Categoría: Editorial

El desaire del presidente a la Marina

El juego de artificios creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con pretexto de la conquista española, ocultó un hecho que provocó decepción y molestia entre los mandos de la Armada de México.

El lunes 25 de marzo, López Obrador viajó a su tierra, Tabasco. Tenía programados dos compromisos en el municipio de Centla. El primero, condecorar al secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, en las instalaciones de la Marina en el lugar. El segundo, conmemorar los 500 años de Batalla de Centla, entre los maya-chontales y las huestes del conquistador Hernán Cortés.

Aunque en el fondo su propósito era abonar en su compromiso de convertir a Tabasco en la capital petrolera del país, según lo adelantó en campaña, el presidente cambió la agenda y decidió trasladarse con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, a la zona arqueológica de Comalcalco, donde grabó el polémico video de la petición de perdón por parte de España.

Los convocados a la gira se sorprendieron por el repentino viaje del presidente y su esposa, una doctora en literatura a la que designó presidenta del proyecto “Memoria Histórica y Cultural de México”.

El recorrido entre Centla y Comalcalco requiere de casi dos horas de camino. Por eso fue que el presidente canceló su primer evento: la ceremonia de protocolo militar para entregar la Condecoración de Perseverancia Excepcional de Primera Clase nada menos que al Alto Mando de la Marina, el Almirante Ojeda Durán, el hombre de mayor ascendencia en la Armada de México.

Por ese mero hecho, que significa ser el marino de mayor antigüedad en México, el Almirante se convirtió en el titular de la Secretaría de Marina, aun cuando López Obrador pensara diferente.

Es una convención contra la que no pudo ir, a diferencia de su designación al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde nombró al general Luis C. Sandoval, a pesar tener apenas un año como divisionario y de que había generales con mayor antigüedad.

Todo estaba puesto en la Quinta Zona Naval, en el puerto de Frontera, en Centla, para el reconocimiento al jefe militar más respetado entre los marinos. Pero el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se desentendió del simbolismo y valores entre los militares y decidió apuntalar las inquietudes intelectuales de su esposa.
“Era una condecoración, pero se pasa para el 21 de abril, cuando vamos a Veracruz”, dijo el presidente minimizando la frustrada ceremonia, sin considerar que los militares son hombres de símbolos.

Más que una descortesía fue un desaire de quien ha apostado a los militares como solución a la crisis de inseguridad del país y por la que se evaluará en parte a su gobierno. Su creación, la Guardia Nacional, tiene entre sus componentes a la Policía Naval.

López Obrador tiene una clara tendencia hacia el Ejército. Cuando en noviembre pasado, a dos semanas de asumir la Presidencia de la República, dio a conocer su plan de seguridad, quien habló a nombre de los militares fue el general Sandoval. El Almirante parecía un convidado de piedra.

Ya en Palacio Nacional, ha llenado de atribuciones y recursos al Ejército. La Marina, que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña estuvo a cargo de las detenciones de jefes del narcotráfico, parecen ahora jugar de comparsa en la visión presidencial.

Andrés y el qué dirán

Sorprende –y preocupa en serio—que el Presidente de México parezca más obsesionado con el qué dirán de aquellos al que considera sus adversarios que en mantener firmemente las riendas de este país. Grave si sus decisiones las toma –o las cambia— en fusión de lo que puedan pensar sus detractores. Lo cierto es que esa ha sido una constante en las últimas semanas y especialmente explícito ante el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en torno a la aprobación de la contra Reforma Educativa.

Andrés Manuel aseguró este jueves que “dio instrucciones” [sic] para que se saque del dictamen correspondiente todo aquello que “afecte” a los maestros… para que no se diga que su Gobierno es igual al anterior. Lo más grave es que, al hacerlo, pasa por encima del Poder Legislativo, en cuyas manos supuestamente está la aprobación de la reforma. Y que lejos de argumentar motivos razonables de su imposición arbitraria, la refiera machaconamente a su afán de demostrar que él es diferente.

El tabasqueño fue enfático al afirmar en su monólogo matutino que “en todo aquello que pueda significar afectar a los maestros he dado instrucciones de que se quite todo… porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan de que somos iguales, no”.

Insistió una y otra vez en que los conservadores tratan de hacer ver a su Gobierno igual al anterior. Y recalcó: “Hay grupos que son conservadores, con apariencia de radicales y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros. Entonces no, no somos iguales, no somos simuladores”.

La obsesión de López Obrador ha aflorado repetidas veces. Cada vez más parece actuar no en función de sus convicciones o su proyecto de Nación, sino en no parecerse a los neoliberales y conservadores y en que éstos no tengan pretexto para “vociferar” en su contra. Recientemente ocurrió en la inauguración del estadio de beisbol de los Diablos Rojos del México, en la capital, así como en sus giras por Sonora y Baja California y en sus conferencias mañaneras.

Es temor al qué dirán.

Qué dirán del Tren Maya, decidido como una panacea turística para el sureste mexicano sin tener siquiera a estas alturas los indispensables estudios de impacto ambiental, costo-beneficio y viabilidad económica y operativa.

Qué dirán en fin quienes escucharon varias veces a López Obrador afirmar que las pistas de Santa Lucía empezarían a construirse en dos meses, y cuando ya han transcurrido cuatro resulta que ni siquiera existe un estudio aeronáutico ni un proyecto ejecutivo ni se ha ejecutado un metro de terraplén.

Qué dirán aquellos que confían en las promesas presidenciales sobre un respeto absoluto a la libertad de expresión y a las opiniones diferentes cuando escuchan a AMLO un día sí y otro también denostando a los medios y a los periodistas que según acusa lo “golpean” al ejercer su obligación de informar, así como a los analistas e intelectuales que difieren de sus postulados por que unos y otros obedecen a intereses ligados a la mafia del poder y al neoliberalismo que se resiste a morir.

Qué dirán de muchos de los nombramientos por dedazo vil de funcionarios que no responden precisamente a un perfil de honestidad y capacidad, sino al compadrazgo y al pago de favores que recuerda las peores prácticas de los “oscuros años” de los gobiernos del PRI y del PAN.

Qué dirán en fin quienes creen que de veras en este país se acabó la corrupción. Válgame.

La pugna sobre el trabajo docente

El centro de la reforma al artículo 3º de la Constitución vuelve a ser el carácter del trabajo docente. Este tema oscurece el debate más general sobre el sistema educativo. Por ello, es preciso concluirlo pronto.

El punto es cómo se organiza el ingreso y la promoción a la carrera magisterial. La reforma de Peña Nieto montó un aparato de inspección, premiación y sanción sobre cada maestro y maestra. No era un sistema para evaluar colectivos y reformar contenidos y métodos, como se dijo, sino de reestructuración administrativa para aplicar una típica receta neoliberal basada en la competencia individual, con el máximo esfuerzo, para obtener mayor utilidad.

La nueva reforma que se procesa en el Congreso postula que el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros y directivos se base en procesos de selección marcados por la ley sin que éstos se encuentren vinculados a la permanencia de los maestros y maestras en el empleo. Es decir, que la legislación no sea punitiva ni el sistema sea vertical.

La cuestión consiste entonces en que los sindicatos no podrían proponer candidatos a ingresar a la docencia o a desempeñar puestos de dirección y de supervisión. Se crearía, por tanto, un derecho académico-profesional, paralelo a los derechos laborales. Desde luego que va a existir un cruce conflictivo entre ambos derechos, como ocurre en las universidades autónomas, pero no es aceptable seguir con la gremialización de la academia, mucho menos cuando predomina un sindicalismo corrompido.

Las instituciones de enseñanza superior no han estado a salvo de burocracias académicas que administran el ingreso y la definitividad de profesores e investigadores, pero al menos no se advierte un comercio de plazas como el que se produjo en el sistema educativo básico.

Crear una nueva ley para definir las instancias y procedimientos de ingreso, promoción y reconocimiento alcanzaría justificación plena sólo si se incorpora la participación de los maestros y maestras, es decir, si se construye un sistema democrático y horizontal. Como instancia burocrática, al estilo de la reforma de Peña Nieto, la carrera docente estaría destinada a ser de nuevo totalmente instrumental, sin relación sustantiva con el proceso educativo visto en su conjunto.

La CNTE tiene razón en temer que con una nueva ley se siga sin incorporar al magisterio en los diversos procesos de selección. No hay, por el momento, manera de convencer a esa organización sindical, o a cualquier otra, que se trata de lograr que los educadores como tales vayan reasumiendo la función propiamente educativa y propiciar que los sindicatos ejerzan bien su carácter de organizaciones democráticas de defensa laboral.

En otras palabras, no es aceptable que una burocracia política controle el sistema de ingreso y promoción, pero tampoco se puede consentir que los líderes sindicales –la otra burocracia— sigan gremializando el sistema educativo nacional.

¿Quién es la mafia en el poder?

La cena entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Jared Kushner en casa de Bernardo Gómez, principal directivo de la empresa Televisa, desentona en más de un sentido con la narrativa general del discurso sostenido durante años por el mandatario. 

Sólo el transcurso del tiempo y las consecuencias de la cena del miércoles pasado permitirán a la opinión pública conocer los motivos de tan peculiar encuentro. Sin embargo, ninguno de los dos pueblos, ni el mexicano ni el estadunidense, se merecen el estilo opaco, tan característico de Trump, que hasta hoy le ha permitido vociferar con hiel en contra de México y los mexicanos, al tiempo que manda a su yerno para que unte miel sobre las heridas de nuestras espaldas. 

Pero no sólo la cita con Kushner llamó a la sorpresa, sino también el sitio donde el encuentro se llevó a cabo. El jefe del Estado mexicano y el yerno del presidente Trump no cenaron en el Palacio Nacional, sino en casa de un particular nada común ni corriente: Bernardo Gómez es el vicepresidente más poderoso de la empresa televisora con mayor audiencia de habla hispana en los dos países. 

Cuando al día siguiente se preguntó al presidente López Obrador sobre este exclusivo evento, el mandatario respondió sin dudar que Gómez es un amigo de ambos –suyo y de Kushner– y que todo mundo tiene derecho a cenar en casa de sus amigos. 

En los corrillos de la política ya era noticia que Andrés Manuel López Obrador tenía una relación privilegiada con varios empresarios muy importantes del país, entre los que se encontraban los dueños y directivos de Televisa.

Sin embargo, en esta ocasión el presidente utilizó la palabra “amigo” para referirse a su anfitrión, y esa expresión hace evolucionar el vínculo entre ambos: potencia el privilegio porque la relación no sólo abarca el terreno de los intereses políticos mutuos, sino que involucra también las emociones íntimas.

En política es tan difícil seleccionar a los adversarios como a los aliados, pero aún en ese escabroso oficio es prerrogativa del ser humano elegir a los amigos. 

La noticia de la cena en casa de Bernardo Gómez no pudo pasar desapercibida porque tuvo a Kushner entre los comensales, pero también porque a partir de ella se reveló información que no era del todo conocida: Andrés Manuel López Obrador, el hombre cuya trayectoria política de muchos años se construyó, entre otros argumentos, como una oposición frontal a la mafia del poder, tiene como amigo a uno de los personajes que podrían haberse supuesto como integrantes de ese selecto grupo. 

Quizá el equívoco no fue de quien habló sino de quienes atendimos el mensaje. La realidad obliga a redefinir el concepto de mafia en el poder: acaso únicamente la constituyen los críticos o los detractores del presidente; los demás que hayan abusado del privilegio –siempre y cuando participen de la reconciliación– no sólo merecen beneficiarse de la amnistía, sino también de la amistad presidencial.

Crónica de una extinción anunciada

No hay más. Tenemos que alzar la voz por quienes no la tienen y la vaquita marina, esta carismática especie de la que cada día quedan menos ejemplares, (quizá no más de diez). Sin embargo, para la sociedad mexicana el tema parece ser menor. Debería pedirse a gritos acciones urgentes, concretas, contundentes para salvarla.

La administración federal pasada tuvo intentos fallidos -y tardíos- para evitar la inminente extinción de la vaquita y la población siguió en declive. Bajó hasta en un 85 por ciento revelando el fracaso de la autoridad para acabar con la pesca descontrolada e ilícita de la totoaba en el Alto Golfo de California, así como de los intentos por llevar a los ejemplares de vaquita a su crianza en cautiverio.

Hablando de la nueva administración, ya se rebasaron los primeros 100 días de gobierno de trabajo de Andrés Manuel López Obrador y no vemos acciones ni tiempos concretos que apunten a que éste será el sexenio en que la vaquita  marina sea salvada. De hecho ya se encontró en recientes días una vaquita más muerta.

Una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador fue destinar los recursos y tomar las medidas necesarias para acabar de una vez con la impunidad que se vive en la zona donde vive la vaquita. Hoy lo exhortamos a cumplir.

Ante la publicación del onceavo informe del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita marina (CIRVA) donde se indica que queda un número de 10 ejemplares de vaquita marina, las organizaciones Centro para la Diversidad Biológica, Conservación de Mamíferos Marinos de México y Greenpeace México, hemos señalado  la urgencia de tomar medidas efectivas para impedir la extinción del cetáceo más pequeño del mundo de las aguas mexicanas, de las cuales es endémico.

Los planes hasta ahora planteados por el Gobierno federal son difusos.

No se trata de descubrir el hilo negro, el CIRVA ha planteado las medidas indispensables: establecer inmediatamente una zona de cero tolerancia para cualquier tipo de embarcación en la zona donde se ha registrado la distribución de las últimas vaquitas de acuerdo al reporte científico, y que las autoridades pesqueras finalmente cumplan con las promesas de generar una pesca que no interactúe con la vaquita,  asimismo reforzar la necesidad de reconversión económica en el corto plazo para las poblaciones de pescadores y pescadoras  del Alto Golfo de California.

Hacemos un llamado urgente al Gobierno mexicano, si lo repetimos, urgente, para acabar realmente con la pesca ilegal  de la totoaba y apoyar los programas que la sociedad civil ha emprendido para recuperar redes fantasmas abandonadas en el hábitat de la vaquita, el desarrollo urgente de actividades económicas alternas para los pescadores así como de establecer un programa concreto que impida que la vaquita marina se extinga en el corto plazo, tal como lo señala el CIRVA.

Es ahora,  o la vaquita, pronto se habrá extinguido.

Colosio, ¿qué cambió el 23 de marzo?

Un cuarto de siglo es un montón de tiempo y nada. Para los que somos mayores de 40 fue un momento histórico, nos acordamos perfecto dónde estábamos, cómo nos enteramos, cómo reaccionamos en el momento que asesinaron al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Nos parece que fue ayer. Parece que no ha pasado tanto tiempo.

Para los jóvenes es un evento lejano, histórico también, pero en otro sentido, algo empolvado ya en la memoria del México que fue, del que platican sus padres y abuelos. Otro tiempo con olor a naftalina.

Aquel 23 de marzo en Lomas Taurinas, un barrio pauperizado de Tijuana, no solo murió el candidato del partido hegemónico, el sucesor designado por el Presidente con mayor poder en la historia reciente de México, Carlos Salinas, murió también una parte importante del PRI y muchas de sus prácticas, las buenas y la malas. Aquel día murió el dedazo, el símbolo más importante del poder omnímodo del Presidente y comenzó el camino franco de la transición a la democracia.

¿Qué hubiese pasado si Colosio no hubiera sido asesinado?, ¿habría ganado la elección o se habría tenido que imponer por la vía del fraude?, ¿habría hecho las reformas democráticas de Zedillo o hubiese intentado prolongar la permanencia del PRI en el poder? Cada quién puede imaginar la respuesta que quiera, recrear su historia de una manera distinta, lo cierto es que el país no volvió jamás a ser el mismo porque aquel asesinato, junto con el del cardenal Juan Jesús Posadas en Guadalajara diez meses antes, y el de Ruiz Massieu, en la ciudad de México nueve meses después, son también el inicio de una era de violencia y de conformación de grupos de crimen organizado cuyos efectos padecemos hasta el día de hoy.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue el símbolo de la muerte de un sistema político que nunca terminamos de enterrar. Ernesto Zedillo, convencido de que el priismo como partido hegemónico había llegado a un punto de no retorno, reconoció que su elección había sido legal pero no justa, que los partidos de oposición competían en condiciones de desventaja y dio paso a la gran reforma electoral que crea el IFE ciudadanizado.

Nuestra democracia nació con mártires y mucha buena voluntad, pero sin demócratas. Las consecuencias de ello las hemos visto y padecido a los largo de los últimos 18 años: partidos alejados de los intereses de sus representados y una clase política inmersa en la cultura política del cochupo, el tráfico de intereses y la corrupción, todo eso que creíamos haber matado con el priismo del siglo XX pero que siguió ahí.

Un cuarto de siglo es un montón de tiempo y nada, sobre todo cuando se trata de construir una democracia. El asesinato en Lomas Taurinas cambió la historia, pero no nos cambió a los mexicanos.

Los obstáculos de la alimentación

La alimentación, desde la perspectiva de la sustentabilidad social y como concepto sociocultural, resulta ser una serie de procesos complejos que van más allá de cumplir funciones meramente fisiológicas. Dentro de estos procesos, la alimentación también desempeña funciones sociales, ya que es central para la reproducción social y la identidad colectiva (Gracia, 2009).

Si bien es cierto que, se han usado en los últimos años distintos conceptos para referirnos a varias maneras de cómo alimentarnos, por ejemplo, tenemos el concepto de seguridad alimentaria, el cual se nos dijo que se da “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico permanentemente a alimentos seguros, nutritivos y en calidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable” (Conferencia Mundial de la Alimentación, 1974, reestructurado, FAO, 2009), en realidad aquí no se precisa de dónde provienen los alimentos o las condiciones en las que se producen y distribuyen dichos alimentos, una condición de la sustentabilidad.

A pesar de los numerosos esfuerzos por erradicar el hambre del planeta, las cifras oficiales (FAO; FIDA; OMS; PMA y UNICEF, 2017), refieren que, durante el año 2016, el número de personas subnutridas aumentó hasta los 815 millones y, en el caso particular de América Latina, el panorama no resulta muy diferente ya que, alrededor de 42,5 millones de personas, no tienen acceso a la cantidad suficiente de alimentos que aportan una buena alimentación (FAO y OPS, 2017). Entonces, ¿qué se necesita para una buena alimentación?, apostaría, en este sentido, por una soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria surgió en respuesta al término “seguridad alimentaria” que formaba parte del discurso institucional de diversos gobiernos y ONGs al tratar sobre alimentación y agricultura. De acuerdo a la Vía Campesina (2018), “la soberanía alimentaria es una propuesta que consiste en un cambio sistemático, donde las personas tienen el control directo y democrático de los elementos más importantes de su sociedad sobre cómo comemos y nos alimentamos, cómo usamos y mantenemos la tierra, el agua y otros recursos en nuestro entorno para beneficio de las generaciones actuales y futuras y cómo interactuamos con los demás grupos, personas y culturas”. Las y los autores refieren que la soberanía alimentaria da lugar al debate necesario sobre poder, libertad, democracia, igualdad, justicia, sostenibilidad y cultura, fomentando una visión más integral de todo el proceso de la alimentación, entendido este proceso a partir de 7 categorías, según Mennel, las cuales son: 1) la producción, transformación y almacenamiento, 2) el aprovisionamiento y compras, 3) el almacenaje y conservación, 4) la preparación y cocinado, 5) el servicio-lavado-recogida de utensilios, 6) el reciclaje de sobras y horticultura, y 7) los préstamos e intercambios o trueques.

Es importante aumentar y comprender los estudios que vinculen todas estas categorías como un proceso alimentario y desde una perspectiva de género (quién participa y cómo), así como añadiendo la importancia del uso del tiempo y con una perspectiva de desarrollo sustentable, en donde se complejicen y articulen las desigualdades para focalizar la política pública de manera diferenciada por sectores regionales y poblaciones. Un enfoque de desarrollo que no sea inclusivo y equitativo con la diversidad, no se puede concebir como desarrollo y bienestar; es necesario realizar estudios que incorporen e interrelacionen las esferas sociales, económicas y ambientales que impactan en una alimentación saludable y de calidad, accesible a su población, socialmente justa en todo el proceso alimentario y ambientalmente responsable con el medio ambiente del que se abastece.

Liberales con piel conservadora

1. Una de sus propuestas en la toma de posesión fue la creación de una Constitución Moral, paralela a la Constitución Política, que norme el comportamiento de servidores públicos y de los buenos ciudadanos. Para ser un buen ciudadano ya no basta con cumplir la ley hay además que cumplir preceptos morales que en su momento dictará una comisión de notables, que no expertos porque no es lo mismo, aunque en la práctica de igual.

2. En tanto la comisión decide el contenido de dicha Constitución sacamos del cajón de los recuerdos la Cartilla Moral de Alfonso Reyes para moralizar al pueblo, para, cito “hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad”. En su presentación el Presidente dice que “la decadencia que hemos padecido por años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y satisfactores básico, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales”.

3. Cuando de anunciaron la cancelación de las instancias infantiles, el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa dijo que con el dinero que se iba a entregar directamente a las madres se puede ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá mejor, a los niños que las propias estancias infantiles” en una visión no sólo idílica sino tradicional de las familias. Esta medida ha generado más rechazo que análisis, en virtud de que trabaja con un sector sumamente vulnerable.

4. En su comparecencia ante el Senado, dos de las tres candidatas propuestas por el Presidente, Celia Maya y Yasmín Esquivel asumieron posturas absolutamente conservadores respecto al matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la interrupción del embarazo. Los senadores de Morena, que se asume como un partido progresista en sus estatutos, votaron y cabildearon los votos por Yasmín Esquivel y no por la candidata de perfil más liberal, Loretta Ortiz.

5. Cuando en una mañanera le preguntaron al Presidente López Obrador cuál era su posición sobre la interrupción del embarazo se sacó el bulto y dijo que lo importante era la corrupción.

6. El miércoles pasado, según reporta El Financiero, el Presidente organizó una reunión entre líderes evangélicos y miembros de su gabinete. De un lado estaban los representantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas-Evangélicas, mejor conocida como Confraternice y del otro lado el propio Presidente, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ,y cinco funcionarios más de diversas dependencias. De acuerdo con la versión de los propios líderes evangélicos en la reunión se pidió que se les autorice participar en medios y puedan ser permisionarios de estaciones de radio y televisión y el Presidente le pidió a la Secretaria que revisara la ley.

Conclusión: No puedo estar más de acuerdo con el Presidente López Obrador: qué peligrosos son esos conservadores disfrazados de liberales.

Acceso a la justicia, pendiente crítico

La lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres ha ido rindiendo frutos. No obstante, las condiciones de desigualdad que las afectan hacen patente la necesidad de seguir visibilizando las problemáticas y de trabajar de forma conjunta el Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y academia, para ir cerrando las brechas.

El acceso a la justicia es un derecho humano que permite, a su vez, el pleno ejercicio del resto de los derechos. De igual forma, es un elemento fundamental del Estado de Derecho y de la buena gobernanza, y su garantía reduce la impunidad y la corrupción. El derecho de acceso a la justicia ha sido reconocido por diversos instrumentos internacionales, por la mayoría de las constituciones de los países y su violación ha sido objeto de observaciones de distintos comités de derechos humanos, así como de sentencias de cortes internacionales y regionales.

Como en el caso de la mayoría de los derechos, las mujeres no ejercen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres. Además de las deficiencias de los sistemas de procuración e impartición de justicia que viven todas las personas en general, las mujeres sufren discriminación por el hecho de ser mujeres y deben hacer frente a obstáculos tales como estereotipos negativos de las y los operadores de justicia, leyes discriminatorias, así como discriminaciones múltiples, por el hecho de ser indígenas, rurales, lesbianas, entre otras. Ello refuerza la discriminación estructural que pesa sobre las mujeres e impide que, cuando sus derechos son violados, puedan ser restituidas y reparadas adecuadamente.

En 2017, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), lo que se conoce como “la cifra negra”, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa y carpeta de investigación, fue de 93.2 por ciento a nivel nacional. Asimismo, los principales motivos que llevan a las personas a no denunciar son atribuibles a la autoridad, pues 34.2 por ciento lo considera una pérdida de tiempo y 16.5 por ciento dice no tener confianza en las autoridades.

Todo lo anterior implica, además, que tanto las autoridades de procuración como de impartición de justicia realicen sus labores con perspectiva de género; es decir, que valoren los impactos diferenciados que tienen las normas en hombres y en mujeres, debido a los roles de género socialmente impuestos, que identifiquen las relaciones asimétricas de poder y que velen porque no se perpetúe la desigualdad.

Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres debe ser prioritario no solo porque es una obligación del Estado, sino porque es una forma de combatir la impunidad y la corrupción. Cuando no se persiguen, enjuician y sancionan los delitos, se reducen los incentivos para no cometerlos.

Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se centra en los sistemas de protección social, acceso a servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Que sea esta una oportunidad para refrendar y profundizar los compromisos en materia de los servicios de acceso a la justicia, para establecer una paz duradera y construir una sociedad más próspera.

La Corte y la ministra Rioboó

La Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) parece sumada a la llamada Cuarta Transformación. El presidente de la República ha logrado desplazar a los jueces federales de carrera, a los que tanto ha criticado durante años, y ahora el reto es que el máximo tribunal no regrese a la cercanía con el Ejecutivo.

La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra, a pesar de haber incurrido en un probado conflicto de interés como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se suma a otros dos movimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para incidir en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El primero fue la designación como ministro de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien arribó al tribunal constitucional del país desde la academia después de una carrera por los tribunales de la Ciudad de México. Incluso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital en los primeros años del gobierno local de López Obrador.

Pero llegó con una primera encomienda: apoyar al ministro Arturo Zaldívar para quedarse con la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El competidor era el ministro Alberto Pérez Dayán, quien mantiene en suspenso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante los alegatos de vicios constitucionales cometidos por el Congreso. Se trata de la justificación legal de uno de los objetivos de López Obrador: que nadie gane más de los 108 mil pesos que se fijo a sí mismo.

En sus casi tres meses como representante del PJF, el ministro Zaldívar ha estado muy lejos de la imagen que durante diez años construyó como promotor de la autonomía e independencia de los jueces, además de defensor de los derechos humanos ante los actos de poder, en casos como la Guardería ABC y el de Florence Cassez.

Su primer acto de Estado como ministro presidente fue el 5 de febrero, en el 102 aniversario de la Constitución. Su discurso estuvo a años luz de lo que ha defendido en el pleno de la Corte y en la Primera Sala, que también llegó a presidir. Alineó su discurso al del Ejecutivo. Como lo mandan los tiempos políticos, le pidió a los jueces aplicar un “nuevo paradigma”: el del “constitucionalismo social”.

Antes, tuvo un acto que no fue público, pero que demostró su interés por no incomodar al presidente: la destitución de Janine Otárola como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de que ésta avalara el triunfo del PAN en las elecciones de Puebla, en beneficio de Martha Ericka Alonso, muerta diez días después en un accidente aéreo.

Como el que calla otorga, el ministro Zaldívar aceptó que López Obrador dijera claramente que la Presidencia de la República había intervenido para cambiar un proyecto de resolución y evitar de esa manera la devolución de 35 mil millones de pesos a exaccionistas del Grupo Modelo. López Obrador no perdió la oportunidad para irse contra los jueces federales.

Aquel silencio se rompió por el escándalo que provocó la magistrada de Jalisco Claudia Mavel Curiel López al pasar a sus homólogos el mensaje del presidente de la Corte de no criticar a López Obrador, so pena de ser sometidos a procedimientos administrativos.

La llegada de Esquivel Mossa, esposa del contratista de López Obrador, José María Riobóo, suma al ambiente de sospecha de una peligrosa cercanía con el Palacio Nacional.