo que abarcó desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 1980, y que consistió en una estrategia político militar para exterminar a los grupos y movimientos opositores al régimen unipartidista, donde el oficialismo era la constante, incluida la prensa.

Estos grupos, ante la represión que tuvo su máximo momento en la masacre de Tlatelolco, en 1968, y luego con El Halconazo de 1971, se alzaron en armas y dieron pie a una virulenta reacción oficial que, sin embargo, fue tan bien diseñada y ejecutada que tardó 20 años, tiempo en el cual uno a uno fueron desarticulados los grupos opositores y sus líderes cazados y asesinados.

El Partido de los Pobres, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Liga Comunista 23 de Septiembre, por citar algunos, fueron blanco de la represión político-militar, lo que se llama Guerra Sucia, que en realidad fue un terrorismo de Estado.

A diferencia de lo que sucedió en otros países de Centro y Sudamérica, donde la represión fue menos cuidada, más rápida y virulenta, en México fue quirúrgica y silenciada dentro y fuera del país. Fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice, censurada y también amedrentada.

De hecho, se conoce poco de ese oscuro periodo porque los archivos fueron eliminados. Y aunque Vicente Fox abrió la primer fiscalía para investigar los movimientos políticos del pasado (Femost), los resultados fueron mediocres, pues hasta la fecha prevalecen los pactos de silencio e impunidad, así como el secreto de Estado, ya que aún se tienen clasificados documentos militares a los que los grupos defensores de los derechos humanos no han tenido acceso.

El colectivo Eureka, por ejemplo, tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido al día de hoy.

Eureka fue fundado por Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido. “Mientras México apoyaba a la Revolución Cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al Sandinismo, en su interior el régimen priista “ocultaba” la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país”, expuso Jorge Gálvez miembro de este comité.

Las historias son espeluznantes. Gente lanzada al mar desde helicópteros luego de haberlos torturado. Enterrados en destacamentos militares, como Rosendo Radilla. Hombres jóvenes echados al Pozo Menéndez, y un largo etcétera que, en realidad, se han quedado en el nivel de las fábulas porque, como decíamos, se tiene muy poca documentación oficial al respecto, y mucho menos hay información periodística, salvo de los eventos más obvios y escandalosos, como lo fueron la Matanza de Tlatelolco y El Halconazo.

Pero no sólo fueron perseguidos los guerrilleros; en realidad se se arrasó con todo: disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y campesinos. Todo lo que estorbara al régimen fue acorralado y sus líderes silenciados.

Después de Tlatelolco, siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.

Fue hasta el gobierno de AMLO que el tema vuelve a retomarse, a la luz de la existencia de las decenas de miles de desaparecidos, producto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, y que ya asciende a unas 100 mil personas.

No sólo se tiene una fiscalía para investigar lo que sucedió en la Guerra Sucia, así como otra para el Caso Ayotzinapa, sino que por fin se autorizó la visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en su primera visita a México, luego de 10 años de negativas para su ingreso al país.
Obviamente, uno de los estados a visitar por este comité es Guerrero, no sólo por el Caso Ayotzinapa, sino porque la entidad ha sido escenario de violencia permamente.

Realmente la Costa Grande fue refugio de los alzados de la Guerra Sucia. Uno de los casos más sonados fue el de Lucio Cabañas Barrientos, nacido en El Porvenir, Atoyac de Álvarez, el 12 de diciembre de 1938; y asesinado en Técpan de Galeana, el 2 de diciembre de 1974.

Lucio fue un maestro rural mexicano, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero, durante la década de 1960 y hasta su muerte en 1974.

Lucio inició su formación política en la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que en ese entonces dirigía el sanlusiteco Genaro Vázquez Rojas, y luego se acercó al Partido Comunista Mexicano. El 18 de mayo de 1967, Lucio convocó a una reunión en Atoyac, donde se desató una balacera, pues el intento era asesinarlo. Se remontó desde entonces a la sierra. En abril de 1974 la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas decidió secuestrar a Rubén Figueroa, senador de la República y candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Figueroa estuvo secuestrado durante 5 meses y fue rescatado el 8 de septiembre de ese año por un operativo policiaco-militar.

Después de este acontecimiento el estado respondió con toda su fuerza contra la guerrilla de Lucio Cabañas e inició su persecución sin cuartel, hasta que 3 meses después, la madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera El Otatal, municipio de Tecpan, donde Lucio fue asesinado con el tiro de gracia, aunque hay una versión de que al verse en desventaja se colocó su rifle en la garganta y se quitó la vida. Quién sabe. Falta ver lo que la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia logra excavar de las catacumbas del poder político y militar de México. Entre tanto, también se busca a los desaparecidos casi 100 mil desaparecidos de la Guerra contra el Narcotráfico.