Editorial

Todos somos culpables

López Obrador tiene razón, y no la tiene. Es verdad, cada vez son más evidentes los resultados de una era globalizante a la que México entró sin prever las consecuencias.

No se puede negar que este gobierno enfrenta todos los días el resultado de muchos años de malas políticas públicas, pero tendría que haber ofrecido una respuesta a la frustración que todos vivimos ante la brutal ola de feminicidios; especialmente los de Ingrid y Fátima. Las últimas dos son muertes que nos dejan devastados, que nos recuerdan lo vulnerables que somos, nuestra fragilidad e indefensión. Hoy todos somos presas de un miedo que nos detiene y condena. Somos víctimas de un asesinato, como el de Ingrid o Fátima porque sabemos que ellas viven en cada unos de nuestros hijos e hijas, en nosotros. ¿Cómo alimentar con otras perspectivas la conversación que irremediablemente se vuelve necesidad?, ¿de qué manera expiar la culpa y disfrutar la vida a unas cuantas horas de que alguien ha sido capaz de cometer un acto tan espeluznante?

AMLO cerró los ojos. No quiso ver el dolor, respondió con una crítica repetitiva y desgastada que nos está cansando a todos los que votamos por él.

Sin embargo, una parte de lo que dice es real, las mujeres muertas en Juárez, muchas de ellas migrantes desesperadas, desarraigadas de su entorno en busca de nuevas oportunidades, de familias sin recursos, salen todos los días y son “contratadas” por gigantescas maquiladoras en condiciones mínimas. Por las noches, se mueven por las calles huyendo de sus posibles agresores. Si llegan a casa, han sobrevivo un día más, una noche más. Quién sabe si mañana podrán decir lo mismo. Ellas, sin duda, son el resultado de las malas prácticas neoliberales.

Pero hay muchas otras causas. Una de ellas es la falta de respeto y acoso que viven las mujeres todos los días. Esta se da en cualquier nivel, la hemos sufrido muchas de nosotras. Recibir un piropo es el aviso de que un posible violador anda suelto. Quien se atreve a encararlo seguramente perderá el trabajo y será juzgada y acusada de puta por otras mujeres. La sociedad del espectáculo ha convertido esto en una guerra sin cuartel entre géneros. La consecuencia es el odio de las mujeres (en su mayoría profesionistas) hacia los hombres.

Pero hay otro tipo de descomposición social, la que se vive dentro de esa célula desgastada y decadente llamada familia. Es el patriarcado en el que todos le pertenecen al hombre. Las primeras víctimas son los hombres desde la infancia, ya que se les fuerza a actuar como machos. Vulnerables, frágiles, susceptibles al abuso, son agredidos todos los días por otros hombres. Viven en la frustración de ser niños golpeados, hijos de matrimonios en los que la violencia es un modo de relacionarse. El que no es macho es marica. La masculinidad mal entendida se va formando en los hogares de cada posible asesino. Todos hemos sufrido algún tipo de injusticia, por pequeña que sea, hemos tenido que lidiar con ser mujercitas, los hombres tienen que vivir demostrando que son “hombrecitos”. La tradición dice: el macho golpea, la mujer aguanta.

Pero hoy sabemos que en todo ser humano, hombre o mujer, puede darse el más alto nivel de bondad, también el más bajo instinto criminal. Un asesino forma parte de la sociedad; es la manifestación de lo que se ha podrido, de lo que todos hemos hecho que se pudra. No es de hoy. Ha existido siempre, en todas las familias el pequeño abuso cotidiano permite que surjan las víctimas y los victimarios. Por eso duele tanto saber de un asesinato: somos un espejo de esa realidad brutal a la que todos pertenecemos.

Editorial

Moralizar o gobernar

Desde que el inefable Gonzalo N. Santos grabara en letras de oro en la cultura política nacional aquello de que “en política moral es un árbol que da moras” el deterioro de la vida pública fue in crescendo. Por supuesto no fue culpa del político potosino, él simplemente sintetizó magistralmente el pensamiento de la época. Salvo los abiertamente cínicos (la mayoría de los políticos son veladamente cínicos) nadie puede estar en desacuerdo con el planteamiento del Presidente de moralizar la vida pública del país, el problema es qué entendemos por ello.

En su propia concepción, López Obrador considera que el deber el Presidente es que los mexicanos seamos buenos, tengamos valores y bienestar material y espiritual. Suena bonito, quizá demasiado a cura desde mi punto de vista, pero otra vez, imposible no estar de acuerdo. Sin embargo, la pregunta es cuál es el papel del Estado y particularmente del jefe de Estado en este tema.

En un país laico y con libertad de creencia la única referencia que puede tener el Estado cuando habla de moralizar la vida púbica es el cumplimiento de la ley. Ese es el gran reto y la vara con la que debemos medir al Presidente. La tentación de los gobernantes de incidir desde el poder en la vida privada de los ciudadanos convirtiendo en políticas públicas normas morales o creencias termina irremediablemente en la confusión de roles entre el Presidente y el líder, el jefe de Estado y el patriarca.

López Obrador aspira, con todo derecho, a pasar a la historia como un gran Presidente, como el hombre que cambió los destinos de un país en quiebra moral y rompió con la tendencia al deterioro de la vida pública. Pero eso no se logra con sermones ni apapachos (que, dicho sea de paso, su cercanía con la gente es quizá el rasgo más importante de su estilo personal de gobernar) sino con políticas púbicas bien pensadas, basadas en evidencia y construidas con inteligencia. El voluntarismo, la improvisación y la moralización de los temas públicos que divide al país en buenos y malos, conmigo y contra mí, están poniendo contra las cuerdas al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. A falta de oposición el gobierno vive crisis autoinfligidas, producto de decisiones apresuradas y mal ejecutadas particularmente en materia de salud y seguridad.

Durante algún tiempo pensé que teníamos un Presidente que en realidad quería ser director de Pemex, luego pensé que no, que su verdadera vocación era la de cardenal primado o la de líder evangélico. Pero tampoco, el problema es que no le basta ser Presidente de la república, quiere ser el pastor, el juez, el Tata, el guía moral. Mientras tanto, tristemente, el gobierno se le va de las manos y el cumplimiento de la ley como postulado moral postergado para mejores tiempos.

El paro no es contra AMLO

De hecho, la agenda feminista chilena de 2020 surgió del Encuentro Plurinacional de las que Luchan, que a su vez forma parte del Programa Contra la Precarización de la Vida. Muchas de las reivindicaciones de los grupos feministas chilenos, claves en la actual ola de protestas que recorre el continente, surgieron en oposición a las políticas conservadoras y neoliberales de aquel país.

En México, incluso, gran parte de la lucha de las mujeres, particularmente en lo que toca a temas de aborto, sexualidad y equidad de género se ha dado históricamente en confrontación con las políticas tradicionales sostenidas por la derecha católica, el panismo, los grupos Pro Vida y organizaciones similares. Y tampoco podemos olvidar que la legislación y las políticas publicas de la Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde hace más de 20 años, han sido precursoras en todo el país en temas de equidad de género, libertad y derechos femeninos o tolerancia sexual.

Siempre hay intereses que intentan llevar agua a su molino, pero el agua no tiene la culpa de eso. Hay una enorme preocupación, real y legítima, al margen de los que intentan ponerse la medallita. Interpretar el fenómeno como si se tratase de un malestar inflado o creado por los impresentables impide ver lo qué hay detrás. Y lo qué hay detrás es muchísima gente preocupada por la vulnerabilidad en que se encuentran las hijas y hermanas de todos y todas.

Una vez que los grupos de derecha advirtieron que había una causa popular con la cual se estaba indisponiendo el Presidente, acudieron a ella como moscas a la miel. A pesar de que grupos feministas y participantes del movimiento repudian esos intentos de la derecha conservadora, el Presidente ha seguido quejándose y, por ende, magnificando el peso de tales supuestos voceros, que no lo son.

Por supuesto que frente cualquier crisis la gente exige de manera crítica una mayor intervención de la autoridad y el caso de los feminicidios no ha sido la excepción. Pero lo mismo se hizo en contra de gobiernos panistas o priistas por motivos de pederastia o feminicidios en Juárez. El Gobierno de la 4T tenía todo para hacerse eco de esta preocupación, ponerse al frente de ella y emprender acciones puntuales y políticas públicas para atenderla. Por razones inexplicables decidió desdeñarla. Peor aún, la interpretación de muchos es que ahora pretende boicotear las protestas y oponerse a ellas. ¿O de qué otra manera entender la campaña #Noalparonacional impulsada en círculos oficiales?

Todavía hace dos días, con la imagen difundida en Instagram por Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del Presidente, en la que apoyaba el paro del 9 de marzo y las declaraciones iniciales favorables de mujeres conspicuas de la 4T (Olga Sánchez Cordero, Claudia Sheinbaum o Luisa María Alcalde), parecería que terminarían imponiéndose estos vasos comunicantes entre las reivindicaciones feministas y la agenda social progresista. Pero el mensaje de arrepentimiento de la propia Doña Beatriz, horas más tarde, al subir a Instagram el póster de la campaña contra el paro, dejó sin margen de acción al resto de las mujeres vinculadas a Morena para participar en el movimiento del 9 de marzo.

Desde luego hay motivos respetables para estar en desacuerdo con un paro nacional de mujeres. Hay quienes argumentan que la lucha contra el feminicidio no pasa por la segregación de hombres y mujeres sino por el combate contra el machismo, y que tanto hombres como mujeres somos parte del fenómeno y también sus víctimas. En ese sentido, un paro de mujeres haría pensar a muchos, por exclusión, en una confrontación de género, cuando no lo es. El tema es debatible y escapa a los límites de este espacio.

Hay razones comprensibles y respetables para decidir participar en el paro o para no participar en él; lo que es absurdo es hacerlo o no hacerlo porque se trata de estar en contra o a favor de López Obrador, estar con la derecha o estar en contra de ella. Un terrible y falso dilema.

Editorial

Los partidos simuladores

El lunes 17 uno de los grupos que, según la información del INE, ha logrado superar el mínimo de asambleas necesarias para obtener el registro –en este caso, estatales con más de tres mil asistentes empadronados en la entidad correspondiente– celebró su Asamblea Nacional. Se trata de la llamada Fuerza Social por México, a la que en mi artículo anterior le atribuí vínculos con el SNTE, pero que en realidad ha sido promovida por un personaje de nombre que parece una descripción de su actitud política –se llama Pedro Haces Barba–, líder la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, central sindical muy apreciada por el presidente López Obrador, pues el mismo lunes por la mañana asistió a su décima convención. Por lo visto, Haces Barba aprovechó el acarreo matutino de sus afiliados sindicales para realizar por la tarde la asamblea de sus afiliados partidistas. Dos pájaros de un tiro, aunque está por verse si la simulación pasa inadvertida para el INE, pues es evidente que, a pesar de la prohibición legal, la base del nuevo partido es la misma de la central sindical.

El nuevo partido, si consigue el registro, nacerá como un satélite del oficialismo, al viejo estilo del PPS o del PARM. De hecho, Haces Barba es senador con licencia por MORENA y, por supuesto, antes fue militante del PRI. Sobrino del inefable Leonardo Rodríguez Alcaine, –”La Güera”, cacique histórico del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, impuesto por el gobierno de Echeverría, pasando por encima de la Tendencia Democrática de los electricistas, encabezada por Rafael Galván, heredero de Fidel Velázquez al frente de la CTM– Haces (la) Barba se muestra como un entusiasta del lópezobradorismo, dispuesto a poner a su hueste, tanto la sindical como la política, al servicio del gran líder.

No es el único caso, pues también las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo hacen profesión de la nueva fe política y han declarado que se pondrán a las órdenes del Salvador de la Patria en cuanto cuenten con legisladores. Si además se suma el partido de los evangélicos, ahora denominado Encuentro Solidario, López Obrador habrá superado al PRI en eso de partidos subsidiarios, simuladores de un falso pluralismo.

Mientras tanto, los partidos viejos menguan. Según datos del propio INE, el PRI y el PRD han perdido más del setenta por ciento de sus afiliados, mientras que Movimiento Ciudadano ha visto una merma de más del 50 por ciento. La disminución ha sido producto, sobre todo, de una depuración llevada a cabo ante los reclamos de ciudadanos que encontraban sus nombres entre los afiliados de partidos a los que nunca habían aceptado pertenecer. Es decir, buena parte de la militancia de las decadentes organizaciones partidistas mexicanas es también simulada. Simulacros de partidos de masas que falsean sus registros para mantener las cifras de afiliación exigidas por la ley.

Mientras la oposición se desfonda, la mayoría de las organizaciones que podrían obtener su registro son redes de clientelas que se sumarán en 2021 a la campaña del oficialismo, como en los buenos viejos tiempos del régimen del PRI.

Editorial

Un nuevo INE es posible

La próxima llegada de cuatro nuevos consejeros electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) constituye una oportunidad de oro para equilibrar la integración del máximo órgano de decisión de esta importante institución del Estado mexicano. Desde la creación en 1990 de su predecesor, el Instituto Federal Electoral, este instituto ha contado con muy pocos consejeros con un compromiso irrestricto con la defensa de la justicia social y una verdadera democratización de la vida política del país.

Todos los otros consejeros nombrados a lo largo de las últimas tres décadas han jugado un papel de cómplices, en mayor o menor medida, del viejo sistema de corrupción estructural. Existen casos particularmente escandalosos, como el de Luis Carlos Ugalde, quien fue directamente responsable por el fraude electoral de 2006, o Marco Antonio Baños, quien siempre se ha considerado a sí mismo un fiel soldado del PRI. 

También ha habido muchos consejeros cuya obsesión con la supuesta “neutralidad”, malentendida como “llevarse bien” con absolutamente todos, incluyendo los fraudulentos, los sujetó a los chantajes del viejo régimen. Es el caso, por ejemplo, de José Woldenberg, Leonardo Valdés, Alfredo Figueroa y Pamela San Martín, entre otros. 

Hay también casos de consejeros que se presentan en sociedad como paladines de la transformación democrática, pero en realidad operan sistemáticamente a favor de sus intereses personales y políticos dentro de la institución electoral. Córdova y Murayama son los ejemplos más claros de este fenómeno. Estos dos militantes del dispendio y el derroche son los equivalentes de Aurelio Nuño y Emilio Lozoya dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, fue precisamente Nuño quien operó desde la Oficina de la Presidencia de la República el nombramiento de Córdova como consejero presidente del INE en 2014.

Es importante recordar y repetir, una y otra vez, que la victoria ciudadana de 2018 no la debemos a los consejeros electorales actuales sino a la enorme dignidad del pueblo mexicano, que logró derrotar al viejo régimen a pesar de la implementación de las muy conocidas estrategias de fraude electoral. En lugar de defender la democracia, los consejeros evidenciaron la misma indolencia y complicidad de siempre con las viejas prácticas del PRIANRD. 

Y la persecución de parte del INE a Morena por el fideicomiso Por los demás, junto con la más absoluta impunidad para la Operación Berlín, constituye solamente un botón de muestra de la falta de autonomía e imparcialidad de la mayoría de los actuales consejeros electorales. Para una revisión integral de las irregularidades cometidas en la más reciente elección presidencial se puede consultar el informe universitario sobre Los Claroscuros de las elecciones de 2018 (véase: https://bit.ly/39zW8y6).

Ahora bien, si queremos cambiar el modus operandi del INE habría que asegurar que los cuatro nuevos consejeros electorales electos en las próximas semanas por la Cámara de Diputados tengan un perfil totalmente diferente a los ­anteriores.

Es hora de que el INE recupere su vocación original de servicio a la sociedad civil y a la plena participación ­democrática.

Editorial

Quemar basura no la desaparece

La incineración de residuos forma parte del abanico de opciones que los ayuntamientos creen tener para manejar las toneladas de basura que producen a diario, incluidos los residuos de plástico por su poder calorífico como derivados del petróleo, la realidad es que quemar los residuos sólidos no es la solución al problema de la ineficiente gestión de los residuos, es un daño a la salud y el medio ambiente.

En el caso de la CdMx, existe una convocatoria para instalar y operar una planta de tratamiento de residuos en la ciudad, donde se incluyó un apartado que considera la incineración. A esto se han sumado diversas denuncias recogidas en los últimos días por medios de comunicación en los que empresas interesadas en participar en el proceso de la convocatoria “temen” la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno capitalino y empresas como Veolia para la instalación de una termovalorizadora.

Esto representa un peligro latente, pues la incineración trae graves afectaciones ambientales y para la salud humana, así como para las finanzas de los municipios (ya que exigen inversiones muy elevadas) y para la vida de las comunidades cercanas a las plantas.

En el plano ambiental y de la salud, enfatizamos que la incineración genera emisiones altamente tóxicas al aire (metales, dioxinas, furanos, gases ácidos, partículas y dióxido de carbono), las cuales pueden provocar problemas respiratorios, afecciones en los sistemas endocrino, nervioso y reproductivo, además de diversos tipos de cáncer, entre otros padecimientos. Asimismo, la incineración puede liberar nanopartículas (contaminantes orgánicos persistentes) que se alojan en los tejidos del cuerpo, entran al torrente sanguíneo y a los pulmones.

Además, esta forma de gestionar los residuos a través de su conversión en energía mediante la combustión, no es funcional para cumplir este objetivo, dado que este proceso genera también cenizas tóxicas, equivalentes al 25-30 por ciento del total de residuos incinerados, que deberán de todas formas depositarse en rellenos sanitarios, contaminando el suelo y el agua y pudiendo ser inhaladas por las personas.

Usualmente estas cenizas son depositadas en zonas de sacrificio ambiental que usualmente van a dar a lugares donde habita la población más vulnerable provocando situaciones de injusticia y racismo ambiental.

Si bien en la Ciudad de México la Secretaría del Medio Ambiente ha indicado que no se tiene contemplado optar por la incineración, es muy importante que el Gobierno capitalino se mantenga firme ante este compromiso. En años pasados, intentos de construir termovalorizadoras han sido detenidos por los factores ya mencionados y por la fuerte respuesta social en contra que desataron, un nuevo proyecto no vería una suerte distinta.

La solución no es incinerar los residuos comprometiendo recursos ciudadanos que podrían tener un mejor destino, la solución radica en eliminar la cultura del usar y desechar inmediatamente productos de un solo uso, y por lo tanto legislar para disminuir en el origen y no para hacer convenios con la industria de los plásticos como se está siendo hasta ahora en el Senado.

La incineración es un tecnología obsoleta, que busca cabida en los mercados emergentes al ver cerradas sus puertas en los países desarrollados, México está en la mira pero las evidencias contra esta tecnología son muchas, esperamos que los gobiernos estatales, ya se en Morelos, Hidalgo, Estado de México y la CDMX (entre otros) respondan negativamente ante la avaricia de quienes creen que quemando la basura, ésta desaparece.

Editorial

Mujeres a los ojos de AMLO

Feminicidio no es una palabra que forme parte del léxico de López Obrador a pesar de que ha sido un hombre sensible a los temas de equidad de género o derechos de las mujeres. Hace 19 años, en el 2000, mucho antes de que nos acostumbráramos a la palabra, AMLO presentó con orgullo un gabinete paritario (ocho hombres y ocho mujeres) para hacerse cargo de la Ciudad de México. Algo todavía inusual en los usos y costumbres de la burocracia de ese momento. Y a diferencia de las hipócritas cuotas de equidad de género que se pusieron de moda en las campañas electorales y en el Congreso, que suelen revertirse con el tiempo, al terminar su sexenio la mitad de las carteras estaban presididas por una mujer. Algo similar ha hecho con el gabinete federal que conduce los destinos de la 4T. Por lo demás, ha insistido que los recursos destinados a las familias sean entregados a las madres, y prácticamente ha convertido en directriz que sea una mujer la tesorera a cargo de las partidas destinadas a comités en barrios y escuelas. Una y otra vez ha dicho que las mujeres son notoriamente más honestas que los hombres. No es casual que en oficialías claves, en la secretaría de la Función Pública y en general en tareas de supervisión de recursos económicos suela preferir a una mujer. Tampoco tengo duda de que si de él dependiera en este momento, le encantaría que su sucesor fuera Claudia Sheinbaum.

Y, sin embargo, se le sigue saliendo un “mi reina”, o algo similar, para dirigirse a una reportera o a una joven que lo interpela, lo cual invoca toda la carga misógina que arrastra un apelativo que nunca usaría frente a un reportero. Si bien su tono es paternal, sin asomo de coquetería, y remite a usos tradicionales y familiares en la región de la que procede o la generación a la que pertenece, a estas alturas de la vida tendría que saber que este tipo de expresiones entrañan una condescendencia y un verticalismo que resulta ofensivo.

Feminicidios han existido siempre, aun cuando no se usara la palabra. Pero es cierto que el carácter endémico que ha adquirido en los últimos tiempos en países como el nuestro, ha sido resultado de la progresiva (aunque desde luego insuficiente) emancipación de la mujer en términos económicos, sociales y sexuales y la resistencia machista a aceptar el cambio.

Hace veinte años muchos de los asesinatos de hoy no habrían tenido lugar, simplemente porque tras una golpiza la mujer que intentaba sacudirse una pareja indeseada habría sido sometida. Actualmente muchas consiguen con éxito emanciparse de una relación nociva, pero en promedio cada día diez de ellas terminan perdiendo la vida en el intento. Una situación inaceptable, por donde se le mire.

Si no por concepción al menos por sensibilidad política, me parece que el Presidente tendría que reconsiderar sus posiciones y prioridades en lo que respecta a los crímenes de odio contra las mujeres, antes de que la factura de imagen se vuelva impagable.

Editorial

En el INE la reversa no es cambio

La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sacado lo más profundos miedos y los más exacerbados rencores de nuestra clase política. No son pocos los morenistas que ven en esta batalla la venganza histórica por lo que ellos consideran fue el fraude de 2006 y han lanzado manifestaciones porriles al grito de “fuera INE”. En el otro bando los que consideran que el INE es intocable y que solo una casta de estudiosos debe tener acceso a la institución, un dogma del tamaño de la pureza de la virgen en el mundo católico.

Ya tuvimos una experiencia en la que un partido mayoritario (en ese momento el PAN) se alió con una fracción del PRI para dejar fuera a la izquierda en la selección de consejeros. El resultado fue que le dieron el argumento perfecto al candidato derrotado, en esa ocasión Andrés Manuel López Obrador en 2006 para no reconocer la elección que, alegó, estaba viciada de origen. Así como no debe extrañarnos que la fuerza mayoritaria busque alianzas con los partidos satélite y quiera manipular las quintetas para quedarse con los cuatro puestos, la mayoría morenista debe evaluar con mucha frialdad el riesgo que lleva para ellos mismos desacreditar al INE.

La Cámara de diputados tiene que elegir este año a cuatro consejeros. A diferencia de otros años y para evitar el reparto de cuotas, en la última modificación a la legislación electoral quedaron establecidos una serie de filtros que, en principio, impedirán una designación burda de consejeros afines: una comisión designada por la Cámara, el Sistema Anticorrupción y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integrará, previa pasarela y otros mecanismos de evaluación que decida, cuatro quintetas de donde el Congreso elegirá a un consejero de cada una de ellas. Teniendo Morrena el control absoluto de la Cámara de Diputados y de la CNDH la capacidad ya no de seleccionar incluso de veto de la oposición se reduce sustancialmente, pero el mecanismo debe servir para filtra a los no elegibles.

En medio está, tristemente porque no hace sino meter ruido, la batalla por los sueldos. El INE, que tiene una estructura profesional sólida pero no barata, ha apelado ante la Corte para no tener que acatar la imposición del tope salarial de López Obrador. Nadie está en contra que todos ganen menos que el presidente, la pregunta es cuánto debe ser el sueldo del presidente, dónde está el estudio que diga con datos cuál debe ser la estructura salarial del sector público y que 108 mil pesos debe ser el sueldo tope.

Los diputados, de todas las fracciones, dieron un buen primer paso al aprobar por unanimidad la convocatoria que contempla el mecanismo de elección de los cuatro nuevos consejeros. Sin embargo, el riesgo de que los radicales de uno u otro bando busquen reventar los acuerdos en algún momento del proceso y que la discusión salarial y del gasto de la democracia contamine la discusión siegue siendo altísima.

Lo que está en juego no quién es el dueño de las instituciones sino no regresar a la desconfianza en los procesos electorales. Ojalá lo entiendan.

Editorial

Los partidos políticos que vienen

El Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer el reporte final de las organizaciones de ciudadanos con pretensiones de convertirse en nuevos partidos políticos que lograron hacer al menos una asamblea con todos los requisitos de la ley. De más de cincuenta que fueron aceptadas para el proceso por el órgano electoral, quince lograron hacer al menos una asamblea distrital con 300 asistentes o una estatal con tres mil. Solo cuatro parecen haber completado las exigencias cuantitativas de asistencia a las asambleas –se debe movilizar al menos a 60 mil personas mayores de edad con credencial para votar del distrito o la entidad en la que se realiza la reunión– y de afiliación, que debe corresponder al .26 por ciento del padrón electoral, por lo que la meta de inscripciones que cada grupo debió alcanzar fue, en esta ronda, de 233, 945 personas afiliadas con credencial para votar.

A pesar de que seguramente cada uno de estos partidos en ciernes reclama una identidad propia, el hecho es que tiene un elemento en común: se trata de organizaciones que pudieron llevar a cabo sus asambleas gracias a que pudieron movilizar a grupos que responden no a un compromiso programático o ideológico con los supuestos postulados del grupo, sino a relaciones de reciprocidad con sus organizadores. Esto es evidente en tres de los cuatro casos: Encuentro Solidario responde a las redes de asociaciones evangélicas en las cuáles el vínculo original es religioso, mientras que el Grupo Social Promotor y las Redes Sociales Progresistas lograron la ingente movilización requerida por la ley gracias a las clientelas magisteriales cautivas de los líderes sindicales, de quienes depende en buena medida la promoción en la carrera de las profesoras y profesores asistentes y afiliados, más después de la contrarreforma educativa impulsada por este gobierno.

El sistema de partidos basado en asambleas es una herencia institucional del sistema electoral proteccionista de la época clásica del régimen del PRI. Si en realidad quisiéramos ampliar los causes democráticos en México, deberíamos rescatar el mecanismo de registro condicionado de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, de manera que pudieran participar en los comicios partidos que demostraren su existencia con sus documentos básicos y una actividad política previa, sin necesidad de probar grandes militancias, casi siempre ficticias. Desde luego, esas organizaciones tendrían acceso solo a prerrogativas en especie, como acceso al paquete de tiempos en medios electrónicos, y no a recursos en efectivo y, de no obtener representación, no tendrían que ser obligadas a disolverse, sino que podrían volver a pedir el voto en elecciones subsecuentes. Mientras el acceso a la organización política se reserve a las redes de clientelas cautivas o a los grupos con recursos suficientes para comprar la movilización, la democracia mexicana estará trunca y seguiremos viviendo en el proteccionismo electoral.

Editorial

La justicia patriarcal

El reconocimiento del feminicidio como delito es el resultado de la lucha del movimiento feminista, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y científicas sociales de distintas disciplinas por comprender la especificidad de la violencia de género contra las mujeres y las formas de asesinarlas, al mismo tiempo que se enfrentaban con la negligencia del Estado para investigar estos crímenes, la estigmatización y la culpabilización de las víctimas.

El término “femicidio” fue planteado originalmente por Diane Russell en los años setentas, y posteriormente reformulado en México como “feminicidio” por Marcela Lagarde para incluir el componente de impunidad del Estado. Finalmente, el término “violencia feminicida”, quedó plasmado en el año 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y posteriormente el feminicidio fue tipificado, hasta quedar como lo conocemos hoy en día en el Código Penal Federal.

Desde entonces, organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, como el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, han trabajado para documentar y rescatar de las estadísticas a las víctimas de esta forma extrema de violencia. Su trabajo nos ha permitido conocer y dimensionar una problemática invisibilizada. Actualmente, cada día en México diez mujeres son víctimas de feminicidio.

Las razones de género incluidas en el tipo penal permiten introducir la perspectiva de género en la investigación, y tomar en cuenta factores como el tipo de lesiones, el contexto previo de violencia de género y la exhibición del cuerpo en la vía pública, entre otros. A pesar de estos avances, la impunidad persiste, pues a las deficiencias estructurales de las fiscalías para investigar, se suman la discriminación y los estereotipos de género a través de distintos mecanismos, por ejemplo, disfrazar estos crímenes como suicidios.

El pasado 15 de enero, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, participó en una conferencia de prensa en el Senado, para describir una serie de iniciativas de reformas normativas para enfrentar la inseguridad y la falta de justicia. Las propuestas desataron una serie de preocupaciones entre la sociedad civil por ser consideradas regresivas en términos de derechos humanos y de las garantías del sistema penal acusatorio. Estas iniciativas tampoco lograron consenso al interior del gobierno, por lo que hasta la fecha no han sido presentadas formalmente.

La investigación del feminicidio no es un tema de sentido común. Por el contrario, el sentido común es patriarcal y se requieren tipos penales que permitan desmontarlo. El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) publicado por ONU Mujeres y la Oficina de Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que en la investigación criminal “sólo se ve lo que se mira, y sólo se mira lo que se tiene en la mente”. Es por esto que es necesario aplicar la perspectiva de género en la investigación de las muertes violentas de mujeres y fortalecer las capacidades de las autoridades responsables.

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