Boletín
Chilpancingo, Gro.– El Congreso del Estado aprobó un decreto mediante el cual se autoriza a los 85 municipios de la entidad a gestionar y contratar, con cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones del mercado, uno o varios financiamientos. Dichos créditos deberán pagarse en su totalidad dentro del periodo constitucional para el cual fue electa la administración municipal correspondiente, y tendrán como fuente de pago el porcentaje que establece la Ley de Coordinación Fiscal, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Al fundamentar el dictamen, el diputado Vladimir Barrera Fuerte, vocal de la Comisión de Hacienda, explicó que, una vez recibida la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se procedió a su análisis exhaustivo, así como a realizar las observaciones pertinentes.
El legislador precisó que los créditos contratados por las administraciones municipales deberán ser liquidados en tiempo y forma. En caso de que la persona titular de la presidencia municipal solicite licencia antes de concluir su mandato, deberá entregar a quien la sustituya toda la información relacionada con la contratación de la deuda, la fuente de financiamiento, los pagos realizados y pendientes, así como los detalles de las obras ejecutadas o en proceso. También deberá incluir los informes enviados a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado.
Se destacó que esta autorización permitirá a los ayuntamientos realizar obras de infraestructura social municipal, especialmente en aquellas localidades catalogadas como de alta y muy alta marginación, conforme a las disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de Deuda Pública del Estado. Lo anterior con el fin de acceder a recursos financieros que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.
Asimismo, se estableció que el ayuntamiento que decida hacer uso de esta autorización deberá someterse previamente a la revisión de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para analizar su capacidad de endeudamiento.
De igual manera, en los informes cuatrimestrales de la Cuenta Pública deberá reportarse el monto de la deuda, el destino del crédito, el avance de las obras y la inscripción correspondiente en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el Registro Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Se enfatizó que los recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza extrema o con alto grado de rezago social. Además, el importe del o los financiamientos no deberá rebasar el porcentaje permitido por la Ley de Coordinación Fiscal y deberán pagarse en su totalidad a más tardar el 30 de junio de 2027.
Finalmente, se señaló que los municipios que decidan contratar créditos con base en este decreto, comprometiendo un porcentaje de los recursos que individualmente les correspondan del FAIS, deberán obtener la autorización expresa con el voto de al menos dos terceras partes de los integrantes de sus respectivos cabildos.
Dictámenes
El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, a fin de garantizar la implementación efectiva del principio de paridad de género en los ayuntamientos. Para ello, se sustituye la frase “observando el principio de paridad” por “en cumplimiento al principio de paridad”, lo cual promoverá una administración local más equitativa, inclusiva y representativa. El dictamen fue fundamentado por el diputado Héctor Suárez Basurto, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
La diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM), al razonar su voto a favor, destacó que esta iniciativa, de la cual fue promotora, refrenda el compromiso con las mujeres guerrerenses y representa un paso importante hacia una administración pública más justa, incluyente y representativa. Reconoció a la comisión dictaminadora por su sensibilidad y compromiso al atender esta demanda histórica de paridad de género en la administración municipal.
También se aprobó un dictamen para exhortar a los 84 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, así como a los tres poderes del Estado, órganos autónomos, organismos con autonomía técnica y paraestatales, a abstenerse de utilizar recursos públicos, o de solicitar o aceptar financiamiento privado —ya sea monetario o en especie— para la organización, promoción, auspicio o realización de concursos, certámenes u otros eventos similares que califiquen o premien la apariencia física, los atributos estéticos o las características corporales de niñas, adolescentes y mujeres.
Además, se les exhorta a reformar sus disposiciones reglamentarias para prohibir expresamente el uso de recursos públicos en eventos que promuevan estereotipos de género o cosifiquen a las mujeres, incluyendo la constitución de comités organizadores, la contratación de servicios relacionados y su difusión mediática. Se propone reorientar esos recursos hacia programas y acciones con impacto social.
La diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, fundamentó el dictamen. También intervinieron a favor las diputadas María Irene Montiel Servín y Luissana Ramos Pineda.
La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una reserva para ampliar el exhorto a todos los entes públicos y privados, proponiendo restringir estos concursos especialmente en el caso de niñas y adolescentes, con el fin de proteger su salud mental y sus derechos. Asimismo, planteó reformular el exhorto para fomentar talleres que impulsen capacidades profesionales.
Por su parte, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) propuso una reserva para prohibir cualquier tipo de apoyo institucional a certámenes que evalúen atributos estéticos, y exhortó a reformar los reglamentos correspondientes, así como a redirigir los recursos hacia programas que promuevan el desarrollo académico, profesional, económico y comunitario de las mujeres.
