Categoría: Editorial

El etiquetado ideal

El etiquetado frontal de advertencia aprobado en México es parecido al desarrollado en Chile, en Perú y Uruguay, sin embargo, es mejor. Puede decirse que es el mejor. Primero, advierte la alta presencia de azúcares, grasas saturadas, sal/sodio y calorías en los productos, de una forma que se ha probado es comprensible por parte de los grupos más vulnerables, sin importar el nivel educativo. Algo fundamental, este tipo de etiquetado en forma de octágonos negros con letras blancas es muy comprensible para los niños, como se ha probado en todos los países donde se ha implementado (Chile, Perú y Uruguay) o está por implementarse, como en México. Los niños son los que están en mayor riesgo de salud por las proyecciones de obesidad y diabetes que hay para ellos, si no se cambian las condiciones ambientales que llevan al alto consumo de chatarra y bebidas endulzadas. Se estima que uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida, una perspectiva profundamente catastrófica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya nos advirtió que estaremos perdiendo 4 años de nuestra esperanza de vida por la obesidad y 5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Nuestro etiquetado sería mejor que el de Chile, Perú y Uruguay porque incluye una perspectiva de protección especial a los niños. Chile empezó su política sin referencias previas, sin experiencias similares en otros países, con un etiquetado de advertencia nuevo, con un perfil de nutrientes que tuvo que elaborar. En México partimos de la experiencia de Chile, de Perú y del inicio de esta regulación en Uruguay. Algo que ha ocurrido en estos países es que la industria, para no tener o reducir la cantidad de sellos de advertencia en sus productos, en vez de reducir el azúcar, ha reformulado de una forma no saludable, sustituyendo la azúcar por edulcorantes no calóricos.

Otro elemento muy importante en el nuevo etiquetado es la leyenda de advertencia cuando los productos tengan añadida cafeína, señalando que no se recomienda en niños. Esto se aplicará, principalmente, en las bebidas de cola que tienen uno de los mayores consumos del mundo entre los mexicanos y, por lo tanto, representan un muy alto consumo entre los niños, incluso en niños en etapa lactante en algunas regiones del país. Para los niños pequeños el consumo de cafeína no es recomendado porque provoca inquietud, aceleración del ritmo cardiaco, incrementa la tensión arterial y genera dificultad para conciliar el sueño. De hecho, hay un efecto sinérgico en el consumo de cafeína y azúcar, es decir, sus efectos en salud se potencian.

Las grandes corporaciones tienen todos los recursos y la infraestructura para llevar alimentos y bebidas mínimamente procesados a los consumidores, alimentos más saludables. Y en nuestro país tenemos una gran diversidad de alimentos y un potencial enorme para recuperar nuestros mercados locales, favoreciendo a las economías regionales y formas de agricultura sostenibles. Con ello cuidamos la salud, la economía y el planeta.

Océanos y cambio climático

El cambio climático afecta prácticamente a todo contexto natural, social, y económico del planeta. Este concepto se asocia usualmente con temas terrestres, incluidos cuerpos de agua al interior de los continentes. Sin embargo, los océanos tienden a ser rezagados en la agenda temática y mediática, y es por eso que es importante difundir las afectaciones que los océanos experimentan y que tienen implicaciones directas e indirectas para la humanidad.

Son varios los casos. Uno de ellos corresponde a la acidificación, que es la problemática marina que mayor atención recibe en cuanto al cambio climático. Sucede cuando los océanos absorben dióxido de carbono antropogénico – aproximadamente un cuarto del total que se emite –, el cual reacciona con el agua de mar para formar ácido carbónico, reduciendo así el pH del agua. Este proceso tiene consecuencias devastadoras para varios organismos calcificadores, como corales, crustáceos y moluscos.

Por su parte, el incremento en la temperatura de la superficie del mar afecta diversos procesos biológicos de la vida marina, como la producción de huevos y el crecimiento; fomentando la expansión de organismos patógenos que pueden producir brotes de enfermedades en poblaciones marinas locales.

Otra consecuencia es el incremento en el nivel del mar, que es ocasionado por el calentamiento que ocasiona el derretimiento del hielo continental, lo que a su vez expande el volumen de los océanos y reduce su salinidad. En zonas costeras ocasiona inundaciones, erosión y contaminación de reservas de agua dulce por agua salada. Incluso, motivará a la reubicación de ciudades costeras.

La estratificación de los océanos es un proceso natural que ubica diferentes grados de salinidad, densidad y temperatura en capas. Si esta estratificación aumenta debido al cambio climático, hay menos suministro de nutrientes en las profundidades, lo que a su vez resulta en menos productividad biológica. Aunado a esto, existe preocupación por las alteraciones a la circulación termohalina que conecta cuencas y profundidades de todo el mundo, transportando calor en el proceso.

La hipoxia es otra consecuencia del calentamiento antropogénico de los océanos, y refiere a la disminución de oxígeno, afectando la respiración de diversos organismos; aunque este efecto también sucede por la eutrofización resultante del exceso de nutrientes que se vierten a los ríos y que provienen principalmente de actividades humanas.

Además de afectar a los organismos marinos, estas consecuencias también impactan en las cadenas alimenticias. De igual forma, propician cambios fenológicos, como los patrones migratorios y la abundancia de determinadas especies en ciertas épocas del año. Como efecto adicional está el cambio en la distribución de las zonas de pesca, que tiene complicaciones en materia social (mayor tiempo en traslado hacia la reubicación geográfica de bancos de peces y otros animales, y desventajas para pequeños pescadores en el acceso a recursos), económica (por el posible encarecimiento de los productos del mar derivado de escasez y mayor tiempo en traslado), y de seguridad nacional (la reubicación de bancos de peces puede ocasionar conflictos en límites marítimos entre países).

Es así que las afectaciones del cambio climático en los océanos van más allá de consecuencias de índole ambiental, de ahí la importancia de divulgar el tema.

Libertad de expresión, nuevas amenazas

La libertad de expresión ha sido, es y será siempre uno de los derechos que más molesta a los poderosos, sean de izquierda o de derecha, populistas o neoliberales. No es un asunto de colores ni de ideologías, es un tema de poder. Cuando la libertad de expresión se ejerce se convierte en automático en un contra poder, en un límite a los excesos y abusos de quien lo detenta, y eso no le gusta a nadie.

Visto desde los poderosos, y aun suponiendo la buena voluntad de los gobernantes, la libertad de expresión siempre se ejerce en exceso, pues limita la libertad de acción, entorpece la toma de decisiones y merma no sólo la autoestima, que en los políticos suele ser más bien alta, sino la capacidad transformadora de un Gobierno, eso que ellos creen que es mejor para la sociedad o dicho pomposamente “su legado”. Basta ver la diferencia de comportamiento que tienen los políticos con la prensa cuando son candidatos y más aún si son de oposición, que cuando tienen la responsabilidad de gobernar y el poder en sus manos para entender cómo el poder transforma y trastorna.

El caso de Sergio Aguayo, pero sobre todo los de cada uno de los periodistas asesinados en este país, ponen de nuevo sobre la mesa esta relación compleja entre autoridades y periodistas, pero sobre todo los pantanosos y veleidosos límites de la libertad de expresión. En todos los sistemas políticos, en todos los países, existen la leyes y reglamentos que protegen y limitan la libertad de expresión y al mismo tiempo usos, costumbres y normas no escritas que la limitan. Los poderes fácticos y la disfuncionalidad del sistema político establecen, más allá de la ley, los verdaderos alcances de este derecho y las formas socialmente aceptadas de ejercer el periodismo.

Hace no muchos años se decía que en México había libertad de expresión, mientras no tocaras al Presidente, al Ejército y a la virgen de Guadalupe (cuyo manto protector en realidad incluía a toda la curia). Esos y no los establecidos por la Constitución eran los verdaderos límites. La llegada de la democracia los derrumbó. A partir de 1997 lo valiente ya no es atacar al presidente sino defenderlo (Monsiváis dixit); el Ejército dejó de ser intocable, aunque viva intocado, y los asuntos que tienen que ver con abusos o delitos de líderes religiosos se ventilan con bastante naturalidad. Pero aparecieron nuevos poderes fácticos, como el crimen organizado, y surgieron renovados vientos de autoritarismo obligan a poner de nuevo sobre la mesa la relación con el poder. Acoso jurídico, ataques directos desde las tribunas del Presidente o los gobernadores, bombardeos cibernéticos orquestados desde los gobiernos, cuando no atentados orquestados desde el crimen organizado obligan a revisar de nuevo dónde estamos parados como sociedad en este tema.

No hay democracia sin libertad de expresión, es cierto, pero tampoco hay libertad de expresión sin una sociedad que la exija y la respalde.

La Constitución mexicana y la migración

La Constitución mexicana celebra 103 años este 5 de febrero. En definitiva, ha sido reconocida como un parteaguas en el constitucionalismo moderno al recopilar no sólo derechos civiles sino también sociales. A lo largo de ese periodo ha sido objeto de múltiples reformas, 240 hasta el día de hoy, entre las cuales destaca la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, con la cual inició un nuevo paradigma constitucional que centra la protección en la persona y reconoce derechos, no los otorga.

Es importante remarcar que precisamente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cada derecho humano reconocido por la Constitución debe ser leído a la luz del Artículo 1, es decir, sin importar condiciones particulares de las personas, por ejemplo, extranjería o situación migratoria, todas gozan de los derechos reconocidos en la Constitución por el simple hecho de estar en territorio mexicano.

Ahora bien, el Artículo 11 constitucional tutela la libertad de tránsito y el derecho a solicitar asilo, este último derecho fue añadido al texto constitucional en 2011 y posteriormente fue modificado en agosto de 2016 para adoptar su actual redacción. En particular, la libertad de tránsito se traduce en la potestad de las personas, mexicanas y extranjeras, para ingresar, permanecer y salir del territorio mexicano sin sufrir injerencias externas, salvo las establecidas por la autoridad administrativa a través de la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones administrativas -por lo que toca al ámbito migratorio-.

Las injerencias o restricciones a la libertad de tránsito se fundan en la premisa de que ningún derecho es absoluto, por tanto, puede ser restringida siempre que las limitaciones establecidas persigan un fin legítimo, estén establecidas en ley, sean adecuadas, idóneas y proporcionales. En este sentido, la libertad de tránsito se condiciona al previo cumplimiento de los requisitos en materia migratoria, plasmados mediante las facultades de control, verificación y revisión de la autoridad migratoria, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad pública en México.

Aunque las restricciones a la libertad de tránsito responden a una facultad soberana del Estado y se contienen en la legislación migratoria, la política migratoria se ha concentrado en diversificar los actores que pueden restringir la libertad de tránsito y a través de diferentes medidas, constitucionales, pero no aplicadas bajo estándares de derechos humanos.

Finalmente, reiterar que, si bien estas medidas pueden ser frenadas por el Poder Judicial, los beneficios no se extienden a todos los casos y son muy pocas las acciones judiciales promovidas por personas migrantes que logran llegar a la Suprema Corte. Por tanto, una solución generalizada solo puede provenir de la adecuación del marco migratorio a estándares de derechos humanos y de una constante capacitación a las autoridades.

Amnesia colectiva

La modernidad inventó el pasado, lo produjo, al haber moldeado el paisaje del mundo con los instrumentos de la tecnología asentada en las investigaciones científicas para hacer del futuro la tierra prometida. El centro de gravedad fue dominar la velocidad, es decir controlar el tiempo, procesarlo y expandir un mundo material y cultural definido por esa máxima.

La representación del pasado atrapada en sus escenografías de continuo remplazo de los bienes materiales provocó la pérdida de la densidad de su nostalgia y la erosión misma del sentido de la experiencia (inició su paulatino desalojo, su relevo cibernético). La edad biológica (ancianidad) aumentada en esas condiciones acumuló inutilidad sociológica y en las ciudades acomodó y distribuyó en ghettos sus últimos pasajes. El tiempo biológico se convirtió cada vez más en una carga pesada para la economía del instante. La memoria destazada en enfermedades y el aislamiento de la naturaleza distribuyó micro campos de concentración amurallados de soledad y una enmascarada sensiblería. La edad como compleja experiencia de vida se agotó en el mito de la eterna juventud, cuyos orígenes impregnados en el celuloide, se multiplicó en la era digital.

La relación con la naturaleza se modificó sustancialmente y su apropiación fue una elección civilizatoria que ha derivado en nuestro presente. El pasado quedó sometido a su exterioridad. Su espacio, su lugar, se anularon, se perdió ese vínculo que da sustancia al nombre. Su registro en el mejor de los casos quedó entre la intuición y la imaginación, la tradición se vació, un abismo convirtió nuestra civilización en una isla.

La apuesta por el futuro como dominio que es también el oasis en la orfandad de la fugacidad, asumió el territorio de la historia, y la despojó de su esencialidad. La neblina densa de la información se apropió de los horizontes posibles. Nos alejamos de la tierra y nos involucramos con el universo, alcanzar lo inalcanzable en los vastos cielos y descubrir la inmensidad y sus esféricos diseños, sus turbulencias; las espigas de las galaxias incendiadas ante un tiempo cuyas ventanas se remplazan en el código del infinito y trastocan un presente que se pretende continuo.

La trascendencia se convirtió en un experimento cuyos resultados son múltiples, y se anidaron en la realidad virtual que sustituyó todas las literaturas antiguas sobre la eternidad, está dejo de ser una presencia anclada en el misterio para convertirse en una narrativa (de muchas) en la virtualidad que se apropió de la imagen, de la representación, e incluso se asumió como el ámbito de resurrección.

Los cambios profundos en la psique cultural no tienen tiempo alguno de adaptación y entendimiento, se convierten en ajustes individuales y colectivos que precipitan y enseñan esa sensación no solo de agotamiento emocional sino de fatalidad instrumental, aparecemos convertidos en marionetas, ya no de los dioses sino de la vorágine tecnológica que se apropió de los territorios más sutiles y sublimes de nuestro quehacer.

En estas condiciones los relatos de la política (carentes de ritmo) y sus propios contenidos (fracturados) se están vaciando por completo, y los liderazgos aparecen más cercanos a la experiencia del ventrílocuo, quien agita su conducta y carácter intentando perdurar en el vértigo que lo rodea desde el amanecer hasta el anochecer. De ahí que los egos se disparen buscando una presencia donde ya solo queda el destierro.

Libertad para disentir

Como si Humberto Moreira fuera impoluto e impecable. Como si cientos de columnistas no hubieran escrito críticamente sobre sus tropelías, su cinismo, sus abusos. Pero el caso de Aguayo es especial porque nadie como él ha escarbado la dura realidad de Coahuila, la masacre de Allende en la cual Los Zetas acribillaron a todo un pueblo, mientras Moreira miraba, impasible. Y en venganza, Moreira lo demanda, sabiendo que puede poner el Poder Judicial a su servicio, como lo demuestra la sentencia del magistrado Huber Olea Contró, conocido como #HuberLordFerrari por el carro que maneja y con el cual arriba a los tribunales capitalinos. Conocido también porque su hermano fue beneficiario de una notaría otorgada por Rubén Moreira, y por ese solo hecho debió haberse recusado. 

Así ha operado nuestra República mafiosa; así ha permitido los conflictos de interés y doblegado a la justicia y silenciado a los críticos y atentado contra la libertad de expresión. Porque la embestida de Moreira busca criminalizar el derecho a pensar. No demandó a un periodista por información falsa, sino a un académico por una opinión personal. Y por eso es tan preocupante, tan indignante. Sólo los países autoritarios niegan el derecho a pensar; sólo los regímenes dictatoriales lo criminalizan.

En el caso de Sergio Aguayo se juega la libertad de disentir, de criticar, de opinar, para todos. La sola existencia de la demanda trae consigo un efecto inhi­bidor. Lleva a que cualquier columnista, cualquier tuitero, cualquier conductor de radio o televisión se vea sujeto a algo similar. De esa manera surge la autocensura, la mordaza colocada por miedo a ser demandado, temor a ser penalizado, angustia ante la posibilidad de perder el patrimonio y ver cómo lo embargan.

Si el poder antes controlaba a la prensa crítica a través de la distribución del papel, o el chayote, o la entrega de publicidad oficial, ahora puede hacerlo en los tribunales. Con magistrados a modo y sentencias parciales o desproporcionadas. Con la utilización de la legislación que no tasa el daño moral y le permite a un juez determinar la compensación de forma arbitraria. Sergio Aguayo ha sido víctima de un exgobernador, pero también de un Poder Judicial al cual la transformación aún no llega. La podredumbre sigue ahí y se expresa con sentencias como la aventada contra Aguayo.

El hedor judicial es una herencia del pasado y un reto del presente. La Cuarta Transformación no debe convertirse en la Cuarta Criminalización y por eso preocupan los documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, filtrados en tiempos recientes. Ahí, en la propuesta de creación de un Código Penal Único hay iniciativas regresivas que ponen en riesgo la libertad de expresión. Ahí se vuelve a considerar la difamación como un delito que podría llevar a la cárcel. Ahí se revive algo que se había derogado después de que Lydia Cacho denunció la corrupción y la pederastia. Además se buscaría “sancionar penalmente a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona; imputar a alguien un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que le cause deshonra, descrédito o perjuicio”. Adicionalmente se penalizaría “toda manifestación o expresión dolosa que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país”. A la cárcel, entonces, con cualquiera que dañe el honor de alguien, que critique el comportamiento de un funcionario o de una institución. El poder mismo colocará el bozal.

Falsas promesas, nuevas expectativas

Un nuevo año siempre genera expectativas, la incertidumbre del futuro permite echar a volar la imaginación. Identificar aquello que debería cambiar, lo que quisiéramos que se quede y aquello que, definitivamente, no puede volver a suceder.

En materia de libertad de expresión, en 2019 había una gran expectativa de cambios estructurales en el país. No tanto por ser un nuevo año, sino por un nuevo Gobierno y porque el anterior había representado una amenaza real y directa para la prensa y para una sociedad que buscaba información.

No obstante, en 2019 los cambios en materia de seguridad para las y los periodistas no fueron perceptibles. Por el contrario, la violencia mantuvo el incremento constante que habíamos documentado en los últimos seis años y al menos 10 periodistas fueron asesinados por hacer su trabajo. También, estados donde anteriormente no habíamos registrado tanta violencia, como Quintana Roo y Guanajuato, se convirtieron en espacios despiadados para hacer periodismo.

Por su parte, las promesas de un cambio en materia de la asignación de la publicidad oficial se quedaron muy cortas. El gasto, como era asignado anteriormente, daba lugar al abuso indiscriminado del presupuesto público, la censura y la sobreexposición mediática de funcionarios que pagaban y esperaban a cambio el ensalzamiento público.

En este sentido, si bien hubo una reducción del gasto y, aparentemente, se eliminaron los pagos directos a ciertos periodistas, sigue sin haber claridad sobre los criterios de asignación del presupuesto a los distintos medios de comunicación y ahora hay menos transparencia (la llamada Ley Chayote sigue vigente). Tampoco podemos decir que los funcionarios públicos han reducido su exposición a los medios. En particular, el Presidente nunca antes había tenido tanta como ahora con “las mañaneras”, que por cierto, no sabemos cuánto nos cuentan. En este sentido, “los cambios a medias” han generado impactos severos en contra del eslabón más débil que, por supuesto, no es ni la autoridad ni los dueños de los medios, si no las y los reporteros que han sido despedidos sin más, aumentando la precariedad a la que se enfrentan ya de por sí.

En el ámbito institucional, el Mecanismo de Protección a Periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos se sujetó a un diagnóstico profundo por parte de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que derivó en más de 100 recomendaciones. A lo largo del año la eficacia y sostenibilidad del Mecanismo se vieron cuestionadas ante las nuevas políticas de austeridad, la capacidad real de colaboración con la Policía Federal para otorgar las medidas de protección y los asesinatos de periodistas y personas defensoras que gozaban de “protección”.

Por su parte, si bien en las letras cambió la naturaleza y estructura de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría), en los hechos ha sido lo mismo. Los responsables de las agresiones siguen gozando de las canonjías que otorga la impunidad. Hasta la fecha no podemos decir que existe un revire en el acceso a la justicia en materia de las agresiones en contra de la libertad de expresión y esto, en definitiva, puede catapultar la promesa de más seguridad y por lo tanto más libertad para ejercer el periodismo.

PIB; es la desconfianza, es la mañanera

Es oficial, decrecimos. Pero, para efectos prácticos da igual. Cero o menos punto uno es lo mismo: un fracaso para el gobierno y una tragedia para miles de familias mexicanas que vieron mermados sus ingresos y reducidas sus expectativas. Lo hemos dicho una y otra vez, no hay programa social que supla la pérdida de un empleo en una familia, no es cierto que exista desarrollo sin crecimiento económico, mucho menos que el PIB sea una medición neoliberal. Valga una analogía: un médico que estableciera que el pulso del paciente es lo único importante, pues demuestra que está vivo, lo calificaríamos de inhumano, pero un médico que diga que el pulso no es importante lo tildaríamos de loco. Los mismo para con el crecimiento económico: quitarnos la idea de que el crecimiento es el único indicador importante en la economía y que hay que medir también el desarrollo y el bienestar es un cambio inteligente y plausible, pero decir que si no crecemos no pasa nada porque la gente está feliz con los programas sociales es falaz.

El crecimiento mediocre de las tres administraciones anteriores fue larga y profusamente diagnosticado (tuvimos 18 años para hacerlo). Una de las principales taras que inhibían el crecimiento del país era el llamado ambiente de negocios; dicho en castellano, la corrupción. La administración de López Obrador llegó al gobierno con el mandato y la bandera del combate a la corrupción, pero la manera de hacerlo no fue quirúrgica y fina sino a machetazos, anteponiendo la eficacia política de las acciones a la aplicación de la ley. La suspensión del aeropuerto de Texcoco fue el primer caso, pero no el único, le siguieron la cancelación de contratos de energía y petróleo, el embate a las instituciones de control, el discurso beligerante y polarizador, pero sobre todo los juicios sumarios hechos desde el púlpito mañanero donde se anuló uno de los principios básicos del sistema jurídico: la presunción de inocencia.

El Presidente le encargó al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que se hiciera cargo de coordinar al gabinete económico para detonar el crecimiento (ese que dice que no es importante). Unificar las visiones cada vez más contradictorias entre el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; entre la Secretaria de Economía, Gabriela Márquez, que fue a Davos a criticar el libre comercio mientras en México el Presidente y parte del gabinete celebraba la firma del T-MEC; entre la propia visión de Romo sobre la inversión privada en petróleo y electricidad frente a la tozudez de Bartlett y Romero. Pero de nada servirá este esfuerzo si el Presidente sigue todos los días minando la confianza y poniendo en tela de juicio la certeza jurídica.

El problema del crecimiento económico es político. El paso del mediocre dos por ciento promedio de los últimos años a cero no está vinculado con un cambio en la estructura económica, ni con una crisis de las finanzas del sector público, es producto de la incapacidad del gobierno para ejercer el gasto, sí, pero sobre todo de la falta de certidumbre. El problema es la desconfianza y, digámoslo por su nombre, esa fábrica de contradicciones que es la mañanera.

La paz de los sepulcros

La cifra es escalofriante para cualquiera, sobre todo para los responsables de gobernar el país. La muerte dolosa de 35 mil personas el año pasado plantea uno de los principales retos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso más allá de la lucha contra la corrupción pues se trata del fin y origen del Estado: dar seguridad y garantía de vida a la sociedad.

La polifonía o multiplicidad de voces que se levantaron el domingo en el zócalo de los participantes de la caminata por la paz, es apenas una pequeña muestra de la gran tragedia nacional, del show macabro que inició en la presidencia de Vicente Fox, se amplió con Felipe Calderón y se hizo más terrible con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora todas las estrategias para combatir la violencia generada por el crimen organizado han fracasado porque no se ha tomado en cuenta a las familias de las víctimas para darles justicia y también por la nula investigación a los ganadores de este negocio internacional: la banca y el sistema financiero.

No se sabe hasta ahora si se han abierto indagaciones en el sistema financiero y bancario que es a donde llegan las ganancias por el clásico lavado de dinero. Pero si realmente se quiere atacar al crimen organizado se debe seguir la ruta del dinero para dar con los grandes capos.

La estrategia policiaca militar ya demostró su nula efectividad pues el principio del que parte –mata la cabeza y el cuerpo cae solo– el descabezamiento de los grupos criminales únicamente ha generado la propalación de los mismos y la generación de nuevos liderazgos más violentos y salvajes.

Con una variante mínima que son los programas sociales, la estrategia implementada por López Obrador ya demostró que tampoco ha dado resultados positivos a un año de vigencia porque se sigue desdeñando a las familias de las víctimas y se mantiene la estrategia policía militar de querer terminar con los grupos quitando a las cabezas.

En el caso de los familiares de las víctimas, la atención del gobierno de López Obrador se ha concentrado principalmente en considerar a los desaparecidos de Ayotzinapa, dejando a un lado a las otras familias afectadas a las que ni siquiera quiso recibir el pasado domingo 26 y que realizaron la caminata por la paz desde Cuernavaca a la Ciudad de México.

El trato que López Obrador dio a las familias de las víctimas de la violencia fue indignante al no recibirlos y ordenar que fueran atendidos por los miembros del gabinete se seguridad. Peor aún fueron tratados por los seguidores del presidente a las afueras de Palacio Nacional vejándolos con insultos y amenazas cuando terminaron la caminata en el zócalo.

Nada justifica el desdén con el que han sido tratados quienes piden justicia. Pareciera que el deseo de la Cuarta Transformación para los familiares de los muertos, desaparecidos y desplazados no es la justicia sino la paz de los sepulcros y eso es el mismo trato que les dieron los gobiernos pasados.

Regreso al punto 0

La semana pasada se publicó un borrador de la iniciativa al Código Penal Único que, si bien no se discutió, su mera existencia es por demás aberrante pues busca regresar al lugar en el que quién osaba expresarse en contra del poderoso sabía de facto que podría ir a la cárcel. La piel de nuestros políticos es tan delgada, que a pesar de que en el discurso se reconozca la pluralidad y la diversidad de opinión que amerita una democracia, la realidad es que hasta ahora todos han demostrado, sea del partido que fueren, que en sus venas esta el dejo autoritario del priismo que corta lenguas y espera alineación sin cuestionamientos.

Así, la solución para la crítica, para el escrutinio o para el disenso es el miedo que provoca una posible privación de la libertad ¿quién se animaría a investigar algo sobre algún poderoso si sabe que pasará por lo que hasta hoy ha pasado una periodista como Lydia Cacho que ha luchado 15 años por la justicia?

Al inicio del 2019, tras una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno de México pidió cinco veces perdón a la periodista Lydia Cacho por haber utilizado el aparato del Estado a través del delito de difamación para incriminarla, detenerla y, después, torturarla. En el mismo acto, el Gobierno se comprometió con las y los periodistas de México para no fungir como un censor y garantizar que, lo que le pasó a Lydia, no se repetiría con nadie más.

En la resolución, el comité recomienda como una de las medidas de no repetición para el Estado Mexicano, derogar todos aquellos tipos penales que criminalizan de una u otra forma la expresión, tomando en cuenta que todavía existen diversos estados de la República que tipifican los llamados “delitos contra el honor”. Esto es porque los poderosos abusan de las leyes penales que protegen la reputación para limitar la crítica y coartar el debate público. Finalmente, la amenaza de sanciones penales severas, concretamente el encarcelamiento, ejerce un profundo poder de disuasión sobre la libertad de expresión.

A nivel federal, estos delitos fueron derogados en 2007, tras una serie de recomendaciones internacionales y de una intensa actividad de incidencia de periodistas y sociedad civil. Por supuesto, la derogación de los llamados delitos contra el honor, no significó que los funcionarios públicos tuvieran mayor tolerancia al escrutinio público. Lo hemos visto a través de las diversas demandas de daño moral que diversos personajes poderosos han iniciado contra periodistas -el caso más reciente es el de Ricardo Salinas Pliego contra la Revista Proceso- pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las demandas de daño moral se dispararon 800 por ciento . Es decir, no estamos a salvo pero sí estamos en otro momento de la discusión, buscando encontrar mecanismos que permitan atacar aquellas demandas civiles que intencionalmente buscan inhibir el debate público.

No obstante, la posible aprobación de una ley como esta pone en juego nuestra capacidad de seguir participando en el espacio cívico. Casos como el Leonardo García, un ciudadano activista que fue sujeto a proceso por el delito de difamación tras exhibir un posible conflicto de interés entre funcionarios del Gobierno del Estado de Hidalgo y accionistas de una constructora debido a la mala construcción de fraccionamientos, podrían ser el pan de cada día en nuestra sociedad.

El problema de un nuevo Gobierno es que, a veces, imagina que el mundo empezó con los nuevos funcionarios y que también terminará con ellos. La megalomanía de algunos es tanta, que se olvidan de la historia, del camino que les permitió llegar a donde están.