Editorial

El problema de los símbolos

No es problema que el hijo menor del Presidente sea inscrito en una de las escuelas más caras del país. Desde hace tiempo se han escuchado historias de lo que significaba tener al hijo de un Presidente compartiendo las aulas de ciertas instituciones. Eran historias llenas de sorpresa y de terror: se hablaba de guaruras, de francotiradores en los techos; de un constante desprecio del estudiante de marras hacia sus profesores, sabedor del poder que encarnaba. Hoy que buena parte de esas historias caen más dentro de los terrenos de lo mítico.

El asunto es que los hijos de los Presidentes que están en edad escolar, deben continuar estudiando. Y es lógico que los inscriban en las escuelas que sus padres consideran las mejores. Sobre todo, partiendo de la base de que, aún con austeridad republicana, sus sueldos les alcanzan sobradamente para que estudien donde ellos quieran. Si el Presidente y su esposa se quieren gastar un alto porcentaje de sus ingresos en la educación de su vástago, apenas parece normal.

El problema viene de otro lado. Este gobierno ha intentado gobernar a partir de símbolos: el coche blanco, los vuelos en líneas aéreas comerciales, la reducción de salarios, la presunta abolición de privilegios y otros más trascendentes: consultas y plebiscitos a modo para intentar convencernos de que el pueblo es quien manda. Los símbolos funcionan en tanto representan cosas pero no en términos de eficiencia fáctica. De poco sirve la probidad de los funcionarios si no tienen las capacidades específicas que requiere su encargo.

Si bien actualmente los símbolos representan un capital político importante para la causa del presidente López Obrador, se corre el riesgo de que con el paso del tiempo, los hechos y las malas decisiones devalúen la importancia simbólica que posee. Nadie pone en duda la legitimidad de su llegada al poder, pero sí son criticables algunos dislates en su actuar, en sus decisiones, en sus propuestas, pero sobre todo, entre sus colaboradores.

Pese a lo anterior, se sigue gobernando desde el plano de lo simbólico, esperando que una pequeña acción concreta represente mucho más que una reforma grande. Es en este campo, en el de lo simbólico, donde choca la idea del colegio costoso. A todos quedaba claro (para bien o para mal; más para mal) que los Presidentes anteriores tenían solvencia económica suficiente para gastar a manos llenas. Así que no era raro ser testigos de los derroches familiares. Ahora, se nos ha querido convencer de que las cosas son diferentes. ¿Entonces? Entonces resulta chocante la ruptura del símbolo.

Se prefiere, sobra decirlo, que el hijo menor del Presidente estudie en la escuela más cara de México o del mundo si, a cambio, se van dejando de lado los símbolos y se va actuando más sobre los hechos. Porque conforme pasen los meses, serán hechos los que exija la población, y no más símbolos. Mientras eso no suceda, mientras sigan tomándose decisiones que extienden el manto de impunidad que ahoga al país, seguirá pareciéndome chocante una acción concreta que traiciona el discurso simbólico donde nos encontramos.

Editorial

El incierto futuro de carecer de oposición formal

La lucha política en México vive un momento singular: el nuevo gobierno no tiene oposición organizada. Los dos partidos perdedores de la reciente elección carecen de dirección y, en consecuencia, de una plataforma política aunque sea mínima. Se va sabiendo lo que no quieren, pero no se conoce lo que buscan. Son reactivos y odian la nueva coyuntura en la que se encuentran, pero nada más.

Esta situación ha de ser, previsiblemente, momentánea, pero crea por lo pronto gran incertidumbre, en especial dentro de la nueva fuerza gobernante del país.

Desde la instalación de la Legislatura, aquellos dos partidos mostraron más su preocupación por no ser ninguneados y enseñar, en consecuencia, sus limados dientes, que por presentar su carta de exigencias, aspiraciones, peticiones y recomendaciones que, se supone, debe tener siempre todo partido político. Ninguno de ellos cuenta con una interpretación de lo sucedido en los recientes comicios y mucho menos de un análisis de la situación política del país.

En lugar de los dos partidos derrotados, la oposición se ha empezado a ubicar en los medios de comunicación y en la patronal. Pero, por definición o naturaleza, esos mecanismos de difusión de ideas y de agrupación gremial carecen de plataformas políticas precisas y no son instrumentos de elaboración programática, como tampoco conforman mecanismos para agrupar ciudadanos y postular candidaturas.

La crítica al gobierno que difunden muchos medios de comunicación y no pocos órganos patronales e, incluso, empresas, es poco propositiva, muy rasposa y a veces algo irónica. Aunque tiene cierto valor, no puede ser un sustituto constructivo de la oposición organizada y militante.

En consecuencia, el gobierno y los legisladores de la mayoría no encuentran interlocutores políticos para organizar el debate, contrastar sus propuestas, negociar acuerdos, construir escenarios incluyentes o, por el contrario, romper lanzas en abierta contienda.

Nunca se puede calcular cómo podría reaccionar cada uno de los dos partidos ante iniciativas presentadas por el gobierno o la mayoría en el Congreso. Lo peor es que no son tampoco susceptibles de consulta antes de formular nuevas políticas públicas o proyectos de reformas legislativas. Entre panistas y priistas nadie puede definir una orientación posible antes de la formalización de los hechos políticos, los cuales, una vez anunciados, sólo concitan el intento de bloqueo de parte de los dos partidos.

En otras palabras, casi nunca hay contrapropuestas de parte de los dos partidos que salieron de las recientes elecciones con graves contusiones y una consecuente ofuscación. El PRI y el PAN no han podido definir aún cual será su papel político y sus objetivos concretos en los próximos dos años.

Cuando la oposición formal está confundida, también sufre la fuerza gobernante porque el vacío que deja aquella es llenado por poderes informales que no respetan canon alguno y carecen de interés electoral, es decir, deseo de ganar votos mediante su concurso en la lucha política abierta.

Frente a esta singular situación que está viviendo México, convendría que el gobierno y la mayoría legislativa hicieran el esfuerzo por llevar a los dos partidos derrotados al terreno de la construcción común de cierto tipo de proyectos, no sólo de leyes sino también de políticas públicas.

Si con paciente insistencia se empieza a abrir la convocatoria sincera hacia los partidos, podría detenerse a tiempo la tendencia de que éstos sean sustituidos por otros mecanismos más difusos e irresponsables de organización de intereses.

En otras palabras, es del todo conveniente desde el punto de vista de la democracia detener el oscurecimiento de la lucha política al que, con su ofuscación, el PRI y el PAN están incitando.

Editorial

Hacer la movilidad urbana limpia y sustentable

El transporte es el sector responsable del 25 por ciento de las emisiones de CO2 en México. Para mover al país -literalmente- se continúa dependiendo del petróleo como principal fuente de energía. Aún siendo un área altamente importante y que debe ser atendida con prioridad para frenar el cambio climático, los esfuerzos en descarbonizar el transporte han sido limitados e insuficientes.

Para tener una reducción considerable de emisiones de CO2 en las ciudades, tenemos que generar alternativas escalables y de forma acelerada, y éstas se deberían centrar en implementar sistemas de transporte público con redes que ofrezcan la posibilidad de conectar rápida y eficientemente al centro con las periferias. El transporte público debe marcar la pauta de un nuevo modelo de movilidad y de ciudad. Los autobuses eléctricos y trolebuses son cada vez más costeables, por lo que los tomadores de decisiones deben acelerar la adopción de este tipo de tecnologías mediante diversos incentivos y trabajo con prestadores de servicio de transporte público para modernizar la infraestructura y hacerla una opción atractiva.

El vínculo que existe entre el transporte y la energía es bastante fuerte. La transición tecnológica hacia vehículos eléctricos, tanto en autos como en el transporte público, ganará cada vez más terreno al motor de combustión interna. Desde ahora se debería tener la previsión y planes para que las emisiones contaminantes no solamente sean desplazadas en su fuente de origen, sino que se eliminen, ya que la movilidad eléctrica alimentada por energía fósil nos aleja de lograr metas ambientales y de cambio climático.

Según el Foro Internacional de Transporte de la OCDE, la demanda de transporte urbano podría crecer entre el 60 y 70 por ciento para 2050. El crecimiento poblacional, el desarrollo económico y la continua expansión urbana conducirán a un incremento fuerte en cuanto a necesidades de movilidad. Imaginemos que nuestras ciudades continuarán operando bajo la tendencia actual; tendríamos dos posibles escenarios: en el primero, habrá una cantidad tan grande de autos que nos llevará al colapso por rebasar la capacidad de las ciudades, incluso aunque se continúen construyendo segundos pisos, desniveles y demás infraestructura; en el otro escenario, el transporte público poco atendido estaría más atestado y saturado que en la actualidad. Ambos escenarios son caóticos e idóneos para filmar una película apocalíptica. La única solución: cambiar desde ahora la dinámica en que funciona la ciudad.

Considerando el caos vial ocasionado por el exceso de carros en las calles de nuestras grandes ciudades, podemos concluir que más allá de que cada persona tenga un auto, un futuro próspero depende de repensar la ciudad mediante alternativas de transporte más adecuadas y suficientes para atender la demanda de movilidad. La visión de ciudad del futuro debe alejarse del automóvil como protagonista y colocar a las personas en el centro. La ciudad del futuro es un espacio que asegura una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, y para ello, sin duda es necesario asegurar sistemas que nos ayuden a movernos mejor y de manera limpia.

Editorial

Estancias infantiles, un testimonio

Después de la tragedia de la guardería ABC lo menos que pudiera uno suponer es que se cancelaría el contrato con la empresa propietaria de la estancia, pues así de evidente fue la falta de supervisión y de cuidados para proteger a los niños que estaban allí; sin necesidad de obtener una sentencia penal en contra de los directivos de la empresa propietaria del convenio de guardería participativa con el IMSS, por lo menos se debió tomar distancia de dicha empresa. Todos lo creímos así, y dimos por hecho que se debió proceder a la liquidación.

Como paréntesis antes de empezar mi relato, dejo claro que, para evitar daños a la privacidad de quienes forman parte de un juicio, omito la publicación de sus nombres, aunque todo consta en el expediente respectivo.

Años después de la tragedia, a un despacho en Ciudad Juárez acudieron los padres afligidos de un niño que apenas rebasaba los dos años; el menor presentaba una lesión sufrida en una guardería participativa, y la empresa propietaria del contrato con el IMSS ofrecía resistencia para pagar los daños y las curaciones indispensables para la recuperación del menor.

Ambos padres trabajaban y dejaban el cuidado del menor a cargo de una guardería participativa del IMSS. Un día de mala suerte, el niño cayó al correr por los pasillos de la guardería y se fracturó el fémur; quedó tirado en el suelo, quejándose muy levemente por el dolor de la fractura, y los empleados de la guardería pasaron junto a él sin advertir que estaba lesionado. El niño permaneció allí tirado, cómo si estuviese caído en el desierto o en medio de la nada, casi una hora, con los trabajadores del lugar caminando a su alrededor pensando que sólo dormía o jugaba cuando debió ser atendido instantes después de sufrir la lesión.

Se inició la investigación para llamar a juicio a los superiores de los administradores locales y fue de gran sorpresa saber que se trataba de una empresa nacional que administraba, con ganancias razonables, guarderías participativas del IMSS en todo el país y que una de las guarderías que había administrado era la ABC de Hermosillo.

La administración de guarderías participativas del IMSS es un negocio, y no viene de una vocación por cuidar niños. Es una compañía que brindaba el servicio, como Uber o cualquier empresa que venda víveres o cualquier hospital particular, y que después de la tragedia de la guardería ABC seguía en el negocio y sus empleados seguían teniendo descuidos que convertían en tragedias. No estamos hablando de una empresa mercantil que sufrió un accidente en uno de sus centros de trabajo, sino de una que recibe recursos del IMSS para atender a menores con derecho legal a recibir todos los cuidados y medidas preventivas necesarias para garantizar su seguridad.

El niño ya va a kínder y ha sido sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas para recuperar la función en su pierna, aunque todavía falta una más que demorará hasta que madure un poco más para dejarle totalmente sanas y crecientes sus estructuras óseas, y así evitar que la pierna lastimada vaya a quedar más corta que la otra. Esto viene a la memoria ahora que se polemiza el papel y la vía de financiamiento a los padres de familia que requieren cuidados diarios para sus hijos mientras ambos trabajan.

Editorial

Energía y corrupción en México

Ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha embarcado en otra “cruzada” en materia energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Manuel Bartlett tendrá que ir más allá de lo que ha sido el combate al robo de gasolinas a Pemex.

Bartlett tiene la oportunidad de emprender una acción que sea más que ideológica: la revisión del primer proyecto de generación de electricidad de la reforma energética.

Se trata de un conflicto que tiene la empresa mexicana Codisa Corp Energy con las empresas europeas Enel Green Power México y Prodiel México por las alegadas prácticas ilegales de las transnacionales para incrementar sus ganancias.

La controversia tiene que ver con la construcción del parque solar más grande en el continente americano, y el segundo más grande del mundo, en el municipio de Viesca, en Coahuila. Fue el primer proyecto en operación de la primera subasta eléctrica tras la reforma energética del gobierno de Enrique Peña.

La italiana Enel Green Power México ganó en 2016 una subasta lanzada por la CFE para la instalación de 2.3 millones de paneles solares con el propósito de generar 1.7 gigawatts al año. De acuerdo con la información institucional, abastecerá a un millón 300 mil casas y será cuatro veces más barata de producir que con carbón o diésel.

Es el proyecto más grande la firma italiana en el mundo, para el que dispone de dos mil 400 hectáreas, y le permitirá la venta de energía a la CFE durante 15 años.

Para construir el campo fotovoltaico, la firma italiana contrató a Prodiel México, sucursal de Prodiel, empresa cuyas oficinas centrales están en Sevilla, España. Para el proyecto, los españoles crearon la empresa Novamper Construcción México. Ésta, a su vez, subcontrató a Codisa.

Conocida como Villanueva, la gigantesca planta solar se inauguró en marzo del año pasado en medio de una controversia con la firma mexicana por falta de pago, originada por la negativa de Codisa a reportar un incremento mayor de sus costos.

Desde septiembre 2017, Codisa reclama judicialmente el pago de 10 millones de dólares por trabajos que hizo para la construcción de la planta y que le fueron retenidos por su negativa al alegado fraude. Las empresas europeas han negado la acusación.

La demanda de la empresa nacional está archivada en los escritorios de la CFE y de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que la fiscalía de Coahuila quedara rebasada.

El caso escaló e involucra ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.

Señalar los conflictos de interés de funcionarios convertidos en ejecutivos de empresas energéticas extranjeras con operaciones en México, así como el incumplimiento de mega contratos con la CFE, deja muy buenos dividendos políticos y apoyo ante un sector de la opinión pública.

Si el gobierno federal se queda en la estridencia, poco se habrá ganado en lo que presenta como parte de su lucha contra la corrupción.

Editorial

AMLO y los megaproyectos: las declaraciones no bastan

Invisibilizados a través de los años, los opositores a megaproyetcos energéticos, principalmente los impulsados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), finalmente son revindicados y con la razón de su parte, ante el discurso presidencial que, sin embargo, no es suficiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están parados y que, sin embargo, cuestan al país 21 mil millones de dólares, una cifra que se paga por nada a Grupo Carso, IEnova y TransCanada.

Si bien la declaración nos coloca frente a una serie de pistas sobre el supuesto intento del nuevo gobierno por ordenar al Sector Eléctrico Nacional, también plantea una disyuntiva entre el atropello de derechos, la cancelación de libertades, y el despojo respecto a las enormes inversiones que se perderían en caso de cancelación.

La solución no es fácil y el caso del Proyecto Integral Morelos es paradigmático. Desde 2010 se inició la construcción de un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y llega a Yecapixtla, Morelos, donde se proyectaron dos termoeléctricas, cuyas turbinas serían enfriadas por las aguas del Valle de Cuautla.

Felipe Calderón pretendía inaugurarla y no pudo, como tampoco lo consiguió Enrique Peña Nieto, debido a la oposición de los pueblos del volcán que, con amparos y movilización, frenaron la culminación de la obra, cuyo gasoducto está a unos 150 metros de terminarse, algo que ha expuesto López Obrador para luego pronunciarse a favor de que se termine, aun cuando convoca a una consulta.

Las consultas ciudadanas (y en particular, la consulta indígena) son un pie cojo de López Obrador debido al desaseo con el que las plantea y, este caso no es excepción: propone consultar a todo el estado de Morelos y no sólo a las comunidades afectadas, excluye de la ecuación la peligrosidad volcánica que representa el Popo, y minimiza el daño a las comunidades que viven del agua del Río Cuautla.

A ello se suma el reclamo que durante una década viene haciendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a través de los mecanismos previstos por las leyes y que, a cambio, padecieron de violentas redadas, con heridos de bala, prisión, hostigamientos, amenazas y vigilancia ilegal, todas acciones del conocimiento presidencial.

La reparación del daño pasa entonces por la justicia que merecen los opositores al megaproyecto, así como por la realización de una consulta de conformidad a los parámetros internacionales que no se están tomado en cuenta para el caso que, por otra parte, no es único.

Y es que al Proyecto Integral Morelos se suma el llamado Gasoducto Sonora, que dividió a la nación yaqui dejando en la indefensión a la comunidad de Loma de Bacúm, proyecto de IEnova, que preside Carlos Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena.

En este último gasoducto, las comunidades acusan como agente de división y emisaria de la imposición a Katya Puga, funcionaria que fue de la secretaría de Energía peñista, hoy flamante empleada de González Blanco y a quien se encargó nada más y nada menos que el proceso de consulta por el Tren Maya.

Puga es también señalada en las comunidades tarahuamaras que ganaron amparo ante la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, asignado por la CFE a TransCanada, y que se mantiene inactivo con enorme costo al erario. Esa empresa tampoco escapa al involucramiento de exfuncionarios, pues ahí las comunidades, acusan, funge como asesor el priista Francisco Labastida.

En estos y otros casos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe actuar con responsabilidad, pues no basta con darle visibilidad a los conflictos. Desafortunadamente, las opciones que está dando, más allá del sensacionalismo de sus declaraciones, no se encaminan a atender el problema de fondo como lo es la defensa del agua y el territorio, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, y sí a mantener la imposición con culpas al pasado y juegos demagógicos.

Editorial

Corrupción en la política social

El debate sobre las estancias infantiles privadas para personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social remite a un problema profundo de la política social.

No existen en el viejo régimen mexicano esferas públicas que no hayan sido afectadas por la corrupción como parte del sistema de administración del Estado. Las instituciones y programas sociales no son la excepción.

Son conocidos los métodos para eludir el pago debido de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, lo cual reduce drásticamente los recursos que esa institución podría recaudar. Muchas empresas en el país utilizan esos métodos, los cuales encuentran asidero en algunas disposiciones de ley redactadas para tal efecto y en la tolerancia de la autoridad.

Es lacerante que se les niegue seguridad social a los obreros agrícolas sin que el gobierno garantice, como es su deber, el ejercicio de ese derecho constitucional.

También es inaceptable que se niegue educación superior a jóvenes y se llegue, a veces, a vender pruebas. Los exámenes de ingreso no tienen calificación mínima porque no buscan evaluar sino sólo rechazar a quienes no caben, sin que la creciente demanda imponga al Estado la creación de nuevos planteles. La educación superior debe ser considerado un derecho.

Es grotesco y aborrecible que se tenga que pagar algo al “gestor” o “líder” para mantenerse en programas de asistencia social, como lo que ha sido Progresa-Prospera que tiene como propósito central financiar mínimamente la concurrencia a la escuela básica.

Cobrar a adultos mayores por concepto de gastos de “gestión” o de “administración” para garantizar la pensión alimentaria es uno de los más canallescos giros de la corrupción pública.

Así también, simular estancias infantiles para madres no asalariadas es una manifestación de la forma tan “libre” como se han administrado recursos de programas sociales.

Para combatir la corrupción en estas materias se requiere modificar los procedimientos de control y, es cierto, una que otra ley. Se trata de grandes recursos económicos que no llegan a su objetivo proclamado sino a los bolsillos de una extensa burocracia corrompida. Ahí es donde es preciso atacar.

Por ejemplo, la pensión alimentaria de adultos mayores se entregará siempre directamente al beneficiario y nunca a través de organizaciones o “gestores”. Esta pensión, la cual ha funcionado en la Ciudad de México desde el periodo gubernamental de Andrés Manuel López Obrador, será de carácter universal-nacional y es vista como un derecho y no como una dádiva.

Puede entenderse fácilmente que la cobertura de “guardería” para trabajadoras no-asalariadas se entregue por lo pronto directamente a ellas como un derecho que se buscará hacerlo universal, comprendiendo, incluso, a los hombres.

Sin embargo, quienes han creado afanosamente el sistema de desvío de fondos y cobro de acceso de beneficiarios, hoy, se desgarran las vestiduras mediante la defensa, como maniobra discursiva, de quienes en las estancias infantiles no están dentro del círculo de corrupción, aunque de lo que se trata es sólo afectar a los integrantes de los círculos de la corrupción.

No funcionarán las reformas de la política social mexicana si no se lleva a cabo la mayor transformación anticorrupción de la historia de México. Si en esto se falla, todo se irá al fracaso.

Editorial

Evidencias del desabasto de combustible

El reciente episodio de desabasto de gasolina puso en evidencia la dependencia que la población tiene a los combustibles fósiles. Si bien es cierto que los vehículos particulares fueron los principalmente afectados, también hubo implicaciones a la distribución de productos perecederos y para los servicios de transporte, incluido el aéreo. Esto debido al cierre de poliductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que también transportan turbosina y diésel.

Hubo malestar ciudadano observable en las calles, aunque también encuestas indicando un apoyo mayoritario a las acciones del gobierno federal; reflejando así la polarización que caracteriza al país en estos tiempos. En esta sintonía, algunos criticaron la estrategia para combatir el huachicoleo, pues la importancia del combustible es crucial para las distintas actividades económicas del país; mientras que hubo quienes vieron la oportunidad para fomentar un cambio en la forma de transportarse, organizándose mejor y buscando, incluso, que rindiera el combustible que les costó tiempo obtener.

Mientras unos y otros observan consecuencias diferentes, hay un punto en común que es importante valorar: las implicaciones de esta estrategia para el medio ambiente. Es sabido que la reducción del aforo vehicular solo puede mejorar la calidad del aire en un país con varias ciudades que presentan esta problemática cotidianamente. Tal fue el caso en la Ciudad de México y en Toluca, donde hubo reducción de ozono troposférico durante los días con desabasto, de acuerdo a los registros de monitoreo atmosférico de ambas ciudades. Puede ser el mismo caso en las ciudades donde aún no se normaliza la distribución de gasolina y diésel.

Haya sido por no tener combustible o por cuidar el poco con el que se contaba; el uso de medio alternos de transporte, como la bicicleta, la motoneta eléctrica o el patín del diablo eléctrico afloró en la Ciudad de México. Si bien esto es adecuado para desincentivar el uso del vehículo a combustión interna, es importante regular este tipo de transporte a la brevedad, pues se corre el riesgo de convertir la ciudad en una versión latinoamericana de Nueva Delhi. Si bien es cierto que el automovilista tiene que aprender a convivir con el ciclista y el peatón (tema aún pendiente en la agenda de movilidad de la ciudad), también lo es que el usuario de estos modos de transporte debe estar capacitado sobre cómo usarlos; respetando la señalización, la dirección del tránsito y al peatón.

Ahora bien, estos medios de transporte no son viables para quienes deben transitar distancias largas o porque tienen determinada condición física (adultos mayores y mujeres embarazadas, por citar un par de ejemplos), por lo que el uso del transporte público también debe fomentarse. Éste fue remedio para quienes suelen usar vehículo propio, pareciendo estar a la altura aun cuando estuvo saturado más de lo normal en horas pico durante dicho desabasto. Esto muestra que es posible un cambio gradual de paradigma: transitar del transporte privado al público. El siguiente paso debe ser la electrificación de este medio, y que no sean únicamente los trolebuses los que tienen esta característica. Así se podrán reducir las emisiones contaminantes del transporte, mejorando en consecuencia la calidad del aire.

Es así que el desabasto de gasolina evidencia la dependencia de la sociedad al combustible fósil, pero a la vez presenta beneficios a la sociedad en materia de calidad del aire, mientras que indirectamente promueve una movilidad diferente al uso del transporte privado. Puede haber inconformidad al respecto, o se le puede poner buena cara, más allá de las preferencias político-electorales. Sin embargo, el carácter temporal del cierre de ductos infiere que todo se puede normalizar: el tráfico habitual generado por la presencia de un numeroso parque vehicular, los niveles de emisiones contaminantes diarias por encima de la norma, y una creciente presencia de medios alternos de transporte que abonan a conflictuar el tráfico por la falta de un comportamiento adecuado por parte de sus usuarios. Ante esto, vale la pena cuestionarse si es oportuno buscar la bonanza de gasolina, y mejor aprovechar este desajuste en la cotidianeidad para replantear un tránsito a un modo más sustentable de vivir en la ciudad.

Editorial

El nuevo presidente de la Corte y la advertencia de López Obrador

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, tiene ya su primera prueba frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo hizo el lunes un serio señalamiento en contra del Poder Judicial que el presidente de la Corte no puede pasar por alto, aun cuando su intención sea “evitar un choque de trenes”.

A propósito de la intervención de su gobierno en la Suprema Corte para impedir la devolución de impuestos a exaccionistas del Grupo Modelo, López Obrador arremetió en contra de los juzgadores que “protegen a delincuentes de cuello blanco” y advirtió que por lo menos los exhibirá.

“Una cosa es el respeto a otro poder y otra es que, sabiendo que hubo una transa me quede callado, porque no voy a ser cómplice”. Y remató: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para quede claro”.

Los destinatarios fueron los ministros que votaron a favor de la devolución de impuestos a los exaccionistas de la cervecera y que según el presidente habría significado un pago de 35 mil millones de pesos.

La devolución de impuestos, en efecto, ha sido una práctica de los grandes consorcios durante décadas y que han representado grandes mermas al erario.

Uno de los más conocidos fue el que gestionó en 2002 el despacho del entonces senador del PAN, Diego Fernández. En un litigio contra el Estado mexicano, el entonces legislador logró que Hacienda le pagara mil 800 millones de pesos a la empresa Jugos del Valle, por concepto de devolución de IVA.

Han sido numerosas las grandes empresas que han litigado en contra de las disposiciones fiscales o que se han beneficiado de perdones de la Secretaría de Hacienda. Entre ellas, Televisión Azteca, de Ricardo Salinas, ahora uno de los aliados del presidente.

López Obrador cambió de humor en unos cuantos días o decidió explotar el tema. La semana pasada, cuando dio a conocer que su gobierno había intervenido en la Corte para que se cambiara el proyecto de resolución que proponía devolver los impuestos por la venta de acciones del Grupo Modelo, dijo que hubo ministros que votaron en contra, pero que los respetaba porque “tienen derecho a hacerlo… son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes”.

Fue una victoria ante lo que definió como “huachicoleo de cuello blanco”. Pero en momentos en que el Senado está por decidir quién será la nueva ministra de la Suprema Corte a partir del 19 de febrero, en sustitución de la ministra Margarita Luna Ramos, López Obrador se fue en contra del Poder Judicial y advirtió que no se quedará callado y por lo menos denunciará a “cualquier juez, magistrado (o) ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco (y) solape actos de corrupción”.

Lo dijo también cuando la Corte tiene que resolver los juicios constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual nadie en México puede ganar más de los 108 mil pesos mensuales que el presidente de la República se fijó.

Aunque se requiere de una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, un escenario es que la ley sea desechada por los vicios cometidos por el Senado en su aprobación.

Con los señalamientos del jefe del Ejecutivo, el ministro Arturo Zaldívar quedó en una posición incómoda.

Cuando asumió la presidencia de la Corte propuso “un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes” y en un ánimo de tender puentes dijo que la independencia del Poder Judicial “no es aislamiento, intolerancia o romper el diálogo”.

Con el apoyo que tuvo de Juan Luis González Alcántara Carrancá, el primer ministro de López Obrador, para ganar la presidencia de la Corte, el ministro Zaldívar está viendo cómo se derrumban los puentes que ofreció.

Editorial

La delincuencia de cuello blanco

El robo de combustibles que ha ocupado primeras planas durante semanas es uno de los aspectos del Estado corrupto. Durante los próximos meses y años tendremos más y más primeras planas en donde se reflejará la profundidad de la corrupción como sistema.

Ya estamos viendo que el huachicol se estructura en amplias organizaciones donde aparecen servidores públicos. Dentro de poco eso irá quedando mucho más claro.

La corrupción, como parte del sistema político y mecanismo de la organización estatal, se desparramó sobre la sociedad. La forma más desgarradora en que el Estado corrupto tuvo impacto social fue el colapso del modelo de seguridad pública ante el surgimiento de la llamada delincuencia organizada, principalmente la vinculada al narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

A partir de esto se desenvolvió la crisis de violencia, los enfrentamientos armados y las ejecuciones cotidianas en amplias regiones del país.

La delincuencia organizada fue definida en la Constitución como la “organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” (art. 16). La última parte de este párrafo confiere al Congreso, al expedir la legislación secundaria, la facultad de escoger cuáles delitos pueden ser vinculados al concepto de delincuencia organizada y, por tanto, cuáles no.

Al analizar la ley específica resulta asombroso, aunque del todo explicable, que no se encuentren los delitos que suelen cometer directamente los poderosos. Las transgresiones a la democracia, como son la compra de votos, la utilización indebida de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el tráfico de influencias, entre otras muchas, no están en la lista de aquellas vinculadas al delito de delincuencia organizada, el cual opera como una especie de delito de delitos.

La inmensa mayoría de actos punibles cometidos por servidores públicos en el ejercicio o con motivo de sus funciones se llevan a cabo en grupo. Es casi imposible robar y robar, enriquecerse a partir de fondos públicos, vender concesiones, simular operaciones, cobrar sobornos, etcétera, sin contar con una organización.

Resulta demostrativo que la ley de delincuencia organizada incluya al huachicol pero exceptúe a los servidores públicos involucrados y sus conectes, los franquiciatarios, los almacenadores, los transportadores.

Puede llegar la hora en que, por necesidades del combate al Estado corrupto, se deban incorporar los delitos que por su mecánica requieren una organización delictiva, aquellos de cuello blanco.

Si la figura de “delincuencia organizada” fue promovida con la idea de combatir a las mafias de narcos como los peores delincuentes, lo cual ha fracasado hasta ahora, podría usarse, sólo durante algún tiempo, para perseguir a los corruptos, ya que permite mayor holgura en los métodos legales de investigación, con la otra gran ventaja de que los funcionarios ladrones no viven en la clandestinidad.

Lo más difícil de la persecución de criminales se encuentra en el campo del combate a la corrupción, pues los poderosos son expertos en crear redes de complicidad. Por esto, podría no bastar la decisión política de desarticular al Estado corrupto. Podrían necesitarse también algunas reformas legales que favorecieran tan elevado propósito.

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