Categoría: Editorial

Obcecación presidencial

El Presidente está empeñado en transformar –ese es el verbo que usa en su lema– al Estado mexicano y fundar un nuevo régimen. Es mucho más probable que demuela muchas de las estructuras de lo que actualmente existe, algunas bien hechas o por lo menos funcionales, y solo deje montones de escombros. La obcecación presidencial en hacer del pasado tabla rasa, para construir su proyecto sobre tierra arrasada y aplanada, sin parar mientes sobre la viabilidad real de lo que se propone, o en la posibilidad de que lo que existe no esté tan mal como él creía, puede acabar de derruir a un Estado ya de por sí muy maltrecho, pero sin sustituirlo por algo nuevo y mejor construido.

Cada mañana, en la perorata presidencial, se suelta una andanada de mandarriazos contra lo establecido, que luego se traducen en acciones de desmantelamiento y sustitución por alguna estructura improvisada inspirada en el diseño del líder, en cuya cabeza están completos los planos de la nueva edificación, aunque sin haber pasado por el tamiz de algún calculista que mida si son edificables o no. López Obrador está decidido a dejar un legado trascendente, tanto en infraestructuras que imagina como proyectos geniales, aunque sean en realidad bastante retrógrados, como en la transformación de las instituciones y de las prácticas del Estado mismo. La pandemia le parece un incidente menor, que no debe alterar sus planes.

Para el Presidente la legalidad constitucional es maleable a voluntad. Los detalles legales le aburren y le deja a su Consejero Jurídico los retruécanos necesarios para simular el acatamiento. Lo hecho con el acuerdo para desplegar al Ejército sin control civil en tareas de seguridad muestra que no tiene empacho en torcer la Constitución. Ahora será la Suprema Corte la que deberá decidir otra vez sobre la constitucionalidad del despliegue militar, lo que implica una nueva tensión sobre su independencia.

La animadversión presidencial a las autonomías y contrapesos llevó a la captura o desmantelamiento de organismos relevantes y no se ha detenido: sigue acechando al INE, mientras mantiene el sometimiento del INAI. Precisamente esta semana se publió en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria, emitida por la Secretaría de Economía, a una consulta pública para establecer una Norma Mexicana para la Organización de las Elecciones en México. Es, a todas luces, otro atentado contra la Constitución, pues está entrometiendo a una secretaría del Gobierno en la reglamentación de una materia que le corresponde en exclusiva al INE.

Todo en medio de una pandemia que le parece un incordio y de la que se quiere deshacer a voluntad. Su plan de salida no es más que una sarta de suposiciones fantasiosas, sin respuestas a los ingentes problemas económicos y sociales que ya está enfrentando el país. Los datos del desempleo que ya está aquí, el peor de la historia contemporánea, no le dicen nada al Presidente, que responde con créditos de 25 mil pesos y el énfasis en sus programas sociales al desesperado clamor de la gente que ya está quedándose sin comer. El Presidente le apuesta todo a una mágica reactivación de la economía en cuanto termine el confinamiento, el cual, para él, concluirá el dos de junio.

Reducir la desigualdad

Afirmar que la desigualdad social es el mayor problema de un país como el nuestro no es ninguna novedad. Se trata de un problema sobre diagnosticado para el cual los gobiernos de todos los signos políticos no han sabido construir respuestas eficaces.

Lo anterior es una realidad en múltiples países del mundo, no solamente en México, pero hace décadas está claro que América Latina es la región más desigual del planeta y por ello el tema cobra especial relevancia aquí.

Pero lo importante no es tener clara la existencia de la desigualdad sino diseñar e implementar estrategias capaces de reducirla de forma eficaz. Y ciertamente el simplismo a la hora de hacer propuestas no contribuye en lo más mínimo a nutrir una discusión que demanda seriedad.

El comentario viene al caso a propósito del planteamiento divulgado por el presidente Nacional del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, a través de su cuenta de Twitter, según el cual un paso necesario para combatir la desigualdad es dotar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de atribuciones para “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.

 La idea es que este grupo que concentra el 50 por ciento de la riqueza nacional… se solidarice, coopere, apoye, los gastos para financiar un estado de bienestar que tanto necesitamos”

El propósito de esta medida, de acuerdo con Ramírez Cuéllar, sería que cada dos años, el INEGI de cuenta de “los resultados que arroja el total de los activos con los que cuenta cada mexicano”.

Y hasta ahí la propuesta, es decir, el dirigente nacional del partido del Presidente -razón por la cual no puede considerarse el posicionamiento un hecho anecdótico- no precisa cuál sería el propósito de que el INEGI acopiara tal información.

En entrevistas concedidas a diversos medios, Ramírez Cuéllar solo ha dicho que la intención de su propuesta es que el grupo de mexicanos “que concentra el 50 por ciento de la riqueza nacional… se solidarice, coopere, apoye, los gastos para financiar un estado de bienestar que tanto necesitamos”.

¿Qué significa esto último? resulta muy difícil saberlo porque los dichos del dirigente nacional de Morena han sido vagos y no es posible deducir de ellos el objetivo específico detrás de su propuesta.

Esa vaguedad, sin embargo, es lo que resulta peligroso, pues lejos de contribuir a que se registre un debate informado y serio respecto de un problema real y evidente como es la desigualdad, lo que provoca es una mayor polarización social e incertidumbre en un sector cuyos recursos resultan indispensables para hacer crecer nuestra economía.

Los “escopetazos al aire”, al estilo del que acaba de realizar Alfonso Ramírez Cuéllar, alimentan la polémica respecto de que este Gobierno es “enemigo” de los empresarios -exista o no razón para realizar tal afirmación- y lo peor es que lo hace en uno de los momentos más inoportunos.

La desigualdad social es una herida lacerante en el cuerpo social mexicano, de eso no hay duda. Pero plantear ocurrencias como fórmula para combatirla no ayudará en nada a disminuirla y, acaso, lo que logre sea profundizarla aún más.

Los vicios de antes

Que los gobernantes –de cualquier parte del mundo, pero de manera particular los mexicanos– expongan realidades que nadie más puede ver es un vicio añejo cuyas manifestaciones a nadie pueden ya sorprender.

Pero no porque se trate de un vicio recurrente debe ignorarse su existencia y, menos aún, soslayar la relevancia de sus potenciales efectos. Porque más allá de si la exposición de mundos de fantasía perjudican o no la popularidad o la imagen del gobernante en turno, lo que importa es la forma en que tales expresiones afectan las decisiones que toman las personas.

Un buen ejemplo de ello es el mensaje que ayer emitió, a través de un video difundido en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual realizó un recuento de lo que, en su opinión son las “buenas noticias” que tiene el País en medio de la pandemia del coronavirus.

Uno de los aspectos que abordó el titular del Ejecutivo Federal fue el relativo a la pérdida de empleos formales, variable sobre la cual, dijo, él tiene un pronóstico de carácter personal y que implica que el saldo final de la crisis económica –derivada de la contingencia sanitaria– será de un millón de puestos de trabajo destruidos en el País.

Es probable que el Presidente haya decidido adelantarse a “vender” su pronóstico para suavizar el tema y, sobre todo, para conducir la conversación sobre el tema al punto que a él le interesa: la presunta “creación” de dos millones de empleos de aquí a finales de año.

La intención aparece muy clara: sí se van a perder muchos empleos, pero el Gobierno de la República va a compensar esa pérdida “sobradamente”, de tal forma que el efecto económico de la pandemia prácticamente desaparecerá “de manera instantánea” y en muy poco tiempo formará sólo parte de los desagradables recuerdos que nos dejará este episodio.

Es indispensable decir, sin embargo, que las palabras del Presidente no encuentran asidero en ninguna experiencia pasada, ni propia ni externa, porque se trata de algo que no ha ocurrido nunca.

Nunca en la historia del País se han perdido tantos empleos formales en un período tan corto. Pero, sobre todo, jamás en la historia de nuestro país –ni siquiera en los momentos de más boyante economía– se han creado dos millones de empleos en un año.

Esto para ya no hablar de que los empleos que cuentan, los de carácter permanente, los que hacen crecer la economía, no los genera el sector público, sino el privado, es decir, las empresas. En otras palabras, los empleos que necesitamos recuperar son los que se están perdiendo y para eso no existe plan alguno, según se ve.

Mediante la inyección de recursos al listado de proyectos enumerados ayer por el Presidente se podrá aliviar una parte del problema, pero eso será sólo una aspirina que no revertirá el daño, pues en casi todos los ejemplos expuestos no se trata de empleos reales, equiparables a los que se han perdido.

Pretender que le compremos ese argumento constituye, por parte del Presidente, un exceso retórico que pone en duda, una vez más, el compromiso que asegura tener con la verdad.

Violencia, la “nueva normalidad”

Embebidos como estamos en la crisis económica y de salud por el coronavirus pasó casi desapercibido el informe de seguridad en el país. Fiel a su estilo, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quiere ver avances donde no hay y se atrevió a hablar de una ligera mejoría, de poco más de uno por ciento, y un cambio de tendencia en abril respecto a marzo, pues hubo 50 homicidios; pasamos de 3 mil a 2 mil 950. La mejoría, si aceptamos el argumento del Secretario, tiene que ver con el calendario, no con la estrategia, pues gracias a que abril tiene un día menos que marzo, hubo menos asesinatos (qué diera el Secretario porque los meses fueran todos enanos como febrero). Esto no lo dicen, pero si comparamos abril contra el mismo mes del año pasado el incremento de homicidios es de 8 por ciento. Estamos pues, en el mejor de los casos en un estancamiento de 100 asesinatos por día que nos quieren vender como una “nueva normalidad”.

A estas alturas del partido es evidente que la estrategia de seguridad del Gobierno de López Obrador no funcionó. Sacar al Ejército a las calles es el reconocimiento silencioso de ese fracaso: la respuesta ante una política fallida es doblar la apuesta, en lugar de hacer una revisión crítica de la estrategia. La gran crítica que se ha hecho al Gobierno federal por parte de los gobiernos locales es que la Guardia Nacional “no se moja”, no se involucra en el combate directo a la criminalidad, sino que se limita a una “presencia disuasiva”. Y quizá sí, en la medida en que el Ejército y la Guardia Nacional sean visibles ese pequeño radio se vuelve seguro, pero como es evidente, no evita que una ves que se vayan o que a unos kilómetros de ahí se comentan asesinatos con absoluta impunidad.

En lo que va del sexenio no hemos avanzado un ápice en el control territorial. Los grupos de crimen organizado siguen igual o más fuertes que al principios del Gobierno de Morena. Las policías municipales y estatales están en el mismo estado de inanición, salvo casos contados que tiene más que ver con los impulsos individuales de alcaldes que se preocupan por mejorar sus policías. Los compromisos del Modelo Nacional, aprobado al año pasado, quedaron solo en buenas intenciones, pues entre lo que quedó rasurado del presupuesto 2020 estuvo el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Uno de los efectos esperados en la llamada postpandemia es un aumento (si aún se puede más) de las debilidades institucionales de los gobiernos nacional y subnacionales que, sumado a la crisis económica, serán el caldo de cultivo ideal para el crecimiento de los grupos de crimen organizado y de control territorial. Tener reuniones todos los días para dar seguimiento a la información de seguridad no es suficiente para bajar los índices de criminalidad, mucho menos para controlar el territorio. Cien asesinatos al día en el país no es ni debe ser tolerable. Si lo normalizamos, si lo asumimos como la “nueva normalidad”, perdemos.

Covid-19 y mala alimentación

La pandemia de coronavirus provocada por el SARS-CoV-2 está provocando en México el doble de muertes que en el resto del mundo. Es un dato para alarmarnos. En efecto, con datos del sábado 23 de mayo, en el mundo había 5 millones 384 mil 272 contagiados por COVID-19 lo que había provocado la muerte de 343 mil 100 personas, arrojando una tasa de letalidad de 6.37.

Para el caso de México la cifra se duplica. El viernes 22 de mayo se reportaron 62 mil 527 contagiados de los cuales 6 mil 989 lamentablemente han fallecido desde que se presentó el primer caso de contagio. La tasa de letalidad en nuestro país es de 11.87, prácticamente el doble que el promedio mundial.

Si bien pasada la pandemia se tienen que desarrollar estudios concluyentes para saber por qué ocurre esto, ya algunos especialistas nos explican la razón de que la población contagiada por coronavirus en México esté muriendo más que en el resto del mundo. Y también más jóvenes.

Para los expertos, la explicación apunta a la mala alimentación que tiene la población mexicana dese hace varias décadas.

Cuando comenzó la pandemia, especialmente con los casos ocurridos tanto en Wuhan, China, como en el norte de Italia, se dijo que las tasas de hospitalización serían de 20 por ciento de los contagiados, y de aproximadamente 5 a 6 por ciento de muertes, especialmente de personas mayores de edad.

Pero en México la tasa de hospitalizaciones ocurre a tasas más altas y en promedio están falleciendo adultos más jóvenes.

La Alianza por la Salud Alimentaria y organizaciones como Poder del Consumidor han explicado que esto se debe a que la población mexicana nos hemos convertido en los mayores consumidores de productos ultraprocesados, de la comida chatarra y las bebidas intensamente endulzadas.

La población mexicana está vulnerable frente a la COVID-19 debido al deterioro de nuestra salud, explicó Alejandro Calvillo en una entrevista reciente para Radio Universidad de Guadalajara (UdeG): “Más de 70 por ciento de los adultos tiene sobrepeso u obesidad, alrededor de 10 por ciento de los adultos tiene diabetes en alto porcentaje sin saberlo, es una población en alto riesgo, esto tiene qué ver con la alimentación. Una alimentación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha demostrado con el alto consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y de productos de marca. Si vas al súper no puedes encontrar un yogur sin azúcar (…) este deterioro de nuestra salud nos está volviendo muy vulnerables frente al COVID-19”.

Debido a estas razones, cuando pase esta pandemia no debemos volver a la “normalidad” de la mala alimentación en México. Los expertos predicen que otras epidemias llegarán y no pueden encontrar a una población mexicana con sistemas inmunológicos débiles debido a la mala alimentación. La crisis que abre la pandemia por coronavirus debe aprovecharse para cambiar los modos de producir y consumir los alimentos; volver a la agricultura tradicional, consumo local y reducir al máximo los productos ultraprocesados que han debilitado la salud de los mexicanos.

La gran asignatura pendiente

Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero no por ello debe dejar de repetirse: los efectos de la pandemia causada por la llegada del coronavirus serán más doloroso y duraderos en el terreno de la economía. Eso no minimiza la tragedia que implica la pérdida de vidas humanas, desde luego, pero la gran batalla que sigue no es de carácter sanitario.

Cientos de miles de puestos de trabajo se han perdido. Eso implica que miles de familias no cuentan en este momento con una fuente de sustento y procurar que esa realidad cambie, lo más pronto que sea posible, debe ser nuestra preocupación más importante.

En ese sentido, resulta indispensable decirlo, la solidaridad que cada uno de nosotros pueda expresar –cualquiera que sea la forma de hacerlo– es insuficiente. Y lo es porque el apoyo que individualmente podemos ofrecer es limitado y no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo.

La única forma en que realmente puede aliviarse la situación complicada por la que atraviesan quienes han perdido su trabajo es que lo recuperen, o que encuentren otro que les garantice un ingreso constante mediante el cual sufragar las necesidades propias y de su familia.

Y en ese terreno, solamente la acción del Estado puede ofrecer una respuesta capaz de revertir los efectos catastróficos que sobre la actividad económica ha tenido la pandemia.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al cierre masivo de negocios que es posible observar en los corredores comerciales de Saltillo y que seguramente se reproduce en los de cualquier ciudad de País.

Decenas de locales comerciales cerrados; espacios con anuncios de renta; comerciantes que no tienen claridad de lo que les aguarda el futuro inmediato. La incertidumbre como única certeza.

No estamos hablando solamente de los empresarios, de las personas que han arriesgado su capital en un negocio en el cual han fincado sus esperanzas de prosperidad y de un futuro más promisorio. Estamos hablando de las miles y miles de personas que tienen en dichos emprendimientos su fuente de sustento cotidiano y que hoy lo han perdido.

Por eso es que al hablar de apoyar a la iniciativa privada no se está planteando que se “rescate” a los poseedores de enormes fortunas, o a presuntos oligarcas que concentran la mayor parte de la riqueza del País. De lo que se habla, de manera fundamental, es de voltear a ver a los pequeños y medianos empresarios que lo han perdido todo –o están a punto de ello– debido a la contingencia sanitaria.

A quienes se encuentran en esta situación son a los que resulta indispensable, urgente, apoyar, no con el propósito de restaurar sus patrimonios personales, sino con la intención de impedir que las personas cuyo ingreso depende de la supervivencia de tales empresas queden en el desamparo en los meses –o los años– por venir.

No debería ser tan difícil entender esto.

Ante el silencio

El silencio del coronavirus se expresa plásticamente en los supermercados, se esculpe entre la distancia exigida y poco cumplida que permite imaginar esa secuencia entre una persona y otra; asemeja una serpiente en su imaginado ondular que anuda el orden impuesto ante el temor del contagio; filas ausentes de palabras en espera de disolverse y rehacerse una y otra vez ante las cajas registradoras: medidas inventadas con ciencia o al azar en la ruleta rusa del consumo, una paciencia compartida que presagia tormenta, en cualquier momento, a pesar del calendario preciso que permite hipotéticamente salir pronto de las trincheras.

La carencia de una disciplina que pretende preservar la vida y que pareciera dar palos de ciego ante lo incógnito que acecha con el poder de su invisibilidad.

El silencio se convierte en una invasión inesperada que en instantes se apodera del entorno y dispersa la densidad de las horas, asume el tiempo, lo absorbe entre los poros de los cuerpos que parecieran perder su peso; como figuras de una escena teatral nos exhiben y en esos interludios alcanzamos a vernos de reojo para descubrir nuestra semejanza, una renovada y emergente uniformidad; los cubrebocas azules, blancos, negros, de colores, expresan más que precaución y obediencia civil, la voluntad de continuar, de sobrevivir, porque todavía creemos que es posible gobernarnos y necesitamos un bozal para darnos cuenta.

En esta ausencia de palabras, murmullos, certezas, nos reconocemos en nuestra condición contundentemente fugaz; frágiles en la inmensidad, sabiéndonos mortales al fin, en un reality show próximo a una pesadilla que aún no se despliega del todo.

Hay algo turbio en estas horas que parecieran reducir a unos cuantos gestos sociales el mundanal ruido, es una sospecha que crece y advierte que no sabemos en realidad lo que pasa; más allá del diagnóstico clínico de la exigencia de la vida misma expuesta, el mundo nuestro pareciera disolverse frente a nuestros ojos, negamos lo que sucede y buscamos continuar la rutina y no obstante presentimos que lo inefable no tarda en alcanzarnos, a pesar de lo que algunos llaman forzadamente la nueva normalidad.

Una rareza lingüística, un pretendido ejercicio del poder por definir qué es la vida, cómo atraparla, dirigirla, manipularla. Esa enfermedad del poder por controlarlo todo, el pasado, el presente y el futuro (los poderes político, religioso y económico), unos le llaman soberbia, no, no alcanza ese drama humano de nuestro ego; más bien es inercia, la pesada inercia del poder mismo que intenta continuar con su dominio a costa de lo que sea, incluso de su propia extinción.

El silencio, por ello (y muchas cosas más) parafraseando aquella canción, nos puede permitir, reflexionar mejor sobre el sentido de los discursos que esgrimen sus argumentos cada vez más próximos a la guerra, hipnotizados, apegados a la bestia del sí mismo, incapaces de oxigenarse con la vitalidad del presente y la pasión del mañana, arrastrando un pasado desfigurado. Atrapados los ideólogos de todos los bandos en la irreductible certeza del que ya no busca y se ve a sí mismo como la verdad inmaculada e implacable… henos aquí, en esta disputa por la realidad, envenenados de toda clase de insuficiencias mezcladas con intuiciones, aciertos y odio; sí, odio que se niega, pero sin el cual no se puede explicar lo que sucede. El odio oculto de la sinrazón, esa sombra siempre presente, que día a día avanza más y más hasta llegar al borde del precipicio. Estamos a sus orillas, y ni así se acallan los insultos y el ruido, esa suma de incoherencias que arden en la pira de los justos y sus engreídas narraciones.

El silencio doblemente necesario para escuchar y escucharnos, un sensato y sano ejercicio que se pretende desterrar de nuestra erosionada vida democrática.

La uniformidad triunfa, los discursos unívocos, los uniformes; en el paulatino y decidido aislamiento, donde la irritación creciente es el signo peligroso de una esquizofrenia colectiva que amenaza desde sus entrañas a la nación misma.

La intencionalidad del silencio

“Los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica”, dijo Angela Merkel la semana pasada en su mensaje en el marco del 75 aniversario de la prensa libre.

Estos días, donde la libertad de prensa está bajo fuego, es difícil pensar que algún jefe de Estado acepte el deber de la prensa de confrontar a los gobiernos, de escudriñarlos y sujetarlos a una verdadera rendición de cuentas. Por el contrario, en el marco de la pandemia, son cada vez más los funcionarios, no sólo en México, sino en diversos países de la región, que esperan ver a un prensa sumisa y complaciente que se preocupe únicamente “por informar sobre la pandemia” como si todos los demás problemas existentes que caracterizan al país desaparecieran con ella.

En México, por ejemplo, la violencia contra la prensa sigue ahí. El domingo pasado, asesinaron en Sonora al periodista Jorge Miguel Armenta Ramos, director general del Grupo Editorial Medios Obson. Jorge salía de un restaurante junto a las escoltas asignadas por el Mecanismo de Protección a Periodistas cuando fue interceptado por personas armadas. Él y uno de sus escoltas murieron en el traslado al hospital. Jorge se había incorporado al Mecanismo desde el 2016 derivado de una serie de amenazas. Los medios que el representaba cubrían principalmente temas relacionados con seguridad y justicia.

La semana pasada también, amenazaron al periódico Reforma con “volararlo” si mantenía una línea editorial adversa al Presidente. A través de una llamada proveniente de Mexicali, se le advirtió al medio que el Cártel de Sinaloa estaba con Andrés Manuel López Obrador y dijeron “para que se cuiden”. Al respecto y, como nunca antes, el Presidente sancionó de manera inequívoca cualquier agresión en contra de la prensa, algo positivo pero no tan contundente en un contexto como el que estoy narrando.

Finalmente, durante la misma semana Article 19, Signa lab y Artistegui Noticias publicamos un reporte que habla sobre el uso de recursos públicos a través de la agencia Notimex para atacar periodistas. El reporte señala que cualquier crítica a la dirección de Sanjuana Martínez o a la agencia, va acompañada de una orden de atacar a través de redes sociales. Paradójicamente, y como si se tratara de confirmar lo dicho en el reportaje, después de la publicación, los autores recibimos una serie de ataques en el mismo sentido del reporte, como si la intención fuere confirmar lo dicho o, tal vez, restregarnos la impunidad que existe en el país. Hasta el momento ninguna señal ha habido respecto a una posible investigación, por el contrario una carta de nueve Senadores Morenistas permite afirmar la intención de enterrar el asunto en “pos de la información que debe prevalecer en tiempos de Covid”. Así es, la pandemia como pretexto a la impunidad.

El sol no se tapa con un dedo. La violencia, la corrupción y la impunidad ahí están, no se han ido, muy a nuestro pesar. Siguen aquí porque no se investiga o sanciona y, aún cuando el periodismo pone elementos de frente para que las instituciones puedan hacer su trabajo, falta mucho para asumir el debate y lo que significa la democracia (pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana).

Por esto, no nos cansaremos de decir que la única forma de acabar con la violencia contra la prensa es rechazar la intencionalidad detrás del silencio, es decir la impunidad.

Los claroscuros del Tren Maya

Si hay un tema por el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ser recordado es el combate a la corrupción de la vida pública del país, y esto pasa, según ha dicho, por separar el poder político del económico. Lo escuchamos machacona y repetidamente durante su campaña por la Presidencia del país, como Presidente electo y ahora en el ejercicio del Gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación.

Ese discurso y su promesa de combatir la “mafia del poder” sin duda le hizo ganar cuantiosos votos tras décadas de gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) marcados por la corrupción.

Ese fue el caso de la constructora Mota-Engil, de origen portugués, que tuvo un aumento significativo en contratos de obra pública en el Gobierno de Peña Nieto.

La portuguesa Mota-Engil obtuvo al menos 10 mil millones de pesos en contratos desde su llegada a México en 2007, y aumentaron bajo la Presidencia de Peña Nieto.

Mota-Engil México es dirigida por José Miguel Bejos, un empresario mexicano considerado por muchos como uno de los amigos más cercanos a Peña Nieto, junto con Luis Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social en el anterior Gobierno priista.

Un primo del empresario amigo de Peña Nieto, Javier García Bejos, fue funcionario en el Gobierno del expresidente en la Secretaría de Desarrollo Social, que lideró Luis Miranda, de 2016 a 2018. Según crónicas políticas, Miranda fue el enlace entre el expresidente y el empresario.

Además de dirigir Mota-Engil México, José Miguel Bejos (hijo de Alfredo Miguel Afif, empresario ligado a gobiernos priistas del Estado de México), dirige también Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Grupo Prodi), una compañía creada apenas unos meses antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia del país. Ya en la Presidencia, el anterior Gobierno le asignó varios contratos a Grupo Prodi y Mota-Engil.

En Jalisco Mota-Engil y Grupo Prodi, junto a otras dos empresas, ganaron dos de los principales contratos para la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara: el Viaducto 1 que es el tramo elevado de Zapopan a Guadalajara, además de la construcción del túnel por el centro de la capital de Jalisco. Como el resto de la obra, tanto Grupo Prodi como Mota-Engil no solo no cumplieron con los plazos pactados inicialmente, sino que incrementaron los costos de las obras.

Seguramente cuando López Obrador hablaba de la “mafia del poder” tenía en mente relaciones cercanas entre gobernantes y empresarios, y algunas de ellas forjadas en los campos de golf, como fue el caso de José Miguel Bejos y Peña Nieto.

Por eso sorprende mucho que ahora Mota-Engil que dirige Bejos sea una de las empresas ganadoras de los contratos para la construcción del Tren Maya.

Más allá de las observaciones del organismo fiscalizador, no parece haber duda de que José Miguel Bejos fue uno de los empresarios favoritos en la Presidencia de Peña Nieto. Y hoy, paradójicamente en un Gobierno que prometió separar el poder político del económico, nuevamente se ve favorecido con contratos en uno de los proyectos insignia del Gobierno de la 4T: el Tren Maya.

La crisis de Notimex

La crisis en Notimex, la agencia de noticias del Estado Mexicano es, más allá de lo anecdótico, pues involucra a personas públicas que en algún momento fueron aliadas y hoy se dan hasta con la cubeta, es la muestra más clara y reveladora del uso de las instituciones públicas para fines privados o partidistas. Hay entre algunos funcionarios del Gobierno de López Obrador un sentimiento de revancha, de reivindicación de sus demandas, muy similar que observamos en los primeros triunfos del PAN en los años noventa e incluso con la llegada a la Presidencia en el año 2000. La impronta ideológica es algo que se espera de cualquier Gobierno, pero respetar las instituciones de Estado es lo que da certeza jurídica y de futuro.

Notimex y los medios públicos se han convertido en instituciones de propaganda, como en los peores momentos del partidazo, lo que en sí mismo es un retroceso, pero también en trincheras personales desde las que algunos personajes dirimen sus animadversiones con otros colegas. Aunque es terrible, lo más grave no es que usen recursos del Estado para dirimir asuntos personales, sino que se obligue a los empleados de la agencia a asumir posturas, crear cuentas, atacar a comunicadores, como es el caso de San Juan Martínez –fehacientemente mostrado por el estudio de SignaLab del Iteso– o usar un programa en una televisora de Estado para defender a los cuates, como lo hizo Ackerman con Manuel Bartlett.

San Juana Martínez es ave de tempestades. Por donde ha pasado ha dejado conflicto. Se ha equivocado de punta a punta en el manejo de la agencia que hoy está en huelga, confrontada hacia el interior y con decenas de frentes abiertos hacia el exterior. Evidentemente el problema comenzó con el nombramiento: una periodista combativa y dispuesta al conflicto a la menor provocación no era evidentemente el perfil adecuado para manejar una agencia de información de Estado. Se decidió mal, no se actuó a tiempo cuando los empleados comenzaron a dar señales de que había problemas en la dirección, se dejó correr una huelga que pese a estar estallada se ignoró y hoy no parece haber más salida que la remoción de la directora con el costo político que ello tiene. Entre más tarden en tomar la decisión será mayor el deterioro de la institución y el desgaste del Gobierno.

Más de alguno pensará que es el momento de cerrar Notimex, que hoy en día las agencias de Estado tienen poca importancia y casi nada que aportar. Es una verdad a medias: las agencias nacionales hoy tienen la función de llegar allá a donde ni los medios ni las redes alcanzan a cubrir, pero sobre todo dar al mundo una visión, lo más neutral posible, de lo que pasa en el país.

Una agencia de Estado necesita visión de Estado y decisiones de Estado. Ahora sí que, parafraseando a Fito Páez, ojalá la 4T esté a la altura del conflicto.