El “memo” de AMLO
Hasta para un espacio dedicado al análisis de la realidad judicial en torno a la garantía de los derechos humanos, existen sucesos que irrumpen de tal manera que no parece aconsejable que pasen desapercibidos, menos si incendian los cimientos del orden constitucional. La instrucción presidencial de dejar sin efectos las medidas derivadas de la aplicación de la reforma educativa, a pesar de que puedan desatenderse obligaciones constitucionales o legales, es uno de aquéllos.
La gran mayoría de los comentarios que he conocido en torno al tema se enfocan más en el problema que en el contexto jurídico que lo hace posible. Asumir que el Presidente de la República carece de un equipo que lo asesore en cuestiones constitucionales y legales, sería arriesgado. Quizá sea verdad que no escuche consejos, pero también cabe la posibilidad de que una acción como ésta sea el resultado de un estudio fríamente calculado de nuestro sistema de justicia vigente.
El hecho de que el titular del Ejecutivo federal invite a denunciar en tribunales su memorándum no me parece una ocurrencia, sino el resultado de una decisión que confía en que los precedentes judiciales le favorecen –aparte de lo que en clave política le pueda significar–. Así que tratando de simplificar este asunto, más que preguntarme si un acontecimiento como éste subvierte el “Estado de Derecho”, prefiero enfocarme en pensar si contamos con el derecho y la vía para defenderlo.
Primero, debo señalar que de los cauces constitucionales con los que contamos, casi todos se han diseñado de modo que las personas comunes carezcamos de legitimación para accionarlos, para iniciarlos. Contra el memorándum no procede la acción de inconstitucionalidad porque no se trata de una ley, así que a la oposición que lo dispute le queda presentar una controversia constitucional, lo cual se antoja complicado porque no controla el Congreso, y al no hacerlo, no hay manera para pretender que se declare inválido ese memo, con efectos generales.
Entonces nos queda el amparo, ese medio que tendría que ser sencillo y accesible para todo mundo y que, siendo el recurso judicial por excelencia para la defensa de nuestros derechos humanos, debería permitirnos cuestionar todos los actos de autoridad, todos, sin excepciones. El problema es que los precedentes judiciales no están de nuestro lado, e intuyo que el Presidente lo sabe. No solo lo sabe, sino que además sabe que un abrupto cambio de criterio también favorece su agenda.
Si algún juzgado de amparo nos sorprende estos días con la noticia de la admisión de una demanda de amparo y luego con el dictado de una orden de suspensión, sería sencillo “politizar” sus determinaciones. Si los juzgados, los tribunales o la Suprema Corte alteran de un día para otro sus precedentes gracias a una nueva reflexión, al gobierno le abren la puerta para denunciar el sesgo político de sus fallos. Como ese escenario es todavía peor que el actual, el cambio de criterio no debe ser aislado e inconsistente, sino operar en todos los casos y no solo en éste.
Pues bien, cuando menos dos obstáculos deben superarse para hacer justiciable el memo: que pueda calificarse como una comunicación interna entre instancias de gobierno que no afecta a persona alguna en concreto –por lo cual se tendría que esperar hasta que las dependencias a las que se dirige, hagan u omitan algo que sí ocasione perjuicios jurídicos a alguien en específico–; y que las personas únicamente contemos con un interés simple para cuestionarlo, pero no jurídico ni legítimo, pues aunque en juego se encuentre el Estado de Derecho, la triste realidad judicial es que no podemos defenderlo en abstracto, sin una afectación diferenciada del resto de la población –salvo el camino abierto para las personas jurídicas que pueden combatir lo que afecte su objeto social, como de hecho ocurrió en torno al tema de la educación con el juicio de Aprender Primero, A. C.–.
En este escenario se presenta una gran oportunidad para avanzar al juicio de amparo como medio de garantía de nuestros derechos: el Poder Judicial federal debe a partir de hoy admitir toda demanda que busque defender los derechos e intereses comunes. Si lo hace, muchas cosas podrían transformarse para mejorar.