Reforma de pensiones, ¿habrá mayor justicia para la vejez?

Cualquier sistema pensionario, ideado y construido en cualquier momento de las sociedades modernas, ha tenido exactamente el mismo reto a enfrentar y resolver: garantizar su viabilidad financiera a largo plazo. En otras palabras, lo que importa en estos casos es que el sistema cumpla a sus beneficiarios las promesas que les hace.

No se trata de tener buenas intenciones o de “desear” que quienes vayan a recibir una pensión a partir del sistema construido puedan tener una vejez digna, sino de realizar los cálculos de forma correcta para garantizar que la algarabía de hoy no se traduzca en la decepción de mañana.

En este sentido, conviene tener perfectamente claro, antes de echar las campanas al vuelo, de qué estamos hablando cuando abordamos un modelo capaz de garantizar no solamente pensiones más justas, sino que estas se entreguen a cambio de un menor período de cotización.

Y saber de qué estamos hablando implica señalar con toda claridad de dónde saldrá el dinero para financiar el costo de un modelo de este tipo.

No se trata de descalificar o poner en duda el alcance del ofrecimiento que se ha realizado en la semana, porque el esquema, además de ser deseable, puede ser viable. Pero una afirmación de este tipo no puede ser un acto de voluntad, sino estar basada estrictamente en datos numéricos.

El comentario viene al caso porque, luego de un primer momento en el cual se festejó de manera más o menos generalizada el anuncio presidencial de un nuevo sistema de pensiones, capaz de garantizar mayores ingresos para las personas adultas, incluso a cambio de un menor número de años de trabajo, han comenzado a surgir las “observaciones” del sector empresarial.

“Hay que tener cuidado para que esto no vaya a afectar a la supervivencia de las empresas, porque si esto lo que hace es impulsar la economía informal y afectar la economía formal, entonces no se cumple con el objetivo de mejorar el nivel pensionario porque lo más importante es que exista el trabajo para que después exista una pensión digna”, ha dicho Jorge Dávila Flores, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio ante el Consejo Coordinador Empresarial.

¿Cuál es el núcleo de la acotación formulada por el dirigente empresarial? Justamente la que señalamos desde el principio de este texto: la necesidad de establecer de dónde va a salir el dinero que implicaría un diseño como el que se ha propuesto.

Nadie puede manifestarse en contra de que un sistema como el planteado constituya una aspiración colectiva cuya conquista se encuentre de forma permanente en nuestro horizonte. De lo que se trata es de ser absolutamente objetivos en la identificación y señalamiento de los costos que implica alcanzar dicho propósito.

Habrá que seguir atentos a la discusión sobre el tema para tener claro qué tanto es factible construir un nuevo modelo pensionario que resuelva el gravísimo problema estructural que padecemos en esta materia. Y en ese proceso conviene ser cautos antes de echar las campanas al vuelo.

Consenso que alienta

Tras varios días en los cuales se discutió acaloradamente -como suele ocurrir- los perfiles del grupo a partir del cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión seleccionaría a los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), finalmente ayer salió el “humo blanco” en medio de un consenso que resulta alentador.

Y es que, como se recordará, el propio Presidente de la República ha venido promoviendo el encono señalando al INE de no ser una institución confiable y cuestionando la capacidad de esta para garantizar la limpieza de los resultados electorales del año próximo.

Con todo y eso, apenas se registraron cinco votos en contra y cinco abstenciones en la votación mediante la cual fueron seleccionados Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz y Uuc-Kib Espadas Ancona para ocupar las vacantes que hace apenas unas semanas dejaron los exconsejeros Pamela San Martín, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez.

Se trata de una decisión que resulta alentadora pues, pese a la mayoría que el partido gobernante (Morena) tiene en la cámara baja, las personas seleccionadas obtuvieron un consenso tan amplio que sabe a unanimidad.

Incluso el académico John Ackerman, que en los últimos días había criticado duramente la integración de las quintetas -proceso en el cual él mismo había participado- celebró la designación a través de su cuenta de Twitter afirmando que habían sido seleccionados “perfiles verdaderamente ciudadanos”.

La amplísima mayoría con la cual llegan a sus cargos los nuevos consejeros electos no garantiza que el proceso del año próximo, cuando se renovarán miles de puestos públicos en el país, estará exento de rispidez o de las clásicas acusaciones de “fraude” que los partidos suelen realizar.

Sin embargo, es de esperarse que quienes hoy votaron a favor de los nuevos perfiles que se integran al INE honrarán su pronunciamiento y no se lanzarán a descalificar de forma acrítica el trabajo que realice la principal autoridad electoral del país.

Es deseable también que los partidos políticos se hagan cargo de que el diseño institucional que hoy tenemos en materia electoral es producto de sus decisiones y de los acuerdos que ellos -y sólo ellos- han construido en los últimos años.

Valdrá la pena en ese sentido, que el presidente Andrés Manuel López Obrador asuma también una actitud democrática dejando de hostilizar a una institución que ha demostrado claramente su calidad técnica para organizar comicios en México y que, más allá de los vicios que aún persisten en materia electoral pero que son responsabilidad de los partidos, contribuya al fortalecimiento institucional y no al revés.

Una buena noticia en medio de la pandemia y del clima de polarización que caracteriza desde hace demasiado tiempo al país. Ojalá y que los efectos de esta se extienda más allá de la toma de protesta de los nuevos consejeros el día de hoy.

El conflicto AMLO y Alfaro

Tras meses de desencuentros públicos y de críticas mutuas ante la prensa, finalmente el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se encontraron el pasado jueves 16 de julio, durante la gira del primero por tres estado del Occidente mexicano.

Más allá de la anécdota de si el Gobernador se puso nervioso como parecía mostrar su excesiva sudoración durante la mañanera del jueves, la gira de López Obrador al estado es interpretada como una nueva fase de la relación entre ambos políticos. Algunos opinadores dan por terminado el conflicto pero no es seguro que la confrontación entre ambos haya terminado.

Como se sabe, en meses recientes el Gobernador de Jalisco ha cuestionado algunas medidas o políticas del Gobierno federal, como las de contingencia sanitaria (el viernes por la noche volvió a tronar contra el Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell), el pacto fiscal y hace un mes al responsabilizarlo de manera directa por las protestas ocurridas en Guadalajara por el asesinato de Giovanni López Ramírez a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Si bien después el Gobernador se retractó y retiró la acusación en contra de López Obrador, Enrique Alfaro mantuvo la acusación de que personajes políticos cercanos al Presidente sí intervinieron en hechos que intentaron “desestabilizar al estado”.

El tono fue otro el pasado jueves durante la gira presidencial por Jalisco, al menos en las comparecencias públicas. En la mañanera Enrique Alfaro aprovechó para leer un mensaje en que dijo que estaba dispuesto a “corregir el rumbo” de la relación entre ambos. Incluso habló de autocrítica. “Asumo con entereza y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal, usted tiene mi respeto y mi aprecio. Sé que Jalisco cuenta con su Presidente”.

Por su parte López Obrador reconoció que ha habido diferencias entre ambos, pero que es normal en democracia. “Podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia, nadie debe alarmarse, la democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir”, señaló. Dijo que en temas de seguridad están obligados a actuar juntos y reconoció la disposición del Gobernador de Jalisco de participar en las reuniones diarias en materia de seguridad.

Por el tono del discurso y los compromisos públicos, pareciera que López Obrador y Enrique Alfaro entran en una nueva fase de su relación política. Y de hecho, en varias columnas periodísticas se destacó el tono de conciliación y hasta de nuevo “amorío” entre el Presidente y el Gobernador.

Alfaro y López Obrador en algún momento caminaron juntos en el PRD, y en términos ideológicos o de postura política no tienen mayores diferencias, sin embargo ahora están en partidos distintos y compitiendo por el mismo electorado.

Con independencia de este tema, las críticas de Enrique Alfaro al Gobierno federal en temas como contingencia sanitaria, pacto fiscal y federalismo le han ganado reflectores nacionales y lo colocan como una referencia nacional de oposición al Presidente. Es justo la estrategia que diseñaron en su grupo político, que les ha dado resultados, y por lo tanto el tono de amistad y reconciliación que vimos durante la pasada gira presidencial a Jalisco será transitorio. La carrera política de Alfaro en busca de la precandidatura presidencial necesita del pleito con López Obrador.

Cuando la justicia falla

“Cuando las instituciones fallan en su papel para garantizar el ejercicio de los derechos, están obligadas a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado, por lo cual habremos de asumir que el estado mexicano fallo en su responsabilidad de proteger los derechos (…) de la periodista Lydia Cacho Ribeiro” dijo el Subsecretario Alejandro Encinas el 10 de enero de 2019 en el marco de la disculpa pública realizada a la periodista y defensora de derechos humanos.

Apenas había iniciado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le tocaba cumplir con la resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en las que cual se advertía que Lydia había sido víctima del Estado por la detención arbitraria, tortura sexual, persecución judicial e impunidad y que México era responsable de garantizar justicia, verdad y reparación para Lydia; también la no repetición. “Estamos aquí siendo consecuentes con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado […] el gobierno de la República no estará supeditado a intereses particulares, el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico y, para enfatizar, estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia” afirmó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En aquel momento el Subsecretario afirmó de manera inequívoca que el estado pedía disculpas “por la impunidad y corrupción alentada por las instituciones de los diferentes ordenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a la justicia y la verdad” y dijo “reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición […] el gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis de derechos humanos que enfrenta el país”.

Sin embargo, año y medio después las palabras se han quedado en el aire y en los hechos no tenemos más que continuidad. La impunidad que marca la historia de este caso, se mantiene muy a pesar del reconocimiento expreso y el compromiso de todas las autoridades; sigue ahí aún cuando existen pequeños pasos para la justicia como las diversas ordenes de aprehensión por la responsabilidad intelectual del ex gobernador Mario Marín y del empresario Kamel Nacif o de la captura de cinco policías (una ya libertada) que participaron de una u otra forma en la detención y tortura ocurrida en 2005.

Han pasado casi 15 años en los que no importa quién se encuentre en el poder, el partido o el color, porque el resultado es el mismo: los poderosos que cometieron la agresión mantienen las canonjías del poder mientras que las víctimas sobreviven al miedo y la violencia que nunca termina, y se repite todos los días.

Muy diversas agresiones han ocurrido desde entonces en contra de Lydia. La más reciente derivada de la falta de protección integral por parte de las autoridades fue el 21 de julio de 2019, hace un año, cuando su casa fue allanada, sus mascotas asesinadas y sus bienes ultrajados sin que hubiere ningún perpetrador identificado hasta el momento.

Así, los años pasan, las promesas forman parte de un rosario de faltas y las instituciones siguen fallando en investigar, en castigar, en proteger y en garantizar que nunca más una periodista sea atacada por denunciar con su pluma o con su voz “cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”.

Pacto fiscal

Pero el que se reconozca la legitimidad del reclamo no implica necesariamente que la fórmula será modificada y, aunque el titular del Ejecutivo Federal se mostró flexible al respecto, no se comprometió con el impulso de modificaciones legales en este sentido.

Tampoco negó tal posibilidad, es cierto, pero señaló que una alternativa a la modificación del esquema de distribución de la bolsa de recursos es apoyar la reestructuración de las deudas estatales y municipales.

“Otra opción es reestructurar las deudas (de estados y municipios), lo que se busca es pagar menos intereses y alargar los plazos y eso da un respiro a las finanzas, hay que hacerlo, se hace en todo el mundo”, afirmó el mandatario.

Es cierto, sin duda, que el optar por esta vía daría un respiro a las finanzas de estos órdenes de gobierno, pero eso no es lo que se pretende, sino que los gobernantes que se encuentran más cercanos a las necesidades de la población tengan más recursos para responder a estas.

Y eso solamente se logrará si, a diferencia de lo que ocurre hoy, los gobernadores y ayuntamientos cuentan con mayores presupuestos y eso les otorga un margen de maniobra más amplio cuando se enfrentan a la necesidad de garantizar los servicios que sus poblaciones demandan.

Hacer esto, por lo demás, nos convertiría en una auténtica federación en la que los adjetivos de libre, independiente y soberana, que acompañan a los nombres de las entidades federativas, sean más que solo palabras.

Hacer más justo -aunque no todavía justo del todo- el reparto de las contribuciones que los ciudadanos realizamos constituye un paso indispensable para consolidar la república y dejar atrás, en definitiva, el agobiante centralismo.

Porque el modelo que concentra todo el poder -porque concentra el dinero- en el orden federal de gobierno tuvo ciertamente razón de ser en el México del siglo 19 y, probablemente, durante la primera mitad del 20, pero hoy es un anacronismo que debe ser dejado atrás para dar paso a un modelo de desarrollo tendiente a disminuir las desigualdades históricas que seguimos padeciendo.

Dos cartas y una pelea por la nación

Con dos cartas, la del grupo de académicos e intelectuales de la Ciudad de México pidiendo una gran alianza electoral y la respuesta titulada “bendito coraje” del Presidente López Obrador, arrancó ayer la carrera hacia el 2021 que apunta para convertirse en la elección intermedia más intensa y trascendente de los últimos años, más aún que la de 1997, cuando por primera vez el partido del Presidente de la República, entonces el PRI, perdió la mayoría en la cámara de diputados. 

La carta/desplegado hace un llamado a los partidos de oposición a unirse y presentar un frente común para evitar lo que llaman la demolición del Estado. Podemos o no coincidir con los términos en los que está redactada la carta e incluso en el diagnóstico, pero, más allá de eso el planteamiento tiene todo el sentido del mundo en términos democráticos: unir fuerzas para derrotar al partido en el poder es una decisión no solo válida sino esperada en un sistema de partidos. López Obrador llegó por una elección democrática, la única forma de expresar el desacuerdo y equilibrar su visión de Estado es ganándole en las urnas.

La carta de respuesta del Presidente es, por decir lo menos una curiosidad. No pierde oportunidad de llamar noeliberales y neoporfiristas a los firmantes, aunque entre los ellos estén algunas de las figuras más destacadas del pensamiento liberal y de izquierda de este país, pero eso es lo de menos: López Obrador celebra el desplegado porque le ayuda a consolidar su idea de conmigo o contra mí. 

Más allá de las cartas, lo que se perfila para el 2021 es una batalla crucial para el futuro del país. La oposición, junta o separada, ya veremos, va a plantear el fracaso y la falta de resultados del Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Además de la crisis económica y de salud derivada de la pandemia, el Gobierno de Morena ha resultado ser particularmente ineficiente. Las proyectos sociales, Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el Futuro, son un desastre operativo; el aeropuerto de Santa Lucía dejó de ser estratégico gracias a la pandemia, el Tren Maya no ilusiona ni a los mayas y la refinería de Dos Bocas es cada día que pasa un proyecto más obsoleto y carente de sentido; las nuevas instituciones como el Insabi y la Guardia Nacional, no terminan de nacer y están lejos de dar los resultados esperados. Frente a ello, el Presidente pondrá sobre la mesa la corrupción de las administraciones pasadas, que es variada y abundante, y tendrá al testigo protegido, Emilio Lozoya, como protagonista y voz principal del coro.

Vamos, pues, a una elección donde lo que se nos pondrá sobre la mesa a los electores es seguir con el ineficiente y por momentos perverso Gobierno de Morena o regresar a los malos gobiernos del pasado reciente. Las epístolas no han hecho sin adelantar el tono de lo que será un largo año de golpeteo, un año de disputa por la nación donde paradójicamente no vamos a discutir qué país queremos, sino qué país no queremos.

Positiva nueva normalidad

Los humanos, como muchas especies que habitan el planeta Tierra, tenemos la grandiosa habilidad de adaptarnos a nuestro entorno ante cualquier situación, y mientras actualmente estamos pasando por algo muy difícil que incluye muertes, tristeza, desesperación, ansiedad, entre muchas otras cosas, el mundo se ha visto beneficiado en algunos aspectos; algunos ejemplos son las caídas significativas en los niveles de contaminación, los países con alta actividad industrial han dejado de producir en grandes cantidades dióxido de nitrógeno, que es un gas muy tóxico para el humano; ha habido mejoras en la calidad del agua de canales en el mundo, también ha sido un incentivo para muchos trabajadores en cuestión de creatividad, se ha reducido el estrés, las jornadas son mucho más productivas gracias al ahorro de tiempo en traslados, donde muchas empresas están considerando el home office de cabecera.

La fauna también se ha visto beneficiada, como tal vez han visto hay muchas fotos de animales saliendo a la ciudad, recuperando terreno, y siendo menos amenazados por el humano; también han habido enfermedades infecciosas que están disminuyendo, hay un brusco descenso en enfermedades respiratorias como la gripe, algo que siempre habíamos tomado a la ligera y que ha nadie nos gusta tener. También ha habido un aumento en la violencia doméstica y la economía está cayendo en picada, cualquier cambio radical viene acompañado de tragedia y dolor, y en gran medida es inevitable, pasan cosas que no deberían pasar.

Ahora hablando sobre la nueva normalidad, esto probablemente incluya el trabajo desde casa, que tiene muchísimos más beneficios que contras para una buena parte de la fuerza laboral, lo cual puede prolongar la jubilación de manera incentivante, también se están haciendo campañas para asegurar los ingresos de las personas que deben salir de sus casas para trabajar, sabemos que no será fácil, pero es algo que definitivamente debe ser parte de la nueva normalidad ante la incertidumbre del futuro impacto que pueda dejar el virus.

Es alentador pensar que es un gran paso para los animales, poco a poco, para ellos la sostenibilidad significa adiós a los mercados húmedos, adiós a la sobreproducción, régimen estricto sobre los protocolos en los mataderos, lo cual puede significar el cierre de muchos, llevando a la necesidad de producir la carne de distintas maneras, o sea con diferentes tratos hacia los animales, lo cual puede ser el camino a una mentalidad más civilizada sobre cómo ejercemos nuestro poder en relación al planeta y a los demás habitantes con quienes compartimos el mundo.

Tal vez pensamos muy a futuro, ya que estamos apenas en la base de la montaña para resolver la emergencia sanitaria, pero es un punto de vista que puede ayudar a relacionarnos mejor con la incertidumbre y comenzar a pensar en evolucionar nuestra existencia, el cambio la mayoría de las veces es bueno, la sanidad y cuidar nuestra salud siempre será algo bueno.

La derrota digna y otros datos

México es, por excelencia, el país de la derrota digna. No es solo que nuestra historia esté llena de héroes que murieron de cara al sol, enredados en la bandera o luchando hasta el final, aunque el final siempre sea el mismo. México es el único país donde los ciudadanos salimos a celebrar que hayamos pasado a la siguiente ronda del mundial, aunque haya sido perdiendo 3-0, o que aplaude no haber sido goleados, aunque hayamos perdido.

Ese ambiente, el de la derrota digna, es el que se respiró en medios y redes las últimas horas tras la visita de López Obrador a Washington: el simple hecho de que Donald Trump no hubiese insultado, como lo hace cotidianamente, ni a los mexicanos ni a nuestro Presiente, resultó motivo suficiente para festejar, la redes se volcaron al contento porque salimos bien librados… por ahora.

Sin afán de ser aguafiestas en medio de la celebración, los otros datos, los reales, los de los órganos del Estado que generan información, y no creencia u opiniones, son terriblemente preocupantes. Pensar que el país saldrá adelante porque entra en vigor un nuevo tratado de libre comercio, sin duda mejor que el anterior, pero a fin de cuentas continuación, es bastante ilusorio. Mientras el Presidente estima que el T-MEC generará en automático inversiones, que ya tocamos fondo y que la recuperación será rápida y en forma de V, lo que significa que muy rápido volveríamos al punto en que el estábamos antes de la crisis, el Banco de México advierte lo contrario: los gobernadores del banco central ven recuperación en forma de U, esto es con un estancamiento posterior a la caída, o peor aún en forma de W, es decir con una recaída, porque la pandemia está lejos de haber sido domada.

Los motores económicos a los que apuesta el Presidente, el Tratado y los programas sociales, son, por decir lo menos, inciertos. Para que fluya la inversión, la nacional y la extranjera, no solo se requiere un acuerdo comercial potente, tanto o más importante resulta la seguridad jurídica, que hoy pareciera estar en el lomo de un venado por decisiones apresuradas o caprichosas de algunos actores del Gobierno, y las perspectivas de crecimiento que no es para nada halagüeño. Para que los programas sociales lleguen a dinamizar la economía es necesario que estos sean complemento al ingreso familia, no el ingreso familiar. La pérdida de ingresos por la crisis económica ha afectado a más familias de las que el Gobierno dice que han sido beneficiadas por la política social. Pero sobre todo es fundamental que los programas operen con eficiencia, que lo que dicen los responsables de la Secretaría de Bienestar sea real, cosa que, de acuerdo con los otros datos, los de Coveval, no está sucediendo.

Qué bueno que el Presidente paró el panal, que regresó de Washington sin recibir gol, pero el partido importante, el decisivo está acá, en casa, está complicadísimo y vamos perdiendo.

Nota a margen. Sigo pensando que lo mejor del viaje de López Obrador a Washington fue haber tenido los dos días seguidos sin mañanera. No habíamos podido medir lo políticamente tóxicas que son las matinés y lo maravilloso y significativo que puede ser el silencio, la ausencia de ruido político.

EPN y Videgaray: ¿Los que siguen?

De acuerdo con el columnista Raymundo Riva Palacio, el convenio que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, realizó con la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a su extradición, implica ofrecer información -testimonial y documental- que incriminaría al expresidente Enrique Peña Nieto y a su “brazo derecho”, Luis Videgaray, en actos de corrupción.

El autor de “Estrictamente Personal” afirma, en la columna que publicamos en esta edición, haber tenido acceso a los documentos mediante los cuales se concretó el acuerdo entre los abogados de Lozoya y la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, a partir de los cuales ofrece datos de lo que podría ocurrir en los próximos meses con este caso.

En particular, Riva Palacio detalla cómo se habría registrado la compra, por parte de Pemex, de la empresa “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA) -que antes se la había comprado al Gobierno Federal-, retratando tal operación como un pago de favores por la inversión que Alonso Ancira habría realizado en la campaña de Enrique Peña Nieto.

Si lo relatado por el articulista es, en efecto, un buen resumen del expediente que la FGR ha armado en torno al “affaire AHMSA”, podríamos estar en la antesala de un hecho no visto en generaciones: el inicio de un proceso en contra de un expresidente.

Lo más cercano que los mexicanos hemos atestiguado a un hecho como éste es el enjuiciamiento a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, quien fue acusado de diversos delitos durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Pero lo inédito del proceso no sería signo, como todo mundo sabe, de que los mexicanos hayamos despertado un día enterándonos con asombro de que en las más altas esferas del poder se registraran actos de corrupción. Por el contrario, la sociedad mexicana tiene décadas leyendo cotidianamente historias de este tipo sin que pase absolutamente nada.

De lo sería signo -y uno de carácter alentador- es de que podría estar en proceso la más importante transformación de la vida pública del país, la cual implicaría que se rompa, de una buena vez, la cadena de complicidades gracias a la cual se ha construido uno de los más amplios espacios de impunidad que puedan documentarse en el planeta.

Para ello hará falta, desde luego, no solamente que se castigue a quienes en el pasado han cometido actos ilegales que, en mayor o menor medida, se encuentran a la vista de todos, sino que el combate a la corrupción esté desvinculado de toda estrategia electoral, es decir, que no se registre una “persecución selectiva”.

Porque así como en el pasado reciente de nuestra vida pública es posible encontrar innumerables ejemplos de corrupción, en el actual período gubernamental se han documentado no pocos escándalos que no deben dejar de señalarse y, menos aún, de castigarse.

Si esto se hace así, sin duda que todos deberemos festejar el inicio de una nueva era en la vida pública del país.

Desempleo: la otra pandemia

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, los efectos negativos que sobre la economía ha causado -y seguirá causando- la pandemia del coronavirus son, al menos, igual de graves que los de carácter sanitario, sobre todo de cara al futuro, pues aunque cada vida humana perdida debe lamentarse, el bienestar futuro de millones de personas no puede preocuparnos menos.

En este sentido, la pérdida de un millón 114 mil empleos -hasta el último día de junio pasado- constituye una de las peores noticias que hayamos tenido en muchos años.

Y aquí, igual que en el caso de las más de 35 mil muertes que oficialmente se contabilizan en México, los puestos de trabajo perdidos no son simplemente números que deben leerse de forma conveniente para que no nos parezcan tan graves o nos resulten menos relevantes.

Cuando decimos que más de 1.1 millones de puestos de trabajo formales se han perdido en el período de marzo a junio, lo que debemos entender es que estamos hablando de 1.1 millones de personas que tenían un ingreso seguro y hoy se encuentran en la calle buscando una alternativa.

El problema es que lo hacen en una situación de recesión, en medio de la peor contracción que la economía mexicana haya sufrido en décadas lo cual implica que no hay oferta de puestos de trabajo, sino exactamente al contrario porque la pérdida de plazas laborales se debe, en el mejor de los casos, a la reducción de operaciones de las empresas, pero en el peor de ellos, a su cierre.

En estas circunstancias, quien pierde su trabajo tendrá muchísimas dificultades, ya no digamos para encontrar otro igual, sino incluso para encontrar una oportunidad que le permita contar con al menos un ingreso fijo para sobrevivir.

El Presidente de la República ha dicho que no debemos preocuparnos porque antes de concluir el presente año el Gobierno Federal impulsará la creación de dos millones de empleos.

Pero a un obrero calificado, a un supervisor de planta, a un experto en finanzas o a un ingeniero especializado en técnicas industriales de nada le sirve que se impulse la siembra de árboles frutales -así esto ocurriera en todo el país- o que se construya una refinería en Tabasco o un tren en el sureste, si él o ella viven en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana o Saltillo.

Esto es lo que el presidente López Obrador no parece entender -o no quiere entender, o no le importa-: las personas que pierden el trabajo fuera de las regiones donde su gobierno impulsa proyectos de infraestructura lo que quieren es recuperar “su” empleo, volver a realizar las actividades para las que tienen conocimientos y experiencia, seguir viviendo en las ciudades donde han hecho su vida y tienen fincadas sus expectativas.

Por lo demás, las voces de todos los especialistas coinciden en señalar que en México jamás se han creado dos millones de empleos en un año y por ello los ofrecimientos presidenciales no pueden ser tomados en serio.

Y si esto es así, el mensaje presidencial no podría ser más ominoso: los efectos económicos de la pandemia serán brutales y el Gobierno de la República está dispuesto a ver, impasible, cómo ello golpea de forma demoledora al sector que sostiene la economía del país.

Salir de la versión móvil