Categoría: Editorial

Guadalupe Correa

En México no se procura la justicia.

Este jueves pasado, 23 de septiembre, me enteré de una noticia que me dio esperanza [aunque esta se esfumó después de un par de días]. Creí entonces que en este país, después de mucho luchar, seguir los lineamientos que marca la ley, proporcionar pruebas contundentes, acudir a las instancias necesarias—y aunque no cuentes con los privilegios de los hombres más ricos y poderosos de México—es posible acceder a la justicia, aún después de haber pasado por un tortuoso proceso. Ese día me enteré por los medios que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge Fernández González por el presunto asesinato de su esposa, María del Pilar Garrido Santamans, de nacionalidad española. Dicha sentencia infame fue dictada y ratificada por el poder judicial de Tamaulipas.

En otras palabras, los “magistrados del órgano judicial federal consideraron que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial de Tamaulipas declaró la culpabilidad sin pruebas contundentes y se basaron en percepciones de los elementos policiacos y judiciales aportadas por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía tamaulipeca, Mireya Maldonado Villegas” (Elefante Blanco, 23 de septiembre, párr. 2). No puedo describir mi sentimiento de optimismo al leer esa noticia pues ya antes había revisado los documentos más importantes del caso, así como los testimonios de las familias de Jorge y Pilar. Por todo esto y el contenido del material revisado, creo en la inocencia del acusado. Este es un caso no muy complejo si nos ceñimos a las evidencias presentadas por la defensa de Jorge Fernández, a las múltiples irregularidades que se detectan en la integración del expediente y al penoso papel que ha jugado la fiscalía estatal en este caso—según lo muestran los documentos a los que tuve acceso.

El asunto parece más claro—y la sentencia condenatoria de Jorge pierde rápidamente sustento—si uno revisa los expedientes, analiza las pruebas presentadas por ambos lados (la fiscalía y la defensa) y escucha los testimonios de los familiares de la víctima. Incluso la mamá de Pilar escribe una carta diciendo que “confía en Jorge” y que lo conoce bien; es decir, según este documento, parece ser que ella cree plenamente en la inocencia de quien fuera su yerno (véase

No obstante todo lo anterior—y después de la decisión del tribunal federal mexicano que, según entiendo, anula la sentencia que condenaba a 47 años de prisión a Jorge Fernández—el 25 de septiembre nos cae como un balde de agua fría una nota que señala que la Fiscalía General de Tamaulipas sostiene la culpabilidad de Fernández González en el asesinato de Pilar Garrido. Por un lado, no sorprende la reacción, dada la gravedad de estos hechos que colocarían a la fiscalía estatal tamaulipeca y a todos los responsables de esta atrocidad, en una situación además de bochornosa, plagada de acciones dolosas y de absoluta ilegalidad.

Todo este caso apesta por diversas cuestiones. El evento que nos compete y por el cual está privado de su libertad Jorge Fernández ocurre en los tiempos dorados de un gobernador que aspiraba a ser Presidente de México y que presumía con los extranjeros sus supuestos logros en torno al tema de la seguridad en Tamaulipas. El olor se hace más fétido cuando consideramos otros muchos casos de personas que han sido consignadas por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas sin pruebas contundentes y por motivos que podrían más bien considerarse políticos o estar guiados por intereses de otro tipo. Entre los casos más sonados están los de los periodistas Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra y Gabriel Garza Flores (este último muerto en prisión), Jonathan Rodríguez Cabanne, Susana Prieto Terrazas, entre otros muchos casos. Estos últimos no han recibido extensa cobertura mediática, pero muchos siguen sin ser resueltos o el veredicto respectivo parece haberse dado bajo condiciones escalofriantes de fabricación de pruebas, torturas, testimonios falso y faltas gravísimas al debido proceso. Esto se verifica en diversos testimonios y breves reportes en medios de comunicación locales y nacionales. Recordemos que el Fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, fue el autor principal del llamado “Michoacanazo” en tiempos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

En Tamaulipas, según lo dicho en muchos espacios, por muchas víctimas y a través de muchos medios, “se fabrican culpables”. En eso coinciden una gran cantidad de personas con las que hemos conversado. No nos extraña porque sabemos que el fiscal general del estado fue artífice del Michoacanazo—aquella ocasión cuando se detuvo y se mandó a prisión a más de 30 servidores públicos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada que tuvieron que ser puestos en libertad por no acreditarse las pruebas de su culpabilidad. Mientras tanto, se oficializa un obsceno blindaje para proteger a este cuestionado personaje. El pasado 21 de septiembre, el Congreso de Tamaulipas aprueba en comisiones reformas inauditas a la Constitución para que Barrios Mojica se pueda mantener en el cargo hasta el 2025 y pueda reelegirse por siete años más. El autor del penoso Michoacanazo—en un estado donde no existe la justicia y donde se fabrican culpables sistemáticamente, según los múltiples testimonios recopilados—podría permanecer en su cargo hasta el 2032. Que penosa situación en un estado tan lastimado por el crimen organizado y la total impunidad.

Ahora que está de moda hablar de delincuentes que se organizan para cometer actos de corrupción o delitos graves de cuello blanco, recuerdo el caso de Emilio Lozoya Austin y su selecto grupo de socios o “secuaces”. Demasiada información se ha ventilado con respecto a las operaciones fraudulentas mayores del exdirector de Petróleos Mexicanos en contubernio con sus hombres de mayor confianza como Froylán Gracia Galicia o Arturo Henríquez Autrey y muchos otros de quienes se conoce—según diversas fuentes periodísticas—la existencia de expedientes que los ligan a actos masivos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ninguno de ellos ha pisado la cárcel y nunca se ha hablado de ello. En realidad se han olvidado estos casos y la atención se ha desviado hacia otros lados—también muy problemáticos (sin lugar a dudas), pero quizás menores considerando los montos del atraco. No existe comparación entre los presupuestos para promover la ciencia y la tecnología y la caja “chica” de PEMEX.

El mayor responsable del ‘megadesfalco’ a la nación cuando encabezaba Petróleos Mexicanos es Lozoya Austin, quien gozó de toda la protección de las autoridades mexicanas cuando regresó cómodamente a México de Málaga. Dicha comodidad pudo haberse debido, entre otras cosas, a la estrecha relación de su abogado en ese momento y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Con la información que contamos, resulta escandaloso que a su llegada a México, Lozoya Austin haya sido escoltado al hospital para ser atendido por anemia y problemas del esófago. Qué conveniente la supuesta enfermedad que lo libraría de una cárcel de máxima seguridad—atendiendo a los criterios del fiscal que ahora conocemos. De sus supuestos secuaces no se sabe nada. Ellos, según entiendo (y puedo estar equivocada), nunca fueron acusados de delincuencia organizada. Arturo, Froylán, Carlos, Rodrigo, Miguel, Alejandro, et al. están tranquilos en su casa.

Jorge Zepeda Patterson

Una de las ventajas de designar a funcionarios octogenarios, o casi octogenarios, para puestos que exigen honradez e imparcialidad es que carecen de ambiciones postsexenales y, en teoría, ya tienen un patrimonio formado. Es decir, son cuadros que pueden resistir presiones y ambiciones a las que están sujetos los que aún se encuentran haciendo carrera y fortuna. Se supone que los que van de salida, en cambio,  están ya “más allá del bien y el mal”.  Por desgracia, el Fiscal Alejandro Gertz Manero, de 81 años cumplidos, parecería estar únicamente más allá del bien. Los escándalos recientes a los que ha dado lugar la Fiscalía dañan la supuesta independencia e imparcialidad que debería forjar un organismo que recién estrena su estatuto de autonomía de cara al Ejecutivo.

Alguna tinta ha corrido sobre el penoso litigio que sostiene Gertz en contra de la hija y la esposa de su hermano, a quien les atribuye su muerte; la primera se encuentra en la cárcel y la segunda, su cuñada durante 50 años, a un pie de ella. Una acusación que los tribunales habían desechado en dos ocasiones, y que no tuvo éxito hasta que Gertz Manero llegó a la Fiscalía. A su vez, ellas acaban de interponer una denuncia en contra del funcionario por el presunto manejo de 7.8 millones de dólares en cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales. Imposible saber, con la información disponible, a quien asiste la razón en un pleito familiar tan siniestro. Pero el mero decoro y la necesidad de proteger la imagen del Fiscal General de la República, me refiero al puesto no a la persona, habría obligado a una actitud de mayor prudencia, tratándose de un tema familiar. De entrada, la imparcialidad de la propia institución queda comprometida; la severidad en el tratamiento de las acusadas hace sospechar que las autoridades están siendo “juez y parte” en el litigio.

Más arrebatado aún es el caso de “los científicos”. La FGR intenta meter en una prisión de alta seguridad a 31 académicos, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su delito; haber utilizado recursos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, para pagar choferes, celulares, viajes , restaurantes y hasta impuestos de 40 personas (según informe de la actual directora de Conacyt). Se trata de una organización destinada a fungir como asesora autónoma sobre temas científicos y que recibía fondos públicos. La conforman 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos titulares de diversas organizaciones. Un gasto en “choferes, y restaurantes” dentro de ciertos límites en sí mismo no constituye un delito, toda vez que podrían haber sido efectuados como parte de sus responsabilidades. No se trata de una organización fantasma; sus diversas actividades están puntualmente reseñadas en su página web. La información que ha trascendido a la prensa no permite dilucidar la magnitud del abuso, si es que lo hay. Y desde luego nadie puede estar por encima de la ley, ni debería asustarnos una investigación para rastrear el uso de recursos públicos. El problema no está en el reporte de un funcionario que da cuenta de la sospecha de una anomalía, sino en lo que la Fiscalía decidió hacer con ello.

Fincar una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada permitiría tratar a los detenidos como capos del narcotráfico, lo cual les llevaría a litigar su proceso desde la cárcel, aun cuando no existieran pruebas; basta con que un Juez conceda la orden de aprehensión correspondiente. La severidad de la acusación es tan desmesurada que dos jueces ya lo han rechazado. Frente a la negativa, la FGR ha dicho que buscará un tercer Juez que sea más sensible a sus argumentos. Ninguno de los dos delitos caben en un comportamiento que, en el peor de los casos, remite al abuso personal de recursos públicos. Gasto suntuario en choferes, celulares y restaurantes sería motivo suficiente para denunciar prácticamente a toda la clase política del país. Lo cual no exime, insisto, de investigar y sancionar, si compete, cualquier irregularidad cometida en este Fondo. Sin embargo, el comportamiento de la FGR lleva a pensar que la intención de esta acusación no es remediar y penalizar un abuso, sino castigar de manera ejemplar y a como dé lugar a un grupo de académicos e investigadores. Y para ello debe forzar una acusación que lleve a encarcelarlos, saltándose el principio de presunción de inocencia que permite a todo ciudadano a defenderse.

¿Con qué propósito hace esto la autoridad? Se preguntó este sábado Ana Laura Magaloni, experta en la materia. “Algunos dicen que se trata de una venganza personal del Fiscal General por haber sido rechazado del SNI en la administración anterior. Otros piensan que el objetivo es mandar un mensaje de intimidación a la comunidad científica. La verdad es que nada de ello lo podemos saber a ciencia cierta. La motivación es subjetiva e invisible. Pero lo que sí parece evidente es que el Fiscal está dispuesto a asumir los costos políticos y reputacionales que ello lleva aparejado.”

La última frase me remite al arranque de este texto. Un funcionario que está dispuesto a prescindir de los costos políticos o reputacionales, violentando de tal manera las formas, es alguien que se siente más allá del bien y del mal. Sabe que su carrera no pagará las consecuencias políticas. Puede dar rienda suelta a sus convicciones o a sus fobias. No sé cuántas de las primeras aún le queden al Fiscal (convicciones), pero comenzamos a sospechar que aquí están en juego algunas de las segundas (fobias).

Por desgracia, en este caso el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar un espaldarazo al Fiscal en la mañanera del viernes. Con su comentario parecería avalar la percepción de que el Ejecutivo está molesto con la comunidad científica, en gran medida crítica de los criterios y decisiones presupuestarias en relación a la ciencia por parte de la 4T. Sus razones tendrá el presidente y es un debate legítimo, si se dejan atrás a las acusaciones mutuas y se abordan argumentos de fondo.

Pero apoyar esta cruzada burda, punitiva y desmesurada no ayuda en nada a la construcción de un necesario diálogo y me parece que ensucia y distorsiona la enorme tarea con la que se ha comprometido el Presidente para terminar con la corrupción de este país. Lejos de ayudar, Gertz Manero se está convirtiendo en un Fiscal incómodo para el Gobierno de López Obrador, aunque este aun no lo vea así.

Jorge Javier Romero Vadillo

La noticia ha circulado ampliamente en diversas columnas periodísticas y ha provocado reacciones de varios claustros universitarios: el Fiscal General Alejandro Gertz le solicitó a un Juez órdenes de aprehensión por diversos delitos, incluido los de operación con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, que ameritan prisión preventiva oficiosa como si de delincuentes de altísima peligrosidad se tratara, contra 31 científicos, académicos y funcionarios del Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología, con base en una denuncia de la actual directora de Conacyt, la inefable María Elena Álvarez Buylla.

En un país atenazado por la corrupción y la violencia, pero donde no se ha ejercido acción penal contra nadie por los casos más conspicuos que involucran a altos funcionarios de gobiernos pasados, a pesar de que el Presidente de la República se llena cotidianamente la boca de dichos sobre el final de la corrupción, el Fiscal emprende una cruzada contra parte de la elite científica a la que la comisaria política encargada de combatir a la “ciencia neoliberal” para promover una “ciencia” comprometida con las causas populares le tiene inquina.

El Fiscal incapaz de presentar casos bien sustanciados contra los implicados en escándalos como el de Odebrecht, que claramente ha usado la justicia para sus venganzas personales y que le debe el favor a la comisaria Álvarez Buylla por haberle concedido el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de ser un plagiario y de carecer de carrera como investigador, se muestra una vez más como un prevaricador vengativo que lanza un golpe desmesurado contra la comunidad científica y universitaria. Un Fiscal incapaz para realmente presentar frente contra el crimen organizado, ni contra los casos más graves de corrupción del pasado, se lanza a tratar de encarcelar a profesores universitarios en un penal de alta seguridad.

Por suerte, la ineptitud de Gertz es tan flagrante que no consiguió que un Juez girara las órdenes de aprehensión solicitadas, pues el caso estaba armado con el sello de la casa: la absoluta inepcia jurídica y la falta de pruebas sólidas. Sin embargo, insiste en presentar el caso, por lo que los implicados están a punto de vivir una pesadilla de arbitrariedad, que les puede destruir la vida y acabar con su patrimonio. Todo sea por vengarse de quienes no lo han admitido en el círculo en el que él considera que debería estar por sus grandes conocimientos y por hacerle el juego a la comisaria estalinista que le quiere llevar a su jefe una presa, como el perro que le lleva a su amo la lagartija que acaba de cazar en el jardín.

Lo más grave de este asunto es que forma parte de algo mayor: el acoso que este Gobierno ha emprendido contra la academia y la investigación científica. El Presidente de la República ha salido en su homilía cotidiana a apoyar la persecución y ha justificado los recortes al presupuesto de investigación científica con una más de sus andanadas de mentiras, pues según él el los recursos ahora recortados se repartían discrecionalmente entre dos grupos de influencia intelectual a los que detesta por ser sus críticos. Sin prueba alguna ha dicho que el dinero ni siquiera se usaba para investigar.

Es significativo que este Gobierno esté empeñado en la persecución de sectores pensantes de la sociedad, donde la popularidad presidencial es menguante. El caso penal contra el Foro Consultivo no en sino parte de una serie de acciones de debilitamiento que quienes han construido, en condiciones de precariedad crónica, una incipiente comunidad científica de excelencia. Primero fue la desaparición de los fideicomisos que servían para administrar fondos de donatarios privados para diversos proyectos de investigación, tanto en ciencias duras como de análisis social. Con esos recursos, diversos grupos académicos estudiamos alternativas a la guerra contra las drogas, desapariciones forzadas, corrupción, o se hizo evaluación de programas sociales de ahora y de gobiernos anteriores.

Si bien los investigadores de las grandes universidades hemos estado protegidos por la autonomía y por contar con sindicatos más o menos fuertes, los investigadores de los centros Conacyt, como el CIDE, especialmente detestados por la comisaria estalinista se están enfrentado a la decisión de considerarlos empleados de una suerte de organismos paraestatales, de manera que sean considerados como servidores públicos, sometidos a las abusivas condiciones laborales de apartado B del Artículo 123 de la Constitución, sin libertad sindical, pero también con serias limitaciones a la liberta de investigación y de expresión, de participación en foros de discusión o en los medios de comunicación.

En estos días el Comisariado de Ciencia y Tecnología la ha emprendido también contra el programa de Cátedras Conacyt, un intento por dotar de condiciones laborales dignas, aunque temporales, a jóvenes investigadores recién egresados del doctorado y para quienes no hay plazas en los centros de investigación y educación superior. El programa requería mejoras, pero lo que pretende la comisaria es desaparecerlo.

El clima ominoso contra el pensamiento crítico sustentado en evidencias se completa con las cantaletas matinales del Presidente de la República que suele descalificar con el sambenito de conservadores neoliberales a quienes no comulgan con la “ciencia” de la adulación. Durante los gobiernos anteriores, en las presidencias de Fox, Calderón y Peña, desde la academia se impulsaron fuertes campañas críticas contra la militarización, contra los nombramientos en la SCJN y en la Fiscalía de validos y cuates, contra la corrupción, por la rendición de cuentas. Nunca entonces hubo un clima de acoso e intimidación como el actual.

El siguiente golpe viene con la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sin rigor jurídico, vaga y orientada a recortar los recursos a la investigación científica en un país que adolece precisamente de incapacidad innovadora y desarrollo tecnológico.

Entre todos los signos de retroceso autoritario que este Gobierno ha mostrado, el del control del pensamiento crítico es especialmente ominoso.

Jean Pierre Leduc

Muchos de nosotros sabemos cómo el momento político está dominado por el cambio climático. Pero muchos imaginan los efectos de acuerdo con la vieja forma de pensar, como en el tiempo de los ciclos largos y regulares de la naturaleza y de las actividades humanas que dependían de ella. Sin embargo, la cuestión no se limita a la transición de un clima a otro. Nada sucederá de esta manera. Todo cambia. Incluso el modo de cambiar. Ahora estamos inmersos en una situación completamente nueva de incertidumbre permanente que es “estructural”, es decir, que resulta de la naturaleza misma del curso de los acontecimientos. Tranquilizo a mis lectores: no me dedicaré aquí a una meditación sobre la naturaleza del tiempo como resultado de lo que ya he escrito desde el punto de vista político en mi libro La era del pueblo. Sólo evoco la idea general: el tiempo es una propiedad del universo social en el que éste se despliega. Por lo tanto, hay tiempos dominados y tiempos dominantes. Bajo esta forma de pensar, la planificación ecológica es una reconquista del tiempo largo que se libera de la dictadura del tiempo corto que rige en la sociedad capitalista de nuestro tiempo. Hablé de la “propiedad colectiva del tiempo largo” a través de la planificación ecológica. Me opuse a la propiedad privada del tiempo, tal como éste existe cuando los ritmos cortos del mercado y de la sociedad de mercado, del “justo a tiempo”, se imponen a todos. Estando así planteadas estas premisas, me ataco a los desafíos que esta manera de ver se plantea a sí misma en la actual era de la incertidumbre.

La propiedad colectiva del tiempo largo y su prioridad en los ritmos sociales abre la posibilidad de armonizar los ciclos de la actividad humana con los de la Naturaleza. Este es incluso el propósito principal bajo la regla verde. Por lo demás, la afirmación de ésta lo dice ya en bajo relieve: “no arrancar ya más a la naturaleza más de lo que ésta puede reconstituir“. En este caso, el ciclo de producción está alineado con la temporalidad específica (duración) que le lleva a la naturaleza “reconstituir lo que se le ha quitado”. Todo esto presupone algo esencial: la capacidad de prever, de anticipar. Y la previsibilidad, a su vez, requiere de una condición inicial: debe haber estabilidad en la relación de causa a efecto. En la realidad concreta, esta relación a menudo parece directa y automática.  Sin embargo, es sólo muy altamente probable, aunque no nos demos cuenta. Si la causa A corresponde a un efecto B en el 90 por ciento de los casos, la posibilidad de no verlo ocurrir otra vez es casi nula. Sin embargo, esta relación, incluso dominada por un determinismo conocido y científicamente establecido, sigue siendo sólo muy probable, aunque no totalmente seguro, incluso si no lo sabemos. Esta incertidumbre (baja en este ejemplo) es una propiedad del universo material. Es insuperable. El cambio climático rompe la fuerte cadena de causas y efectos. Por ejemplo, cuando las estaciones ya no producen los mismos efectos de lluvia, viento o temperatura:  digo bien “por ejemplo”. De esta manera, se encuentran puestos en duda la mayoría de los saberes tradicionales basados en la observación de asociaciones de hechos y comprobaciones de regularidad. Además, estas regularidades se han observado y han sido retenidas y transmitidas gradualmente gracias a su coincidencia con posiciones estelares o solares. El ascenso de la estrella Sirio correspondía a la inundación del Nilo. A la ocurrencia de esto correspondía todo tipo de eventos naturales como floraciones, estaciones animales. Pero también todo tipo de eventos sociales y políticos. Por ejemplo, el establecimiento del impuesto después de la medición de nuevas áreas aumentadas por el aluvión. O la reanudación del transporte fluvial de grandes bloques piedras de construcción gracias a la subida de las aguas y por tanto de los yacimientos que las utilizaban. En este caso, la previsibilidad y la armonía de las temporalidades naturales, religiosas, políticas y económicas se lograron con un nivel muy alto de certeza y/o de probabilidad. Tal vez esta es la razón por la cual los periodos de la antigua civilización egipcia son de duraciones tan largas. Es como si la estabilidad de las condiciones esenciales fuera una especie de metrónomo imparable. Del mismo modo, la circulación de las aguas marinas entre los polos y el ecuador ha determinado durante milenios el ciclo de eventos climáticos y, por lo tanto, agrícolas y, por lo tanto, sociales. El derretimiento de los glaciares en los polos y el calentamiento agravado en los trópicos desentrañan las correspondencias entre la posición de los cuerpos celestes y la ocurrencia de eventos esenciales, como la lluvia y el buen tiempo, el periodo favorable al arado o la recolección de esta o aquella baya… Esta situación las aprendí en las discusiones que mantuve con los investigadores científicos franceses y bolivianos que conocí en el lago Titicaca en abril pasado. Pero también me devolvieron al camino de una reflexión personal muy antigua. Mi primer libro, publicado en 1991 (A la conquista del Caos [“A la conquête du Chaos”]), trataba de fenómenos cuyo curso no es lineal, es decir, no regularmente progresivo. O, dicho de otra manera, donde los efectos no son proporcionales a las causas. Este tipo de fenómenos es el que a menudo se resume por medio del ejemplo del aleteo del ala de una mariposa en Madrid que desencadena un tornado en Tokyo. Pero sé que esta definición es muy inconveniente a pesar de su brillante simplicidad. Por mi parte prefiero la del vehículo que circula a velocidad constante por una carretera recta cuyo conductor … es picado por una avispa. Sólo un pequeño parámetro interviene y todo el sistema experimenta un cambio de trayectoria.  Y éste, a su vez, causas docenas de eventos totalmente impredecibles en su nuevo curso. Por el contrario, este tipo de fenómenos, lejos de ser marginales, son extraordinariamente numerosos en la realidad. Desde el punto de vista de un sistema dinámico, resumimos con una palabra: produce una bifurcación. En esta circunstancia, la incertidumbre que acompaña al vínculo de causa y efecto es muy grande.

Por lo tanto, debemos ver otra consecuencia de esta situación. Si bien los conocimientos tradicionales son puestos en entredicho por el cambio climático, que deshace las coincidencias milenarias, éstos no son los únicos conocimientos afectados. El conocimiento científico sobre las relaciones y el funcionamiento entre los elementos de un sistema global como el clima, se aplica también a dinámicas que a su vez se vuelven “altamente no lineales” y sujetas a bifurcación. El clima es un sistema global “metaestable”, es decir, que se encuentra en la frágil frontera del equilibrio. Al ser desviado de su trayectoria, pasa a otro estado global. Pero este nuevo estado puede ser aún más inestable en su evolución ulterior. La incertidumbre reina en plazos y formas impredecibles. A partir de ahí, la temporalidad en la conducción de la política, como también el contenido de la planificación se presentan de una manera completamente diferente. Se colocan bajo el signo de una incertidumbre particular.  Es una incertidumbre insuperable. Esta incertidumbre no depende de nuestras herramientas o razonamientos para comprender lo que está sucediendo. Se debe al carácter mismo de los acontecimientos. Mientras estuve en Bolivia, escribí un artículo de opinión en el JDD sobre esta incertidumbre. Lamento que ésta no haya sido discutida por los planificadores ecologistas (pues hay muchos).

Dolia Estévez

Históricamente, la recuperación económica en Estados Unidos ha tenido un impacto multiplicador en México, más que en otros países y más aún en situaciones de crisis profunda como la provocada por la pandemia. De ahí que es buena noticia que los paquetes de estímulo fiscal estadounidenses, los más grandes en la historia, lograron su objetivo: impedir otra Gran Depresión y poner a la economía estadounidense en camino al crecimiento. El FMI estima que este año, el PIB de EU crecerá siete por ciento.

En 2020, México registró una caída del 8.2 por ciento del PIB, no vista desde los años treinta del siglo pasado. Sin esos estímulos, aprobados por el Congreso de EU en marzo de 2020 y febrero de este año, la situación económica mexicana hubiera sido mucho peor.

El banco BBVA pronostica que el PIB mexicano crecerá 6.3 por ciento en 2021. Aun así, tendría que aumentar a un ritmo no visto en décadas recientes sólo para poder igualar el nivel del PIB previo a la pandemia.

Recibidos por el grueso de los 13 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos que radican y pagan impuestos en EU, los cheques impulsaron el alza récord de las remesas.

El Banco de México reportó que el ingreso por concepto de remesas fue de 4.5 mil millones de dólares en julio pasado, lo que representa un incremento anual de 28.6 por ciento. El más alto registrado históricamente, el monto contribuyó significativamente, para que, en el acumulado de los primeros siete meses de 2021, se alcanzara un valor acumulado de más 28 mil millones de dólares, una expansión anual del 23.5 por ciento, en comparación con el mismo período de 2020.

Al rebasar el umbral de 40 mil millones de dólares en 2020, las remesas representaron casi cuatro por ciento del PIB nacional.

Andrés López Obrador destacó el fenómeno como un gran “logro” de su gobierno en su más reciente informe. Seguido llama “héroes” a los migrantes por ayudar a México. Sin embargo, la creciente dependencia en las remesas muestra el fracaso crónico de crear empleos bien remunerados en casa, y no un logro de política pública.

La pandemia provocó un aumento en los niveles de pobreza sin precedente en las décadas recientes e impactó fuertemente en la desigualdad y el empleo en América Latina. La Cepal estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior; 11 millones, la mitad de los nuevos pobres, son mexicanos (Panorama Social de América Latina 2021, CEPAL, marzo 2021).

Y es que en los países que casi no invirtieron en paquetes de estímulo fiscal e iniciativas de gasto social a gran escala para hacer frente al Covid, como México, el incremento de pobres fue superior. Brasil destinó cerca de ocho por ciento de su PIB en comparación con el 0.7 por ciento de México.

En México la pobreza extrema creció de 10.6 a 18.3 por ciento en 2020, siendo uno de tres países latinoamericanos donde más se multiplicaron las personas pobres, según la Cepal. Una estadística que quizás no diga mucho, pero que en la práctica es sinónimo de hambre.

De acuerdo con Nora Lustig, coautora de un estudio que compara la respuesta a la pandemia de los países latinoamericanos más grandes, en México prácticamente no hubo medidas para mitigar el impacto sobre los ingresos para los trabajadores informales. No hubo aumentos en la cantidad de transferencias monetarias o cobertura para los beneficiarios en los programas existentes ni nuevos programas de asistencia social para cubrir a los trabajadores del sector informal afectados por la crisis (La Protección social durante la pandemia: los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México, Blofield, Lustig, Trasberg, Pensamiento Iberoamericano, marzo 2021).

Estados Unidos es el mejor ejemplo de la diferencia que hacen los subsidios gubernamentales para mitigar el impacto sobre los ingresos cuando las economías son rebasadas por crisis imprevistas como la pandemia. Los miles de millones de dólares en estímulos fiscales, no sólo frenaron el crecimiento de la pobreza sino la redujeron.

La Oficina de Censos anunció la semana pasada que la pobreza bajó de 11.8 a 9.1 por ciento entre 2019 y 2020, el nivel más bajo que se tenga registro, lo que significó rescatar a 8.5 millones de estadounidenses de la miseria.

A lo largo de un año y medio, cerca de 130 millones de personas recibieron depósitos directos en sus cuentas bancarias o cheques por correo postal en las dos rondas de alivio fiscal desde que el Congreso aprobó la llamada Ley del Plan de Rescate en marzo de 2020. En total, más de 220 mil millones de dólares han sido erogados por la Agencia de Recaudación de Impuestos.

La reducción de pobres se dio en todos los grupos de edad, raciales y étnicos, y de nivel educativo. Fue más notable en los sectores más rezagados de la población: madres solteras, afroamericanos, hispanoamericanos y adultos sin estudios.

Una familia de cuatro personas que percibe un ingreso anual inferior a 26 mil 250 dólares, es considerada pobre, de acuerdo a la definición de la Oficina de Censos.

La agresiva política de estímulos fiscales ayudó decisivamente a México. Las remesas y exportaciones se dispararon y la economía mexicana no se fue al despeñadero. Guste o no, EU seguirá guiando el crecimiento de la economía mexicana en un marco de interdependencia; se reconozca o no, la vecindad no es una maldición.

Alejandro Páez Varela

En algún momento después del accidente de la Línea 12, Claudia Sheinbaum preguntó al Presidente qué instrucciones había ante la tragedia. Temas muy delicados. Elecciones intermedias en puerta. Marcelo Ebrard Casaubón había construido, Miguel Ángel Mancera había recibido y Sheinbaum la tenía a su cargo cuando se vino abajo.

López Obrador le dijo esto: “Verdad y justicia”. Quien me lo contó no me dijo quién más estaba presente. Pero ese fue el encargo.

Sé que la Jefa de Gobierno lo tomó como un “caiga quien caiga”, no sólo aplicable a funcionarios y exfuncionarios sino que se extendía hasta el empresario constructor: Carlos Slim.

Con la enorme habilidad que lo caracteriza, Ebrard empezó a operar. Se reunió con Slim o con la gente de Slim y le(s) advirtió, me dicen, de la posibilidad de que “en el afán de la sucesión” salieran manchados él, el Canciller, y el multimillonario. Lanzó un tuit en el que dijo que comentaría-denunciaría cualquier intención política con los peritajes y acusó a Julio Scherer de participar en una supuesta ofensiva para dañarlo con el accidente. Dañarlo-descarrilarlo para 2024.

–Los columnistas que señalan a Julio tienen una cercanía con Mario Delgado –me aseguró una buena fuente–. Léase como parte de lo mismo.

Pero incluso las palabras del Presidente a Sheinbaum se toparon con el Presidente. No iba a permitir una fractura prematura y un daño a dos de sus alfiles: Sheinbaum y Ebrard. Pero además, ¿alguien ha visto a López Obrador cargarle la mano a Miguel Ángel Mancera? El exjefe de Gobierno podría estar jugando con Miguel Ángel Osorio Chong (y por ende con Enrique Peña Nieto) pero siempre cuidó no afectar “al licenciado”, es decir, al ahora Presidente. (Esa historia entre ambos es larga y no tiene nada de truculenta, es más bien pragmática; quizás después cuente la versión que yo me sé).

Y de esa manera, los peritajes apuntaron a ciertos pernos. Nunca se giró orden de aprehensión contra ellos y ellos, los pernos, tampoco se dieron a la fuga. Nada más cargaron con la culpa.

Y de esta manera, el único que pagó lo hizo en metálico y lo tiene de sobra: Slim reparará la Línea 12 y queda como un empresario solidario, porque la obra tenía muchos años de haber sido entregada.

Y de esta manera, el choque de trenes de la sucesión adelantada no se dio. El maquinista principal a cargo de las vías movió palancas y acomodó rieles.

***

“Pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales”, dijo Sheinbaum el viernes 17 de septiembre. Queda claro que puede administrar su agenda personal; hacerla más discreta. Pero ya no puede gobernar sobre los futurismos porque el futuro es ahora mismo: la sucesión va sobre rieles.

¿Cuál es la razón del Presidente al adelantar la sucesión presidencial? Una primera, innegable, es que desarma a los que dicen que quiere retener el poder o que planea reelegirse. No, dice el Presidente: hay una sucesión en curso.

Pero quizás no haya una sola razón. Quizás son varias.

Otra (la segunda) podría ser evidenciar a sus opositores. Miren, miren, les dice: acá sobran los candidatos y ustedes, el amasijo ideológico, ni siquiera tienen una figura que los una a todos; son una masa sin forma y (entonces) sin destino, les dice el Presidente.

Esto último tiene lógica y debe disfrutarlo muchísimo AMLO. Les dijo por décadas que eran el PRIAN y finalmente, en 2021, los unió en una misma masa informe: el noble y el villano y el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la farsa, como canta el clásico. Y juntos los encuentra el sol: a Salinas y a Vicente Fox; a Romero Deschamps y a Claudio Equis; a Germán Larrea y a Diego Fernández; a Enrique Krauze y a Felipe Calderón. Son lo mismo y ya no lo pueden ocultar. Y en ese sentido, creo, el Presidente quiso decirles: hey, ustedes, todos juntos me hacen los mandados; son nadie, no tienen a nadie que los rescate. Aunque, claro, esa tan disfrutaba bravata signifique adelantar la sucesión presidencial.

Pero hay una tercera tercera razón. Quizás es que López Obrador quiere tener tiempo y fuerzas suficientes para administrar el proceso desde adentro.

En el pasado, el inicio de la sucesión marcaba el declive del sexenio. De por sí, en México un Presidente no deja al que querría desde hace tiempo. Creemos que sí, porque es tan poderosa la figura. Pero la realidad es que no. Y AMLO lo quiere exponerse a perder control.

De la Madrid no fue lo que López Portillo deseaba; son dos modelos antagónicos. Y Carlos Salinas fue candidato sobre los deseos de Miguel de la Madrid. Ernesto Zedillo se acomodó por encima de Luis Donaldo Colosio y sobre el deseo de Salinas. Vicente Fox no tuvo los favores de Zedillo y llegó a Los Pinos, pero seis años después no pudo evitar que el candidato fuera Felipe Calderón. Quizás sea Calderón el único que planeó y ejecutó una estrategia sucesora efectiva. Enrique Peña Nieto fue su candidato. Y ganó en 2012… como Calderón mismo fue candidato de Peña en 2006.

Ahora, claramente, con los tiempos adelantados, ya no aplica aquello de que el Presidente se debilitaba con el arranque de la sucesión. Los números muestran que López Obrador no cae en las preferencias y no ha perdido control sobre su movimiento, como le pasó a casi todos en cuanto había precandidatos: perdían control del partido, que en automático se ponía a los pies del más fuerte de la terna.

Hoy, con la sucesión adelantada, el Presidente puede administrar sin desgastarse. El Canciller Ebrard, así de poderoso como se ve, es nadie sin él. Si por alguna razón AMLO lo sacara de la escena, no brincaría a la oposición: es apenas un embrión y allá ni organizados están. Y la lealtad de Sheinbaum no le preocupa al Presidente.

Por eso creo que sea con lo de la Línea 12 o sea con lo que sea, López Obrador ha podido administrar la sucesión justo porque la ha adelantado. Ahora el reto es que no se le salga de control en los siguientes tres años, largos tres años. ¿Usted qué piensa?

Armando Ríos Piter

Como cada año, el pasado 8 de septiembre se presentó el paquete fiscal para el año 2022. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó los Criterios Generales de Política Económica en los que se estima que el país crecerá un 4.1% el próximo año. La inflación se prevé se ubicará en un 3.4%, con un tipo de cambio promedio de $20.3 pesos por dólar. En materia de deuda pública, se proyecta que al igual que en 2021, ésta se mantenga en un 51% con respecto al PIB. Se prevé que los ingresos presenten un incremento de 8.9% en términos reales, comparados con el ejercicio fiscal de 2021.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022, prioriza el financiamiento a los llamados programas sociales prioritarios, así como al sector salud. Los primeros presentan un incremento del 36%, principalmente por el aumento de recursos destinados al Programa de Bienestar para las Personas Adultas Mayores, el cual pasará de 139,659 millones de pesos, a 238,015. El resto de los programas sociales -salvo el programa de Mantenimiento Urbano que tendrá una caida de alrededor del 50%- mantendrán montos de gasto, similares a los del presente año.

El incremento en salud (27.6%) será destinado mayoritariamente a la secretaría del ramo, aunque también el IMSS y el ISSSTE recibirán más recursos. Según los documentos entregados, el gobierno federal habrá de dar un énfasis especial al   fortalecimiento de la atención médica, a la producción de vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos para garantizar el abasto. Cabe recordar que este último punto ha sido el talón de aquiles de la presente administración. En cuanto al rubro de Educación Pública, se prevé que el gasto incremente un 4.1% respecto al 2021, destinado principalmente a las becas Benito Juárez en zonas de alta marginación.

Cabe destacar que el paquete fiscal mantiene el compromiso presidencial de no incrementar los impuestos. De ahí es que vale la pena preguntarse, ¿de dónde saldrá el 8.9% de ingresos adicionales para 2022?

La SHCP se enfocará a inhibir la evasión y elusión fiscales. Entre las propuestas destacan cambios que endurecerían las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Entre las determinaciones que incluye la llamada Miscelanea Fiscal están: establecer un parámetro de la ganancia devengada por la fluctuación cambiaria; evitar que las reestructuras corporativas sean un medio para la elusión de contribuciones; combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos; ordenar cambios para pagos provisionales del ISR y para la acumulación de ingresos. Adicionalmente, se plantea que los bancos informen sobre depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos cada mes al fisco y ya no cada año.

Un elemento que busca facilitar el pago de impuestos, es la creación del nuevo régimen tributario para personas físicas con actividad empresarial y personas morales de menores ingresos: el llamado régimen de confianza. Este régimen simplificado buscará que accedan a él los contribuyentes con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos (mdp) al año, en el caso de personas físicas, y de hasta 35 mdp si son empresas o negocios. Habrá que analizar a fondo este nuevo esquema, que busca incentivar un mayor pago de impuestos en la base de la pirámide productiva.

Cabe destacar que para que las estimaciones de ingresos y gasto público se cumplan, no bastará solo con endurecer o facilitar los esquemas de cobro de impuestos. Será fundamental que la economía crezca. Solo con crecimiento será posible recaudar las tasas previstas. Ante la proyección de crecimiento del 4.1%, distintos analistas prevén que en 2022, la economía mexicana apenas crecerá alrededor del 2.8%.

Para que México realmente crezca, se requieren incentivos a la inversión que hoy no aparecen en el paquete fiscal. Por esta razón, resulta indispensable que la Cámara de Diputados revise a fondo la forma en que podría incentivarse un mayor crecimiento de la economía mexicana a través del gasto público. La #SociedadHorizontal deberá estar atenta a este debate y exigir la presentación de propuestas innovadoras, de otra forma, lo que recientemente se presentó en el paquete fiscal podría quedarse en simples buenos deseos.

Armando Ríos Piter

Llegó el día de la consulta. Sin mucha convocatoria, los mexicanos nuevamente salieron a votar. Aún sin saber cuantos lo hicieron, fácilmente podríamos decir que pocos asistieron por interés propio. La mayoría participaron a partir de la movilización que los impulsores de la misma propiciaron.

La consulta no tuvo la resonancia que algunos pensaron en un principio. El presidente López Obrador insistió en varias de sus conferencias mañaneras que votaría en contra. Sin embargo, a lo largo de varios meses remarcó sus argumentos en contra de todos los ex presidentes. En sendas ocasiones se manifestó crítico por la venta de paraestatales que hizo Salinas de Gortari, contra el FOBAPROA de Zedillo. Fue duro en su crítica por la intervención de Fox en el proceso electoral y enfático contra la guerra de Calderón iniciada frente al narcotráfico; a Peña Nieto le recetó reiterados señalamientos por la corrupción vivida durante su sexenio.

No son pocos los mexicanos que se caldearon ante esos recuerdos. Si hubieran ido más allá, incluyendo a Gustavo Díaz Ordaz con la matanza del 68, a Echeverría con el “halconazo”, a López Portillo y a De la Madrid con la crisis de los 80´s, seguramente ningún ciudadano se hubiera mantenido ajeno a la molestia y el enojo que desde hace décadas han producido nuestros gobiernos.

Antes de dedicarle demasiado tiempo a cada uno de esos capítulos de nuestra historia reciente, habría que preguntarse si frente a tantas decepciones, el problema que impera en nuestra vida nacional tiene que ver con un tema estructural o con simples coyunturas. Por encima de analizar los pros y los contras de cada sexenio y sus representantes, valdría la pena reflexionar si el problema que vivimos, es derivado de fallas en nuestro sistema político o solo se debe a malos manejos provocados por unos cuantos personajes.

Estoy convencido que nuestro sistema político sufre desde hace décadas, de un terrible colapso, mismo que se ha profundizado conforme los sexenios han transcurrido. Pienso que conforme se incrementaron las demandas sociales, el sistema posrevolucionario no logró darle viabilidad a la vida nacional. La alternancia democrática no logró solucionar esto. Cada gobernante, a su manera y conforme a sus capacidades -muchas o pocas- apenas logró parchar los crecientes problemas que se le presentaron.

Una vez dicho esto, resulta interesante revisar la apuesta que tomó el actual gobierno a partir de la consulta popular impulsada el pasado domingo. El gobierno de la 4T convocó a los mexicanos a votar porque se castigue a los expresidentes. Aún cuando la pregunta formulada por la Suprema Corte no tuvo una especificación temporal, el propio AMLO encuadró la consulta en torno al período que él mismo ha comprendido como “neoliberalismo”. De Salinas de Gortari a Peña Nieto.

Las preguntas que surgen antes de ver los resultados finales son: ¿La participación ciudadana alcanzará un 40% -unos 37 millones de votos- para ser vinculante? ¿Obtendrá el gobierno más de los 30 millones de votos que obtuvo Morena en 2018? Si no es así, habría que preguntarse si ¿logrará los 16 millones de votos que alcanzó el partido en el gobierno el pasado mes de junio de 2021? En caso de no lograrlo, vale la pena saber si por lo menos logró conseguir los 3 millones de votos que se requieren para realizar una consulta popular.  Esto es importante pues estas medidas servirán para saber que tan trascendente fue la consulta para los seguidores de la 4T.

Rubén Marti

Siglos de promoción de la democracia liberal hacen creer a los mexicanos que votar en una elección cada tres años los hace partícipes de las principales decisiones de su localidad, su estado o su país. Les hace creer que son tomados en cuenta y que con introducir una boleta en una urna participan en el destino de la nación. Pero esto es una ilusión.

Pensemos lo siguiente. En México hay elecciones desde el fin del régimen colonial español al terminar el siglo XIX, pero eran elecciones en las que apenas participaba una minoría. Las votaciones, de hecho, se celebraban en las explanadas de las iglesias y eran a mano alzada, a la vista de todos. Es decir, no eran secretas. Y era un derecho sólo para una minoría. Votaban solamente hombres, letrados y con riqueza. A lo largo de todo el siglo XIX quedaron fuera las mujeres, quienes no sabían leer y escribir y quienes no tuvieran propiedades. Es decir, la mayoría.

¿Cómo se puede llamar a eso democracia? Por supuesto que no lo era. Era un ejercicio de legitimación de una minoría que controlaba al país. La minoría masculina que por sus privilegios sabía leer y que por la explotación y despojo mantenía riquezas.

Las elecciones en las que participó Francisco Madero contra Porfirio Díaz no fueron muy diferentes que las celebradas a lo largo del siglo XIX. Las elecciones cuyo resultado fraudulento a favor del dictador Díaz en 1910 detonaron la Revolución mexicana, apenas participaron 20 mil mexicanos, de un país habitado por más de 11 millones de personas. El voto era un privilegio de una minoría. Es absurdo y detestable que el voto se le “concediera” a las mujeres apenas a la mitad el siglo XX, el 17 de octubre de 1953.

Pero luego se siguió restringiendo el voto por cuestiones ideológicas. No fue sino hasta la reforma política y electoral de 1977 que se legalizó la participación de fuerzas de derecha (sinarquistas) y de izquierda (comunistas) en las elecciones.

Es decir, apenas hace 44 años que México tiene voto universal (para hombres y mujeres, sepan o no leer, tengan o no propiedades, fueran de derecha o izquierda) y secreto (en urnas individuales y con mamparas). Pero ocurría que un partido hegemónico que ejercía su poder de modo autoritario imponía los resultados electorales mediante el corporativismo, el acarreo, el uso del aparato estatal o el vil y burdo fraude electoral.

Millones de mexicanos creyeron que todo esto cambio en la elección del 2 de julio de 2000 con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el triunfo del candidato de Acción Nacional, Vicente Fox. Para muchos ciudadanos en esa fecha se inaugura la “transición a la democracia” en México. Es decir, antes existía un régimen autoritario y en esa elección “libre” se funda una democracia liberal al estilo de los sistemas políticos imperantes en las naciones capitalistas desarrolladas como Estados Unidos y Europa.

Pero el saldo que nos ha dejado esta supuesta transición a la democracia y elecciones en un régimen liberal de partidos controlados por la clase política profesional es el de un orden político donde las campañas y elecciones sirven para simular la participación de la gente y la rotación de élites políticas sin que al final las cosas cambien de verdad.

Basta ver los rostros de los dirigentes de los partidos y de los candidatos a los principales puestos de elección popular para ver que la mayoría sale de una sola matriz. Es un gatopardismo político en el que se demuestra que ya sea en el viejo priismo autoritario, el panismo fallido y perredismo decadente de la supuesta transición o ahora Morena en la Cuarta Transformación, las elecciones sirven sólo para afirmar la promesa de falsa participación de la población mientras los problemas seculares que aquejan a la sociedad siguen siendo los mismos.

E incluso agravados, como es el caso de la guerra informal que padece la sociedad con sus caras más dolorosas como las masacres, desapariciones, fosas clandestinas y crisis de identificación forense. Todas las fuerzas políticas que ahora se pelean el Congreso y que se achacan la responsabilidad de la inseguridad, todas han apostado por militarizar la seguridad pública en el país.

Se parecen mucho más de lo que quieren admitir. Lo mismo ocurre con el modelo económico secundario exportador, extractivista, que funciona bajo la explotación de la mano de obra y encadenado a la órbita económica de Estados Unidos.

Al final, a pesar de que simulen pelearse en las campañas y competir por el voto, todos lo grupos políticos de la clase política profesional ofrecen el mismo modelo de país que produce los problemas seculares que ningún partido, ningún cambio de Gobierno ha podido resolver: pobreza, desigualdad, explotación de la fuerza de trabajo, despojo de bienes comunes, privatización y entrega al mercado de los insumos esenciales para tener una vida digna.

Las elecciones de candidatos a ocupar los puestos de representación de los poderes públicos en los que supuestamente se organiza la voluntad popular deberían merecer un proceso de discusión, deliberación y participación mayoritaria y profunda de toda la sociedad en cada rincón del territorio del país.

Pero, ¿qué son realmente las elecciones?: una puesta en escena. Los políticos profesionales que buscan “representar” intereses de miles de ciudadanos buscan ser populares para quedar incluidos en las encuestas, buscan aparecen en medios informativos para ser conocidos por electores y así ganar las candidaturas de los partidos que escogen como plataformas de lanzamiento.

Todo es una puesta en escena, una ficción. No es la realidad. Los candidatos simulan que conocen la realidad que vive la mayoría de la sociedad. Entrenados por sus coach de imagen y por sus costosos asesores electorales, los candidatos simulan que conocen las calles, los barrios, los tianguis, el habla popular, el transporte público, las penurias salariales, la falta o baja calidad de los servicios públicos y los problemas que aparecen en el top ten de las encuestas, como la inseguridad, los bajos salarios, el desempleo, la pobreza o la falta de seguridad social.

Pero, salvo excepciones contadas, los candidatos no conocen ni viven en realidad esas vidas. Se las platican y con mucho trabajo de por medio, se las pueden imaginar. Pero no las conocen. Y sin embargo simulan que las entienden y por eso pueden representar en los poderes públicos a los ciudadanos comunes y corrientes a quienes piden su voto. Es una falacia, un montaje, una puesta en escena. Mera sociedad del espectáculo como ya lo definiera desde 1967 el teórico situacionista Guy Debord en su libro del mismo nombre.

Así que se produce o construye un personaje que es el candidato. El aparato político que busca ganar o conservar la tajada de poder público que le da ventajas y beneficios grupales y personales, trabaja para que su candidato convenza a los votantes de que es la mejor elección.

Y es aquí donde las elecciones se convierten en una disputa no por resolver los principales problemas de la sociedad o por trabajar en una sociedad que tenga como horizonte una vida digna para todos sino para satisfacer la necesidad de poder, beneficios y privilegios de candidatos, partidos, y toda la fauna que se emplea en la clase política profesional.

De tal modo que las elecciones no son una disputa por presentar las mejores propuestas para solucionar la vida indigna, difícil y hasta miserable que vive la mayoría de la sociedad sino en obtener votos para que una minoría de la clase política profesional viva bien, siempre y cuando sea funcional a los intereses del sistema político, social, económico y de legitimación al cual sirve.

De modo que el voto sirve a estos intereses. Votar en el actual sistema liberal de representación política es avalar este sistema de dominación. Votar es una falsa promesa de participación política.

Jorge Zepeda Patterson

Personalmente no es corrupto, habla en nombre de los que menos tienen y carece de los prejuicios que caracterizan a otros mandatarios populistas y autoritarios, sin embargo, afirma The Economist, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la democracia. Se trata de un falso mesías, según el título de la portada, porque no viene a salvar a México y sí a poner en riesgo a sus instituciones, la economía y la estabilidad política. El semanario concluye con una especie de llamado a los mexicanos para utilizar el voto y detener el avance de Morena y un exhorto al Presidente Joe Biden a utilizar el peso económico y político de Estados Unidos para intervenir en los asuntos mexicanos.

Como era de esperarse, las reacciones entre los obradoristas fueron igualmente apasionadas: la publicación fue calificada de amarillista y escandalosa, de prestarse a ser usada por los conservadores en tiempos electorales y dio lugar a las más severas críticas contra el intervencionismo “inglés” en asuntos de política interna y desconocimiento de las realidades mexicanas al pedir la injerencia de Estados Unidos.

En la sesión Mañanera, López Obrador acusó a la revista de ser “majadera, grosera y mentirosa” y tachó la pieza de propaganda explícita al buscar influir en el voto de los mexicanos. Afirmó que él “no va a Inglaterra a pedir que voten a favor de un candidato”. La respuesta formal provino del Canciller, Marcelo Ebrard, quien en una carta al editor de la revista se queja porque ninguno de los argumentos vertidos en la entrevista que había sostenido con el medio una semana antes fue recogido en el texto. El llamado a votar en contra del Presidente y de su partido sorprenden, afirma Ebrard, “no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”. La revista está permeada por “la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe”. El Canciller acusó a la publicación de repetir el sesgo antilopezobradorista que ya se había presentado en 2018, cuando aseguró que el tabasqueño difícilmente alcanzaría el poder y que, si fuera el caso, provocaría devaluación, hiperinflación, endeudamiento y un choque directo con Estados Unidos. “Nada de eso ha sucedido”, dice la carta y termina con una acusación: “La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas”. La visión elitista es que las mayorías están equivocadas y no saben lo que realmente les conviene, cuando en realidad “la mayoría de las personas está siendo favorecida por un sistema que por primera vez los tiene como prioridad. ¿Acaso no será tiempo de preguntarse si los que están equivocados son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada?”.

Sobra decir que, por su parte, los críticos de la 4T festinaron la publicación contraria a López Obrador como si fuese el fallo definitivo y categórico por parte de un tribunal internacional inapelable; la condena imparcial y profesional que estaban esperando de parte de la corte celestial.

En cierta manera la publicación de este reportaje opera un poco en los dos sentidos. En efecto se trata de una portada y un texto que transpiran juicios de valor en contra de lo que López Obrador representa. La propia publicación se define a sí misma como un medio que abraza los valores impulsados por el modelo económico neoliberal. Según esta escuela de pensamiento, los países atrasados podrán ser lo que ahora son las potencias si se conducen con apego a la democracia formal, al mercado libre y la apertura de sus fronteras (The Economist se define en contra del Brexit). Bajo esa lógica, las premisas con las que opera la 4T trastocan los criterios de buen Gobierno y manejo económico responsable que ellos sostienen. Sin embargo, también hay que decir, que esta revista intenta poner en práctica una versión inteligente y rigurosa, a pesar de su periodismo comprometido con tales posiciones ideológicas. Por lo mismo, tiene una reputación ganada en el mundo financiero y político. Más que un medio masivo se trata de una publicación influyente entre las élites. No está errado Ebrard cuando afirma que, justamente, sus editores estarían tan subsumidos en esa visión del mundo de las élites, que les cuesta trabajo entender un proyecto que prioriza objetivos encaminados al beneficio de otros sectores.

Ahora bien, más allá de los juicios de valor, la pieza es más equilibrada en lo que respecta al análisis puntual de aciertos y desaciertos de lo que deja ver el debate que ha desatado. Señala las incongruencias y disfunciones administrativas, describe el riesgo de algunos proyectos económicos y las inconsistencias políticas del Presidente. Pero también afirma que AMLO “ha hecho cosas buenas, tales como incrementar las pensiones, subsidiar programas de aprendices para favorecer a los jóvenes e incluso, a pesar de ser de izquierda, ha controlado el endeudamiento y el gasto público”. Reconoce que el 61 por ciento de las personas lo apoyan, en parte porque sienten que por primera vez un Presidente está haciendo algo por ellos. Sus objetivos son buenos, afirma la revista (aumentar el ingreso, mejorar los servicios públicos, abatir el crimen y eliminar la corrupción), pero muchas de sus medidas no son las correctas.

Si bien es cierto que el inventario de claroscuros es más bien crítico, las conclusiones categóricas a las que llega (pedir el voto en su contra y la intervención de Biden) son un exceso con respecto incluso al propio texto. En el análisis publicado no se menciona la palabra “mesías”, no obstante, los editores decidieron acudir al término utilizado por Enrique Krauze, un crítico opositor, para ilustrar la portada y vestir con un posicionamiento político lo que tendría que haber sido un balance periodístico. Más allá del momento político electoral en el que The Economist publica esta controvertida pieza, me parece que nos sigue debiendo el balance de fondo, profesional y riguroso sobre el Gobierno de la 4T. La pregunta es saber si puede hacerlo a pesar de la discrepancia ideológica que tiene con lo que AMLO representa. Difícil exigir una imparcialidad política absoluta en un mundo tan polarizado, pero al menos podrían esperarse mínimos de honestidad intelectual, que ahora estuvieron ausentes, de parte de una revista que pretende ser un referente en la opinión pública.