Categoría: Editorial

AMLO conservador

“Yo vengo de un movimiento liberal”, dijo el 19 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. A sus críticos los descalifica habitualmente como “conservadores” o “neoliberales”, sin hacer distinción entre los términos. Este 21 de marzo estará en Guelatao, Oaxaca, para celebrar el natalicio de Benito Juárez, el liberal icónico de nuestra historia.

López Obrador, sin embargo, no parece entender el liberalismo. Muchas de sus posiciones son abiertamente conservadoras. No debería haber vergüenza en ello, si las posiciones son honestas, pero el régimen busca aparentar un ascendiente liberal del que carece.

El término “liberal” proviene de “libertad”. El liberalismo es la “doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos” (Diccionario, Real Academia Española). López Obrador puede ser progresista, socialdemócrata o socialista por su insistencia en elevar la intervención del Estado en la economía, puede ser nacionalista o proteccionista, como Donald Trump por su afán de construir una economía autosuficiente o puede ser conservador por sus ideas morales y religiosas, pero no tiene nada de liberal. “Lo que López Obrador entiende por juarismo”, según Rafael Rojas, “es más nacionalismo o republicanismo que liberalismo.”

Los liberales del siglo XIX defendían las mismas posiciones que los del siglo XXI. Querían una menor intervención del Estado en la economía, mientras los conservadores buscaban un mayor control. Proponían una mayor competencia económica, cuando los conservadores defendían los monopolios de la corona o del gobierno, predecesores de Pemex y la CFE.

Para los liberales mexicanos del siglo XIX, como para los de hoy, el libre comercio interno y externo era indispensable para construir una sociedad más próspera. El sistema capitalista de Estados Unidos era para ellos el mejor modelo para que México escapara de la pobreza; los conservadores, en cambio, admiraban la Europa monárquica de gobiernos fuertes.

Los liberales se oponían la propiedad colectiva de la tierra. La Ley Lerdo de 1856 desamortizó -privatizó– los bienes de manos muertas, tanto de la Iglesia como de las comunidades indígenas, predecesores del ejido. Para los liberales solo la propiedad privada en un mercado libre podía generar prosperidad. Cuando algunas comunidades indígenas se negaron a la desamortización de sus tierras, Juárez envió tropas para tomar posesión de ellas.

Si la Ley Lerdo eliminó las tierras comunales indígenas, la Ley Juárez de 1855 decretó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La disposición eliminó los fueros militares y clericales, pero también la tutela especial que recibían los indígenas desde la época colonial. Para Juárez era indispensable que los indígenas tuvieran todos los derechos y obligaciones de un ciudadano para competir y prosperar. Los tratos especiales que hoy tienen los indígenas, para la realización de consultas, por ejemplo, serían considerados conservadores por Juárez. Hoy podemos también señalarlos como racistas.

Es loable que un presidente conservador como López Obrador recuerde hoy a un liberal como Juárez. Pero no celebremos nada más el liberalismo en abstracto. Defendamos las ideas liberales.

“La honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado” no se lograba con sueldos bajos. Juárez ganaba como presidente tres mil pesos de aquel tiempo. Con la sexta parte de su sueldo mensual, 500 pesos, pudo comprar una carroza descapotable con un tronco de mulas (José Manuel Villalpando). Ningún presidente reciente podría haber adquirido un auto con la sexta parte de su ingreso mensual.

Empático

La tragedia ha vuelto a tocar a México. La misma que lo toca todos los días y que destruye la vida de familias enteras. El fin de semana pasado Minatitlán y Comalcalco se sumaron a la lista de nombres del dolor, la muerte y la desolación que inició en México en 2006, con la llamada guerra contra el narco. Y ante la tragedia, el líder social que finalmente llegó a la Presidencia parece indiferente, a la defensiva, sin empatía.

Los más acérrimos críticos de López Obrador hoy recuerdan al líder social que criticó a Felipe Calderón por haberle dado “un golpe al avispero a lo menso” o al candidato presidencial que criticaba a Enrique Peña Nieto por superficial o por “no dejar la pantomima y atender las calamidades del país”. Y tienen razón. Se llama tener buena memoria. Hoy el Presidente parece repetir los errores de sus dos antecesores. Mimetizarse incluso.

López Obrador tiene toda la razón cuando señala -palabras más, palabras menos- que recibió una herencia, que había un gobierno que era facilitador de la corrupción. El Presidente no se equivoca. México tiene una fruta podrida en el tema de la inseguridad y arreglar este problema llevará años, incluso hasta generaciones. Sin embargo, el primer trimestre del año ya registra 8 mil 493 muertes violentas, que sumadas a las 2 mil 842 de diciembre pasado, acumulan 11 mil 335. El arranque del sexenio es de los más violentos ya en la historia de México y el Presidente no está reconociendo esto, por el contrario, se pone los guantes y a la defensiva minimiza cualquier señalamiento, cualquier cuestionamiento. Tiene otras cifras.

Sin embargo, hay notables diferencias con el pasado. Veracruz es hoy uno de los estados más violentos del país y lejos de ausentarse, el Presidente ha estado ahí ya en 4 ocasiones y regresará este viernes por quinta ocasión e irá precisamente a Minatitlán. En contraste, Felipe Calderón estaba en Japón cuando 18 estudiantes fueron masacrados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero del 2010. El entonces Presidente no acortó su viaje y aún más: dijo que los asesinados eran integrantes de pandillas, revictimizando y lanzando hipótesis falsas desde el púlpito presidencial. Calderón enfrentó varias tragedias similares y nunca estuvo a la altura. Por su lado, Enrique Peña Nieto minimizó la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, primero encargando el caso a las autoridades estatales y después ofreciendo una mentira histórica, que terminó por dilapidar la legitimidad de su mandato.

López Obrador se ve molesto, poco empático. El problema principal de los poco más de 4 meses de su Presidencia es una estrategia de comunicación basada en “La comunicación soy yo”. El Presidente comunica todos los días, usa datos de memoria, a veces bien, mayoritariamente mal. No parece dejarse asesorar, no utiliza a su gabinete como muro de contención. AMLO explica, detalla, pontifica, da clases, se enoja, señala, acusa y se defiende todos los días. El modelo de comunicación lo está haciendo caer en una cadena de errores que inevitablemente irá afectando su altísima popularidad.

A muchos de quienes votamos por él nos hubiera gustado escuchar a un Presidente más empático con las familias de Minatitlán, darles el pésame, en lugar de señalar con enojo lo que ya es obvio para quienes vivimos en México. Que el país está hecho un tiradero, que la corrupción y la impunidad de los sexenios de Calderón y Peña dejaron un peor país del que recibieron. Muchos de los que votamos por AMLO no necesitamos esos recordatorios, tampoco promesas imposibles de que en seis meses se revertirán las cosas. Necesitamos que el Presidente esté a la altura, que regrese el líder social empático, que sea el Presidente que politice y polemice, pero al mismo tiempo el que una al país y que entienda que ya no tiene necesidad de defender su proyecto, éste ganó hace casi 10 meses.

Agua de La Laguna

En su mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de La Laguna, esa comarca compartida por Coahuila y Durango que se ha convertido en ejemplar centro de producción ganadera y lechera pese a su aridez. Si bien el mandatario reconoció el “esfuerzo de los empresarios” laguneros, y los “muchos beneficios” que su trabajo ha traído, advirtió: “Pero ya no se puede seguir creciendo en La Laguna con cuencas lecheras, porque para producir la leche se requiere de la alfalfa y se requiere de mucha agua y no hay agua suficiente en La Laguna”.

Para evitar el problema, el presidente propone una mayor planificación: “Por eso se requiere también de la planeación. Esa es una diferencia con el modelo neoliberal. Para ellos el mercado es lo predominante, la rentabilidad. Cuando se tiene un estado democrático, se tiene que buscar que haya una planeación racional, que haya un desarrollo sustentable”.

Quienes conocen la historia de La Laguna saben que la razón del desarrollo de esa región, una de las más prósperas del país, es precisamente la falta de agua y de otros recursos naturales. La aridez hizo que las tierras no fueran tan codiciadas como en el sur del país, lo cual promovió la inversión productiva, el trabajo intenso y la unión de los productores. La comarca lagunera es no solo el lugar de origen del Grupo Lala y de Carnes La Laguna, sino de Soriana, Quesos Chilchota y muchas otras empresas.

         Cuando los políticos dicen que quieren una planificación “racional”, hay que ponerse a temblar. Las inversiones ganaderas se hicieron en La Laguna y no en Tabasco o Chiapas, bendecidos por una gran abundancia de agua, precisamente por la intervención de los políticos en estas entidades. La fragmentación de la tierra en el sureste debido al ejido y la falta de derechos de propiedad, producto de la idea de que había que proteger a los ejidatarios de sus propias decisiones, solo llevaron las inversiones a lugares donde la mano de los planificadores no era tan pesada. Si el gobierno decide hoy imponer su “planeación racional” a La Laguna y restringe la inversión pecuaria con el pretexto de que es una zona árida, causará un enorme daño, pero sin generar una mayor producción en el sureste.

         El mercado que cuestiona el mandatario es la clave para promover un mayor desarrollo. Si el agua (que en México es propiedad de la nación y no de los dueños de la tierra como en Estados Unidos) se cobrara a un precio de mercado, los ganaderos de La Laguna y de otras zonas áridas del norte considerarían lugares con mayor abundancia de líquido. Para invertir en el sur, sin embargo, tendría que haber tierras para comprar y certeza jurídica en las transacciones, que no hay.

         Si López Obrador fuera realmente un liberal como pregona, debería promover las soluciones de mercado de los liberales. Benito Juárez y sus correligionarios del siglo XIX entendieron la importancia de acabar con los bienes de manos muertas, como los ejidos, para impulsar la propiedad privada y la inversión. La Laguna es un ejemplo de cómo una comarca puede sobreponerse a condiciones adversas gracias a la libertad de mercado. Si el gobierno pretende limitar el desarrollo de La Laguna por decreto, sin crear condiciones para una mayor inversión en otros lugares, estará simplemente condenando al país a una mayor miseria.

AMLO, ¿reconstructor?

López Obrador está obsesionado con pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Su obsesión es tal que en su narrativa vivimos la “Cuarta Transformación”, un periodo de la historia comparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución, un Presidente que llegó a destruir un viejo régimen y a reconstruir la Nación y hacia allá se encamina, aunque fácilmente podría perder el rumbo.

En los sistemas presidenciales, como el mexicano o el estadounidense, los presidentes son los agentes de cambio más importantes dentro del sistema político. Evidentemente hay muchos otros, tales como guerras, cambios demográficos, movimientos sociales, grupos de interés, el Congreso, las cortes, etcétera. Sin embargo, los presidentes son una fuente persistente de transformación. Por esto, el politólogo Stephen Skowronek propone estudiar las políticas que impulsan los presidentes para clasificarlos dentro de 4 tipos de liderazgos: el de la política de la articulación, la política de la reconstrucción, la de la disyunción y la política de la anticipación.

El “político de la reconstrucción” es aquel que tiene la oportunidad de repudiar una era pasada y de transformar una nueva y la tiene gracias a una legitimidad ganada en las urnas. Es decir, los presidentes que caen en esta categoría conjuntan el binomio de poder y autoridad, mismos que le permiten sacudir un sistema o alterar el orden de las cosas como nunca. En esta categoría entra López Obrador, como el de un Presidente que reniega del pasado inmediato, que tiene detrás más de 30 millones de votos y una diferencia de 30 puntos con respecto a su rival más cercano, es decir, su Presidencia inicia con poder y con autoridad.

Un Presidente así tiene la enorme oportunidad de transformar al país. Sin embargo, Vicente Fox también empezó como un Presidente de la reconstrucción, pero dejó pasar la oportunidad de su triunfo y convirtió su estilo de reconstrucción a uno de preservación del statu quo. Fox no transformó, terminó reafirmando el orden previo al inmiscuirse en la contienda, al traicionar el ideal que lo llevó a sacar al PRI de Los Pinos. Su estilo de liderazgo y su Presidencia fracasaron.

La revocación de mandato, la Guardia Nacional, una nueva relación entre Estado y sociedad civil, el abandono de los símbolos del poder del presidencialismo mexicano, la comunicación diaria, la politización del debate público y las consultas ciudadanas marcan el arranque del sexenio, para bien y para mal. De un lado, los críticos de siempre del lopezobradorismo anuncian regresiones, la erosión de la democracia y vaticinan los más pesimistas escenarios para el país, mientras que del lado contrario, los más fervientes simpatizantes aplauden todo, cambian sus propias posturas para ajustarlas a la realidad. Y en medio de ambos polos, quienes aún creemos que es demasiado pronto para evaluar lo que está ocurriendo.

Desde el pasado 2 de julio Peña Nieto empezó a desempeñar un nuevo papel: el de la irrelevancia después de 6 años de su performance como Presidente. AMLO empezó a trazar el rumbo de su Presidencia de reconstrucción y aceleró el ritmo a partir de que asumió el poder el 1o. de diciembre. A la fecha hay varios errores, pero hay aciertos que si se profundizan dejarían el legado de una Presidencia transformadora.

Una buena ley de consultas populares, la revocación de mandato, la comunicación diaria como una obligación del Presidente en turno y no como una cuestión de voluntad, el derrumbe de los simbolismos del poder presidencial y la politización de un sector de la sociedad que antes no solía estarlo son parte de la construcción de una democracia participativa y si en esto profundiza bien el sexenio, AMLO sí habrá dejado una Presidencia de la reconstrucción. 100 días son insuficientes, pero sí marcan un inicio.

4T anticlimática

Para el 2100 la Tierra ser· inhabitable en gran parte de su extensión. La meta de una elevación máxima de la temperatura en los 2 grados, acordada por el Tratado de París, no se lograr y hay quienes piensan que la elevación mínima ser de 3 grados, causando daños irreversibles. Hoy quemamos 80% más carbón que en el año 2000 y para el 2050 haber más plástico que peces en los mares. México ya sufre desertificación, huracanes, lluvias torrenciales y pese a ello, el gobierno de López Obrador no tiene conciencia ecológica.

Los elementos del caos ya son visibles. Por ello, el periodista David Wallace-Wells, editor de la revista New York, acaba de publicar La Tierra inhabitable. La vida después del calentamiento global, un libro cuya lectura provoca ansiedad por el diagnóstico que realiza. Hambre, inundaciones, incendios, huracanes, crisis económicas, más de 200 millones de desplazados medioambientales para el 2050, plagas, falta de agua, las peores pesadillas son presentadas en este libro que busca alarmar a sus lectores. Vivimos una era de aniquilación en masa de distintas especies, más de 2/3 de insectos han desaparecido debido al calentamiento global, más de la mitad de los arrecifes del mundo están en vías de extinción y México podría hacer la diferencia.

Sin embargo, nada en el arranque de la 4T nos dice que haya una política ambiental pensada, articulada y estratégica. Por el contrario, el Tren Maya aún no da a conocer su proyecto ejecutivo, con los estudios de impacto medioambiental y las medidas de mitigación. El tren podría generar un ecocidio en la zona, devastar la Riviera Maya, atraer a millones más de turistas con un impacto ambiental negativo para la biodiversidad de la zona.

Lo mismo ocurre con el plan energético de AMLO. La apuesta por los hidrocarburos, los subsidios a la gasolina, la condonación de la tenencia, la compra de carbón para la CFE, avalada por una comisión del Senado presidida por el empresario carbonero Armando Guadiana, la construcción de nuevas refinerías y la suspensión de subastas para compra a largo plazo de energía eléctrica producida por fuentes renovables. La 4T no tiene perspectiva medioambiental y si la tiene no se nota, no la están comunicando o no es una prioridad.

Muchos se preguntan dónde está la oposición al gobierno lopezobradorista. Los políticos profesionales están ocupados en la sobrevivencia de sus plataformas. Las personas defensoras de derechos humanos que apoyaron el proyecto electoral de AMLO aún están (estamos) tímidas en las críticas y en las advertencias porque ha pasado muy poco tiempo. Sin embargo, en la comunidad artística puede encontrarse un buen ejercicio.

La suspensión de convocatorias de fomentos a la creación y de becas movilizó a la comunidad artística y obligó a las autoridades de cultura al diálogo. De este podría tejerse una nueva relación entre autoridades y creadores y lo mismo podría hacerse con defensores y expertos en el medio ambiente con las autoridades encargadas. Hasta ahora los proyectos de infraestructura y energéticos no han sido consultados con organizaciones medioambientales.

El libro de Wallace-Wells sentencia que detener el desastre del planeta necesita de cambios personales, pero especialmente de voluntad política. Dejar de consumir tanta carne y lácteos, reciclar, separar basura, pero también invertir mucho más en la transición energética, del uso de fósiles a renovables, más impuestos a la emisión de dióxido de carbono en las industrias, todo eso que la 4T no tiene en el radar.

Si AMLO no corrige pronto, la oposición debería articularse desde la agenda verde. Está· más que probado que la devastación medioambiental la sufren más las personas de escasos recursos. El Brasil de Bolsonaro ser· responsable de emitir más gigatoneladas de dióxido de carbono que China para el 2030. AMLO y México no deben estar del mismo lado que Bolsonaro y Trump en este tema. (Agencia Reforma)

Razones de AMLO contra la prensa fifí

Fue muy costoso políticamente para AMLO echar para atrás el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que llevaba ya un 30 por ciento de avance, a cambio de una propuesta (Santa Lucía) que parecía resultado más de un capricho que de una investigación financiera, ambiental y aeronáutica profunda.

Sobre lo de Santa Lucía sigo teniendo dudas, pero la información que este viernes escuchamos sobre las tripas del NAIM, le dan la razón al Presidente. Los responsables del proyecto, ahora lo sabemos, ocultaron el verdadero costo (que habría ascendido a 17 mil millones de dólares en lugar de 13 mil, sólo para la primera etapa que ampliaba por muy poco la capacidad del actual aeropuerto), carecían de una solución para financiar esa ampliación de presupuesto, ofrecieron contratos leoninos a favor de diseñadores y constructores con cargo al erario. El abuso, la desmesura, el ocultamiento doloso y el castigo a las finanzas públicas fue sistemático y de proporciones mayúsculas. Al Gobierno de AMLO le costó 3 mil millones de dólares recomprar bonos en manos de tenedores y resolver o disolver más de 500 contratos, pero a pesar de este costo se salvó de cargar con una inversión adicional de casi 20 mil millones de dólares que habría costado el proyecto, más todas las obras de acceso y servicios públicos que no se habían contemplado.

Y aquí permítaseme un paréntesis. También hemos criticado la obsesión de López Obrador con lo que él llama la prensa fifí y en particular su aversión al diario Reforma. Nos parece injusto y muy poco presidenciable, por decir lo menos. Un jefe de Estado tendría que tener la piel más dura y dejar de subir al ring a quienes le critican. Pero también habría que tomar registro del sesgo de muchos medios, que le dieron escasa importancia a las explosivas revelaciones que deja el reporte sobre el NAIM. Durante meses la cancelación del nuevo aeropuerto ocupó titulares y ríos de tinta en columnas y notas de prensa; la decisión de AMLO fue ridiculizada y desacreditada en todos los tonos posibles. Hoy que el dato duro muestra de manera contundente que el NAIM era insostenible técnica y financieramente, es decir, que el Presidente tenía razón, la noticia fue minimizada por muchos de estos medios.

Algo similar sucede con la guerra en contra del huachicol. Los errores y las precipitaciones cometidas, el desabasto momentáneo, las pérdidas en vidas humanas fueron exhibidas ad nauseam, y no podía ser de otra manera. Trastocó la vida de muchos ciudadanos. Pero el reporte sobre los primeros resultados de esta campaña también merecía una difusión infinitamente mayor de la que tuvieron a bien concederle los medios. En noviembre pasado se robaban 81 mil barriles diarios de combustible, en marzo el promedio por día descendió a 8 mil barriles y en lo que va de abril a 4 mil. El huachicol está lejos de haber sido derrotado, pero a juzgar por los resultados constituiría la primera gran victoria en muchos años de un Gobierno mexicano en contra del crimen organizado. El tema, sin embargo, apenas ha merecido menciones marginales en la mayoría de los medios de comunicación.

Está claro que el Gobierno de López Obrador se encuentra en una complicada curva de aprendizaje. Hay claroscuros a todo lo largo de estos primeros cinco meses. Aciertos que sus seguidores convierten en motivo de adoración y desaciertos que sus detractores usan para exacerbar el odio y la descalificación. La prensa profesional, los columnistas, los líderes de opinión, tendríamos que actuar en beneficio de un espacio público más sano, en el cual se cuestionen los errores y se registren los logros. Si a AMLO le va mal, le irá mal a todo el país porque no debemos olvidar que le quedan 5 años y medio a este sexenio. No se trata de aplaudirle incondicionalmente, pero tampoco de descarrilarlo. Hacerle hoyos a la lancha y hundirnos sólo para demostrar que la embarcación no era navegable resulta absurdo.

Protejamos la Tierra, el planeta azul

La alta mar forma un vasto patrimonio mundial que cubre el 61 por ciento del área del océano y el 73 por ciento de su volumen. Abarca un sorprendente 43 por ciento de la superficie de la Tierra y ocupa el 70 por ciento de su espacio vital, incluyendo tierra y mar. Estas aguas internacionales albergan una impresionante riqueza de vida marina y de ecosistemas, y, en virtud de su enorme extensión, son esenciales para el funcionamiento saludable del planeta. La vida marina que habita este mundo es el motor de la bomba biológica del océano: captura el carbono en la superficie y lo almacena a gran profundidad. Sin este servicio esencial, nuestra atmósfera contendría un 50 por ciento más de dióxido de carbono y la temperatura del planeta sería tan alta que se volvería inhabitable.

Lamentablemente, a pesar de su importancia para nuestra supervivencia, al estar fuera de las fronteras de nuestro mundo terrestre estas áreas están fuera de la jurisdicción nacional. En tierra, se han trazado la mayoría de las fronteras y los actos de las personas y las naciones han sido regulados por ley. Pero más allá del alcance del control nacional, la última frontera del mundo (la alta mar y las profundidades del océano) sigue siendo un lugar donde unas leyes débiles y una mala gobernanza han permitido que el saqueo continúe casi sin control.

Actualmente unas cuantas naciones ricas explotan la vida marina con fines de lucro bajo la libertad otorgada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, esa misma convención conlleva deberes que se han ignorado en gran medida, como conservar los recursos marinos vivos y proteger y preservar el medio ambiente, incluidos los ecosistemas y hábitats raros o frágiles.

La vida marina en alta mar y en las profundidades oceánicas ha sufrido como consecuencia de la negligencia de la administración unida a la oportunidad y a la codicia.

Muchas de las especies más icónicas -como los albatros, las tortugas o los tiburones- han sufrido dramáticas disminuciones en sus poblaciones en el espacio de unas pocas décadas. Hábitats como los arrecifes de coral de aguas frías o los campos de esponjas, en ocasiones de siglos de antigüedad, han sido destruidos por los equipos de pesca pesados que se arrastran a lo largo de los fondos marinos. Incluso han disminuido poblaciones de especies que deberían haber estado bajo una administración estricta, lo que destaca el fracaso de las organizaciones encargadas de supervisar su explotación para cumplir incluso con este mandato limitado.

Por ejemplo, la población de atún rojo del Pacífico se ha desplomado a menos del 3 por ciento de su abundancia histórica según señala un reporte de la comunidad científica que -con base a esta realidad- recomienda proteger al menos el 30 por ciento de nuestros océanos para antes del 2030.

El valor de las reservas marinas totalmente protegidas (los santuarios marinos) como herramienta clave para proteger hábitats y especies, reconstruir la biodiversidad oceánica, ayudar a los ecosistemas oceánicos a recuperarse y mantener los servicios ecosistémicos vitales, se reconoce ampliamente y se refleja explícitamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 14 y en la Meta de Aichi número 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de la CDB 2011 – 2020.

Estamos a tiempo, lo necesitamos, porque sin la mar, sin su equilibrio, sin sus servicios, la Tierra no podría existir y nosotros como humanidad, tampoco.

Un año después: Meade, los millones y el silencio oficial

Al cumplirse un año desde la publicación de un reportaje que abordaba la desaparición de miles de millones de pesos destinados a población indígena que no existe, José Antonio Meade Kuribreña, decidió responder a través de su cuenta de Twitter, que sólo se trató de una confusión.

La desaparición de 12 mil 645 millones de pesos, producto de una ampliación presupuestal a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, cuando Meade Kuribreña era titular de la dependencia cayó mal en todos los frentes cuando en abril de 2018 se publicaron los pormenores de las denuncias que, dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, se hicieron por hechos que hasta ahora no tienen una explicación oficial.

Fue en la edición 2164 del semanario Proceso, publicada el 21 de abril de 2018, cuando el caso de los 12 mil 645 millones se dio a conocer, con llamado de portada, verificación de datos en los presupuestos públicos, los documentos emitidos en el seno de la secretaría de Gobernación en los que se acusaba el desvío y una entrevista con el autor de los oficios, Jaime Martínez Veloz.

El escándalo debía ser mayúsculo, pues superaba en cuantía a uno de los escándalos más sonoros del sexenio peñanietista, identificado por la Auditoría Superior de la Federación y que adoptó forma periodística en el reportaje conocido como “La Estafa Maestra”, un exhaustivo proceso de verificación y rastreo de historias detrás de los fríos números, publicado en Animal Político unos seis meses antes, que identificó el desfalco de 7 mil 670 millones de pesos.

Indiferencia. El 22 de abril de 2018, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales pero el asunto no fue abordado por ninguno de los participantes. López Obrador, para entonces ya sin increpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y Ricardo Anaya, enfrascado en atender las imputaciones que se le hacían por lavado de dinero y concentrado en conseguir una alianza con el PRI, simplemente callaron.

En el trabajo de Proceso, se expuso que las anomalías fueron reportadas por Jaime Martínez Veloz al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; también al presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Vitalicio Cándido Coheto, así como al presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Charbel Estefan Chidiac. Finalmente, acudió a la Auditoría Superior de la Federación con sus denuncias, pero de ninguna instancia, dijo, obtuvo respuesta. Entonces renunció al cargo de Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

El pasado 23 de abril, José Antonio Meade respondió al menos ocho veces a usuarios de Twitter que le cuestionan sobre el asunto con un mismo mensaje:

“En la nota se confunde un reporte transversal sobre atención a comunidades indígenas con el presupuesto aprobado y ejercido. No hubo ni incremento ni desvió, solamente la confusión, seguramente sin mala intención, de dos fuentes que contenían información diferente (sic)”.

Los trabajos periodísticos tienen por objetivo hacer público lo que a la sociedad compete y, en efecto, tener esa intención no es malo. Aquí el punto es que la explicación de Meade no sólo es tardía, sino insuficiente. Pero es aun peor que la secretaría de la Función Pública, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, como en el momento electoral de 2018 cuando se publicó la pieza periodística, se mantengan en silencio sobre la desaparición de los recursos y la invención de millones de personas en los padrones gubernamentales.

Cuautla y Minatitlán: la esperanza y la realidad

La llamada Semana Santa, festividad superior de la cristiandad –tan arraigada en México que es período vacacional–, se vio perturbada esta vez por dos hechos de violencia que, como en los sexenios pasados, quedan como marca dolorosa en el primer semestre de la administración.

Primero, fue el ataque registrado el 13 de abril en la exhacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos, con saldo de cinco muertos y una decena de lesionados; y luego, el de Minatitlán, el viernes 19 de abril, con saldo de 13 muertos.

Los dos ataques tienen por común denominador la muerte de civiles y, dolorosamente de cuatro niños –tres en el caso de Cuautla, un bebé en el ataque de Minatitlán–, reflejo de una barbarie que invade este país y plaga los relatos periodísticos –no por fifís ni conservadores sino porque son los hechos– desde hace al menos 12 años.

Ya sabemos cómo es que llegamos aquí, cómo fue que el fracaso en todas las estrategias gubernamentales mantuvo el horror, realidad persistente que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional y que en buena medida motivó la esperanza en una propuesta diferente, en una oferta de gobierno distinta.

Es la esperanza que mantienen millones de personas por ver concretarse aquello que se dijo ampliamente en el discurso derechohumanista respecto a atender las causas profundas, generadas por la desigualdad; en la definición política de un presidente que asume la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos de manera personalísima y, en la conciencia generalizada de que el imperio del terror sólo es posible como resultado de la complicidad de agentes del Estado en su instauración.

Y como se sabe y fue ese pasado reciente lo que motivó el voto, lo que incomoda es que sea tan indispensable para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el recordarlo llevando al terreno del diferendo político la falta de eficacia de las fuerzas del Estado (por decir lo menos) hoy, cuando lo que ocurre, y precisamente por asumirlo de manera personalísima, de él depende.

Cierto es que el problema de la violencia viene de antes y cambiar las cosas, tarda. Pero los hechos ahí están, no son producto de lo que el mandatario caricaturiza en lo “fifí”, “conservador” y cosa de “adversarios”, aun cuando estos puedan usar –dicho sea de paso, legítimamente—esos hechos en su narrativa opositora, su ejercicio crítico y en ejercicio de su libre opinión.

Remitir a los adversarios frente a hechos de sangre, es llama maniobra evasiva o, para usar esta jerga a la que es tan afecto el mandatario, un lavado de manos a lo Poncio Pilatos, para justificar uno de los primeros fracasos de la remilitarización que vino con su sexenio.

Hay que recordar que, aun sin formalizar la Guardia Nacional, el despliegue militar fue medida autorizada en el ámbito legislativo por el que inclusive el mandatario reclamó cuando los diputados eliminaron un artículo transitorio de la reforma constitucional al efecto, y que terminaría subsanándose a su gusto en el Senado. Y hay que recordar también que uno de los despliegues enormes de personal militar fue precisamente a Minatitlán desde el pasado enero.

Y, por supuesto, está la indolencia hacia las víctimas (que, por cierto, no es la primera vez que se nota), ya que preocupado por su condición política, suele dejarlas en segundo plano y hasta borrarlas de sus expresiones tornándose líder inhumano, incapaz de una palabra al menos por los niños asesinados antes que por “los sepulcros blanqueados”.

Hasta ahora su narrativa ha funcionado para millones que mantienen la esperanza en un cambio, pero no por eso es acertada. La esperanza, en este caso por la seguridad, se estrella tarde o temprano con la realidad abominable, de la que el gobierno, lo encabece quien sea, es ineluctablemente responsable.

El memorándum de AMLO: De la forma al fondo

El presidente ha firmado un documento insólito: un memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como “inconstitucional” por varios opositores y algunos críticos. Un exministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.

Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: “he dado instrucciones para…”, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?

El memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.

Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.

El memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los “aviadores”, centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.

El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.

Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.

Si esos “especialistas” escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cuál es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.

Si en lugar de memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.

Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. “Reservar instancia”, se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.

Otros han dicho que el memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?

Gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.