Categoría: Editorial

El peligro del microplástico

Las microperlas son un tipo de microplástico con función específica para fregar o exfoliar. En cosmética, “microplástico” se refiere a todos los tipos de pequeñas partículas de plástico (menores a 5 mm) que se agregan intencionalmente a cosméticos y productos de cuidado personal. A menudo se usan como agentes emulsionantes o simplemente como rellenos baratos.

Las microperlas se fabrican cada vez  más con el fin de reemplazar los materiales exfoliantes naturales (como la piedra pómez, la avena y las cáscaras de nuez) para su uso en cosméticos como los limpiadores, pastas dentales y exfoliantes abrasivos.

Específicamente, se pueden encontrar microperlas en algunos productos como la pasta de dientes, protector solar, exfoliantes faciales, gel de baño, cosméticos como base y rubor, y otros productos para el cuidado de la piel. Para saber si hay microperlas en los productos, se debe buscar alguno de los siguientes ingredientes: Polietileno (PE) Tereftalato de polietileno (PET) Nylon (PA), Polipropileno (PP) Polimetilmetacrilato (PMMA). La lista es más extensa, sin embargo estos son los más comunes.

Una vez en el agua, las microperlas pueden tener un efecto perjudicial en la vida marina, el medio ambiente y la salud humana. Esto se debe a su composición, capacidad de absorber toxinas y potencial para transferirlas la cadena alimentaria marina. Allí, los peces, las tortugas y otros animales acuáticos se alimentan de pequeños trozos de plástico, que a menudo no se pueden distinguir de los alimentos.

A diferencia del caso de las bolsas de plástico y popotes, ha habido intervenciones limitadas para reducir las microperlas, sin embargo también ha habido un reciente interés de implementar políticas para reducir su uso. La mayoría de estas políticas públicas se relacionan con la prohibición de la venta de productos cosméticos que contengan microperlas.

El apoyo público para prohibir las microperlas está creciendo y ha impulsado la acción de empresas multinacionales, ONGs y políticos responsables. Por ejemplo, Unilever, The Body Shop, IKEA, Target Corporation, L’Oreal, Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Johnson & Johnson de alguna forma han reconocido el problema de las microperlas en sus productos de cuidado personal, y muchas ONGs de más de 30 países están trabajando o ayudando a aprobar medidas legislativas para prohibir los productos de cuidado personal con microperlas.

En México, podría ser posible esta prohibición a través de una modificación a la Ley General de Salud, por ello desde el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México lo estamos impulsando. Si son las mismas grandes marcas que ya no distribuyen en los países en los que han prohibido la venta de cosméticos con microplásticos, ¿por qué no podrían hacerlo en México? No deben tener un doble estándar y los legisladores deben modificar nuestras leyes para hacer esto posible, si no queremos seguir inundando nuestros océanos de plástico.

Los vuelos de Santa Lucía

Por tercera vez en lo que va su mandato el Presidente echó a volar el aeropuerto de Santa Lucía, la obra más emblemática de su sexenio no por lo que significa en términos de inversión, sino porque es la que le permite confrontar permanentemente el pasado corrupto frente al futuro austero y republicano.

El proyecto de Santa Lucía libró las suspensiones -después de una manifestación de fuerza del Presidente que uso al Ministro Zaldívar para mandar el mensaje de lo que le pasa a los que se oponen- lo que no ha librado son los problemas propios de un aeropuerto, esto es, desde las manifestaciones de impacto ambiental, los de viabilidad aeronáutica y los problemas sociales que causa una obra de este tamaño en la que siempre hay afectados, en este caso no solo las comunidades vecinas sino los militares avecindados en la base de Santa Lucía.

Poner primeras piedras es uno de los deportes favoritos de los políticos. Es un acto de voluntad, una manifestación de poder al decir “hágase” y que las máquinas obedezcan y en ese momento comiencen a trabajar, aunque en muchas ocasiones no hagan sino mover tierra de un lado para otro, como es el caso del pretendido aeropuerto pues no hay proyecto ejecutivo, por lo tanto, tampoco hay permisos, ergo no está listado es el banco de obras de Hacienda y por conclusión no tiene presupuesto. Lo que hay en el proyecto de presupuesto 2020 -que por supuesto puede ser modificado- es dinero para los estudios y el proyecto ejecutivo. El Presidente insiste en que el aeropuerto estará funcionando en 2021 lo cual no solo es improbable sino indeseable: una obra de ese tamaño no puede construirse bien, con proyectos ejecutivos y arquitectónicos bien hechos, en tan poco tiempo.

Pero ninguna opinión, ni la de López Obrador, ni la de la Secretaría de la Defensa, ni la del amigo contratista José María Riobóo, es tan importante como la de los expertos en aeronáutica quienes deberán no solo opinar sino dictaminar sobre la viabilidad de operar simultáneamente los aeropuertos de Ciudad de México y de Santa Lucía y con qué condiciones. Mientras ese estudio no esté terminado los demás es especulación.

En lo que eso sucede, Santa Lucía seguirá siendo el símbolo de la batalla del Presidente contra los conservadores, contra los corruptos, los fifís (incluida por supuesto la prensa fifí) y contra el dispendio gubernamental. Paradójicamente, si sigue por la ruta en la que va, donde lo político se antepone a lo técnico y la voluntad del poderoso a lo lógico, Santa Lucía podría terminar convirtiéndose en el gran símbolo del despilfarro de este sexenio, en el aterrizaje forzoso de un Gobierno que no le gusta volar con instrumentos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ha decidido gastar más dinero de los contribuyentes. Pronto se va a mudar a un nuevo edificio por que el que va a pagar cerca de mil millones de pesos de renta en los próximos cinco años.

Jueces, magistrados y personal del Tribunal tendrán su nueva sede en la Torre Patriotismo, un edificio recién levantado en el número 230 de esa avenida, en la colonia San Pedro de Los Pinos.

El beneficiado de la mudanza será el Grupo Constructor Rouz, que garantizó ya la utilización de su inmueble hasta el 2024.

Tras el sismo de 2017, el TSJCDMX había arrendado dos inmuebles para desalojar edificios que ocupaba y quedaron dañados. La gestión del entonces presidente Álvaro Augusto Pérez rentó los edificios de Calzada de la Viga 1174, en la colonia El Triunfo, en la alcaldía de Iztapalapa, y el de Avenida Juárez 104, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La administración de su sucesor, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ha decidido acabar de forma anticipada esos contratos para ocupar la Torre Patriotismo, que tiene 23 pisos, área comercial y 8 niveles subterráneos para casi 900 vehículos.

El cambio incrementará en 60 por ciento lo que el Tribunal paga al año por arrendar aquellos inmuebles. Si ahora la renta no llega a los nueve millones de pesos, con la torre será de 14 millones 500 mil pesos al mes. En cinco años, el pago será de 870 millones.

El TSJCDMX argumenta que se trata de un buen precio porque según un dictamen de avalúo, la renta máxima de la torre es de 19 millones 400 mil pesos al mes. El costo del arendamiento incluirá la adecuación de los espacios a lo que pida el Tribunal, el equipo y mobiliario de oficina y el mantenimiento durante un año.

El organismo que preside el magistrado Guerra Álvarez habrá de pagar una penalización por terminar de manera anticipada los contratos de arrendamiento, así como los costos de la mudanza.

El traslado fue autorizado el 21 de mayo pasado por el pleno del Consejo de la Judicatura de la CDMX, que preside el propio Guerra Álvarez, como parte del Proyecto de Reordenamiento Inmobiliario, propuesto por el Oficial Mayor del Tribunal, Sergio Fontes Granados.

Exdirector jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Xochimilco, Fontes Granados fue acusado, a principios de año, por empleados del tribunal de supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Como parte de la justificación del cambio de edificio, las autoridades del TSJCDMX argumentan que se trata de una “reubicación estratégica” de sus órganos jurisdiccionales y de administración, incluidos los necesarios para los juicios orales. También mencionan la falta de infraestructura e inseguridad en el caso del edificio de Iztapalapa.

Hace menos de un mes, el 23 de septiembre, la secretaria general del Consejo de la Judicatura local, Zaira Liliana Jiménez, informó de los planes de cambio a la Dirección General y a la Dirección General Jurídica del Tribunal.

Les comunicó que la mudanza se hará cuando sea aprobada por la propia Dirección General Jurídica, la Contraloría y la Dirección de Protección Civil del Consejo de la Judictaura.

Los detalles del cambio están contenidos en esa comunicación interna a la que tuvo acceso la asociación civil México Justo, a través de la plataforma que tiene para recibir denuncias anónimas.

La asociación, que busca la transparencia del Poder Judicial en el país y es presidida por Juan Carlos Pérez Góngora, considera que los recursos se deberían dedicar a mejorar la labor del TSJCDMX, sobre todo después de que en la evalución del año pasado del World Justice Project sobre el estado de derecho en México, quedó como uno de los organismos jurisdiccionales menos eficientes del país.

¿En qué gastan los ricos?

No pagan impuestos, no invierten lo suficiente, apenas creen en la filantropía. ¿Qué hacen entonces con su dinero? Depende del gusto personal de cada quién. Entre sus preferencias están animales exóticos, colecciones de obras de arte y autos de lujo, pero para los más cosmopolitas no hay mayor privilegio terrenal que los yates y aviones ejecutivos.

En 2014, había cinco mexicanos con cruceros de lujo inaudito. Hoy son nueve.

Con una riqueza neta que Forbes estima en 5.6 mil millones de dólares, María Asunción Aramburuzabala, la segunda mujer más rica de México, es la última debutante en este peculiar club de yates. “Halo”, como se llama su nuevo juguete, tiene un valor aproximado de 60 millones de dólares (mdd). Con capacidad para alojar 12 pasajeros en seis cabinas, más una tripulación de 14 personas, “Halo” mide 57 metros de largo (Superyacht/Fan). Fue fabricado por Feadship en los Países Bajos en un tiempo récord de 33 meses y entregado a su dueña en 2015 (Feadship).

Estos son los otros mexicanos dueños de yates, los nombres de estos y su valor estimado: Carlos Slim Helú, “Ostar”, 40 mdd; Alberto Bailleres, “Mayan Queen”, 200 mdd; Carlos Salinas Pliego, “Azteca”, 80 mdd; Bruce Grossman, “Forever One”, 45 mdd; Alfredo Chedraui Obeso, “Tsumat”, 20 mdd; Javier Sordo Madaleno, “O”, 10 mdd; Salómon Juan Marcos Villarreal, “Tutto le Marrane”, 15 mdd, y Carlos Ancira Elizondo, ”Domani”, 15 mdd. El valor colectivo de los yates es de 485 mdd (Superyacht/Fan). En 2016, Emilio Azcárraga Jean tuvo que bajar el precio de su yate “TV” a 102 mdd para poder venderlo. No hay registro de si el CEO de Televisa lo haya reemplazado por otro.

Si se conocen las identidades de los verdaderos dueños de yates es gracias al trabajo de investigación y resguardo de datos del sitio Superyacht/Fan. Dar con ellos no es tarea fácil ya que los yates están registrados a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales. “Halo”, de Aramburuzabala, por ejemplo, nominalmente pertenece a Athena Limited, de las Islas Caimán; “Azteca”, de Salinas Pliego, a Okris Limited, en las Islas Marshall; “Ostar”, de Carlos Slim, a Bilmore Management, en las Islas Vírgenes Británicas, y “Forever One”, de Bruce Grossman, está registrado por SeaHawk Yachts, también en las Islas Caimán.

Seis de los dueños de yates también vuelan en jets privados. Slim es dueño de un jet ejecutivo Gulfstream G550 (valor estimado 65 mdd); Aramburuzabala de un Bombardear Challenger 350; Bailleres tiene un Gulfstream G650; Salinas Pliego un Gulfstream G-V; Chedraui viaja en un Gulfstream G450 (Superyacht/Fan). Los Gulfstream (entre más alto la numeración del modelo mayor su potencia, comodidad y precio) son de fabricación estadounidense, con capacidad hasta de 19 pasajeros.

Aramburuzabala (Grupo Modelo/Tresalia Capital) Slim Helú (América Móvil, Inbursa, Inversora Carso), Salinas Pliego (Banco Azteca) y Grupo Televisa de Azcárraga, aparecen en la lista de personas físicas y morales a las que el SAT condonó- perdón definitivo del pago de impuestos–y canceló adeudos fiscales por un monto de hasta 567 millones 861 mil 423 pesos. (SinEmbargo, 02/10/2019). Si bien la condonación de impuestos técnicamente no es ilegal, sí es inmoral y ofensiva.
En un país donde la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, no extraña que los súper ricos escondan sus extraordinarios lujos materiales para no hacer visualmente más evidente la inequidad económica y social.

Fonden, el negocio del desastre

La primera semana de septiembre, la depresión tropical Fernand dejó severos daños en el noreste mexicano y, el caso de Nuevo León, fue especialmente llamativo por las consecuencias del meteoro, pero principalmente por las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Un día después de que las lluvias cesaron, el político expriista, que se ha promocionado como El Bronco en sus diferentes aventuras políticas, proclamaba que los daños ascendían a 7 mil 500 millones de pesos y que esa sería la cantidad que solicitaría al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Las lluvias por “Fernand” se registraron entre el 3 y el 5 de septiembre, pero el cálculo de 7 mil 500 millones estaba listo para la noche del viernes, una cuantificación de daños realizada aun con lluvias aisladas pero suficiente para que el mandatario estatal expusiera la mañana del 7 de septiembre que esa era la cifra que necesitaba. Sobra decirlo, nadie podría cuantificar un desastre natural en 24 horas.

El Fonden se convirtió, como mucho en la administración pública, en una caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la secretaría de Gobernación para usar el Fonden que, por sus características, está sujeto a pocos controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la  Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo.

Se trata más que de una sospecha de corrupción identificada desde hace tiempo, basta googlear las palabras Fonden-despensas-bodega, para que numerosas notas periodísticas aparezcan dando cuenta de casos en los que los apoyos para desastres fueron almacenados con presuntos fines electorales.

Esa es apenas la primera parte, se trata de aquello que tiene que ver con la atención inmediata a damnificados por un desastre natural: despensas, colchonetas, cobijas, alimentación. Las reglas de operación son mañosas, pues se establecen parámetros que sólo puede cumplir algún proveedor que, por tratarse de adjudicaciones directas en atención a una emergencia, quedaban a discrecionalidad de los servidores públicos de la federación y la entidad de que se trataba.

Además, está aquello que tiene qué ver con la atención inmediata, como reparar caminos vitales o abastos de agua. Otra vez la discrecionalidad. Y, finalmente, sigue la reconstrucción que implica obra y como se sabe, donde hay obra, sobra.

Por el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó 26 mil millones de un total de 33 mil millones que ejerció el Fonden. Al revisar la forma en que se ejercieron los recursos, en un año en el que además de los desastres por inundación se registraron los terribles sismos del 7 y el 19 de septiembre, resultó que había 7 mil 567 millones de pesos que se ejercieron de manera injustificada.

Aun peor. La ASF concluyó que la forma en que se entregaban subsidios y apoyos para la atención de desastres naturales, era ineficaz, ineficiente y costosa y alertó sobre eventuales casos de corrupción; ausencia de reglas claras y un diseño institucional débil.

Aunque hasta ahora la normatividad es la misma, un dato llamó la atención en la conferencia de prensa matutina del lunes 14 de octubre. El coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, expuso primero que se han otorgado 34 declaratorias de emergencia y 16 por desastre, un total de 50 declaratorias, en contraste con las 112 de 2018.

Esas declaratorias han significado una erogación por 793 millones de pesos durante 2019, en contraste con los 42 mil millones de 2017 y los 14 mil millones de 2018.

El instrumento implica disciplina para no declarar desastre cuando no lo es ni asignar recursos que no corresponde a los daños, como parece ser el caso de lo solicitado por Rodríguez Calderón que, en el censo de verdad que se está realizando, Protección Civil-Fonden han cuantificado daños por 360 millones de pesos, esto es 20 veces menos de lo pedido por El Bronco.

Aunque el resultado de lo realizado en la actual administración es encomiable, hacen falta reglas más claras, una reforma que haga confiables los procedimientos y evite el robadero de otros momentos a costa de los damnificados. Un asunto de certeza. Y, naturalmente, faltan procesos de investigación exhaustivos para que aquellos que hicieron negocio con los desastres naturales –asunto este que ofende como pocos—no siga quedando impune.

Trump, creado y derrotado por su personaje de lucha libre

Hace unas semanas, Heather Levi, autora de quizá la obra académica más importante sobre la lucha libre, habló en un coloquio sobre lucha libre y políticas populistas, centrándose en el caso de Donald Trump. Esa intervención despertó una serie de inquietudes que desarrollo en este texto, utilizando en varios pasajes argumentos de la antropóloga estadunidense.

Para empezar, Donald Trump ha participado en el negocio de la lucha libre de su país, al involucrarse lucrativamente en la organización de algunos Wrestlermania. Pero el hecho más significativo de esta relación es una serie de intervenciones que tuvo en la World Wrestling Entertainment (WWE), en 2007. Trump protagonizó el “Combate de millonarios” contra el dueño de la WWE, Vince McMahon. Cada uno de ellos apadrinaba a un luchador, quienes pelearon por rapar al magnate del bando opuesto. Se dice que el ahora presidente participó en la trama, añadiendo agresiones directas a McMahon, y también el mismo Trump recibió un castigo en el ring por parte de un luchador. En esta escenificación de pressing catch, como también se le llama a la lucha libre en EUA, Trump representaba al empresario noble que cuidaba a sus empleados, el técnico, y McMahon al patrón explotador, el rudo. Al final, como normalmente pasa, ganó el técnico y el dueño de la WWE perdió la cabellera en pleno cuadrilátero.

A diferencia de la lucha libre mexicana, la de EUA se ha preciado por un desarrollo más marcado del catch, del circo, de la escenificación; lo cual aprendió muy bien Trump o bien empató a la perfección con su personalidad. En su campaña presidencial, Trump utilizó todos los elementos del pressing catch como estrategia política. Para empezar, asumió el rol del rudo, descontento con las reglas establecidas, como una forma de causar empatía con los millones de estadunidenses que estaban cansados del “sistema” o se sentían hartos de él. Tal vez, en verdad eran beneficiarios del american way of life, pero Trump, con sus gestos excesivos, explotados hasta el paroxismo de su significación, los hizo sentir inconformes igual que él.

Hillary Clinton y los Demócratas nunca entendieron qué hacía Trump, ellos esperaban una contienda electoral, pero el magnate estaba jugando con otros símbolos, desarrollaba un discurso diferente para los políticos tradicionales. Con esta incógnita trascurrieron las semanas, Clinton nunca se subió al ring y perdió la contienda de manera estrepitosa. El show man lo había logrado. Enfrew, un luchador de aquel país, un día declaró: “Si el público reacciona de la forma que quiero, entonces sé que lo he hecho bien”.

Eso hizo Trump, jugó su rol de luchador, les sacó a millones de estadunidenses el rudo que llevan dentro, sus pasiones ocultas, las inmoralidades de la media nacional, ya sea por medio de la xenofobia, del racismo, el chauvinismo, la misógina o el machismo. Lo peor de cada estadunidense salió a votar. Tal como lo señala Barthes: “Los luchadores, hombres de gran experiencia, saben dirigir perfectamente los episodios espontáneos del combate hacia la imagen que el público se forma de los grandes temas maravillosos de su mitología.”

La venganza como motor

Una de las frases favoritas del Presidente López Obrador es que él no es rencoroso. Como todo buen político (aunque él odie que lo comparemos con otros) lo que niegan con mayor énfasis en su discurso es lo que están maquinando con mayor ahínco. Andrés Manuel no olvida el 2006; lo tare a colación cada vez que se enoja, cuando lo increpan, cuando le piden cuentas. Hasta ahora ha incapaz de hacer una revisión crítica de aquellos años y reconocer que la derrota tuvo más que ver con sus propios errores en campaña que con el desafuero, que fue en realidad fue el grave error de sus adversarios que al victimizarlo lo pusieron en los cuernos de la luna. Es incapaz de reconocer que el origen del video de las ligas no es el complot de sus adversarios para difundirlo (que sin duda lo hubo) sino la avaricia y falta de ética de sus colaboradores, particularmente del René Bejarano, hoy de regreso al poder gracias a la lealtad presidencial.

Todos los “enemigos” de aquellos años han ido cayendo uno a uno en procesos judiciales selectivos cuando no amañados. La indefendible Rosario Robles está en la cárcel no por porque se le haya probado los desvíos en la “Estafa Maestra” sino por un exceso del “juez sobrino”; A Carlos Humada lo retuvieron solo para recordarle que es persona non grata. Juan Collado y Diego Fernández de Cevallos, dos abogados que estuvieron detrás de la filtración y que ha cruzado el charco chapoteado en el lodazal, han sido acusados más con filtraciones que con pruebas y procesos legales. A Eduardo Medina Mora, en aquellos años director del Cisen que como hemos dicho el error inicial fue empecinamiento de Peña Nieto de hacerlo Ministro de la Corte, lo presionaron con el congelamiento de sus cuentas, las de sus hermanos y de las empresas de todos ellos para forzarlo a la renuncia y una vez consumada le dijeron “disculpe” (Mario Maldonado, “Así ahorcaron a Medina Mora” El Universal 10 de octubre).

Si algo no pude ser la justicia es selectiva. Cuando la inteligencia financiera se usa no para combatir al crimen organizado sino para chantajear enemigos políticos el derrotero es la guillotina de la revolución francesa. Eso no es justicia, es venganza. Venganza vil y vulgar, como la practicaban esos políticos a los que Andrés Manuel dice ser diferente.

El poder envilece, no a fulano o mengano, a tal o cual Presidente, envilece al ser humano y se manifiesta de múltiple maneras, desde la más común que es la incapacidad de escuchar opiniones divergentes hasta las más terrible que es la venganza y más aún convertir a ésta en el alimento del poder, en el motor del Gobierno cuando las cosas no salen bien.

Por ahí no es el cambio.

Nuestra Constitución es clara, las renuncias de quienes integran la Suprema Corte de Justicia únicamente proceden por causas graves. Nada dice su artículo 98 acerca de si esas razones graves deben o no hacerse públicas. Por eso dice mucho de quienes han protagonizado este evento del mes, el modo en que se han comportado. Eduardo Medina Mora calla sus motivos en la carta al presidente en la que le somete su renuncia; Andrés Manuel López Obrador la acepta pero en público especula sobre esos motivos –lo que por lógica transmite el mensaje de que no conoció a ciencia cierta dichas razones–; y el Senado, la aprueba sin más.

Todos los actores involucrados en esta trama pueden pregonar que cumplieron con la ley constitucional, pero su interpretación de la misma les exhibe. Lo pienso así porque quisieron ignorar que entre los mandatos de nuestra Constitución, dos muy importantes para medir el comportamiento de las autoridades tienen que ver con transparentar sus decisiones y que su actuar necesariamente esté motivado y fundado. La opacidad en torno a esa renuncia, violenta ambos derechos humanos.

Si alguien quisiera asumir con seriedad que en este episodio se afecta en algo la independencia judicial, debería de pensar en una acción de litigio para defender la vertiente colectiva de nuestro derecho de acceso a la justicia. Sin duda que sería un juicio de amparo muy digno de atestiguar. Aunque lo más probable es que se encontrara con resistencias dentro del Poder Judicial que encabeza la Corte, y con la determinación de que las decisiones de Medina, del presidente y del Senado, no pueden someterse al control judicial. Esa probabilidad cierra el círculo, porque si fuera lo contrario, el comportamiento de todos los involucrados podría ser diverso.

El problema de fondo es que quienes ejercen poder no suelen actuar teniendo en mente como primer referente y parámetro, el respeto por nuestros derechos humanos. En mi experiencia, son más proclives a justificar su proceder desde la órbita de sus facultades, pero sin asumir las cargas y responsabilidades que conllevan. Por eso hay quien puede tener la ocurrencia de que expresar las razones que podrían haber justificado la causa grave para separarse de la función de ministro de la Suprema Corte, quedaba al arbitrio de Medina Mora. En vez de exigirle cumplir su obligación de transparentar y motivar su decisión, se termina por atribuirle un derecho. Así, tanto una garantía de su puesto, como también dos aspectos fundamentales como la transparencia y rendición de cuentas, se relegan.

Todavía pudiera extenderse la crítica a Medina y sostener que este tipo de visión es consecuente con su carrera pública. A estas alturas, eso ya es intrascendente. Lo preocupante es lo que toca ahora al presidente de la República y al Senado. Nombrar a la persona que ocupe la vacante abierta en la Suprema Corte, como si fuera suya, o respetando que es de la Nación, esa es la disyuntiva. Si quisieran atender la Constitución, tendrían que comportarse de una manera “muy diferente”.

De entrada, deberá integrarse una terna con mujeres exclusivamente, y pase lo que pase, deberá ser una mujer la nueva integrante de la Corte. Cualquier cosa distinta a ello viola la Constitución, si no textualmente, sí en su esencia. El proceso de designación tiene que ser abierto. La Corte le sirve a las personas y colectivos, su función primordial es defenderles de las violaciones a sus derechos humanos. Por eso ya es hora de que se transformen en los hechos los nombramientos para conformarla y por primera vez se elijan a defensoras reales de derechos humanos.

La “seguridad nacional” de la 4T

En plena guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon intentó en 1971 que la Suprema Corte de Estados Unidos declarara como asunto de seguridad nacional los llamados Papeles del Pentágono y detuviera su difusión por parte del New York Times y el Washington Post.

Nixon aseguraba que se trataba de un asunto de seguridad nacional. La Corte le pidió pruebas del daño que se causaría a la integridad de Estados Unidos si se daban a conocer las condiciones que habían llevado a ese país a una guerra que estaba perdiendo.

Nixon no pudo probar ninguna afectación y la Corte hizo prevalecer la Primera Enmienda de la Constitución a favor de la libertad de expresión.

En un voto concurrente, el magistrado Potter Stewart estableció que en asuntos que se pretenden de seguridad nacional por parte del Poder Ejecutivo deben operar los contrapesos.

Aunque en ese caso se trataba de un asunto relacionado con la libertad de expresión, el criterio de los contrapesos al Ejecutivo y la demostración del daño a la seguridad nacional se ha expresado en distintos instrumentos internacionales, como Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, adoptado por Naciones Unidas en 1996.

No basta que El Ejecutivo y las Fuerzas Armadas aleguen que un tema es de seguridad para que lo sea. En México, el Ejército y la Marina se han destacado por clasificar como seguridad nacional asuntos que no lo merecen y que han tenido que combatirse en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en el Poder Judicial.

El renunciado ministro Eduardo Medina Mora, por cierto, cuando fue director del reemplazado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pretendía que la información de seguridad nacional se reservara durante 30 años. Argumentaba que en otros países lo hacían hasta cien años. La ley de Seguridad Nacional estableció 12 años.

El problema es la discrecionalidad de las autoridades para considerar un asunto como de seguridad nacional. Para la Sedena, por ejemplo, el contrato de la ampliación de su estacionamiento es un asunto de esa índole. Los mexicanos, por tanto, no tienen derecho en ese periodo a saber cuánto y cómo se gastó su dinero en ese estacionamiento.

El argumento de “seguridad nacional” fue que el secretario de la Defensa pasa por ahí y por lo tanto no se puede difundir información sobre la obra. Eso ocurrió en el sexenio pasado.

Ahora, el gobierno de la 4T dice que todas las instalaciones militares serán clasificadas como estratégicas para la seguridad nacional. Bajo ese “argumento de peso”, todos los espacios, incluidos, los estacionamientos serán asunto de seguridad nacional. Desde luego, el aeropuerto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que se construya en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

El Ejecutivo ya logró que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocara la suspensión de uno de los amparos que han impedido el inicio de la construcción de esa terminal.

Sin que se conozcan aun los criterios del juez para tomar una decisión judicial por “causas de seguridad nacional” se espera que las otras suspensiones judiciales en contra del aeropuerto también sean revocadas.

El caso inevitablemente llegará en revisión a la Suprema Corte. Minada como está por la renuncia de Medina Mora como ministro y bajo una creciente influencia del Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación difícilmente podrá convertirse en ese contrapeso del gobierno en asuntos donde se invoca al fantasma de la seguridad nacional, que así visto significa todo y nada a la vez.

Si el presidente y sus colaboradores en verdad estuvieran preocupados por la seguridad nacional, estarían concentrados en proteger no solo su componente militar, sino también en generar las condiciones de gobernabilidad democrática y reasumir el control que se ha perdido en amplios territorios del país, entre otros verdaderos apremios.

Interlocutor confiable

Cuando Eduardo Medina Mora fue nombrado Embajador en Washington en 2012, el gobierno de Obama no vaciló en darle el beneplácito. Era un ente conocido. Un interlocutor confiable. Había pasado los exámenes de confianza como Procurador. Fue pionero en la instrumentación de la Iniciativa Mérida asociada a la violencia y precursor del “trasiego vigilado” de armas que degeneró en el operativo criminal Rápido y Furioso. Su designación enviaba el inequívoco mensaje de que pese al cambio discursivo de Peña Nieto la continuidad de la estrategia bélica estaba garantizada.

Como Procurador en 2007 subestimó el poder de los carteles y argumentó que la “pretensión” de algunos grupos criminales de disputar al Estado el monopolio en el uso de la fuerza era sólo en “zonas muy localizadas”. Rechazó tajante considerar la legalización de las drogas y envidió el éxito de Colombia en desarticular carteles

Sobre su escritorio el emblemático “teléfono rojo” que lo conectaba las 24 horas del día a Los Pinos (ahora a Palacio Nacional). Desmintió las declaraciones del jefe de la ATF en Phoenix de que palomeó el “trasiego vigilado” de armas. Defendió su peculiar metamorfosis de Procurador a propagandista de las reformas estructurales peñistas y defensor de los migrantes.

Aseguró nunca haber visto la carpeta delictiva de Esther Gordillo y descartó usar Twitter porque, “mi expresión siempre ha sido institucional”. Pregunté: ¿Es Usted miembro del PAN o del PRI? Respondió: “De ningún partido”. (Poder y Negocios, septiembre 2013). No hubo forma de sacarle más. Me fui con la sensación de que su semblanza de sonrisa fingida escondía una negra conciencia.

Calderón lo mandó a Londres de Embajador en 2010 tras el pleito con García Luna. “No podemos depender de ‘fiscales de hierro’”, dijo en 2008 en un foro del Instituto México, del que fue miembro de la junta de consejeros. En octubre de 2012, cuando aún representaba a Calderón en el Reino Unido, Peña le ofreció la Embajada en Washington durante la visita que hizo como presidente electo a Londres.

En diciembre de 2014, Peña lo mandó llamar de urgencia para hacerle una oferta que no podía rechazar. Dejó plantados a los corresponsales mexicanos a quienes había convocado a despedir el año con un brindis. Renunció a la Embajada considerada la joya de la diplomacia mexicana para contender por la Suprema Corte. Su designación para ministro causó asombro. Se dijo que no tenía el perfil. Ni la trayectoria.

Antes de partir de Washington puso a su esposa enferma de cáncer en la nómina de la Embajada en calidad de “aviadora” para que el gobierno de México siguiera pagando el seguro médico que cubría su costosa terapia. El ministro la visitaba los fines de semana y en los recesos de la Corte. La señora murió en febrero pasado. Fue un abuso de poder que la embajada en manos de un encargado de negocios no se atrevió a denunciar.

Uno de los desplantes más sonados de su paso por las orillas del Potomac fue su inconsecuente recriminación de la industria fílmica de Hollywood por promover estereotipos racistas de los mexicanos. En el Reino Unido, también hizo un papelón al demandar una disculpa pública de un comediante del programa Top Gear de la BBC que tachó a los mexicanos de “flojos e irresponsables”.

El empresario vuelto espía, el espía vuelto policía, el policía vuelto Procurador, el Procurador vuelto Embajador, el Embajador vuelto Ministro, el Ministro vuelto sospechoso. El declive del redactor de mentiras. El máximo poder es la iniciación de la decadencia.