Silvano y sus promesas incumplidas

En junio del 2015 Silvano Aureoles celebró su triunfo electoral en Michoacán a pesar de las acusaciones de que había gastado ocho veces más del tope de 47 millones de pesos establecido por la ley. Entrevistado por Proceso aseguró en esa ocasión que eso era falso y que procuraría un gobierno transparente, luchar de manera frontal contra el crimen organizado, que solventaría una deuda estimada en 32 mil millones de pesos y entregaría un estado en paz, con tranquilidad y estabilidad.

Cuatro años después, esas promesas están muy lejos de ser una realidad, del octavo lugar con el que arrancó su gobierno ahora es el quinto estado con el mayor número de homicidios a nivel nacional, los carteles de la droga siguen controlando una buena parte del territorio, las autodefensas se mantienen en la costa y, más aún, el perredista ha sumido a la entidad en una crisis de gobernabilidad que se refleja en el reciente conflicto magisterial que desdeño pues prefirió viajar a España para vender el turismo michoacano mientras los maestros tomaban las vías ferroviarias causando un grave daño económico que ya no se va a poder reparar.

Silvano Aureoles llegó al gobierno de Michoacán con una estela de denuncias desde que fue presidente municipal de Zitácuaro (2002-2003), las cuales lo acusaban de haberse aprovechado del puesto para hacer negocios en la compra de terrenos, edificios y el desvío de 60 millones de pesos para la construcción del teatro municipal y que fueron usados para su campaña.

Las acusaciones rechazadas por el propio Aureoles en esa ocasión (Proceso 2016) quedaron plasmadas y con el tiempo forman parte de su biografía política que ahora vuelve a emerger con las sospechas de desvío de los recursos federales destinados a responder a las demandas de los maestros que decidieron realizar una serie de manifestaciones y bloqueos desde el pasado 14 de enero.

En cada una de las crisis que ha tenido en estos cuatro años de gobierno Aureoles ha resbalado su responsabilidad. En el caso de la inseguridad a sostenido que le corresponde al gobierno federal combatir el crimen organizado, sin tomar en cuenta que muchos de los delitos cometidos son del orden estatal; mientras que de la crisis generada por las protestas magisteriales sostiene que la tiene que resolver el gobierno de López Obrador, a quien le pidió usar la fuerza para desalojar a los maestros acampados en las vías férreas.

Silvano Aureoles ha destacado más por los escándalos o por decisiones contradictorias que por un buen gobierno. Habría que recordar que en aquella visita del Papa Francisco a Michoacán, trajo en helicóptero como invitada especial a la cantante Belinda y en la pasada campaña presidencial dio su respaldo y su voto al candidato del PRI, José Antonio Meade, en lugar de apoyar al panista Ricardo Anaya quien tenía el apoyo del perredismo.

En algún momento de la pasada elección Silvano Aureoles quiso ser candidato presidencial pero no recibió el apoyo de su partido que optó por el panista Anaya. Hoy su carrera política fenece dejando tras de sí una cauda de pasajes oscuros que habrán de salir una vez que su gobierno ya se acerca a su final.

Por cierto…Silvano Aureoles celebró que el exgobernador Jesús Reyna saldrá de la cárcel donde ha estado bajo los cargos de vínculos con los Caballeros Templarios, organización criminal de la que formó parte Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, hoy preso por colaborar con dicho cartel.

Leer noticias y no morir en el intento

Es evidente que la información juega un papel central en nuestra vida personal y comunitaria. Tener información en cantidad y calidad suficiente es indispensable para tomar buenas decisiones. Nos ayuda a formar nuestra opinión acerca de cómo los eventos se correlacionan, permitiéndonos hacer hipótesis que explican el mundo; nos auxilia a unir medios con fines, escogiendo el camino que pensamos mejor; nos posibilita evitar el peligro, o ir en ayuda de los(as) que se encuentran en él. La información da contenido a los criterios que guían nuestras decisiones -las conductas y valores que consideramos modelos y que forman nuestras identidades y racionalidades-. Tener buena información es indispensable para la supervivencia de las personas y de las sociedades; así como para el mantenimiento de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias a ella vivimos más y en un entorno más justo.

Sin embargo, la mera disponibilidad de datos, y las tendencias que se generan como resultado de su consumo, no resuelve el problema de cómo interpretarlos. El hecho que millones de personas en el mundo sepan, más o menos en tiempo real, qué sucede en torno a determinados eventos señala que éstos son importantes. No obstante, saber lo que todos(as) saben no siempre es equivalente a identificar los problemas centrales, que es lo que -a la larga- permite encontrar soluciones. Para entender la información es indispensable poder relacionarla con otros datos, lo que a su vez requiere la capacidad de ponderar: distinguir lo importante de lo que no lo es. “¿Qué implicaciones tiene esto, en el mediano y largo plazo?”, “¿Qué significa esto?” son preguntas que es necesario responder para tener guías de interpretación.

En el fondo, para leer las noticias es necesario tener una hipótesis sobre el misterio del mal, que vaya más allá de establecer una estrategia para no convertirse en sus víctimas. Particularmente en estos últimos días, nos hemos confrontado a tragedias terribles y dramáticas, que lanzan al abismo a las personas y a las comunidades. A pesar de esto, la realidad misma, la dignidad humana y los ejemplos luminosos de personas que, aún en medio de la tragedia, muestran esperanza y valentía al confiar en los demás, nos sugieren que hay otras posibilidades. Existen otros criterios, otros modelos, para ponderar la información, para distinguir lo relevante de lo que no lo es.

Cada vez que leemos noticias nos enfrentamos a una oportunidad de reflexión y a una elección. ¿Qué criterio usaré para interpretar la información? ¿Qué opinión me merecen los acontecimientos? ¿Existen aproximaciones que me dan una visión unificada de la realidad? Esta visión ¿me posibilita colaborar con los(as) demás para encontrar soluciones, o solamente me encierra en mi mismo(a)? Una ciudadanía activa y responsable se construye desde estas actitudes básicas. Para leer noticias y no morir en el intento debemos acostumbrarnos a pensar y ponderar, rumiar y cavilar sobre lo que hemos leído; después de leer, el silencio. Los significados no aparecerán de manera evidente ni a la primera, pero es esencial que realicemos estos ejercicios. En estos tiempos, nuestra democracia requiere ciudadanos razonables y ecuánimes, adultos, que vivan hasta las últimas consecuencias las implicaciones de su capacidad de elección.

En menos de dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido la opulencia que en el servicio público se aprovechó a cargo, naturalmente, del erario.

Más allá de sus formas –para muchos cuestionables, e inclusive, desproporcionadas—desde el 1 de diciembre pasado el país se ha encontrado frente a una galería de excesos, comodidades y despilfarros imposibles de justificar.

En muchos sentidos, la opulencia con que se atendían los gobernantes se había tornado normalidad, pues en un país que ha vivido bajo un presidencialismo de contrapesos menores –hasta hoy— nadie entre la clase gobernante parecía dispuesto a señalar lo que a final de cuentas les beneficiaba a todos.

El espectáculo inició con la apertura de la residencia oficial de Los Pinos al público, con sus estancias palaciegas, su diferentes casas y salones, que aun con su desmantelamiento –por cierto, hasta hoy no explicado–, son testimonio de la vida de lujo para los gobernantes de un país donde la pobreza crece año con año.

Siguió con la exhibición del avión presidencial y sus amenidades, lujo llevado a marmóreas superficies, donde no había juegos de sala sino juegos de tronos acojinados y alcoba presidencial.

En su expresión más reciente, la revelación el pasado martes 29 del parque vehicular que tenía a su cargo el Estado Mayor Presidencial, se ha convertido en motivo de asombro, con sus vehículos de lujo, Audi y BMW, de blindaje especial y millonario costo; con sus decenas de camionetas que solían verse en caravanas de achichincles a los que se les facilitaba el paso o bien, de su extraño inventario de tractores, tractocamiones y motocicletas.

Aun falta por conocer la flota aérea del gobierno federal que se rematará en marzo.

Aun así, la exhibición adolece de nombres de los usuarios; de los beneficiarios concretos de esos excesos. Por ejemplo ¿en cuál casa vivía Peña Nieto? Quiénes usaban los vehículos de lujo? Conoceremos las bitácoras de vuelo para determinar cuándo estuvieron al servicio personal y familiar la alta burocracia?

Es asunto necesario porque, entre otras razones, lo pendular de la política hace renacer hasta los peores, que ahí está el matrimonio Calderón-Zavala presto a construir un nuevo partido; porque quienes no han llegado a la Presidencia se reconfiguran en otros cargos de elección popular y, sobretodo, por un sentido mínimo de derecho a saber en qué y por quién se usaron los bienes de la nación.

Lo tangible importa. Justo ayer se dio a conocer por el propio López Obrador que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales, una cantidad que rebasa toda noción salarial.

Si nos atenemos al desarrollo de estos meses fue en eso, los salarios, en donde inició el recuento de exhibición de excesos, pero nunca como hasta ayer se había mostrado el rostro feo de la indolencia con ese volumen de dinero ni en un área tan sensible para la población.

Escribo sensible porque Infonavit es la única alternativa para la clase trabajadora de adquirir una vivienda, aun en las condiciones persistentes de precarización de los derechos sociales.

“Los puntos” de Infonavit son objeto de broma constante; su tasa de interés y condiciones de crédito están diseñadas para no perjudicar la competitividad de los intereses leoninos que imponen los bancos privados, beneficiarios a su vez de los programas para combinar recursos… y aun así, cuando mucho alcanza para una vivienda mínima, en un sector apartado y con materiales de baja calidad.

Falta mucho por saber y es necesario saberlo con nombres. La sola revelación del salario en Infonavit ofende y, en este caso, es posible ponerle cara: la del priista hidalguense David Penchyna, un nombre que no se debe olvidar dado que con su ostentación impune ofende la desgracia de millones de mexicanos. Como él, faltan más, muchos más.

En la mira, políticos-empresarios huachicoleros

La exhibición de datos, así sea dosificados, sobre la forma en que el robo de combustible se extendió por diferentes zonas del país, deja dudas sobre quiénes podrían ser los responsables del robo a gran escala, tanto en la clase gobernante del pasado inmediato como en el sector privado.

En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un sistema paralelo, lo que alguno de los funcionarios inmersos en la implementación de la estrategia describió como un sistema encima del sistema de transporte de combustible por ductos.

De acuerdo con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado, se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse de la ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de entre 46 mil millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la fuente, en el último año.

En su edición 2204, actualmente en circulación, el semanario Proceso expuso la forma en que el gran robo ocurre a través de una red que, con tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos clandestinos que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar decenas de miles de litros de combustible.

Hasta ahora, con los indicios que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera y, aunque en menor medida, la Fiscalía General de la República, resulta más o menos claro que hay franquiciatarios de Pemex involucrados en la recepción del robo de combustible.

Existe la posibilidad de que también participen del mercado ilegal de combustibles, tanto empresas transportistas de amplio parque vehicular, como grandes empresas de distribución de productos en transportes terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.

Luego, el resultado de esta operación tiene que ser en dos vías: una, la que implica a poderosos servidores o exservidores públicos de la petrolera y otra, la de quienes de manera consciente comercializan el combustible robado.

Aun cuando se han anunciado averiguaciones previas y casos ya judicializados, hasta ahora no existen indicios de que las investigaciones lleguen hasta los más altos niveles de responsabilidad. Y, en el caso más sonoro de todos, el del general Eduardo León Trawitz, ni siquiera se ha abierto averiguación previa pese a que todo indica que será el primero en ser llamado a cuentas.

León Trawitz, quien fuera responsable de la seguridad de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México, ocupó la posición clave en la seguridad de Pemex durante el sexenio pasado y, para que esté disponible, la actual administración lo acaba de regresar de la representación diplomática en Panamá, a donde se le destinó como agregado militar.

Ese país centroamericano, famoso por los paraísos fiscales que ahí se desarrollaron fue un destino temporal para el mando castrense, ascendido en el sexenio peñanietista, notable su relación con el llamado Grupo Atlacomulco, que tiene en Acambay uno de sus semilleros, lugar enclavado en una región que se ubica como uno de los principales puntos huachicoleros.

Fieles a su tradición de combinar política y negocios al amparo del poder, los priístas mexiquenses son conocidos en parte por su empresas transportistas y por ser franquiciatarios de gasolinerías, aunque lo mismo ocurre en diferentes zonas del país, como ya se evidencia en Puebla con los alcaldes involucrados en el proceso ilegal.

Con tufo mexiquense en este primer momento, el huachicoleo parece encaminarse a dejar en evidencia a empresarios y políticos de distinto signo.

Uruapan no es Europa

Usar al Ejército en tareas que competen a la policía es una aberración. Lo suyo no es la investigación detectivesca o la recolección de pruebas que respeten el debido proceso para llevar ante la ley a un sospechoso, por no hablar de la tendencia de los militares, de hoy y de siempre, a considerar los derechos humanos como un engorroso estorbo. Lo suyo es controlar, vencer, reprimir, defender por la fuerza.

En cualquier país que se precie se consideraría, insisto, una aberración utilizar al Ejército para estas tareas civiles. El problema es que nosotros estamos viviendo un absurdo aún más aberrante. En ningún país que se precie existen ejércitos criminales capaces de reunir 120 individuos en una docena de camionetas y poner en fuga a cualquier fuerza policiaca, como sucede en Michoacán o Tamaulipas. Los cuerpos de seguridad convencionales fueron derrotados, infiltrados y desbordados desde hace rato.

Por eso es que la discusión sobre militares sí o militares no, me parece académica y absurda a estas alturas. Simple y sencillamente no hay manera de que los policías puedan enfrentar a los ejércitos clandestinos que han surgido. Es fácil exigir que regresen los soldados a los cuarteles cuando no vivimos en una región plagada de retenes clandestinos en los que pueden detener y hacer lo que quieran con una familia; zonas en las que la policía se rehúsa a entrar porque sus elementos son acribillados por fuerzas infinitamente superiores.

Cuando fue candidato López Obrador criticó la presencia de soldados en las calles y prometió regresarlos a los cuarteles. Muchos de nosotros, opinadores y periodistas, escribimos en el mismo sentido. Y sin embargo, el músculo que hoy muestra el crimen organizado, su capacidad para dominar territorios, penetrar en el tejido social y controlar todos los aspectos de la vida diaria es mucho mayor de la que habíamos previsto. Por la misma razón que intentamos evitar un antibiótico por malsano pero reconsideramos la decisión cuando resulta indispensable para evitar una infección potencialmente mortal, ha llegado el momento de asumir que no solamente no podemos suspender el tratamiento sino que ahora resulta que tenemos que intensificar la dosis. Podemos desgastarnos en debates interminables sobre los inconvenientes de vivir con antibióticos, los efectos secundarios que provocan o los daños que derivan de un quirófano, pero no dejaríamos que un hijo muriera de apendicitis.

Todos estamos de acuerdo que la única manera de revertir la inseguridad pública es mediante la construcción de una sociedad en la que impere el Estado de Derecho y exista un sistema de justicia eficaz, lo cual incluye cuerpos policiacos capaces de imponer la ley. Pero aceptémoslo, eso no sucederá en el corto plazo, de la misma manera en que sabemos que para prescindir de los antibióticos es necesario desarrollar un cuerpo sano aunque eso no se consiga de la noche a la mañana. Entre otras cosas porque eso implica quintuplicar el número de policías, reclutarlos, capacitarlos e impedir que terminen en la nómina de los criminales.

Mientras eso pasa tenemos que impedir que la infección siga tomando el control de otros órganos y territorios como ha venido sucediendo en el país. Y, en este momento, ese antibiótico se llama Ejército.

Confrontar o tomar posición

En los medios académicos y entre comentaristas de cuestiones internacionales hay preocupación sobre si, bajo el paraguas de la no intervención, México se dirige hacia una política exterior desconectada de los problemas que ocurren en el mundo, en particular en el hemisferio occidental. Al hacerlo, deja vacío el espacio desde el cual un gobierno de izquierda podría hacer contrapeso a las corrientes de extrema derecha que provienen del norte y del sur.

En el ámbito de las relaciones exteriores el panorama está lleno de nubarrones. Se anuncia la llegada de otra caravana procedente de Centroamérica; el asunto de Venezuela sigue dando motivo a conocidos opositores de AMLO para reiterar su supuesta amistad con el gobierno de ese país; los intentos de levantar entusiasmo hacia Pemex entre inversionistas extranjeros parecen haber fracasado.

Sin embargo, los problemas más difíciles están con los vecinos del norte y las veleidades de su presidente. El cierre parcial del gobierno decidido por Donald Trump, el más largo de que se tenga memoria, afecta directamente a 800 mil trabajadores del gobierno. Los costos económicos de tan disparatada decisión son enormes. Lo importante para nuestro país es el grado en que, al centro del huracán que sacude la vida política en Estados Unidos, se encuentra México. En efecto, el motivo para el cierre del gobierno es la disputa con los demócratas, ahora con mayoría en la Cámara de Representantes, quienes se niegan a aprobar el presupuesto de 5 billones de dólares solicitado por Trump para construir el muro que detenga a migrantes y drogas procedentes de México.

AMLO no comparte ese punto de vista. En respuesta a un reportero de la cadena ABC, en una de sus conferencias matutinas, señaló que México no haría comentarios sobre declaraciones que responden a disputas políticas internas de Estados Unidos; por el contrario –dijo–, su gobierno apuesta por el diálogo y el entendimiento. Tales declaraciones, sumadas a su tendencia a minimizar la importancia de los temas internacionales en su comportamiento político, son las que llevan a preguntarse: ¿Qué consecuencias tiene que un país tan importante como México en América Latina se mantenga distante de los problemas que provienen de Estados Unidos o de situaciones que tienen lugar hacia el sur del hemisferio occidental?

Responder a la pregunta anterior obliga a referirse a una de las debilidades notorias de la política del nuevo gobierno: la manera tan errática de comunicar las acciones que se llevan a cabo y, en general, las posiciones que se adoptan, por ejemplo, en materia de política exterior. No se distingue entre el diálogo espontáneo sobre actividades del gobierno que tiene lugar en las conocidas conferencias matutinas que ofrece López Obrador y la información cuidadosa, provenientes de expertos en las diversas áreas del gobierno. Esta última requiere de un uso cuidadoso de los datos, el lenguaje y la manera en que se transmite.

La Cuarta Transformación no puede ver con indiferencia y descuido lo que ocurre en el mundo. La política exterior es un elemento central para dar legitimidad a los propósitos de un gobierno de izquierda. Por ello estamos esperando algo más. Un documento sustantivo de la Cancillería encabezada por Marcelo Ebrard que dé forma a la estrategia de las relaciones exteriores de México en momentos de importantes cambios internos y externos. Hasta ahora, ni las ideas centrales ni la implementación de las mismas han sido dadas a conocer.

Empresas coludidas en robo de combustible

Durante meses y, en algunos casos, años reconocidas empresas dejaron de comprar gasolina a Pemex. Transportistas, comercializadoras, productoras de alimentos y de otros rubros se surtieron del combustible en el mercado ilegal.

Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.

Entre los buenos oficios propagandísticos del presidente, la escasez de gasolina y la tragedia en Tlahuelilpan, que oficialmente ha dejado hasta ahora un centenar de muertos, el tema ha dominado la agenda pública. Y seguirá muy presente.

Hace justo un mes, el presidente colocó el tema del robo de gasolinas cuando había perdido el control de la agenda pública por la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien se perfilaba como uno de sus principales opositores.

La referencia al auge del robo de combustible en Puebla durante el gobierno de Moreno Valle fue en ese momento obligada, inevitable.

Desde entonces, ha abundado información sobre los llamados “huachicoleros”, los grupos delictivos, los permisionarios, la ocupación militar de las instalaciones estratégicas de Pemex, y ahora sobre la red de distribución de combustible que el gobierno va a construir de forma paralela a la empresa petrolera.

La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambos de la Secretaría de Hacienda, han presentado cifras que están encaminadas hacia los vendedores del combustible.

Respecto a exfuncionarios del gobierno, el presidente y sus principales colaboradores involucrados en el tema, tienen una salida perfecta: el debido proceso. Es decir, no inculpar a nadie sin antes judicializar las investigaciones. Aunque el presidente sí se animó a mencionar por su nombre al general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica en el sexenio pasado y protegido del entonces presidente Enrique Peña.

Pero nada han dicho sobre otra de las incógnitas de la ecuación para despejar las responsabilidades: los compradores del combustible más allá de los particulares que adquirían gasolina robada; es decir, las grandes empresas que han participado en la cadena delictiva.

Son responsables no solo por comprar gasolina robada a sabiendas de que era un delito. También, por haber participado en un esquema de lavado de dinero y hasta de defraudación fiscal.

Al comprar combustibles robados, en primer lugar, ayudaban a la delincuencia organizada a introducir en la economía legal activos ilegales. En segundo, al producir bienes o servicios con insumos adquiridos de forma ilegal, lo de menos era la competencia desleal a sus competidores.

Es muy probable que hayan cometido un doble fraude fiscal al manifestar en sus declaraciones costos de sus servicios o procesos productivos como si uno de sus principales insumos, el combustible, hubiera sido comprado en el mercado legal, con su respectivo pago de impuestos.

Si se actúa contra toda la estructura delictiva -integrada por quienes extraían, las autoridades de todos los niveles que lo permitían, los concesionarios o individuos que vendían y las empresas que compraban para sus procesos productivos-, estaremos ante un verdadero combate a ese delito y no frente a una estrategia política que está teniendo altos costos sociales. Veremos.

Romero Deschamps, cuenta regresiva

Es cuestión de tiempo y las manecillas del reloj caminan en contra del millonario líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien se ha convertido en símbolo emblemático de la corrupción del sistema político priista y de la descomposición de Petróleos Mexicanos de la que se ha servido para sus intereses particulares desde 1996.

Romero Deschamps es el representante de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que abarca Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y Tula de Allende, Hidalgo, entidad donde ocurrió la tragedia del incendio de Tlahuelilpan el viernes pasado.

Este lamentable evento con 93 muertos y 49 heridos podría acelerar la salida de Romero Deschamps del STPRM y también el inicio de las investigaciones judiciales pendientes sobre la riqueza inexplicable que ha acumulado en 23 años al frente de la representación sindical.

Originario de Tampico, el poder de Romero Deschamps ha crecido bajo la egida del PRI del que ha sido cinco veces legislador: tres veces diputado federal (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) y dos veces senador (1994-2000 y 2012-2018).

En la pasada campaña presidencial, se presentó un par de ocasiones en los actos del candidato del PRI, José Antonio Meade, a quien le reiteró su apoyo incondicional y el voto del sindicato petrolero. A pesar de este respaldo, el aspirante ciudadano con camiseta priista perdió.

En el 2000 Romero Deschamps hizo lo mismo con el candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, a quien le entregó no solo el voto petrolero sino mil 500 millones de pesos de los fondos sindicales para su campaña.

En 2003 la Procuraduría General de la República inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral, el famoso Pemexgate, el cual fue suspendido en 2006 por falta de pruebas y en 2011 cerrado de manera inapelable. Aunque la justicia no se aplicó a Romero Deschamps, en términos electorales el Instituto Nacional Electoral le aplicó una multa al PRI por mil millones de pesos.

Reflejo del desgaste del PRI, la figura poderosa de Romero Deschamps también ha menguado con el tiempo, ya no tiene el mismo control sobre el sindicato petrolero. Hay varios grupos disidentes que solo están esperando a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inicie las investigaciones judiciales para desconocerlo como su representante sindical.

Entre los grupos disidentes se encuentran el Movimiento Regeneración Nacional Obrero y Sindical (Morenos), Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero. Estas agrupaciones representan una buena parte de los 113 mil que forman el STPRM y que ya no están dispuestos a seguir apoyando a Romero Deschamps.

La cuenta regresiva del líder petrolero ya empezó. Su destino depende de la voluntad de López Obrador, si se atreve a aplicar la justicia en lugar del perdón. Hasta ahora Romero Deschamps no se ha presentado a la toma de nota del sindicato por parte de la Secretaría de Trabajo, pues según algunas versiones, se encuentra fuera del país para evitar las denuncias que ya se preparan en su contra.

Por cierto… El 18 de marzo entrante, en el 81 aniversario de la expropiación petrolera, podría ser la hora cero para Romero Deschamps, es una fecha propicia para anunciar una nueva etapa de Pemex y su sindicato.

Estado huachicol

El robo de hidrocarburos no ha sido efecto de unas bandas delincuenciales que lograban eludir la vigilancia de la autoridad. Ya se ha visto y comentado con amplitud. Es preciso, por tanto, examinar el asunto desde el ángulo del Estado, su estructura y sus formas de gobernanza.

El robo de gasolinas, así como de otros muchos bienes públicos, es parte del funcionamiento del Estado corrupto y sus maneras de gobernar a través de la corrupción directa y el reparto de canonjías, fondos, bienes y resoluciones gubernativas, legislativas y judiciales, a favor de personas con quienes se gobierna, funcionarios y líderes de organizaciones sociales.

El huachicol es una expresión radiografiada de ese Estado corrupto que ha existido en México desde los años cincuenta del siglo XX. La organización estatal funciona mediante repartos, de tal manera que se conforma un sistema de distribución de riqueza pública. Al mismo tiempo, opera mediante la adjudicación de funciones en las cuales es posible el cobro de sobornos.

Bajo este método de gobernar, la corrupción baja hasta los eslabones más finos de la sociedad. Ya no sólo el Estado es corrupto, sino que muchas personas entran en contacto con la corrupción y de alguna manera admiten ese funcionamiento estatal.

No existe otro país en el que durante lustros hubiera sido robada todos los días una gran parte del combustible hasta el grado de construir un sistema. Hay muchos expendios que vendían más gasolina robada que la recibida legalmente de Pemex. La corrupción oficial se convertía en privada. Los expendedores recibían un grato descuento, pero tenían que aceptar como algo normal y cotidiano que los funcionarios públicos siguieran robando a la nación, sencillamente porque así eran las cosas.

Al mismo tiempo, los transvasadores de los ductos tomaban el combustible de válvulas y vías paralelas construidas o toleradas por empleados y funcionarios de la paraestatal petrolera.

El producto ilegal de las ventas de gasolina se tenía que repartir entre todos los integrantes de la industria del huachicol.

El gobierno estaba al tanto con detalles de ese saqueo, en el cual también participaba la policía. El huachicol ha sido una actividad de Estado.

Cuando se abran al público los mecanismos ilegales imperantes en energía eléctrica y otros bienes y servicios se verá que el problema no se ha limitado a Pemex.

El sistema político de la corrupción que hemos llamado Estado corrupto no es un fenómeno circunstancial ni corresponde a una u otra administración. Como parte integrante de la forma de gobernar, la corrupción ha permeado todo el entramado político y el espacio público. No existe ámbito en el cual la corrupción no se exprese de alguna manera y, por tanto, por lo regular, es ampliamente conocida.

La tolerancia social a la corrupción no sólo ha tenido su base en el reparto de beneficios y en las facilidades que se otorgan, sino principalmente en la ausencia de un relevo en el poder que tuviera como una de sus motivaciones justamente la de desmontar el Estado corrupto. Ahora, por fin, tenemos un gobierno que asume, como parte relevante de su programa, el acabar con la corrupción.

Las tareas políticas para superar el Estado corrupto son muy grandes y diversas, pero todas deben cumplirse. Si no fuera así, el aparato estatal volvería una y otra vez sobre sus mismos pasos, aquellos métodos ampliamente conocidos y arraigados.

No hay derecho de fallar.

Cuentan lo oriundos de Zihuatanejo que hace muchos años, el carnaval era la festividad más importante de la región. Participaban lo mismo pobres que ricos. Autoridades y ciudadanos.

Sin embargo, en algún punto de la transición del Zihua pueblo al Zihua ciudad, el carnaval se perdió. Y cuando digo “se perdió”, hablo en términos de identidad cultural. De ser la fiesta más esperada del año, pasó a convertirse en meros intentos de feria patronal. De ser una fecha en donde la gente convivía y fortalecía la personalidad costeña (algo, por cierto, ninguna autoridad ha atendido, o cuando menos, analizado), pasó al olvido, hasta el punto de que, actualmente, la gente no tiene bien claro cuál es la fecha exacta del carnaval.

Todos los intento han quedado en eso, en meros intentos por revivir algo que parece extinto. Y es que, para el fortalecimiento de la identidad costeña no basta con un puñado de cargos en una oficina como la Casa de la Cultura; tampoco basta una regiduría de Cultura y espectáculos que, generalmente, ocupa una persona que ni siquiera sabe definir “cultura”; no es suficiente un programa populachero que más parece feria de barrio. Hace falta, para empezar, una introspección sobre el tema para saber porqué lo perdimos y empezar a buscar estrategias para recuperarlo. Pero ahí está el problema: la reflexión se ve, utópica.

Desde principios del año 2000, muchos gobiernos municipales en todo el país, descubrieron que desde la cultura, pueden fortalecer su imagen pública, como por arte de magia. Un buen festival, una buena colección de libros, una temporada de teatro, algunas buenas esculturas o uno que otro mural, durará más tiempo en la memoria colectiva, que cualquier imagen política, por muy costosa que esta sea.

Sin embargo, en Zihuatanejo, los gobiernos municipales han tenido una visión decimonónica del quehacer cultural. Algunas administraciones se ha remitido a meter todo en el mismo cesto “cultural”: esculturas de arenas, pastorelas, bailes populares, tianguis, danzas tradicionales, manualidades y todo lo que se les ocurra a los funcionarios en turno.

Una de las obligaciones de un gobierno es contar con una oferta cultural seria, amplia y profesional, encaminada a incidir en la población. Y lo deben hacer no porque ellos quieran, sino porque están obligados a ello. El Instituto Municipal de Cultura de Zihuatanejo, debe ser precisamente eso y no un tinglado donde se “enseña” lo mismo zumba, que punto de cruz. No es que lo anterior no sirva. Sí sirve y mucho, pero no es arte. Una ciudad donde el arte es relegada, se condena a si mismo a la ignominia.

No es posible que Zihuatanejo, un lugar con cierta fama a nivel internacional, no cuente con espectáculos, ni espacios para la reflexión artística. No tanto para su gente (porque ya sabemos que la gente les importa un comino), sino por el turismo. Vivir con la idea de que el turismo solo quiere playa, es pecar de reduccionista. Y en estos tiempos de convulsión económica y social, no podemos darnos ese lujo.