Categoría: Editorial

En marzo de este año fuimos testigos de un movimiento de protesta por parte de las mujeres, ante la violencia que sufren día con día.

El grito de hartazgo alcanzó decibeles no vistos en la historia reciente de México en torno a un reclamo desde la sociedad civil.

Como se recordará, el pasado 8 de marzo hubo marchas multitudinarias que tenían una exigencia en común: erradicar la violencia de género de nuestra sociedad, todo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Al día siguiente siguieron las manifestaciones con un paro nacional de féminas, en aras de demostrar el peso específico que tienen en la conformación de la riqueza.

En aquel entonces, en este espacio se comentó: “Las lecciones que estas jornadas nos dejarán no solamente son claras, sino que debieran ser escuchadas con cuidado por todos. Porque no es una tarea sólo del Gobierno, sino de todos, definir e implementar las acciones necesarias para que la realidad se modifique con rapidez”.

Todo esto viene a cuenta por el reporte periodístico que publicamos en esta edición sobre el incremento de la violencia en contra de las mujeres, aun bajo el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que durante la Jornada de Sana Distancia hubo 973 asesinatos de mujeres (entre feminicidios y homicidios), además de registrarse más de 185 mil 225 llamadas de auxilio.

Si bien, el aumento fue marginal cercano al 2 por ciento, no deja de ser un motivo de alarma que los índices de violencia contra la mujer sigan sin tener un freno.

En las manifestaciones de marzo pasado quedó algo en claro: no se puede mantener la tendencia de seguir perpetuando la violencia en contra de las mujeres.

Las distintas voces de la sociedad civil insistieron que por más que esta violencia estuviera enraizada en algunas costumbres propias de ciertas regiones del País, era necesario erradicar estas actitudes.

Como se ha insistido en este espacio, el tema no sólo es un asunto de autoridades y políticas públicas, sino que también es una tarea que recae en la sociedad.

Si cada quien desde su hogar no combate este tipo de actitudes, generando pequeñas soluciones individuales que englobadas en la sociedad generan un cambio, la historia seguirá repitiéndose con cifras al alza en este tipo de violencia.

El martes tembló en la Ciudad de México y recordamos del sismo del 19 de septiembre del 2017, cuando todos se unieron por una misma causa. Se pudo ver todas las acciones que hizo la gente por los demás, los que perdieron a sus familiares, sus casas, los animales de compañía que se perdieron, etcétera, fue histórico, la ayuda sobraba, la empatía se respiraba en el aire, los negocios ofrecían comida gratis para la gente que salía a ayudar, se hacían grupos de búsqueda de gente y animales, quien no ayudaba no estorbaba, fue muy inspirador.

Ahora también se pudo ver esa misma unión en la pandemia por la que atravesamos gracias a la COVID-19, en la Ciudad de México la gente que vive frente a un hospital canta y le transmiten mensajes positivos y de apoyo al personal médico desde su edificio, estudios reconocidos de tatuajes donaron su equipo de esterilización como cubrebocas, guantes, entre otras cosas, a hospitales; organizaciones sin fines de lucro se fueron a repartir comida a los menos afortunados y así sigue la lista de acciones, y eso me devuelve un poco de fe en la humanidad, una humanidad que alguna vez percibí como monstruosa y egoísta.

El mundo tiene muchos contrastes, mientras unos se unen, otros se dividen, como el racismo que se sigue viviendo en todo el mundo, el especismo todos los días a la hora de comer, los miles de feminicidios diarios, la homofobia, el sexismo; así que me pregunto: ¿Cómo elegimos qué causas apoyar y qué causas ignorar?, peor aún, ¿qué causas violentar? La empatía es empatía y punto, o al menos eso debería ser, pero parece que la empatía y la compasión también tienen filtros y son selectivas, he sido víctima de racismo por parte de personas que defienden animales, incoherente, ¿no?

¿En qué se basa el ser humano para apoyar a unos y rechazar a otros? Antes pensaba que si ya habías entendido la importancia y los derechos de cada individuo de cualquier especie era lógico que sentirías compasión a un nivel general, suena como algo casi divino, tal vez por eso es imposible ser empático con todas las causas, y aun así, personalmente lo veo totalmente posible, no sólo apoyarnos en situaciones extremas, sino día a día, sin nada a cambio, sin alguna razón específica, sin que el color de la piel, la raza, la especie ni el género de los demás sea una condición para hacerlo, simplemente tener presente que los unos sin los otros no podemos, somos individuos que no nacimos para caminar solos por este inmenso planeta, convivimos estrechamente todos los días y es inevitable.

Si todos nos pusiéramos en la misma sintonía de que nos necesitamos y que si nos hacemos daño en verdad podemos arruinarnos la vida, sería muy fácil ser gentiles o por lo menos no dañarnos entre nosotros, lo veo totalmente posible, desde mi perspectiva no es necesario dañar a nadie para seguir con mi vida, suena muy poético y cursi, pero es necesario entender el contexto de los demás y saber cómo lo influyó en su formación como individuo, pensar que tal vez sólo hay dos caminos, ayudar a los demás o ignorarlos, es un poco inocente porque el problema es que en realidad hay un tercer camino que es arrasar con todo lo que puedas para lograr lo que quieres y lo malo es que la mayoría es el que elige.

En conclusión, tenemos mucho que aprender sobre las situaciones difíciles que se viven, y que ahora mismo estamos viviendo, analicemos nuestro comportamiento y preguntémonos. ¿Por qué mis hábitos se basan en dañar a otros (directa o indirectamente) y cómo puedo dejar de hacerlo? Ya vimos que la paz entre nosotros es posible, hagámosla una costumbre.

El basurero de la historia

Al margen de si es condenado o no por delitos de narcotráfico, para sus víctimas y para los que padecieron su tiranía, el legado de Genaro García Luna ya está escrito. Los depositarios de ese legado son 120 mil muertos que dejó cuando salió huyendo a la Florida, acusaciones de contubernio con los capos y ser el primer secretario de Estado alcanzado por el largo brazo de la justicia estadounidense.

En un reciente seminario, organizado por El Colegio de México y coordinado por Sergio Aguayo, Tony Payan, director del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad Rice, presagió que el legado de García Luna será de “constructor de instituciones”, frase que atribuyó a Eduardo Medina Mora. Tras describirlo como un “personaje muy complejo, que entendía muy bien su trabajo, su visión y lo que él tenía qué hacer en materia de seguridad”, consideró que el que haya evidencia de que pudo haber tomado sobornos del narco, no le quita mérito.

En sus años de exilio dorado, abruptamente interrumpido por su detención en diciembre de 2019, Genaro García Luna se esforzó en cultivar la imagen que de él tiene Payan. Se abrió puertas en centros académicos en Washington, Nueva York y Houston. Lanzó e una campaña publicarrelacionista que lo perpetuara como el inventor de un enfoque científico sobre seguridad pública en México que él mismo buscó implementar. Y que, de paso, redituara ganancias a GLAC Consulting, la firma de asesoría que cofundó, cuyo teléfono y página web hoy están desactivados.

Payan invitó a García Luna a impartir dos pláticas en 2017 y 2018. La última tomó lugar el 10 de diciembre de 2018, tres semanas después de que Jesús “El Rey” Zambada García declarara bajo juramento en el juicio de El Chapo Guzmán, que dos veces entregó maletas con 3 millones de dólares a García Luna. “Estoy convencido que es un pensador profundo, y hasta un académico en esos temas [protección pública y seguridad] por mérito propio”, dijo Payan al presentarlo.

En el marco de la conferencia, Payan y Guadalupe Correa, profesora asociada, con tenure, en la Universidad George Mason e investigadora no residente del Centro México en Rice, pasaron tres distendidos días, tardes y noches con García Luna, entrevistándolo y ahondando en su “compleja personalidad”. Hasta lo que se sabe, fueron los últimos académicos que convivieron con él antes de su arresto un año después.

Con base en esos intercambios inéditos, y en un trabajo de investigación previo, Payan y Correa están por publicar uno o dos libros sobre la estrategia de seguridad de Calderón y la trayectoria de García Luna.

Abundan los ejemplos de personas con negras verdades ocultas que al salir a la luz pública difuminan los logros reales o virtuales que pudieron haber alcanzado. Así, el legado de Nixon no es el acercamiento a China sino el Watergate; el de Salinas de Gortari, no es el TLCAN sino la corrupción de su hermano y la subasta de empresas estatales a sus cuates; el de Epstein, no son los millones de dólares que donó a la academia y la ciencia sino la red de tráfico sexual y pornografía infantil que comandó; y el de García Luna, no es haber creado la Policía Federal y la AFI, independientemente del mérito, sino su complicidad criminal en la guerra de Calderón.

Por la memoria de los miles de mexicanos que perdieron la vida por culpa de un presunto visionario, García Luna tiene un lugar reservado, pero en el basurero de la historia.

Maíz en peligro

Faltan pocos días para que entre en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la Cámara de Diputados se usa este argumento como pretexto para dar celeridad a la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Sin embargo, no es verdad que sea necesario aprobar esta reforma para entrar en el marco jurídico del T-MEC; en el artículo 20.90 del tratado se establece un plazo de cuatro años para que México analice la pertinencia de realizar cambios -lo cual implicaría mudarse a la Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1991- o tome la decisión de permanecer en Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1978 con la actual ley.

El proceso para realizar modificaciones a la LFVV ha sido discreto y apresurado, y tal parece que no se ha dimensionado lo peligrosa que puede ser la aprobación de la reforma a esta Ley en la Cámara de Diputados. Entre su articulado están consideradas costosas multas e incluso la destrucción de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas o los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios.

Algunos de los artículos más lesivos son, por ejemplo, el artículo 49, el cual indica que las multas pueden ser de 173 mil 760 hasta un millón 737 mil 600 pesos mexicanos considerando la unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2020, este artículo también menciona la clausura temporal o definitiva del lugar en donde se hayan llevado a cabo las infracciones, es decir, pueden clausurar los campos de cultivo, o las ferias en donde actualmente se intercambian semillas.

El artículo 42 por su parte, indica que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) podrá ordenar la destrucción de la variedad vegetal, las semillas y el producto de la cosecha si no se comprueban los derechos.

Esta reforma, por ende, nos lleva a la privatización de las semillas que de esta forma nos arrebata la posibilidad de gozar de la soberanía alimentaria y nos obliga a depender de las empresas trasnacionales las cuales podrán imponer los costos de nuestras semillas.

Esta reforma de ley es lesiva, y no sólo para las campesinas y campesinos quienes son los que se verán más afectados sino también para todos los mexicanos; con la reforma a la LFVV se pone en juego nuestra alimentación, se ponen en riesgo las semillas nativas y la agrobiodiversidad de México. La reforma a la LFVV abre la puerta a las semillas transgénicas y corremos el riesgo de perder la libertad de sembrar la milpa y los alimentos culturalmente adecuados que son saludables y sustentables.

Si se aprueba esta reforma se perdería el derecho a intercambiar semillas, y las ferias en donde se realizan estos intercambios serían ilegales. Con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales se pierde la libertad, la autonomía y soberanía alimentaria.

Rechazar la reforma de Ley Federal de Variedades Vegetales significa defender nuestra soberanía alimentaria que es la capacidad de decidir cómo nos alimentamos y cómo producimos nuestros alimentos, decisión que resulta de suma importancia para hacerle frente a la sindemia de obesidad y sobrepeso que vivimos actualmente. Es decisión del Estado mexicano proteger los derechos humanos individuales y colectivos fundamentales que se vulneran con esta ley que son la libre determinación de los pueblos, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación.

Entender la nueva normalidad

A estas alturas de la contingencia sanitaria, no quedan dudas de que la pandemia por el COVID-19 es el mayor reto de este tipo que el mundo ha afrontado en décadas.

Una circunstancia de este nivel amerita las mejores respuestas para encarar la situación.

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, las respuestas deben ser encabezadas por las autoridades de los diferentes niveles, pero también por todos los sectores de la sociedad.

El comentario viene a cuento por las distintas cifras que se han conocido en las últimas horas y que apuntan a que la situación se ha agravado en México y Coahuila, pese a haber entrado en una etapa que se ha denominado como la nueva normalidad.

La Secretaría de Salud federal reveló ayer que las cifras de contagios y decesos, producto del coronavirus, fueron las segundas más altas desde que comenzó la contingencia.

La jornada de ayer fue sólo superada en el rubro de contagios por la del 18 de junio cuando se registraron 5 mil 662, mientras que en fallecimientos sólo se reportaron más el pasado 3 de junio, cuando hubo mil 92 muertes. Sólo el 3 y el 21 de junio han rebasado la barrera de los mil decesos.

Esta situación se ve replicada en Coahuila, en donde el pasado sábado también se registró el día con más contagios, cuando hubo 147, además de que esta semana que concluye fue la que tuvo más infectados. Lo cual, como ha explicado la autoridad estatal, se derivaría de un mayor número de pruebas aplicadas.

El incremento en el número de contagios y decesos se ha disparado durante junio en ambos niveles, justo cuando se concluyó con la etapa de la Sana Distancia para pasar a una nueva fase denominada nueva normalidad.

A nivel nacional, en 21 días se ha reportado el 49.8 por ciento de los contagios y el 54 por ciento de los decesos de toda la pandemia. Situación similar se vive en Coahuila: en lo que va de este mes se han presentado 58 por ciento de los infectados y 46 por ciento de las muertes.

Ante una circunstancia de este tipo se debe preguntar si estas cifras estaban dentro del cálculo de las autoridades cuando decidieron que habría que relajar, aunque fuera mínimamente, las medidas de confinamiento en aras de reactivar la economía, lo cual también resultaba de una necesidad imperiosa.

En caso de que esta curva ascendente no estuviera dentro de los pronósticos que consideraban los expertos, habría que valorar la necesidad de reajustar.

Esto no es sinónimo de decidirse por salud o economía, sino que debe encontrarse un punto medio en el que no se descuide ninguna de las áreas.

Ya que como lo estableció esta semana la Organización Mundial de la Salud, México y América Latina están entrando en una nueva etapa más “peligrosa”.

Vale la pena insistir, si bien las autoridades son las encargadas de definir la ruta a seguir, la sociedad en su conjunto tiene una corresponsabilidad para “domar” la pandemia.

Seguir las recomendaciones de los expertos, como no salir más que para lo verdaderamente necesario, así como el uso de cubrebocas, debe ser parte de nuestra aportación.

Así se verá si estamos entendiendo y atendiendo esta nueva normalidad.

Conapred y la memoria del Presidente

Una de las formas más perversas del ejercicio del poder es minimizar e invisibilizar al otro. Eso hizo el Presidente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) el cual dijo no conocía sino por el escándalo en redes a raíz de la invitación a un evento sobre el tema de un humorista en redes que se ha reído del hijo del Presidente, lo cual es una muestra de perversidad política o preocupante falta de memoria, pues él nombró y ha tenido a las dos presidentas recientes de este organismo, Mónica Maccise y Alejandra Haas, en las ruedas de prensa mañaneras. Tienen toda la razón el Presidente y sus esposa en defender la intimidad de su hijo menor de edad: él no es no debe ser parte del escrutinio público. Justamente por ello la discusión sobre los límites del humor y la discriminación es y debe ser parte de la agenda a debatir.

Más allá de ello la discusión de fondo que está poniendo el Presidente sobre la mesa es la de la existencia de los organismos constitucionales autónomos que él considera inútiles. Son claras y permanentes las embestidas contra estos organismos, desde el Instituto Nacional Electoral hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasando por la Comisión Reguladora de Energía o ahora el Conpared, cuya función principal es acotar el poder presidencial. Si hemos hecho estas instituciones es porque la historia nos ha dicho que dejar todo en manos del Presidente termina siendo una tragedia para el país.

La existencia del Conapred es un triunfo de la izquierda en México. Su promotor, fundador y primer presidente fue Gilberto Rincón Gallardo, uno de los luchadores sociales más importantes del siglo XX. Su visión, que el Presidente no comparte, fue que en un país como el nuestro donde la discriminación por motivos de género, raza, discapacidad u orientación sexual se requería una institución que velara por los derechos de los excluidos porque claramente el Gobierno no lo estaba haciendo. Pensar que la Secretaría de Gobernación puede hacer ahora lo que nunca hizo es poco menos que ingenuo. Se requiere un organismo especializado vinculado, como está, a la Secretaría.

La evaluación del trabajo de un organismo público no puede estar sujeto a si está o no en la memoria y el corazón del Presidente. Eso es regresar el presidencialismo más rancio e indeseable. Podemos discutir la pertinencia o no del foro al que citó y luego suspendió la Comisión, pero la existencia o no de los organismos públicos y particularmente los que atienden abusos cometidos por el propio Estado, como la CNDH o el Conapred, no puede quedar al capricho del presidente en turno, da igual cómo se llame y por cuántos votos haya ganado la elección.

Esperanza en la pandemia

La noticia le dio la vuelta al mundo ayer: de acuerdo con los resultados de un amplio estudio realizado en miles de pacientes con COVID-19 en Reino Unido, el medicamento conocido como dexametasona se ha revelado como un tratamiento eficaz en contra de la enfermedad.

Se trata de una de las mejores noticias que hemos escuchado en los últimos meses en que miles de investigadores de todo el mundo colaboran para encontrar un tratamiento y/o una cura para el peor problema de salud pública que la humanidad ha enfrentado en el último siglo.

Tras acumularse casi 8.3 millones de contagios y cuando nos acercamos al medio millón de víctimas fatales en el planeta, la noticia llegada desde el viejo continente constituye una luz de esperanza para todas las personas que requieren tratamiento hospitalario a causa de la pandemia.

Habrá que ser cautos, sin embargo, al momento de celebrar el hallazgo. Esto es así, porque aún cuando el tratamiento ha demostrado una eficacia importante, no debe creerse que se ha encontrado “la solución” del problema de salud pública que padecemos.

La solución llegará sólo cuando se haya desarrollado una vacuna eficaz y que esta pueda ser producida masivamente como para inmunizar a la población del mundo entero.

Sin embargo, se trata de un paso relevante en la ruta hacia el logro del objetivo más importante que los sistemas de salud de todos los países persiguen en estos momentos: evitar la saturación de los servicios hospitalarios debido a la existencia de un elevado número de pacientes que requieran cuidados intensivos al mismo tiempo.

Otro elemento alentador de la noticia es el bajo costo del medicamento: de acuerdo con las consultas realizadas en diferentes farmacias, una caja del medicamento, con 30 tabletas, puede conseguirse en menos de 20 pesos.

Las autoridades sanitarias ya han anunciado que iniciaron el tratamiento de un paciente con el esteroide y comenzarán a obtener resultados sobre su eficacia en los próximos días.

Habrá que hacer énfasis de todas forman en que no estamos ante un tratamiento de carácter preventivo, es decir, que el uso del medicamento no impide el contagio, por lo cual es necesario que todos tengamos claro que no podemos comenzar a medicarnos por nuestra cuenta con el mismo.

Se trata de una buena noticia, pero solamente para quienes ya han desarrollado los síntomas de la enfermedad y que dichos síntomas los acercan a la necesidad de requerir hospitalización y, en particular, a requerir ayuda mecánica para respirar.

Es de esperarse en este sentido, que las autoridades sanitarias, al tiempo que incorporan el medicamento al arsenal con el cual están haciendo frente a la pandemia, difundan de manera profusa el hecho de que no se trata de “la solución”, sino de una alternativa prometedora para reducir la mortalidad de la enfermedad.

México, una Federación sorda

La existencia de una república federada exige, por encima de cualquier otro requisito o circunstancia, la determinación de un conjunto de estados libres, independientes y soberanos, de integrar un cuerpo más amplio que solo cobra sentido si, producto de esa determinación, aquellos terminan siendo más fuertes de lo que serían de forma individual.

En otras palabras, el vigor de un país que se integra a partir de una federación de estados reside en la fortaleza de las entidades que lo conforman y no al revés. No es la federación la que hace fuertes a los estados, sino al contrario. Y si esto no se da en los hechos, la federación deja de tener sentido.

Hacer énfasis en lo anterior no tiene el propósito de convocar o alentar la “balcanización” del país, sino el poner las cosas en su justa dimensión y puntualizar lo que somos como nación: un conjunto de entidades que decidieron ceder parte de su soberanía para obtener ventajas que no tendrían de permanecer aisladas.

Esa es la forma de nuestra organización política y en este hecho reside la capacidad que tienen los gobiernos estatales no solamente de “quejarse” cuando los beneficios de pertenecer a una federación no se notan, sino de exigir que esto ocurra.

El comentario viene al caso a propósito de los señalamientos realizados ayer por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en el sentido de que en la atención a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus nuestra entidad no está siendo respaldada en la forma en la cual requiere y debería ocurrir.

Los comentarios del titular del Ejecutivo coahuilense son graves, sobre todo cuando reprocha que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no haya considerado siquiera que debía comunicarse con las autoridades locales antes de emitir críticas en público respecto del trabajo que aquí se realiza para hacer frente a la pandemia.

No es la primera vez que esto se reprocha, pero ahora pareciera que se ha llegado a un punto en que la comunicación se ha roto. “Ya dejé de conectarme (a las videoconferencias con funcionarios federales)… porque, además, si necesitábamos una orientación, jamás la tuvimos, lo que nos obligó a construir nuestra propia dinámica, nuestra propia historia en salud, en economía, en seguridad”, dijo el mandatario.

Nadie debe celebrar ni alentar el que la tensión entre los gobiernos federal y estatal escale, porque en este, como en cualquier otro caso, debe ser el diálogo y las herramientas de la política, los elementos que caractericen el trabajo que ambos órdenes de gobierno deben realizar en conjunto.

Sin embargo, tampoco debe dejar de señalarse que, en circunstancias como esta, hace falta asumir, en toda su dimensión, el hecho de ser un estado soberano que no integra una federación en calidad de subordinado, ni en situación de minusvalía.

El reclamo que ha formulado el gobernador Riquelme es justo y proporcional. Por ello, los coahuilenses haremos bien en respaldarle en este caso y demandar, a una sola voz, el trato respetuoso que nuestra entidad merece.

El decálogo presidencial

Estamos ingresando a la tercera semana de lo que las autoridades sanitarias denominan la “nueva normalidad”. Y lo que ha ocurrido en los 14 días previos no ofrece ningún motivo para el optimismo, sino al contrario.

Y es que en las primeras dos semanas de reactivación de la economía lo que hemos visto, día tras día, es el incremento en el número de contagios y la acumulación de víctimas fatales por efecto del coronavirus.

Durante los últimos 14 días se ha informado de la muerte de 7 mil 211 personas, lo cual implica el registro de 515 decesos diariamente, o 21 cada hora. Se trata de una cifra que nos mantiene en el deshonroso séptimo sitio como el país con más víctimas por COVID-19 en el mundo.

Pese a esta desalentadora realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ofreció el fin de semana anterior un “decálogo” para salir de la crisis de la pandemia, a través de sus ya tradicionales videos de fin de semana grabados en Palacio Nacional.

El “decálogo”, una colección de recomendaciones nutriológicas, psicológicas y hasta teológicas, plantea la existencia de una ruta para evitar el contagio y las posibles consecuencias de este, como si se tratara de un asunto de superstición y no de un tema sanitario.

Una de las “recomendaciones” que más llama la atención es la de “no angustiarnos” y evitar el estrés, porque “el buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades”. Y llama la atención porque claramente se trata de una recomendación formulada de espaldas a los hechos.

Es muy sencillo recomendarle a la población no angustiarse y actuar con serenidad cuando se vive en Palacio Nacional, es decir, cuando no se tiene la necesidad de ocupar ni un solo segundo del día en obtener los recursos para comer y sobrevivir.

Parece evidente que al formular este principio de su “decálogo”, el Presidente olvida -o ignora convenientemente- que hay millones de personas que se quedaron sin ingresos desde el mes de abril y que no tienen expectativa alguna de recuperarlos porque el puesto de trabajo que ocupaban ya no existe.

Igualmente evidente parece que se ignora la realidad de las miles de familias que viven a merced de la criminalidad, que no ha disminuido ni siquiera por efecto de la pandemia y que, al contrario, registró un nuevo récord histórico de homicidios violentos hace unos días.

En un contexto como este resulta muy difícil mantener la tranquilidad y no angustiarse, ya no digamos por el futuro, sino por el presente que no ofrece elementos para ser optimistas a millones de mexicanos.

Por lo demás, el conjunto de recomendaciones del Presidente pareciera convocarnos a construir una república monástica habitada por individuos para quienes la frugalidad y el sufrimiento sea la norma y nadie piense en el progreso como un objetivo de carácter material, sino solamente espiritual.

En ese sentido, no queda claro si se trata de un mensaje para darnos aliento e infundirnos ánimo, o si la intención es prepararnos para el futuro que nos depara, un futuro caracterizado por la igualdad en la precariedad.

La discusión del pacto fiscal

Uno de los temas que durante las últimas semanas se ha posicionado en la agenda pública –a partir de la iniciativa de un conjunto de gobernadores surgidos de partidos distintos al del Presidente– es el relativo a la necesidad de repensar el “Pacto Fiscal”.

Pero, ¿qué es el pacto fiscal? En esencia, es un conjunto de reglas que determinan la forma en la cual se distribuye el dinero que la Federación recauda en todo el País, por concepto de impuestos, y que integra la bolsa más importante de recursos que los ciudadanos aportamos para financiar el gasto público.

No se trata, es importante decirlo, de la única fuente de recursos de la cual disponen los gobiernos municipales y estatales, pero sí de la bolsa más importante, porque las contribuciones que mayor recaudación generan en México son las que tienen que ver con impuestos federales.

En otras palabras, los recursos que los ciudadanos entregamos para financiar el gasto público son, sobre todo, los que cobra el Poder Ejecutivo Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, aunque los estados y los municipios tienen una lista amplia de impuestos, derechos y aprovechamientos que recaudan por su cuenta, estos son de mucha menor cuantía que los primeros.

Por eso es que el denominado “Pacto Fiscal” constituye un elemento de discusión, pues aun cuando los estados y municipios cuenten con fuentes “propias” de financiamiento, lo cierto es que sus presupuestos dependen fundamentalmente de los recursos que la Federación les transfiere –o “regresa”– a través de diversos conceptos.

¿Y cuál es el problema con eso? Esencialmente la fórmula que se utiliza para determinar cuánto dinero le corresponde a cada entidad de la bolsa general que se integra a partir de la recaudación que obtiene el SAT.

Esta fórmula, se ha debatido largamente, no es “justa” porque no toma en cuenta, por ejemplo, los esfuerzos que se realizan a nivel local para reducir los niveles de desigualdad social, o para abatir los índices de informalidad laboral, o para promover el crecimiento económico.

Los elementos a partir de los cuales se discuten estos temas son de carácter esencialmente técnico y se requiere de cierto conocimiento especializado para comprenderlos a cabalidad. Sin embargo, este hecho no debería ser obstáculo para que se registre una discusión amplia en torno al tema.

Pero justamente porque se trata de un tema esencialmente técnico, quienes desde hace mucho tiempo han planteado la necesidad de repensar el pacto fiscal han sido ineficaces en el propósito de instalar la discusión en la agenda pública, pues no han sabido explicar su esencia para el ciudadano común.

Hoy, que nuevamente el asunto se encuentra sobre la mesa, habría que realizar un mayor esfuerzo para simplificar conceptos y “traducir” los esquemas técnicos al lenguaje común, a fin de que un mayor número de personas pueda comprender la relevancia del tema e involucrarse en su discusión.

Esforzarnos en este propósito debe tener como meta que no terminemos enfrascados, como ha ocurrido hasta ahora, en una simple pugna política entre quienes apoyan a la federación y quienes respaldan a los estados.