Categoría: Editorial

Uno de los deportes favoritos de la clase política mexicana, desde que la tecnología de videograbación se convirtió en un instrumento al alcance de cualquiera, es lanzarse misiles, en forma de video escándalos, que convierten los señalamientos de corrupción en auténtica competencia… para ver quién es más corrupto.

Ayer tocó el turno al mismísimo hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador -de paradójico nombre, dadas las circunstancias: Pío- a quien el periodista Carlos Loret de Mola mostró, en dos videos, presuntamente recibiendo dinero en efectivo de David León, convertido hoy en emblemático funcionario de la autodenominada “4T”.

Con la publicación de tales videos, que claramente alguien interesado hizo llegar al periodista del portal LatinUs, pareciera declararse una guerra entre bandos políticos que, por lo menos, pretendería mostrar que del otro lado del campo de batalla también poseen “artillería pesada”.

El corolario no podría ser más funesto para los intereses colectivos: dado que nadie parece estar a salvo de la podredumbre de la corrupción, pareciera que, como siempre, los ciudadanos nos veremos obligados a escoger a “los menos corruptos”, a los “menos indecentes”.

Triste realidad de la política nacional si bien, como se ha dicho en múltiples ocasiones, poco puede sorprender constatar que, al final del día, nadie se salva de la quema.

Y aunque uno de los implicados en el nuevo video escándalo, David León, salió ayer mismo a tratar de “aclarar” el asunto, afirmando que las imágenes no se habrían grabado durante la campaña electoral de 2018, sino que “debe tener aprox. 5 años de antigüedad”, lo que se muestra claramente lo descalifica para el cargo que recién se le otorgó: fungir como “zar anticorrupción” en la compra de medicamentos para el sector público.

De nada vale su otra aclaración: que entre noviembre de 2013 y noviembre de 2018 se haya desempeñado como “consultor” y no como servidor público y que su “manera de apoyar al Movimiento (Morena, se entiende)” hubiera sido “recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Las imágenes constituyen, a no dudarlo, un duro golpe contra la credibilidad del actual Gobierno de la República, no solamente porque involucran al hermano del Presidente, sino porque parecieran dejar claro que los cargos de alta responsabilidad se otorgan actualmente a partir de las mismas fórmulas utilizadas en el pasado reciente.

¿Alguien podría creer hoy que David León tuvo una actuación diferente -guardadas las proporciones- a la de Emilio Lozoya quien, en su momento, se “ganó” el nombramiento otorgado realizando exactamente las mismas actividades, es decir, realizando “colectas” para inyectar dinero ilícito en las campañas y/o el partido de quien hoy despacha en Palacio Nacional?

Habrá que ver cómo evoluciona la guerra de video escándalos pero, a juzgar por lo ocurrido hasta el momento, el marcador va muy parejo.

Por razones sobre las cuales solamente se puede especular, ayer comenzó a circular en medios electrónicos el que, mientras las autoridades no lo desmientan, sería el texto íntegro de la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad se ha apresurado a negar que haya sido ella -en presunto acatamiento a la “sugerencia” realizada por el presidente López Obrador en su conferencia matutina del martes anterior- la que hubiera “filtrado” la versión electrónica del documento.

Para efectos estrictamente informativos poco importa cómo alcanzaron la publicidad las 60 cuartillas que acusan a 17 personas concretas, entre ellas incluso una periodista. Lo que importa es el significado de lo que esas cuartillas exponen, es decir, el retrato hablado de una clase política podrida; la constatación de que el Presidente tiene razón cuando asegura que el Gobierno se convirtió en un instrumento al servicio de una “minoría rapaz”.

Poca sorpresa puede causar el conocimiento de los detalles de este caso a una sociedad acostumbrada a convivir con los excesos de su clase gobernante, a percibir sin intermediarios la forma en la cual el presupuesto público ha sido históricamente empleado para la construcción de fortunas privadas.

Pero que no cause sorpresa no implica disminuir ni un ápice la indignación ni mitigar en lo más mínimo el reclamo de justicia ante la indecencia allí descrita. Tendrán que investigarse, desde luego, los presuntos delitos allí mencionados, pero para cualquiera que conozca medianamente la historia pública del país de los últimos años, el relato suena verosímil.

Lo que acaso debiera sorprendernos a todos es la ausencia de al menos un atisbo de remordimiento en el denunciante, sobre todo si se tiene en cuenta que en su “acusación”, Lozoya Austin reconoce haberse quedado, para su beneficio personal, con un millón y medio de dólares del dinero que la empresa Odebrecht le entregó como parte de los sobornos que él negoció.

Ni una sola letra, en las miles de palabras contenidas en el largo escrito, para expresar el mínimo remordimiento, para reconocer que se plegó, formó parte y se benefició del esquema corrupto y corruptor que dibuja y del cual culpa, casi exclusivamente, al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Lejos de tal posibilidad, Lozoya Austin se asume como víctima, como una suerte de “indefenso individuo” que se vio forzado, sin opciones para escapar de tal situación, a ser apenas una correa de transmisión en el esquema de corrupción que le costó -y le cuesta- a la sociedad mexicana muchísimo dinero.

El documento de Lozoya es, no cabe duda, una “bomba” que cobrará víctimas entre los miembros de la clase política mexicana. Pero los ciudadanos esperamos que ello no ocurra solamente en el terreno de la opinión pública, sino que los hechos denunciados se castiguen mediante la imposición de sentencias judiciales.

Lo paradójico será, por supuesto, que entre quienes sufran castigo no se encuentre, al final, el único delincuente confeso que hoy existe en este caso: Emilio Lozoya.

Tras el reciente encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, durante el cual todo fue miel sobre hojuelas, no pocas voces advirtieron que habría que esperar para ver si el “amor eterno” que ambos se juraron durante las pocas horas que estuvieron juntos, duraba al menos unos meses.

El escepticismo en el señalamiento, es importante puntualizarlo, se inspira en el carácter impredecible del principal inquilino de la Casa Blanca, quien ha sido, a no dudarlo, el mandatario estadounidense que más ha insultado y ofendido a nuestro país en la historia moderna.

Además, urgido como está de sostener su tambaleante campaña por la reelección, nadie podría confiar en que Trump dejaría en paz a nuestro país, simple y sencillamente porque el neoyorquino hará lo que haga falta para retener el poder otros cuatro años.

Ayer quedó claro que los escépticos tenían razón: Donald Trump decidió, durante un mitin en Arizona, volver a la carga contra México y revivir su “vieja confiable” del muro fronterizo y su promesa de que nuestro país “pagará” el costo del mismo.

No dejó de señalar que su administración tiene “una magnífica relación” con México, pero eso no le impidió revivir su ofrecimiento de construir una valla “imposible de franquear” entre ambas naciones. Nada nuevo, por lo demás: si por algo se caracterizan los políticos -y Trump es un alumno aventajado en este apartado- es por adaptar el discurso a las circunstancias del momento, incluso si ello implica contradecirse.

El problema, sin embargo, no es él, sino nosotros. Porque mientras a otros gobiernos, o a la Iglesia católica, se le exige que pida perdón por “las ofensas” perpetradas en contra de la nación mexicana hace siglos -cuando México, formalmente, ni siquiera existía- a Trump se le perdonan las ofensas del presente, las que perpetra todos los días.

Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece absolutamente indispensable que las atrocidades -que, en efecto tuvieron lugar- durante los tres siglos de la conquista, sean “lavadas” por los gobernantes españoles de hoy. Y en ánimo de no alimentar polémicas estériles, todo mundo podría coincidir con él y sumarse a la exigencia realizada.

Pero cabría esperar que el discurso tuviera un mínimo de coherencia, pues los gobernantes españoles de hoy ciertamente no nos han ofendido ni agraviado, mientras que el Presidente de los Estados Unidos sí lo ha hecho, razón por la cual cabría esperar un reclamo aún más airado en su contra, porque se trata de actos perpetrados en contra de los mexicanos de hoy, no de individuos cuyos despojos incluso han desaparecido ya por efecto del tiempo.

Lejos de esta posibilidad, hasta el cierre de esta edición nadie en la administración federal había realizado pronunciamiento alguno en torno a la más reciente embestida de Donald Trump y, por lo que puede preverse, no se molestará al magnate estadounidense ni con el pétalo de una nota diplomática.

Del primer caso registrado de la COVID-19 en México hasta el pasado 31 de julio se contabilizaron un total de 46 mil muertes por esta pandemia. En ese mismo periodo de finales de febrero al fin de julio perdieron la vida alrededor de 152 mil personas a causa de la mala alimentación en nuestro país. Estas otras muertes en forma de diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades cerebrovasculares y de ciertos tipos de cáncer podrían haberse evitado con una buena alimentación. Estas muertes por mala alimentación se presentaron no solamente en esos cuatro meses de este año, se presentaron en los cuatro meses anteriores a ellos y en los anteriores y los anteriores a los anteriores y así durante los últimos años. Esa otra pandemia, con mayores daños, no se contabiliza en reportes diarios.

Si contabilizáramos diariamente la pandemia de la mala alimentación en vez de recomendar el lavado de manos, la sana distancia entre las personas, el cubrebocas, el quedarse en casa; se estaría llamando diariamente a dejar de tomar refrescos, recuperar nuestro consumo de frijoles, maíz, quelites, amaranto, mantener la sana distancia de la chatarra, de los Oxxos y similares, se llamaría a acercarnos a los mercados locales y a los productores del campo, a hacer botanas para nuestros hijos y para nosotros con semillas, vegetales, a convertir nuestras frutas de temporada en nuestros dulces, a recuperar el conocimiento de nuestra cocina.

Si sumáramos estas muertes por mala alimentación con las muertes por COVID-19 que sucedieron en las personas que padecían enfermedades crónicas debidas a su mala alimentación, las cifras se dispararían y tendríamos una idea más clara de los daños que nos ha causado la invasión de la comida chatarra y los refrescos, la alteración profunda de nuestra dieta por productos ultraprocesados con nulo o bajo valor nutricional pero con grandes cantidades de azúcares añadidos, grasas saturadas, sal, colorantes, saborizantes, emulsificadores y todo tipo de ingredientes artificiales.

Los procesos inflamatorios generados por la comida chatarra y las bebidas azucaradas provocan, más allá de las enfermedades crónicas y antes de ellas, el debilitamiento del sistema inmunológico, con lo cual la COVID-19 puede tener un impacto mucho mayor. Una de las expresiones medibles de los daños que genera esta mala alimentación se encuentra en los diversos indicadores de síndrome metabólico, como la circunferencia elevada (CC), presión arterial elevada (HTA), bajo colesterol HDL (HDLc), triglicéridos (TG), glucosa o insulina elevados.

En unas semanas de mejor alimentación pueden ajustarse algunos de estos indicadores, de tal manera que pueden mejorarse las posibilidades de defensa frente a la COVID-19. Además, la mala alimentación no sólo genera daños por el tipo de productos ultraprocesados y los ingredientes que contienen, genera también daños por los alimentos que dejan de consumirse, que en la caso de verduras, frutas, semillas, cereales integrales, significa la falta de ingesta de una enorme diversidad de vitaminas, minerales y fitoquímicos que tienen cualidades muy importantes de defensa frente a diversos padecimientos, fortaleciendo el sistema inmunológico. Productos que hemos dejado de consumir a cambio de la ingesta de productos chatarra y bebidas endulzadas.

Por lo anterior, no se entiende porque no se llama a la población en todo el mundo, de manera permanente, cotidiana, a mejorar su alimentación como un elemento fundamental de defensa frente a la COVID-19. El gobierno mexicano ha anunciado la realización de una campaña en este sentido, es urgente que se implemente ante el mayor consumo de productos chatarra en esta situación de confinamiento.

Entre los opositores al actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que se destaca el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), y personajes conservadores va imperando una idea propagandística de acusar al mandatario mexicano de estar encaminando el país hacia el comunismo o el socialismo. Esta idea puede funcionar bien como propaganda para articular y movilizar a quienes no simpatizan con el Gobierno de la Cuarta Transformación, pero es falsa.

La idea de una parte de la derecha mexicana y de los llamados derechairos de que este Gobierno se está encaminando hacia el comunismo o socialismo no solo está equivocada sino que además está fundada en la ignorancia.

No se necesitaría leer extensos tratados de ciencia política para demostrar esa falsedad. Un repaso rápido por Wikipedia podría despejar esta idea ignorante. Basta analizar las principales políticas del actual Gobierno para confirmar que en realidad es una administración mucho más parecida, en sus políticas públicas, a los gobiernos anteriores.

De modo que es una falacia de los conservadores y de la derecha mexicana, y de personajes nefastos como el cardenal Juan Sandoval Íniguez, que el Gobierno de López Obrador se encamina hacia un régimen comunista.

Estos mismos personajes u organizaciones que aseguran que vamos hacia el comunismo, de otro lado, admiran países más desarrollados, pero parecen desconocer cómo llegaron a tener ciertos estándares de progreso y calidad de vida.

Quienes ven a países europeos o Estados Unidos como modelos a seguir casi con seguridad desconocen que buena parte del progreso y del desarrollo que existe en esos países provienen de luchas sociales que dieron sectores populares, muchos de ellos con orientaciones precisamente socialistas, comunistas, anarquistas.

Por ejemplo, el derecho a tener una jornada laboral de ocho horas. Probablemente los derechairos ignoran que es producto de luchas obreras radicales donde había diversas corrientes de izquierda y que incluso algunos anarquistas dieron la vida por ello (los Mártires de Chicago).

En México existen derechos laborales gracias a las históricas huelgas de los mineros de Cananea y los textileros de Río Blanco. Además no se tendría el régimen social de tenencia de la tierra ni el acceso a la salud y educación pública sin una revolución social en la que perdieron la vida más de un millón de mexicanos, en su mayoría campesinos pobres y trabajadores urbanos.

Los estados de bienestar desarrollados que la derecha admira de Estados Unidos, Francia o Suecia, en realidad se ganaron gracias a las luchas de movimientos socialistas o progresistas.

Este breve repaso confirma que la mayoría de los derechos de que gozamos, no solo en México sino en buena parte del mundo, no son concesiones de estados conservadores, ni mucho menos. Son producto de luchas sociales de los de abajo y de los explotados.

Al final de cuentas todos los estados nacionales, ya sea México, Estados Unidos o Suecia, son estados que sirven a la reproducción del capital, pues el capitalismo es el sistema-mundo que impera hoy en la moderna sociedad. Muy lejos de un sistema comunista que, ignorantemente, proclama una parte de la derecha mexicana.

Hace rato que el Gobierno de México renunció a gestionar el problema de salud provocada por la COVID-19 para dedicarse solo a administrar la crisis. El discurso ya no está enfocado, como hace unos meses, en las estrategias, acciones y políticas públicas de Gobierno, sino solo en el discurso político, en repetir una y otra vez que vamos bien, en mantener el esgrima verbal con los opositores, en vender (o regalar) cachitos de la rifa del avión sin avión y en los últimos días en la nueva apuesta: tener la vacuna lo antes posible en México.

Si atendemos a las voces de oposición el balance de la gestión del sistema de salud es terriblemente negativo. Fue el propio López-Gatell, el 4 de junio, quien estimó que “el escenario catastrófico” era llegar a los 60 mil muertos. La cifra la vamos a rebasar con creces, por lo que no les falta razón a los opositores del Gobierno para decir que hay una mala gestión y el adjetivo se los regaló el propio vocero de salud: catastrófico. Esta palabra la vamos a oír una y otra vez, sin mayor análisis ni matiz.

Si atendemos al discurso oficial el objetivo desde el inicio fue aplanar la curva de contagios de manera que no llegáramos a saturar los servicios de salud. Salvo unos días críticos en el estado de Tabaco, esto se ha cumplido cabalmente. La crisis se ha prolongado en el tiempo, con muchos más casos y mayor mortalidad de la esperada, pero no ha existido hasta ahora un problema de saturación hospitalaria que genere una crisis de grandes dimensiones. Muchos han muerto en casa  y el sistema de salud está estresado, con graves consecuencias por la incapacidad de atención de otros padecimientos -en la medida que fluyan los datos nos iremos dando cuenta del tamaño de esas otras tragedias- pero nunca quedó rebasado.

Acorralada por los escándalos de corrupción, que el Presidente administrará a su antojo, la gran apuesta de la oposición de cara a la elección intermedia será poner al Gobierno en el banquillo de los acusados por las muertes que se pudieron evitar en esta crisis de salud. Es muy probable que hacia fin de año estemos en los 100 mil muertos por COVID-19, una cifra solo por debajo de las muertes por enfermedades cardiovasculares y en los mismos rangos de la diabetes, que cobró la vida de 101 mil mexicanos el año pasado.

La apuesta es arriesgada, pues a medida que avanza la pandemia, surgen más y más pruebas científicas de que una mala salud pública hace más vulnerable a una sociedad ante el coronavirus.

¿Se pudieron haber evitado decenas de miles de muertes con políticas públicas adecuadas, como plantea la oposición? Es un tema muy complicado de probar, mientras que la corrupción del PRI y el PAN está documentada y con un testigo colaborador urgido y dispuesto a todo a para salvar a su familia.

Lozoya es la verdadera vacuna de López Obrador contra el coronavirus.

Hoy acapara los principales desplegados la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX, desde su tránsito por España hasta su arribo a México, donde es investigado por corrupción e implicación directa en el caso Odebrecht.

Pero, ¿Qué es y de que trata el caso Odebrecht? Es una empresa que tras los cambios paulatinos y de abundancia económica a nivel global, fue fundada en el Estado de Bahía en Brasil en 1944. Es una empresa, principalmente de la construcción con operaciones en más de 14 países y actividades comerciales en más de 100.

La compleja polémica salió a la luz en el año 2016, cuando la empresa se declaro culpable, ante una corte de los Estados Unidos, de haber sobornado a funcionarios de un sinnúmero de países, entre ellos mexicanos _una mentira muy bien construida que nos recuerda al año 2001 con la escandalosa noticia, de la quiebra de la empresa energética Enron_.

Desde Brasil para el mundo, la estrategia maquinada por Odebrecht ha consistido en sobornar a los políticos más poderosos de cada país, a cambio de la obtención de contratos millonarios. Con una perspectiva gerencial, la corrupción que desplegaba, replicaba un modelo perverso de negocio: establecer cercanía con gobernantes de alto rango, quienes no solo se les nombraba “socios estratégicos”, sino que eran considerados clientes (inclusive se dice que para ocultar nombres se les identificaba a políticos con determinados apodos). De hecho, la empresa tenía un área denominada División de Operaciones Estructuradas (DOE). Su función específica, administrar los sobornos que operaba la compañía.

Entre los ejemplos de países en donde intervinieron, encontramos a Guatemala, República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú y por supuesto México.

EL CONTRATO ETILENO XXI

Fue una subasta de PEMEX, en la época de Calderón, en donde se invitaba para abastecer de 66 mil barriles diarios de etano, a cambio de que, el que resultare ganador, construyera una planta de etileno, para poder elaborar propileno, una materia prima para poder elaborar un sinfín de artículos plásticos de uso cotidiano. 

Como secretario de Energía y después como presidente de México, Felipe de Jesús Calderón, dio pase con excesiva exclusividad a Odebrecht. A partir de ese momento, la transnacional sangró al Estado Mexicano con miles de millones de pesos. Fue la hecatombe que estableció una plataforma fraudulenta para mover dólares a diversos países; estrategia y acuerdo que el expresidente le endosó a Enrique Peña Nieto para que a los brasileños se les facilitara la ingeniería financiera.

Lo anterior, es una pequeña parte, de un expediente choncho en poder de la Fiscalía General de la República y que se encuentra abierto desde el año 2017. Actualmente, la fiscalía cuenta con documentos desde los sobornos en el contrato etileno XXI, en donde existen movimientos bancarios realizados desde México a 18 países (está defraudación fiscal, ya se encuentra en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera).

Desde anteriores sexenios, con contratos leoninos y diseñados para el saqueo, este caso de corrupción que apenas ve la luz ha dejado a México con multimillonarias pérdidas. ¿Estamos preparados para saber toda la verdad?

Uno de los deseos que más personas alrededor del mundo compartimos es el de que aparezca rápidamente un laboratorio con la noticia de que ha logrado desarrollar una vacuna que nos permita volver a la normalidad que conocimos hasta hace muy poco tiempo. Pero desearlo es una cosa y que tal deseo se convierta en realidad es otra muy distinta.

Al respecto, es importante decir que, como nunca en la historia de la humanidad, los científicos del mundo entero están realizando progresos acelerados para desarrollar un antídoto eficaz en contra del coronavirus SARS-CoV-2 y que la velocidad con la cual están avanzando en este proceso es inédita.

Pero la ruta para el desarrollo de cualquier vacuna no depende de nuestros deseos ni de la voluntad política de líderes que prometen una vacuna “muy pronto” expresando con ello más sus intereses electorales que una realidad con base científica. En este proceso, las reglas que deben seguirse con rigor son de las de la ciencia.

El comentario viene al caso a propósito de la noticia que ayer le dio la vuelta al mundo y levantó expectativas que, por desgracia, no tienen fundamento: el anuncio del gobierno ruso en el sentido de que ellos han logrado desarrollar la primera vacuna eficaz para el mal ubicuo de nuestros días.

La Organización Mundial de la Salud, en un acto de responsabilidad ética, ha advertido que la vacuna anunciada por el gobierno de Vladímir Putin no ha cumplido con los protocolos necesarios para ser considerada segura y eficaz, los dos requisitos que cualquier vacuna debe cumplir antes de administrase masivamente a la población.

En esencia, de acuerdo con la información difundida, la vacuna desarrollada por Rusia no ha pasado por la denominada “fase 3” de pruebas, que implica probar el fármaco en miles de personas -de preferencia con diferentes perfiles poblacionales-, además de utilizar un grupo “de control”, que recibe un placebo, a fin de contar con datos para medir su eficacia.

No correr este tipo de pruebas, de acuerdo con la opinión de múltiples expertos, entraña riesgos importantes que pasan, sobre todo, por el riesgo a la salud de quienes recibieran esta vacuna no probada.

Resulta importante insistir en la necesidad de que, en torno a discusiones como esta, debe ser la comunidad científica -y solamente esta- la que tome las decisiones respecto de lo que es conveniente o no para la salud pública. Seguir la ruta de los intereses políticos es no solamente una mala idea, sino una de carácter peligroso.

No se trata de ser pesimistas en torno al desarrollo de investigaciones en diferentes partes del mundo, sino de ser responsables en relación con las decisiones que afectarán el curso de esta lucha en la cual se encuentra involucrada la humanidad entera.

Todos deseamos que surja una vacuna lo más pronto posible. Pero habremos de ser conscientes en el sentido de que solamente el rigor científico, y no las promesas políticas, nos van a conducir con seguridad hasta la otra orilla.

Los señalamientos se han multiplicado prácticamente desde que inició la presente administración federal: los derechohabientes del IMSS se quejan de desabasto de medicamentos y los especialistas en el tema aseguran que se trata de un problema provocado por la propia impericia de quienes hoy tienen a su cargo la administración del sistema de salud pública.

La explicación formalmente ofrecida es que el proceso de adquisición de medicamentos era un “foco de corrupción” que se sostuvo hasta el último día de la administración anterior… porque a partir del 1 de diciembre de 2018 todo es distinto en México.

El señalamiento sobre la existencia de una red de corrupción en el proceso de adquisiciones del sistema de salud pública, muy probablemente es real e incluso es probable que quienes hoy están a cargo de éste lo tengan documentado. Valdría la pena, desde luego, que además de “denunciarlo” públicamente se ocuparan de combatirlo legalmente.

Pero que dicho esquema haya existido –o que perdure hasta hoy– no es un problema que se resuelva suspendiendo las adquisiciones de medicamentos, equipo, material e instrumental médicos. La corrupción se combate y se contiene siguiendo el camino del dinero y persiguiendo a quienes se benefician ilegalmente de su existencia.

Aplicar en el caso de los medicamentos la misma fórmula que con el huachicol –es decir, cerrar los ductos para que no hubiera en éstos combustible que robar– implica poner en riesgo la vida de las personas, porque al dejar de suministrarles los medicamentos que requieren –so pretexto de combatir la corrupción– se viola su derecho a la salud.

Y si la realidad se juzga a partir de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por este motivo, parece bastante claro que, al menos en lo que hace a los derechohabientes del IMSS, el número de quienes consideran que se está poniendo en riesgo su salud y su vida se ha multiplicado en el tiempo.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, durante el primer semestre de este año, el IMSS ya acumuló en Coahuila un número de quejas igual al que tuvo durante todo 2019 por no entregar a sus derechohabientes los medicamentos que requerían.

Más aún: de todas las dependencias federales que han sido denunciadas ante la CNDH por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, el IMSS ocupa el primer lugar y, en el caso específico de las quejas interpuestas en Coahuila, el grupo más grande se refiere al incumplimiento en la entrega de medicamentos.

¿Se trata de un hecho contingente que desaparecerá en cuanto se regularicen las adquisiciones, o estamos ante un proceso de deterioro que no hará sino agravarse ahora que el Gobierno de la República asumió el compromiso de entregar medicamentos gratuitos de forma universal?

Habrá que seguir con atención el comportamiento de los indicadores duros, pues si al final resulta que no estamos ante un hecho contingente, lo que estamos viendo ahora sería el reloj de una bomba de tiempo cuyo estallido podría ser de terribles consecuencias.

El número oficial de mexicanos muertos por la COVID-19 habrá llegado este viernes a los 50 mil, según los registros de la Secretaría de Salud. Sabemos que el número real es mucho mayor. Aterrador. Sobre todo porque la tendencia de contagios y fallecimientos sigue al alza, a pesar de todos los contradictorios vaticinios de la autoridad sanitaria.

Y no hay información oficial al respecto.

Hace un par de semanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el hecho de que los servicios de prevención y tratamiento de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la emergencia en la región de las Américas.

Informó que una encuesta de la propia OPS/OMS confirmó que el impacto es mundial y que la interrupción de los servicios de salud de rutina constituye una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas.

Y es que desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, males renales y diabetes.

Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de la COVID-19. El tratamiento y los cuidados para estos pacientes deberían continuar, advirtió la OPS; pero no ocurre así. En el 89 por ciento de los países americanos que respondieron a la encuesta, el personal de los ministerios de salud que trabajaba en la esfera de las ENT fue parcial o totalmente reasignado para apoyar la respuesta a la pandemia. “Los países deben buscar formas innovativas de garantizar su continuidad al mismo tiempo que hacen frente al coronavirus”, alertó la organización.

Y aportó un dato elocuente: antes de la COVID-19, el 81 por ciento de todas las muertes en países de América se debieron a ENT. Se estima que 62 millones de personas en los países de América viven con diabetes, y 1.2 millones de personas viven con cáncer sólo en América Latina y el Caribe. Además, alrededor de una de cada cuatro personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad crónica.

También el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha referido al asunto. En un mensaje, advirtió específicamente que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en las mujeres, niños y adolescentes “pueden ser mayores” que las muertes que en sí ha generado la pandemia.

No es el caso de muchos otros enfermos rutinarios, ambulatorios o no contagiosos, como se les cataloga. Son miles. Muchos habrán muerto en estos meses por falta de atención. Nadie los cuenta. Y de ellos ninguna autoridad del sector salud hace siquiera referencia. Ni una palabra. Son invisibles.