Categoría: Editorial

Compras ilegales

Quienes se encargan de los procesos de adquisición en el IMSS poseen nulas habilidades para comportarse como consumidores con inmensas capacidades de negociación

La ineficiencia, lo sabemos todos, es un mal endémico en el servicio público en México. Pero que la afirmación anterior sea un hecho sabido no implica justificar en lo más mínimo el que se trata de una situación indeseable y, sobre todo, no reduce un ápice el costo que esta tiene para los ciudadanos.

El señalamiento anterior viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la revelación realizada por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), según la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social habría cancelado la adquisición de 20 ventiladores respiratorios a la empresa de León Manuel Bartlett, hijo del director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la publicación realizada por MCCI, el IMSS, tras recibir los equipos que compró al precio más alto registrado hasta ahora durante la pandemia, encontró que “los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir, no cumplían con los requerimientos funcionales acordados”, razón por la cual los rechazó y canceló la adquisición.

Claramente, el Gobierno de la República sale al paso, con esta decisión, a los severos cuestionamientos que ha recibido por la adjudicación de un contrato que huele a tráfico de influencias, y con ello evita que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deba exhibirse nuevamente como “encubridora” de Manuel Bartlett Díaz, a quien ya exoneró en una ocasión.

Pero con independencia de la lectura que pueda darse a la “cancelación” de este contrato, lo que parece quedar claro es que en el IMSS no saben comprar, es decir, que quienes se encargan de los procesos de adquisición en dicha institución poseen nulas habilidades para comportarse como consumidores con inmensas capacidades de negociación frente a los proveedores.

Y para evidenciar lo anterior basta recordar que, antes del “episodio Bartlett”, el IMSS había adjudicado un contrato, por 93 millones de dólares, a la empresa Levanting Global Servicios LLC, a la cual le había aceptado una oferta para la compra de 2 mil 500 ventiladores respiratorios.

¿Por qué decidió el IMSS rescindir dicho contrato? En la versión oficial, porque la empresa incumplió con el plazo de entrega. En la versión que más personas se inclinarán a creer, porque el propietario de la empresa, Baldemar Pérez Ríos, es un individuo que ha sido sentenciado por un juez federal luego de intentar defraudar a Pemex mediante el uso de una empresa “fantasma”.

En condiciones normales, que estos episodios ocurran en una institución pública resultan absolutamente condenables. Pero que se den en medio de una pandemia, que ya ha costado la vida a miles de personas, plantea un escenario de negligencia criminal por parte de quienes se encuentran al frente de nuestras instituciones sanitarias.

¿Quién se encarga de las adquisiciones en el IMSS? ¿Cómo fue seleccionado el equipo responsable de esta delicada tarea en estas condiciones extraordinarias? ¿Qué clase de directrices están siguiendo los encargados de atender la contingencia que estamos viviendo?

A juzgar por los hechos, sin duda no se trata de las personas mejor capacitadas para ello y eso resulta de la mayor gravedad.

Y solo es el principio

La crisis económica provocada por el coronavirus está provocando un efecto devastador en nuestra economía. Un efecto mucho mayor al que causa en términos sanitarios. El problema es que, a diferencia de lo que pasa en el terreno de la salud, parece claro que no hay una respuesta para los efectos económicos

Los efectos de la pandemia del coronavirus, se ha dicho en todos los idiomas existentes, serán mucho más notorios -y dolorosos- en el terreno económico que en el de la salud, porque el confinamiento al que hemos sido obligados al menos un tercio de los habitantes del planeta, derivará -deriva ya- en una recesión económica nunca antes vista.

Y en ese sentido, los número son absolutamente contundentes. En nuestro país, de acuerdo con las cifras reveladas ayer, se perdieron, tan solo en el mes de abril, más de medio millón de puestos de trabajo, según dejan claro las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Qué implica este número? En una primera aproximación, simple y descarnada, implica que en solo un mes hemos perdido incluso más que todos los empleos formales creados en lo que va del sexenio.

Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que apenas estamos hablando del comienzo, pues la parte más desagradable de este episodio todavía no la hemos visto, sino que aún está por venir.

En una lectura más detallada, lo que implica esta cifra es que estamos ante la peor crisis económica de nuestra historia moderna y que ni siquiera tenemos claro cómo vamos a enfrentarla.

Esto es así, porque el Presidente de la República ha dicho que si las empresas, es decir, los entes que generan los empleos formales, deben enfrentar la quiebra, pues que los empresarios asuman los costos, porque los contribuyentes no tienen por qué “rescatarles”.

En el imaginario de Andrés Manuel López Obrador, las empresas -y los empresarios- son entes ajenos, lejanos, abstracciones cuya suerte no debe importarnos porque su suerte no está vinculada a la de la economía nacional y, al final, lo que cuenta es “apoyar a los pobres”.

No está equivocado el Presidente cuando señala que los más desprotegidos merecen mayor protección por parte del Estado. El matiz está en el hecho de que las empresas que generan el empleo formal en México también requieren apoyo, porque la solidaridad con los pobres depende de los impuestos que estas empresas pagan.

La destrucción de más de medio millón de empleos en solo un mes constituye una catástrofe para el país. Y lo es más en la medida en que no tengamos un plan para que esos empleos sean recuperados a la mayor velocidad posible.

Y aquí no estamos hablando de los “dos millones de empleos” que el Presidente ha ofrecido crear el resto del año -algo que, por cierto, no ha ocurrido jamás en México- porque esos que López Obrador llama “empleos” en realidad no lo son, pues se trata de subsidios otorgados gracias a los impuestos que paga la economía formal.

Ya hemos perdido medio millón de puestos de trabajo. La cifra todavía podría multiplicarse por dos y, en el peor de los casos, por tres. Esa es una realidad que, de materializarse, nos hará retroceder años, acaso décadas, en el proceso de generar una sociedad más igualitaria.

Los pobres, a los que el Presidente dice querer ayudar, serán quienes más sufran si la catástrofe actual se multiplica.

Impunidad y la militarización

Ayer, 11 de mayo de 2020, se publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El mismo, faculta a las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública –adjudicadas a la polémica Guardia Nacional– regulando con esto la actuación de militares y marinos hasta marzo de 2024, fecha en que deberían regresar a sus cuarteles. En concreto, las funciones que adquieren el Ejército y la Marina son de prevención del delito, participación en puntos de control migratorio, detención y aseguramiento de bienes, fungir como primeros respondientes en la preservación y procesamiento de escenas del crimen, así como en funciones conjuntas de vigilancia, verificación e inspección, entre otras.

En resumen, se formalizan las funciones que las Fuerzas Armadas venían realizando de facto en la estrategia de militarización de la seguridad pública del país. Este hecho era previsible: dicha posibilidad ya había sido aprobada en la Reforma Constitucional de 2019 sobre Guardia Nacional, con la anuencia de todos los partidos políticos del Senado de la República.

Tomando en cuenta lo anterior, desde Fundar vemos tres preocupaciones principales con este Acuerdo: 1) la continuidad de una política pública de seguridad que falla en su diagnóstico de la crisis de impunidad que vivimos; 2) la salida de dicho acuerdo en el contexto de una crisis sanitaria; y 3) las fallas legales de origen que centralizan y amplias facultades al poder militar, en un contexto donde la experiencia y recomendaciones de organismo internacionales han concluido que las fuerzas armadas no tienen la formación y capacidad para actuar en tareas de seguridad pública y que actúan, por lo general, sin controles estrictos de carácter civil.

En el debate legislativo sobre la Guardia Nacional, fijamos una postura donde aceptamos que vivimos una situación de violencia sumamente compleja que requiere de acciones decididas y medidas de carácter extraordinario, pero disentimos de la solución de la militarización, por una premisa falsa que la sostiene: el naufragio y corrupción de las policías estatales y municipales ante el poder del crimen y la violencia; junto con la falsa percepción de que las Fuerzas Armadas son inmunes a la corrupción. Para nosotras, tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, se han envuelto en la dinámica del crimen; así como han sido parte o causa de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, no se trata de situaciones extraordinarias que representan una amenaza para la paz (previstos en la Constitución), sino de ausencia de Estado de derecho: una crisis de impunidad.

Por otro lado, el Acuerdo es publicado en medio de una crisis sanitaria por la COVID-19. Según los modelos y la evidencia mostrada por las autoridades federales estamos en el punto crítico de la pandemia: en el nivel de mayor contagio y saturación hospitalaria. De manera paralela, hemos vivido los meses más violentos de los últimos años a la par de la implementación de las medidas sanitarias (confinamiento, distanciamiento, atención diferenciada) establecidas por el Gobierno Federal para hacer frente a la pandemia.

Volver a la normalidad

Tras dos meses de cuarentena obligadas por las medidas sanitarias para evitar lo más posible la expansión de la epidemia de coronavirus, millones de personas en todo el mundo esperan la salida del confinamiento para supuestamente regresar a la “normalidad” que se tenía antes de la llegada de la COVID-19.

Pero debemos olvidarnos de ello: no habrá, al menos en mucho tiempo, una “normalidad” parecida a antes del coronavirus, lo que tendremos es una nueva “normalidad” pos-COVID-19 que por nuestro bienestar físico y emocional, debemos ir asimilando.

Muchos piensan que una vez pasado el pico más alto de contagios y levantadas las medidas sanitaria anunciadas al comienzo de la propagación de SARS-CoV-2, se regresará a las actividades a las que estábamos habituados. No será así.

Así lo muestran las medidas que han ido tomando los países que controlaron, por ahora, los contagios y levantaron algunas medidas de restricción de ciertas actividades, especialmente reapertura de negocios y vuelta al uso de espacios públicos.

Pero ningún país ha levantado todas las medidas. Y de hecho, en algunos casos, las medidas de confinamiento se alargan, como ocurrió en Francia al anunciar que el “estado de emergencia” sigue hasta el 24 de julio, cuando estaba previsto levantar la cuarentena el 23 de mayo.

Por ejemplo, el regreso a clases ya no será como antes. Seguramente más de algún lector vio una noticia del regreso de los estudiantes chinos a sus escuelas. Todos los niños llevaban cubrebocas, pero además la careta de plástico que cubre todo el rostro. En Alemania y Dinamarca, se permitió el regreso a clases pero en grupos reducidos de quince personas y con mesabancos a dos metros de distancia.

El uso cotidiano en espacios públicos de cubrebocas y mascarillas será parte del paisaje de nuestra vida cotidiana para los próximos años. Al igual que el gel antibacterial al entrar a escuelas o comercios. La portación de cubrebocas será casi generalizado en todos los países para el uso del transporte público.

En España se anuncia levantamiento de medidas de confinamiento para más de la mitad de la población, pero lo hacen con cautela. A los negocios se puede entrar apenas de pequeños grupos y guardando distancia de dos metros cada usuario.

Las reuniones sociales están permitidas apenas para 10 personas y con dos metros de distancia. Se permiten el uso de bares en terrazas abiertas pero con la misma exigencia de dos metros de distancia.

A pesar del levantamiento de algunas de las medidas, en ningún país se habla por ahora del regreso todavía de las grandes actividades recreativas (conciertos, cines, etc.), deportivas o turísticas. Todas siguen bajo cuarentena.

Como se aprecia, no habrá “normalidad” previa al virus, lo que habrá es una “normalidad” pos-COVID-19. La nueva norma que se pretende imponer es el “distanciamiento social”. Debemos cuestionar, sin poner en riesgo la salud, esta nueva normalidad que nos separa de las relaciones sociales a las que estábamos acostumbrados y que tiene enormes consecuencias política al confinar la protesta social.

La nación y el gobierno

La reducción de los contratos para la generación de energía por vías alternas, eólica o solar, por parte de particulares, ha puesto de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la política del Gobierno actual de favorecer a las empresas del Estado, aunque, al menos en el corto plazo, eso vaya en contra de la lógica económica del país.

En la visión de la actual administración lo mejor que le puede pasar al país es que las empresas productivas del Estado se fortalezcan económicamente y mantengan el monopolio porque eso le da al Gobierno mucho mayor margen de maniobra en la toma de decisiones estratégicas. Desde el otro punto de vista, el de los terribles neoliberales y los simplemente pragmáticos, lo mejor es que el sector energético se abra y existan privados que puedan generar electricidad o extraer petróleo de manera más eficiente y que el Gobierno se quede solo con el control estratégico.

La discusión de fondo es si lo mejor para las empresas del Estado, en este caso particular Pemex y CFE, es también lo mejor para el país. En la visión restauradora del Gobierno actual el problema de México es justamente que el Gobierno perdió su capacidad de gestión y transformación social porque se quedó sin la fuerza rectora de los grandes temas económicos. Regresarle a la CFE el monopolio absoluto de la producción de energía eléctrica (el de distribución nunca lo ha perdido) repercutirá más temprano que tarde en el alza de precios de la energía para empresas y hogares, pero fortalecerá la capacidad de gestión del Gobierno, por ejemplo, para subsidiar a quienes más lo necesiten. El retraso tecnológico de la CFE, que produce energía cara y altamente contaminante, lo cual va claramente en contra del interés nacional, se justifica en aras de un bien mayor que es el fortalecimiento del Gobierno.

La duda es si esta política energética, que es cualquier cosa menos de avanzada, es sostenible en el mediano plazo y cuáles son los costos ocultos de esta decisión; si esta visión de que lo que es bueno para el Gobierno es bueno para el país se sostiene en el tiempo. Si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es económicamente mucho más sana que Pemex, también lo es que la reconversión tecnológica en materia energética será mucho más lenta, tortuosa y cara si la dejamos solo en manos de la CFE.

El Presidente ha mandado varias señales en las últimas semanas de que el crecimiento de la economía le tiene sin cuidado y que lo que realmente le importa es el fortalecimiento del Gobierno. La cancelación de los contratos de generación de energía es solo una decisión más en esta lógica. Nos puede gustar o no, pero nadie puede a estas alturas decirse sorprendido.

Cuando esto termine

A pesar de que para el Presidente ya se ve la luz al final del túnel, los balances finales de la epidemia –sanitario, económico y social– están aún lejanos. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo comenzaremos a salir del paréntesis de la cuarentena ni cómo se irá construyendo la nueva normalidad de la vida social en tanto no exista cura o vacuna para el virus.

Por lo pronto, hemos experimentado con los límites de la tecnología para comunicarnos, para socializar, para enseñar. Hemos vislumbrado cómo puede ser una vida sin tantos traslados, sin reuniones presenciales interminables y poco productivas, sin consumos inútiles, sin comidas de negocios o de grilla. Se ha hecho evidente, también, cómo para una buena parte de la sociedad mexicana la subsistencia depende del día a día en la calle, sin refugio posible. Los avances tecnológicos no llegan a millones de estudiantes que no tiene acceso a internet de buena calidad, mientras que también se hace evidente la poca preparación del sistema educativo para aprovechar el potencial didáctico de los recursos virtuales.

En el aislamiento, cuando vivimos una vida casi onírica, la imaginación se dispara, nutrida por la ola de utopías, eutopías, distopías y ucronías en boga. ¿Cuánto va a cambiar nuestras vidas esta crisis? ¿Cómo va a marcar nuestra conducta? ¿Cuánto impactará en el aprendizaje colectivo y qué tan duradera va a ser su huella? Obviamente, la especie seguirá siendo la misma, con sus pasiones y sus intereses, con su potencial de violencia, pero las crisis de estas magnitudes tienen impacto en el entramado institucional, cambian los precios relativos, destruyen riqueza, cuestionan los derechos de propiedad y abren oportunidades de cambio, de recontratación social.

Es imposible pronosticar de manera certera siquiera cuanto de los arreglos políticos que existen hoy en el mundo sobrevivirán, pues se han fortalecido las ideologías de la exclusión, no sabemos si en mayor o menor proporción al aumento en las pulsiones solidarias que la tragedia genera. La proporción de crecimiento de unas u otras dependerá del grado de cohesión de las diferentes sociedades. Y el grado del cambio dependerá de la eficacia de cada sistema de reglas y de su flexibilidad para adaptarse sin grandes rupturas.

La crisis hará evidente para algunos la necesidad de fortalecer la cooperación, mientras otros seguirán abogando por la competencia, ya sea individual o gregaria, liberal o nacionalista. La contradicción entre impulsar redes de cooperación más sólidas, que permitan la negociación y la inclusión, y el empuje de las visiones aislacionistas, individualistas extremas, promotoras de la xenofobia, la violencia, la exclusión o la polarización irreductible entre las partes de la sociedad. El resultado será producto de la visión del mundo que impere en cada sociedad y esta será consecuencia del desempeño del sistema político existente y de sus características distributivas.

Enfrente, una distopía previsible sería el fortalecimiento de la política de la polarización, de la intolerancia y la falta de diálogo, encabezada por liderazgos personalistas con discursos demagógicos. Una era populista, donde al actual Gobierno lo sucediera uno encabezado por un personaje de la extrema derecha, que usara para afianzarse en el control totalitario los instrumentos de centralización del poder buscados por López Obrador. La realidad en la que vivimos desata la imaginación porque ya de suyo tiene mucho de distopía.

Empoderamiento de facto

En el tramo del empoderamiento, constitucional y de facto, que ha recorrido Andrés Manuel López Obrador luego de la elección de 2018, habría que analizar de una manera más fecunda a mi juicio qué es lo que se construye realmente en torno de la Cuatroté.

Un elemento muy valioso para desahogar esa tarea es ver de conjunto las decisiones que por escrito se han tomado, porque eso nos permitirá ver, más que los árboles, el bosque a plenitud. Dentro de ellas podríamos abarcar modificaciones constitucionales, diseño del Presupuesto General de Egresos, reformas a leyes para expedir nombramientos cuando aquellas ofrecen un obstáculo, como el caso de Paco Ignacio Taibo II, y ejemplos podrían engrosar esta lista para hacerla muy abultada.

Pero quizás ninguna más delicada que la que se inició con el decreto que precedió a la iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tenemos en presencia un decreto cuyo único propósito es subrayar quién manda y qué poder está por encima de los otros. El decreto, cuál duda cabe cuando se le ve con racionalidad, tiene una orientación ideológica y un listado de intenciones y de expresas decisiones de que el Presidente no está dispuesto a moverse del sitio en el que se encuentra desde hace varios lustros. El decreto no deja ver a un jefe de Gobierno y de Estado, sino a un líder político arrojado a la arena de las contradicciones; basta ver que el punto de partida es la crisis del neoliberalismo al que se refiere como “un demonio”, que dicho sea de paso no se puede ahuyentar con agua bendita.

Algunos dicen que el decreto era innecesario por la facultad que tiene el Presidente de iniciar modificaciones al Presupuesto actual, por una parte; y, por la otra, políticamente, si cuenta con una cómoda mayoría que pudiera ayudarlo en sus propósitos. Pero para López Obrador ese no es el camino, lo importante, en la construcción de una nueva hegemonía con ribetes de exclusión, es resaltar que todos los ejes de la vida nacional confluyen en su persona, en un Presidente que sin duda trata de superar en peso a todos los que le precedieron, y eso, por decirlo suavemente, es más que preocupante.

Entiendo que la elección de 2018 marcó un regreso a la Constitución, en contra de las agencias informales en las que se sustentaban las grandes decisiones para luego barnizarlas con la ley y así engañar, o pretender engañar, a todos. Debemos, a mi juicio, defender la Constitución, exigir que juegue el papel que le tiene reservado el Estado moderno. En este marco entiendo que la Constitución no tiene porqué ser una camisa de fuerza para modificar leyes secundarias en momentos de emergencia, precisamente porque nuestra Constitución también establece los mecanismos para cuando hay situaciones de crisis como la que vive el país en materia sanitaria, económica y social, porque golpeará a vastísimos sectores de la población, quizá como no lo hemos visto en mucho tiempo.

Nuestro código fundamental es claro: dispone que no hay, en materia de presupuestación, ninguna medida que se pueda tomar por encima de la representación; es una verdad archisabida. Por eso hay una norma que, sin dejar duda alguna, reserva como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el expedir anualmente un presupuesto de manera soberana y a propuesta del Ejecutivo. Torcer esta norma, facultando al Presidente para que modifique el destino de asignaciones y partidas, es tanto como permitir la concentración de dos poderes en una sola persona, dotándolo de facultades discrecionales proscritas por nuestra alta ley, como lo establece el artículo 49.

Medios e independencia

La independencia de los medios de comunicación ha sido una característica sumamente cuestionada en los últimos tiempos.

La independencia editorial muestra profesionalismo, ética y una opción definitiva por el interés público. Si embargo, en distintos países del mundo, incluido México, la captura de los medios de comunicación ha sido una regla, más que una excepción. En países como Cuba, la imposibilidad de independencia viene desde la sobre regulación que por un lado prohíbe la existencia de medios de comunicación no oficiales y, por otro, restringe de manera terminante la difusión de información contraria a los principios que promueve el Estado revolucionario. En otros países, la captura viene en la asignación de licencias o concesiones a un grupo determinado de poderosos (la propiedad de los medios se mantiene en unos cuantos, aquellos que determinar qué es lo que la sociedad debe o no saber); también, como en México, se acompaña de fuertes sumas de financiamiento público para comprar las líneas editoriales (en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se hizo bajo el concepto de publicidad oficial). Finalmente, existen países en donde poco a poco los intereses del sector privado cooptan aquellos de los medios de comunicación.

Ahora en el marco de la pandemia, las fracturas existentes en el desarrollo mediático de los países se ponen en relieve y se vuelven más peligrosas si no se toman medidas decididas para tratar de promover mayor independencia y profesionalismo en los medios de comunicación.

Por ejemplo, en un país como el nuestro, en donde la mayoría de los medios dependen hasta cierto grado del dinero público federal, local o municipal; han tenido que enfrentarse, ante la contracción económica, a despidos masivos y, ahora en la pandemia, a la reducción de salarios. Pero también este periodo ha sido una oportunidad de algunos medios para mostrar el músculo que significa la mala propaganda con la intención de restablecer las prerrogativas con las que gozaban anteriormente. Desde Artículo 19 lo dijimos en múltiples ocasiones, el financiamiento público a los medios de comunicación -vestido de publicidad oficial- generó una relación históricamente perversa entre los medios y el gobierno, pues del dinero depende la buena o mala reputación del funcionario público en turno. También es cierto, que es precisamente en este momento en el que los gobiernos ven oportunidad de cooptar las voces independientes para convertirlas en propaganda.

También es importante reconocer que existen intenciones claras de diversos congresos locales y de algunos diputados a nivel federal para criminalizar la libertad de expresión y de alguna manera sobreregular la actividad periodística. Solamente, la semana pasada, en Puebla se presentó una iniciativa que busca criminalizar la difusión de “noticias falsas”.

Finalmente, la intención de captura siempre estará ahí, mutándose, adaptando nuevas formas cuya única intención es el control y la desinformación de la sociedad. Por esto se vuelve más que nunca relevante que los medios difundan información independiente y verificada; que los periodistas se apeguen a normas éticas y profesionales; que los gobiernos y las organizaciones internacionales piensen en formas de financiamiento que no supongan cooptación (con una asignación objetiva y transparente); que los funcionarios reconozcan la importancia del periodismo y; las compañías de Internet se comprometan a promover el periodismo independiente y el desarrollo mediático.

El modito

En teoría cualquier persona razonablemente decente tendría que estar de acuerdo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En teoría, insisto. ¿Quién podría estar en contra de un soberano obsesionado por combatir la corrupción, quitar el boato a los usos y costumbres de los políticos y el gasto suntuario a los funcionarios, rendir cuentas durante dos horas al día, eliminar los chayotes de la prensa, quitar prebendas fiscales a las grandes empresas abusadoras, mejorar o intentar mejorar el poder adquisitivo de los pobres? ¿Cómo no coincidir con las premisas de un Gobierno que intenta hacer un cambio a favor de la justicia social sin nacionalizar empresas privadas, sin endeudar las finanzas públicas, sin engrosar el gasto público y las filas de la burocracia, sin desestabilizar a la sociedad en su conjunto?

Son banderas en las que casi todos los mexicanos coincidirían y, sin embargo, muchos están en desacuerdo y no son pocos los que dicen arrepentirse de haber votado por él.

Se entendería, desde luego, si López Obrador se hubiese comprometido a luchar por estos objetivos y luego los hubiese abandonado, pero no es el caso. Por el contrario, se le puede acusar de muchas cosas pero no de haber traicionado sus obsesiones.

¿Por qué entonces el Presidente produce verdadera urticaria en tantos ciudadanos que no necesariamente estarían en contra de un gobierno que busca una sociedad más justa, honesta y equilibrada?

Permítaseme un paréntesis antes de continuar: no hablo de los que ideológicamente siempre han estado en contra de sus posiciones; aquellos que creían que México iba bien, salvo algunas taras que desaparecerían con el tiempo cuando ingresáramos al primer mundo, incapaces de ver que en el modelo que seguíamos no cabía la mitad inferior de México y que la situación para los de abajo se había hecho insostenible. Hablo de los que entendían que el país necesitaba un cambio urgente, pero ahora no están de acuerdo con la manera en que se está llevando a cabo.

Y no obstante, es un cambio que está en marcha. ¿Dónde se descompuso el engrudo?

Entiendo que hay decisiones polémicas de parte de López Obrador, desde la clausura de un aeropuerto en construcción hasta la rifa forzada de un avión sin avión, la construcción de una refinería a contrapelo de lo que dicen los especialistas y un largo etcétera. Pero cualquiera de esas medidas palidece frente a la corrupción sistemática de administraciones anteriores, el gasto suntuario, la compra de refinerías chatarra, los abusos faraónicos de los gobernadores, el desvío de fondos de salud y un largo ,y ese sí, infame etcétera. Y sin embargo a Peña Nieto en el mejor de los casos se le desprecia, a López Obrador se le odia. ¿Por qué? ¿Porque está transfiriendo masivamente recursos a los pobres? ¿Porque está combatiendo a la corrupción? No, lo execran por el modito, para decirlo en sus propios términos. Es su estilo, sus desplantes verbales, sus provocaciones, ocurrencias y acusaciones lo que verdaderamente les produce ronchas.

Gastar es poder

Quien decide el gasto tiene el poder. Da igual si es en una casa, en una empresa o en el Gobierno. Las parejas batallan por las decisiones de compra, en las empresas los administradores ejercen su capacidad coercitiva a través del control de la chequera y en los gobiernos el jaloneo por el gasto es la expresión más burda y a la vez más clara de quién tiene el poder.

En el sexenio de Vicente Fox vivimos los primeros jaloneos por el presupuesto propios de una democracia. No había mayorías aplastantes para que el presupuesto se aprobara sin cambios, como sucedió durante décadas de presidencialismo. Con el advenimiento de la democracia los diputados se dieron cuenta de que además de voto tenían voz, y poder e hicieron un desbarajuste con el presupuesto. El Presidente montó en cólera pues, decía, esa no era atribución de los legisladores, lo llevó a una controversia Constitucional (109/2004) y logró echar para atrás el dictamen donde los diputados se sirvieron con la cuchara grande. El entonces Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, sostenía que daba igual que aprobaran en la Cámara pues en la práctica Hacienda tenía la última palabra: la chequera.

En situaciones extraordinarias hay que hacer cambios al presupuesto y reorientar el gasto; en eso no hay discusión. La pregunta es si lo que requiere el Ejecutivo es mayor discrecionalidad para el gasto o mayor agilidad para adaptarse a las circunstancias. La iniciativa originalmente enviada por el Ejecutivo apunta a que se le otorgue mayor discrecionalidad y tenga la capacidad para mover dinero previamente asignado a programas que el Gobierno considere prioritarios. La propuesta que al parecer llegará la pleno del Congreso la próxima semana apunta a que existan mecanismo más ágiles de reasignación sin que este sea totalmente discrecional.

Hasta aquí todo parece bien y hasta civilizado. Hay sin embargo dos temas a considerar. El primero es esta sensación de dèjá vu en el proceso legislativo de la Guardia Nacional: se discute en la Cámara, se aprueba una ley aparentemente correcta, pero el Presidente termina haciendo exactamente lo que se le antoja sin que haya poder alguno que le ponga cara. La segunda y más delicada son los criterios para decretar la emergencia. Lo que se ha planteado hasta ahora es que basta un decrecimiento de uno por ciento para que la Presidencia pueda establecer dicha emergencia. Para evitar abusos, esta declaratoria no solo debería de contemplar otros requisitos (caída en los ingresos fiscales, cambio drástico en los criterios generales de política económica previamente presentados, etcétera) sino, sobre todo que sea un poder independiente, Banco de México o el propio Congreso, quien pueda decretar, a solicitud del Ejecutivo, dicha emergencia.

Es imposible no pensar en la frase del Presidente de que la pandemia le venía como anillo al dedo a su proyecto de transformación, pues ella encierra la tentación de todo Presidente de concentrar el poder. Para que la República funcione el dedo ejecutor y el anillo del poder deben estar juntos, pero responder a diferentes cabezas.