Categoría: Editorial

El PRI nonagenario

Que el PRI no volverá a ser lo que fue, ni duda cabe. Como tal, sus posibilidades inmediatas de volver a la presidencia de la República en 2024 son ínfimas, en las elecciones estatales que están en puerta ni siquiera figura para un segundo lugar, y su papel legislativo federal es insuficiente para ser factor de definiciones.

Fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles como Partido Nacional Revolucionario, convertido en Partido de la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas, recreado como PRI por Manuel Ávila Camacho, es imposible que hoy un cambio de nombre revierta su descrédito.

Pero también es cierto que sigue presente en un país donde definió las formas de hacer política.

Muchos actores políticos en los partidos que le son antagónicos, tuvieron su formación en el PRI, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un amplio sector de su gabinete, cerca de la mitad de los legisladores que fueron postulados por la coalición “Juntos haremos historia”, incluido el líder de bancada en el Senado, Ricardo Monreal y el líder cameral, Porfirio Muñoz Ledo.

Lo mismo ocurre con el PAN y el PRD, que han obtenido triunfos electorales en los estados: Carlos Joaquín, el de Quintana Roo; José Rosas Aispuro, el de Durango; el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, o bien, por circunstancias, el interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido.

Claro está que su modelo hegemónico obligó a los ciudadanos interesados en participar en política a buscar espacio en sus filas y que fueron los tiempos de la apertura los que fomentaron la práctica del gatopardismo que ha tenido la reedición de las peores prácticas de la vida política, en gobernantes proclives al autoritarismo con nuevas siglas, como Rafael Moreno Valle o Miguel Ángel Yúnez.

Si bien su hegemonía dio forma a la cultura política mexicana, por sí mismo, el PRI carga con el peso de su autoritarismo y las represiones históricas que se invocan desde sus fundacionales baños de sangre hasta el aplacamiento de los movimientos políticos (de Saturnino Cedillo o Miguel Enríquez Guzmán a los perredistas fundadores asesinados en los noventa), de obreros (ferrocarrileros, maestros, médicos, entre otros), campesinos e indígenas (del jaramillismo a Acteal o los yaquis del sexenio pasado, por ejemplo), o estudiantes (como en 1968 y 1971, y aun en 2014 con los normalistas de Ayotzinapa).

También lleva a cuestas el desprestigio por la corrupción que originó mal habidas fortunas: del fundacional corporativismo de Morones a los caciques contemporáneos como el petrolero Carlos Romero Deschamps; de las generaciones de políticos cuya descendencia figura en las listas de millonarios del mundo, como la de Carlos Hank; de las fortunas inagotables para varias generaciones de dispendio, boato y lujo.

Y, por supuesto, del desgaste por sus malos gobiernos que han profundizado las desigualdades, confinando a millones a sobrevivir en la precariedad: del pasado rural de limitaciones hasta la casi extinción del agro; de los lupanares de la desesperanza habitados por los obreros fabriles y de maquila, a los oficinistas en el sótano de los mil fracasos sin derechos laborales fundamentales.

Una loza enorme para un partido que repite rostros, nombres y prácticas, pesa en su cumpleaños 90, y plantea las interrogantes sobre la posibilidad real de que se mantenga en el sistema político o si en definitiva avanza hacia la extinción.

Sobrevivirá (no como antes, pero lo hará), concentrando su esfuerzo en alcanzar la elección federal intermedia con competitividad suficiente para ser factor de decisión, y por lo pronto, mantendrá su papel opositor con más prudencia que el PAN.

Democratización de la publicidad oficial

Cambiar las costumbres, las inercias, no es una tarea fácil; antes bien, es sinuosa y compleja, aunque se trate de transformaciones positivas para la salud pública. Es el caso de la publicidad oficial en México. Muchos gobernantes han dicho que los recursos públicos destinados a los medios de comunicación deben ser transparentes y con un sentido de equidad y racionalidad. Pero hasta hoy nadie ha cumplido. Como candidato electo, Enrique Peña Nieto hizo llegar a su fracción parlamentaria un anteproyecto de iniciativa para democratizar las reglas del juego de la publicidad oficial. Nunca avanzó, se quedó sólo en un ejercicio de retórica. Hoy todo apunta a que las cosas sí van en serio.

El 15 de septiembre del año pasado, la reportera Jesusa Cervantes dio a conocer un documentado reporte de la corrupción como regla de conducta en la Cámara de Diputados (https://www.proceso.com.mx/551097/rastros-documentados-de-la-corrupcion-en-san-lazaro) en la legislatura anterior. La nueva mesa directiva que preside Porfirio Muñoz Ledo busca dejar como legado un cambio real en los criterios de asignación de pautas de publicidad oficial a los medios. En las próximas semanas la Cámara de Diputados tendrá (por fin) una normatividad innovadora, por la transparencia y equidad de su contenido, que marcará un parteaguas en las relaciones de ese órgano legislativo con los medios de comunicación.

El cambio ha empezado ya en la Coordinación de Comunicación Social de ese órgano legislativo. Y vaya que no es menor: a) Se ha eliminado la compra externa de monitoreos de medios porque esa coordinación tiene su propia área de monitoreo que no era aprovechada; b) en la elaboración de los diseños y contenidos de los spots para los tiempos oficiales, por el precio de uno en la legislatura pasada, ahora se pagan 15 al aprovechar la infraestructura de la propia coordinación; c) Se ha reducido el número de ejemplares comprados de periódicos impresos en más de 6 millones de pesos en el presupuesto anual de esa área; d) Una reforma que ha generado un precedente histórico es la dignificación de los ingresos de los trabajadores con menores percepciones, quienes pasaron de recibir 6 mil pesos netos mensuales a ganar 15 mil pesos al mes; casi el 200% de aumento con las economías realizadas al cerrar el pozo sin fondo de la corrupción. Se trata de un asunto de la mayor importancia. Muchos piensan por desconocimiento que la ley de remuneraciones busca acotar los sueldos más altos y dejar igual a los más desprotegidos y el propósito es totalmente distinto: se busca reducir las asimetrías subiendo los sueldos más bajos y reduciendo los más altos como se hace en esa área de Comunicación Social, por poner un ejemplo; d) Se ha eliminado hasta ahora la firma de convenios de publicidad y se reactivarán, en su caso, bajo la nueva política pública en esa materia que está por ser concluida.

El cambio, empero, tiene costos altos por las resistencias de quienes habían hecho de la corrupción un modelo de vida profesional. La coordinadora de Comunicación Social, Roselli Reyes Cuevas (quien no es pariente de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, por cierto), ha sufrido en carne propia las consecuencias de alejarse de la inercia facilista y adoptar, en cambio, criterios de eficacia y de racionalidad del gasto público. En efecto, la eliminación de los “apoyos” a periodistas sin ningún sustento normativo y las reformas iniciadas, generaron, de entrada, que dos medios se le fueran a la yugular a Roselli al ser acusada de ganar más que el presidente de la República. Para ello se hizo una solicitud de información en 2019 de los ingresos brutos de la titular de la coordinación en 2018 y se comparó con el sueldo neto del presidente López Obrador, lastimando, por un lado, el derecho a saber y, por otro, afectando el patrimonio moral de Roselli. Y no se trató de un “error”, porque ante el ejercicio del derecho de réplica con documentos oficiales en la mano los medios fueron renuentes a modificar lo difundido, aunque finalmente lo publicaron en el lugar más escondido, dejando sin sustancia la naturaleza del derecho de réplica que es un derecho de toda persona previsto en el artículo 6 constitucional.

Cuando una servidora pública honesta y comprometida como Roselli se atreve a predicar y practicar el cambio democrático, además de cuidar los recursos del pueblo, es un deber cívico alzar la voz para reconocer y acompañar críticamente esas nuevas prácticas que mucho bien le hacen al país y que honran a quien las pone en acción. Los medios deberían ser agentes del cambio, no de la reproducción de las pautas conductuales del gatopardismo, de que todo cambie para que siga exactamente igual. Hay que recordar que el primer deber ético de un medio de comunicación es asegurar su sobrevivencia financiera, que de ninguna forma es una obligación del Estado ni en México ni en ningún lugar del mundo. Todo indica que la Cámara de Diputados no será más rehén de los medios, aunque haya que pagar momentáneamente el precio de esa transición, que no debe tener caminos de regreso.

Emilio Lozoya Austin bajo la mira de AMLO

La amnistía tiene sus límites: los procesos judiciales que iniciaron antes de la actual administración continuarán su curso. Así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Un caso que es emblemático es el de la empresa Odebrecht, el cual, excepto en Venezuela y en México, tuvo consecuencias penales para muy altos funcionarios y políticos latinoamericanos.

La administración actual se halla impedida para dar la espalda a este escándalo: la investigación está terminada, los culpables han sido señalados, el expediente cuenta con una tonelada de pruebas, varias de las acusaciones no han prescrito y el daño, tanto al erario nacional como al sistema electoral, sería notorio. 

Mientras en otras naciones decenas de políticos, funcionario y hasta presidentes caían por el caso Odebrecht, en México –afirma Santiago Nieto– sólo dos cabezas rodaron desde la cúspide: la suya y la del procurador Cervantes. 

Y paradójicamente ocurrió así porque hicieron bien su trabajo: durante la investigación realizada, la FEPADE confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió en cuentas propias, o de personas morales en las que él estaba de algún modo relacionado, alrededor de 16 millones de dólares (más de 300 millones de pesos) por parte de Odebrecht.

Estos depósitos se habrían realizado entre el 2010 y el 2014, de acuerdo con declaraciones de Marcelo Odebrecht, antiguo CEO de la empresa que lleva el nombre de su familia. Según testimonio de ese mismo personaje, las aportaciones a favor de Emilio Lozoya habrían tenido como objetivo patrocinar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a cambio de obtener jugosos contratos por parte de su gobierno. 

En diciembre de aquel año Emilio Lozoya recibió la dirección de Pemex y existe evidencia de que Odebrecht fue una empresa beneficiada durante su gestión. 

En su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2018), Santiago Nieto reconoce que, con las pruebas existentes, faltaba muy poco para demostrar el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de Peña Nieto. 

Sin embargo, fue justo en ese tramo de la investigación donde, de golpe, Cervantes presentó la renuncia y su sucesor corrió al fiscal responsable del caso. 

Esta es la breve historia del primer capítulo en la investigación mexicana sobre la corrupción de Odebrecht. 

El segundo capítulo está todavía ocurriendo: siete meses después de que Nieto fuera despedido, el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2018 lo invitó a sumarse a su campaña y, una vez que obtuvo el triunfo, le ofreció que se hiciera cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

El gesto político no puede pasar desapercibido: el fiscal que fue responsable de investigar a Lozoya es ahora el encargado de perseguir los casos más relevantes de corrupción a partir de los movimientos financieros realizados por antiguos y actuales funcionarios.

La expectativa presidencial pareciera clara: Lozoya será uno de los primeros casos de corrupción que López Obrador enfrentará con todo el peso de la ley. 

A menos que un evento extraordinario e impredecible ocurra, este año caerá Lozoya.

Bola de mandos

Cuando el Congreso de la Unión está a punto de aprobar la creación de la Guardia Nacional, se mantiene la principal duda de quién tendrá el mando de la nueva fuerza.

Lo más lógico es que el mando real, el operativo, quede en manos de militares, quienes serán su principal componente.

Formalmente los batallones de la Policía Militar y los de la Policía Naval, así como los agrupamientos de la Policía Federal y los nuevos reclutas que serán adiestrados por el Ejército, estarán bajo mando civil, el del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo.

Pero si algo han demostrado los 12 años de combate a la delincuencia organizada es que los militares no están dispuestos a quedar bajo las órdenes de los civiles.

Ese fue el motivo por el que no pudo crearse la Gendarmería Nacional en el sexenio pasado, y uno de los que originó la confrontación entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el jefe del Ejército, el general ahora retirado Guillermo Galván, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Es impensable que el mando operativo de las tropas quede en un civil. Pero también es seguro que los efectivos castrenses seguirán respondiendo al Ejército y a la Marina.

Sobre todo, porque en la SSyPC el control quedó fragmentado en los distintos grupos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el tema de seguridad.

El secretario Alfonso Durazo quedó en medio de esos grupos. Lo que se perfilaba como una secretaría poderosa, acabó en una institución atomizada.

La sombra más pesada que tiene Durazo es la del general retirado Audomaro Martínez, el militar que acompañó a López Obrador en sus incursiones presidenciales desde 2006, y que ahora está a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero, sobre todo, este militar de Caballería es a quien el general de la misma arma, Luis Crescencio Sandoval, le debe mucho por haber llegado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Es decir, el flujo de información será directo entre los militares del CNI y la Sedena, sin que pase necesariamente por las manos del titular de la SSyPC.

El contrapeso que podrían tener los generales es el del secretario general del CNI, José Ángel Ávila, una pieza no de Durazo, sino del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En el caso de los efectivos de la Policía Federal, que no son pocos entre los miles de efectivos de lo que fueron las divisiones de Fuerzas Federales y Fuerza Regional, el control lo tiene el viejo policía Arturo Jiménez Martínez, hombre cercano al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Jiménez y Gertz Manero trabajaron juntos cuando el ahora fiscal fue el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Celebrada por la unanimidad con que fue aprobada en el Senado, la Guardia Nacional podría convertirse en la disputa perfecta en el gobierno del gobierno de López Obrador. A menos, claro, que el presidente imponga a los militares sólo para que transite su gobierno. Lo que siga, le tocará a su sucesor, según lo aprobado hasta ahora.

Samir asesinado, urge justicia

En un homicidio se tienen que investigar los hechos, y sólo una autoridad competente puede hacerlo; los familiares o amigos pueden nombrar un coadyuvante que investigue por su parte y supervise la investigación oficial, pero el primer paso es determinar cuál autoridad va a investigar el caso, ¿será el Ministerio Público estatal o federal? Esta es la decisión inmediata real.

A los simpatizantes de la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) les queda muy claro: ya sea que ayuden en serio o sólo critiquen, pues tienen todo el derecho a hacerlo y pueden suponer lo que su razonamiento les aconseje, se debe atrapar al asesino y encontrar los motivos que tuvo y quiénes fueron los autores intelectuales, con evidencias claras y válidas legalmente. Hay confianza de que una investigación federal, acompañada por un buen coadyuvante, puede descubrir al criminal y sus conexiones. Sin embargo, también se debe pensar si el escenario  es totalmente contrario. Después de todo, la impunidad de muchos asesinatos de dirigentes sociales en todo el país, nos han acostumbrado a que sin presión social, cualquier hecho está condenado al olvido.

Debemos tener conocimiento en los próximos días de una línea clara de investigación y el anuncio de estar tras posibles culpables, y me parece inaceptable que el Fiscal de Morelos continúe con la investigación porque está emitiendo un juicio previo y ningún investigador serio debe opinar sobre las tareas de investigación ni eliminar otras posibles líneas. La federación debe atraerla y dar resultados, y a estas alturas la inteligencia federal y la morelense ya deben de tener datos concretos.

Recuerdo a Luz María Dávila, del caso de Villas de Salvárcar aquí en Ciudad Juárez, cuando le dijo a Calderón: “si fueran sus hijos, usted removería hasta las piedras”. El Secretario de Seguridad ya debe de estar a cargo porque en la muerte de Samir hay un asesino y cómplices, y estos (sean quienes sean) deben ir a la cárcel.

El Gobierno de la Cuarta Transformación no puede fallar en este caso, debe encontrar al culpable y toda su red de complicidades, también en las líneas de investigación debe agotarse totalmente la posibilidad de un crimen por activismo social (debería ser la primera en estudiarse). Precisamente por lo grave de los hechos se deben dar resultados concretos y creíbles.

Estos hechos se dan luego del cambio de opinión y decisión de AMLO sobre el PIM, y justo cuando había obtenido dos grandes éxitos: contra el huachicol y el consenso sobre la Guardia Nacional. Ahora este crimen interrumpe el moméntum que tenía y podría representar un alto costo político para él. Sería bueno que el siguiente paso del gobierno federal sea contundente, rápido y claro. De lo contrario, los nubarrones de la desconfianza podrían ensombrecer el arranque del sexenio.

Venganza o transformación

Sería un error de parte de la nueva fuerza gobernante hacer una cacería de brujas para ir en persecución penal contra exgobernantes. De la sed de venganza contra la corrupción no podría surgir justicia en su más alta acepción, sino una dura confrontación política que estorbaría finalmente la lucha contra el Estado corrupto.

Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero esto no sería una cacería.

Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben concluir las investigaciones.

En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo contrario habría una especie de omisión criminal.

Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de gobierno.

Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político, vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia está a cargo del parlamento en un sistema republicano.

Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia, no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su ausencia.

Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se vuelve a mover la hoja de un árbol.

Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro de la administración pública es preciso activar el juicio político. Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable personal. La habilitación del juicio político podría poner al descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.

¿Y la bandera?

Persas y birmanos se discuten la invención de la bandera como un signo de identificación tanto en la paz como en la guerra. Su valor práctico y emblemático muy pronto universalizó su uso no sólo por mimetismo sino porque pueblos y sociedades de diversas latitudes, sin haber tenido contacto, las produjeron igualmente. En su trasfondo subyace la raíz totémica del clan o de la tribu.

Se trata pues de la creación de símbolos cuya finalidad es representar al grupo, congregarlo, conducirlo, proyectarlo y también salvaguardar su identidad y origen. En la historia contemporánea la bandera principal es la que representa a una nación determinada, y hoy día, todos los países del mundo la tienen, si bien, el uso que se haga de ella es muy variado, a tenor de la evolución cultural de los últimos años, así sucede que en Estados Unidos es común ver su bandera lo mismo en un asta que en las bermudas de algún jubilado; por otra parte esa bandera es quizás la que más se ha quemado en el mundo en medio de manifestaciones y protestas de todo tipo.

En México la ley protege tanto a la bandera como a los demás símbolos nacionales, como sería el escudo y el himno, sancionando a quienes bajo el pretexto que sea, se atrevan a desfigurarla o mancillarla. Cabe suponer que una semejante legislación no protege un trozo de tela, sino lo que ese trozo de tela significa de por sí, una abstracción mental que muchos grupos protestantes estarían imposibilitados de hacer, dado su integrismo religioso, incluso algunos de éstos se niegan a rendir honores a la bandera, por considerarlo un acto de idolatría que podría condenarlos a las inapagables llamas del averno.

Al margen de estas rarezas lo cierto es que la bandera es un símbolo de alto significado, lo cual explica y da la razón a las leyes que la salvaguardan, leyes cuyo valor sería todavía más evidente si procedieran con igual cuidado a la hora de enfrentar muchos otros símbolos que por el valor que reciben de la sociedad merecen igualmente respeto y atención. En efecto, si la función de las leyes que protegen los símbolos patrios es conservar su forma, luego la forma es importante, toda vez que transmite un mensaje y ese mensaje funciona en la medida que conserva su gramática original. Toda alteración, manipulación, añadido o deformación traería la consecuencia de modificar el mensaje y afectar la identidad que simbólicamente expresa, así como la idea que tenemos de nosotros mismos.

Defender la bandera es defender la identidad, avalar lo que significa, y si lo que nuestra bandera significa es nuestra nacionalidad, quisiéramos estar orgullosos de ella, y lo estamos, aunque más de su pasado que de su caótico presente, gravemente marcado por una sociedad que de pronto pareciera estar decidida a violar toda ley y precepto, para imponer su individual interés, gentes como esas personas que le dijeron al actual Presidente, en una de sus giras, “déjanos seguir robando”, en referencia, claro, al huachicol.

Construir democracia en tribunales

Este espacio está dedicado primordialmente a destacar la responsabilidad del Poder Judicial en la defensa de causas de derechos humanos, e intenta no ser una columna de ocasión, en el sentido de que busca tomar distancia de la agenda pública cotidiana y proponer un análisis con impacto más prolongado en el tiempo.

En esa idea, he resaltado la importancia de contar con juzgados, tribunales y una Suprema Corte de Justicia con criterios consistentes e inclinados a garantizar los derechos humanos, que no interpreten a conveniencia suya la Constitución, y que se asuman como agentes de un cambio radical de nuestra ingrata realidad social.

Tengo entonces que hacer hincapié en un rol vital de las instancias judiciales para contribuir a la construcción de un régimen democrático. Más conviene referirme a ello en estos días en el que el diálogo político lo invaden adjetivos y oídos sordos a razones. Si a las críticas y demandas se les responde con descalificaciones desde el gobierno, quizá no exista más remedio que acudir a tribunales a debatir.

Múltiples son las causas de las que puedo escribir: la guardia nacional, la restricción y violación de derechos y libertades elementales, las vías y formas para asegurarnos a las personas el disfrute de nuestros derechos sociales, entre otras. Pero por ahora prefiero inclinarme por situaciones que no tienen tantos reflectores como debieran: respeto por diferentes proyectos de vida y visiones de desarrollo, temas medioambientales y la conducción adecuada de nuestros recursos públicos.

Hago notar esas tres cuestiones porque además las más de las veces van unidas. Esta misma semana, en la edición 2207 de Proceso destacan dos artículos sobre la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y acueducto del Proyecto Integral Morelos, que me permiten ejemplificar el vital potencial democrático de la justicia.

Por un lado se encuentra un grupo de personas que trabajan en el campo y que buscan seguir dedicándose a ello. Su proyecto de vida merece todo el respeto y nadie debería poder impedirles su realización. La idea que tienen de desarrollo, al menos una parte de este colectivo, no parece coincidir con el desarrollo industrial del megaproyecto que les toca enfrentar. Su seguridad y la del medio ambiente están en juego. Sin embargo, han visto el cambio diametral en la posición del hoy presidente de la República, su descalificación, y como estrategia para atenderles, la organización de una de esas consultas típicas del gobierno que no son de fiar.

En ese contexto, la mejor opción de “izquierda radical conservadora” (sic) que está a su alcance es, como anuncian, acudir a los tribunales de amparo. Si el gobierno va a apelar durante todo su mandato a la legitimidad democrática tan bien ganada en las urnas para evitar debatir con razones fundadas, debería saber que su representatividad irá mermando cada día por falta de resultados e incongruencias en el discurso y entre sus palabras y sus acciones, pero sobre todo, que mejor que la democracia representativa que presume –y que también le disputan–, tenemos el derecho de contar con una democracia participativa, deliberativa y de derechos.

El diálogo que el gobierno rehúye en los espacios políticos deberá forzarse en las instancias judiciales. Es por ello que se necesitan juzgados de amparo constantes en el compromiso de defender los derechos humanos de las personas, pues en todos los casos como el aludido se confirmará si su independencia es verdadera.

Y en cuanto a la forma en que el gobierno compromete nuestro dinero público, también deberíamos contar con la constante de los tribunales de amparo para admitir ese tipo de demandas. ¿A quiénes beneficiará aquel proyecto de Huexca? Sin todo ello, la representación democrática podría oponerse a una democracia más real, una que es respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

Escribe esta semana el ministro Zaldívar que no es tarea de la Corte ser oposición del gobierno. Muy bien, pero es su obligación ser garante del debate democrático.

¿Quién mató a Samir?

La noticia se difunde rápido. Samir Flores fue asesinado este 20 de febrero. Lo fueron a buscar a su casa, en Amilcingo, como a las 5:00 de la mañana. Salió nada más para que le dispararan cuatro veces, y dos impactos en la cabeza le quitaron la vida.

Último episodio de nueve años de agresiones. En septiembre de 2012, el movimiento que se opone al Proyecto Integral Morelos (PIM) se había mantenido acampando en las afueras de la comunidad de Huexca, en Yecapixtla Morelos, para evitar el paso de maquinaria que intentaba irrumpir en ese paraíso de barrancas y campos de cultivo.

El gobierno de Felipe Calderón quería construir dos termoeléctricas que se alimentarían con gas procedente de San Martín Texmelucan, Puebla, por medio de un gasoducto que recorrería las faldas del Popocatépetl, a través de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las turbinas serían enfriadas con el agua del Valle de Cuautla.

Como de manual, los gobernadores Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle, empleaban el recurso de la represión, acompañando una política clientelar de división en los pueblos: de la nada aparecieron liderazgos con dinero suficiente para repartir migajas fragmentando las oposiciones que pronto se tornarían amenazantes y violentas, grupos de choque muy próximos al paramilitarismo.

Ya para 2014, Amilcingo era el reducto de aquello: había represión policial, como ocurrió el 13 de febrero de 2014, cuando llegaron las trasnacionales con sus contratistas bajo vigilancia custodiados por policías, desatando la violencia, deteniendo a seis personas y dejando un herido de bala. Luego, la mano del Estado se mimetizaba en gente de los alrededores, civiles violentos que agredieron a Samir el año pasado.

El campamento impidió el paso de maquinaria para la obra que conduciría el agua del Valle de Cuautla, bajo embestida policial y ataque a tiros al bisnieto de Emiliano Zapata, porque ahí los Zapata se oponían al PIM. Las represiones se iban acumulando y, si bien en todos los movimientos morelenses y poblanos se resentían, era notable la prisión sobre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT).

Por las condiciones que el Estado impuso en Amilcingo, Samir era por demás visible en su oposición al PIM. Además, era un comunicador en forma, dada su labor de radiodifusor comunitario, fundador en 2013 de Radio Amiltzinko, en donde recibió amenazas desde entonces en una zona donde ambas actividades son de alto riesgo, pues a las agresiones expuestas se suma el desmantelamiento violento de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec, en agosto de 2014.

El FPDTAMPT y las comunidades tuvieron una esperanza. En 2014, Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo al movimiento, e inclusive, dijo que “sólo a un loco se le ocurriría” construir el PIM. Pero ya Presidente, todo cambió, pues el argumento presidencial es que hay mucha inversión y se generará la electricidad en todo Morelos por lo que realizaría una consulta, ante la protesta por el anuncio en Cuautla, el 10 de febrero, cuando el mandatario consideró a los opositores, entre los que estaba Samir, como “radicales ultraconservadores”.

La consulta se realizaría este fin de semana, pero no conforme a estándares internacionales. Las consultas de López Obrador tienen su propio estándar y en este caso, planteó preguntar a todo el estado de Morelos su opinión sobre el PIM, mientras él mismo lo promueve, y no sólo a las comunidades afectadas, lo que oportunamente le reclamaron e hicieron saber desde el FPDTAMPT.

Entonces, vino la ejecución de Samir,  que hundió en dolor y coraje a los miembros del FPDTAMPT enturbiando más la consulta y colocando al mandatario en una posición difícil, entre acusaciones de sus críticos por la muerte de otro opositor y las del movimiento social por haber generado con su narrativa las condiciones para que eso ocurriera.

El sexenio del Ejército

Hasta el 1 de julio de 2018, todos los escenarios de la cúpula militar eran negativos hacia Andrés Manuel López Obrador. Su confrontación con los altos mandos del Ejército y de la Marina fue pública, y entre allegados de la cúpula militar de entonces existía la convicción de que harían lo posible para impedir que ganara la Presidencia.

Los jefes militares de entonces perdieron y como presidente electo descabezó a los mandos del Ejército. Con la designación del general de división Luis Cresencio Sandoval González en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acabó con aquellos que acompañaron al general, ahora retirado, Salvador Cienfuegos, en la secretaría y en la pugna.

No fue un asunto de antigüedad en el servicio, sino de su pertenencia a los gobiernos del PRI y el PAN. Varios de esos jefes militares aún están activos, pero excluidos del poder que el presidente está construyendo con el Ejército.

Con la Marina, el presidente no pudo ir en contra de la tradición de designar al de mayor antigüedad y ascendencia, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Pero la marginó, y así como al grupo de generales que rechazó su candidatura, lo tiene fuera de los planes políticos y económicos que tiene con los nuevos mandos del Ejército.

Divisivo, el nuevo cuerpo armado acabará controvertido en instancias internacionales, pero en lo que se resuelve la impugnación, operará sin mayor contrapeso durante buena parte del gobierno de López Obrador, después de soslayar la crítica de expertos y académicos en una simulación de parlamento abierto.

La idea de un Estado Mayor Conjunto está tan lejos como en los años del régimen del PRI, fundado hace un siglo, precisamente, por el Ejército. La Marina solo está considerada en los planes de la Guardia Nacional con la incorporación de la Policía Naval. Pero en ese esquema, los marinos estarán bajo el mando del Ejército.

Las capacidades de la Marina fortalecidas durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña parecen no entrar en los planes del gobierno, toda vez que el presidente ha anunciado que la captura de jefes del narcotráfico no será su estrategia.

Las principales capturas o asesinatos de capos en los dos sexenios pasados, como la doble detención de Joaquín El Chapo Guzmán, estuvieron al mando de la Marina. Aunque la segunda y definitiva la concretó la Policía Federal en una persecución iniciada por los infantes de Marina, en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.

Ese protagonismo de la Marina también devino en que esa fuerza cometiera graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de docenas de personas en Tamaulipas, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Marina no actuó sola. Lo hizo de la mano del gobierno de Estados Unidos. Desde la administración Obama, Washington optó por trabajar y fortalecer a esa fuerza en su estrategia de guerra al narcotráfico debido a la desconfianza hacia el Ejército, originada por los conocidos casos del involucramiento de jefes del Ejército con el narcotráfico.

Ese enlace de Marina con Washington quedó en duda desde que López Obrador se opuso a la adquisición de misiles por parte de la Armada, aprobada por el Departamento de Estado hace un año.

La conformación del nuevo grupo castrense en torno a López Obrador ha cambiado los escenarios construidos en las prospectivas militares. El futuro, por lo menos en este sexenio, es gobernar junto con el presidente.