Categoría: Estatal

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CHILPANCINGO. Este miércoles, en vísperas de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares realizaron una marcha en la Ciudad de México y una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde exigieron que se proceda contra los ex funcionarios que en su momento hayan actuado de manera dolosa en la integración y desarrollo de las investigaciones del caso.

La marcha salió del anti monumento a los 43, sobre la avenida Insurgentes de la capital del país, y recorrió toda esa vialidad hasta llegar a las oficinas de la FGR que se ubican en la glorieta de Insurgentes, en la colonia Roma Sur.

Los padres iban acompañados de más de 500 afiliados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unidos de México (Fecsum).

Uno de los padres, Melitón Ortega, dijo que siguen esperando que se actúe contra los funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), como el ex titular Jesús Murillo Karam y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, a quienes acusan de haber inventado la “verdad histórica”, que sostiene que  la mayoría de los 43 normalistas fueron incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos en un basurero de Cocula.

Doña Hilda Hernández, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que hasta este miércoles desconocían de las diligencias que realizan desde el lunes agentes del Ministerio Público Federal en el basurero de Tepecoacuilco, luego de que información confidencial indicó que ahí podrían estar enterrados algunos de los 43 desaparecidos.

Señaló que van a reunirse con sus abogados y con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, para saber de qué se trata y poder determinar si son avances importantes en las investigaciones, que la FGR prometió iniciar desde cero.

Agregó que esperan en diciembre sostener una nueva reunión con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y que el compromiso es que haya todas las facilidades para avanzar en las investigaciones en los próximos meses y antes de que concluya el año.

Los padres tienen programado realizar otra marcha en la Ciudad de México, en el marco del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, y para el viernes otra marcha en la Ciudad de Iguala.

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ACAPULCO. Autoridades de Protección Civil estatal alertaron a la población por la presencia del fenómeno natural conocido como “mar de fondo”, que afectará a toda la zona costera del estado, con olas de hasta tres metros de altura y fuertes marejadas, a partir de este jueves.

Por ello se pidió a la población extremar precauciones y evitar acercarse a la zona de playa, para evitar accidentes.

El fenómeno de “mar de fondo” provocará la elevación paulatina del nivel del mar, la reducción de la zona de playa y la manifestación de marejadas en forma recurrente, así como corrientes marítimas de arrastre que pueden surgir de forma repentina, por lo que el Centro de Monitoreo y Análisis de Riesgos mantendrá una vigilancia permanente sobre dicho fenómeno natural para emitir alertas sobre cualquier cambio imprevisto en el comportamiento del fenómeno.

Se recomendó a los navegantes de embarcaciones menores que atiendan las indicaciones de la Capitanía de Puerto, y a las personas que visitan las playas estar atentas a las indicaciones del personal salvavidas, y a que durante la presencia del oleaje elevado eviten realizar deportes acuáticos.

Ante la presencia de las fuertes marejadas se pide no introducirse al mar y evitar caminar en la franja de arena, ya que la resaca es muy fuerte y provoca arrastre de material sólido, mientras que al sector hotelero, restaurantero y propietarios de enramadas se les requirió que muevan todo su mobiliario y equipo de playa a zonas más alejadas.

Durante el pasado mes de mayo, el fenómeno “mar de fondo” provocó fuertes marejadas y las aguas marinas se desbordaron y alcanzaron algunas calles aledañas a la Costera Miguel Alemán, e inundaron varios vehículos que ahí se encontraban estacionados, los cuales tuvieron que ser remolcados por grúas para evitar que fueran arrastrados hacia el mar.

*Padres de los desaparecidos se manifestaron en esta ciudad

CHILPANCINGO. La Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa pidió al Ejército y a la Fiscalía General de la República (FGR) que mantengan el resguardo, la vigilancia en el basurero de la cabecera municipal de Tepecoacuilco, cerca de Iguala, en donde se realizan desde este lunes actuaciones ministeriales para determinar si ese lugar está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Desde el lunes de esta semana trascendió que se realizaban diligencias ministeriales en ese basurero en la zona Norte de la entidad, lo que este martes fue confirmado por el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, quien dijo: “tenemos conocimiento que está en resguardo, que se están haciendo diligencias y cuando tengamos resultados los daremos a conocer, hay resguardo y es lo único de lo que tenemos conocimiento”.

Respecto a las declaraciones de tres internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, quienes sostienen que desde hace tres meses han informado a la Comisión del paradero de un grupo de los estudiantes desaparecidos hace cinco años en Iguala, Felipe de la Cruz señaló que de ello “ya tienen la información y están haciendo lo que corresponde, cuando nos informen más al respecto lo daremos conocer de manera oficial”.

Este martes los padres de los 43 muchachos desaparecidos realizaron un mitin frente a las instalaciones de la Ciudad Judicial en el sur de esta ciudad capital, a donde llegaron acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsum) a bordo de 19 autobuses en los que viajaron desde Tixtla.

En ese lugar los estudiantes realizaron pintas y pegaron figuras de los rostros del ex presidente, Enrique Peña Nieto; del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero y del gobernador Héctor Astudillo Flores, en donde con pintura de aerosol plasmaron manchas en color rojo que simulaban sangre.

En el mitin, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Isidoro Vicario Aguilar, aseveró que en los hechos de Iguala participaron policías de ese municipio y de Cocula, además de policías estatales, federales, Ministeriales y el Ejército: “son protagonistas de esos cobardes hechos”.

Resurge el nombre de Lambertina Galeana
Se refirió a las imágenes que la noche del 26 de septiembre del 2014 captaron las cámaras de video desde el edificio del Palacio de Justicia de Iguala, cuando policías municipales detuvieron a un número indeterminado de estudiantes y dijo que tales materiales video grabados son de suma importancia para la investigación sobre aquellos hechos, pero que lamentablemente no aparecen.

Aseveró que esos videos “lamentablemente no están dentro de la investigación, no están porque también el poder Judicial tiene que ver con estos hechos. En aquel momento la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, debió haber entregado los videos a las autoridades correspondientes y no lo hizo”, por lo que incurrió en omisión y probablemente en obstrucción para hacer justicia.

Aseveró que para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, “esos videos contienen mucha información, pero que lamentablemente a 5 años no se cuenta con esos videos que darían claridad sobre quiénes se llevaron a un grupo de estudiantes y quiénes de la Policía Federal y militar estaban ahí y no lo impidieron”.

Dijo que el reclamo es que deben aparecer esos videos, “debe haber una investigación completa e integral para determinar quiénes participaron en esos hechos; esos videos tienen que aparecer y esa responsabilidad la tiene que asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, exigimos que se cumplan esos compromisos, no puede seguir habiendo incertidumbre”.

Añadió que la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que dar resultados: “pero a seis meses no se han tenido avances concretos” y que por ello los padres de los muchachos desaparecidos van a continuar con sus movilizaciones; tienen contemplado manifestarse este miércoles afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del país.

Al concluir el mitin en la Ciudad Judicial los normalistas y padres se retiraron del lugar hacia las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa en Tixtla.

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CHILPANCINGO. Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa se apoderaron  por la fuerza de al menos un auto, una camioneta, cuatro trailers y dos camiones torton con diversas mercancías, a los que trasladaron a sus instalaciones en Tixtla, en una operación que realizaron al mediodía de este martes en el bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo, a la altura del Parador del Marqués.

Este martes los normalistas acompañaron a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos a una protesta en la Ciudad Judicial, ubicada en el bulevar René Juárez Cisneros, cerca del  Centro de Reinserción Social (Cereso), al sur de esta capital y, posteriormente, a bordo de 19 autobuses cuando tomaban el bulevar Vicente Guerrero con dirección al norte de la ciudad, se detuvieron y bajaron de las unidades a la altura de la gasolinera Eva III, poco antes del hotel Parador del Marqués.

Los normalistas comenzaron a seleccionar vehículos y retenerlos, para después  obligar a los choferes a llevarlos a su escuela ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla.

Durante la operación  por un momento bloquearon totalmente la circulación del bulevar Vicente Guerrero, que conecta con la Autopista del Sol, en sus cuatro carriles en ambos sentidos, hacia el sur y hacia el norte.

Los normalistas, en su mayoría embozados, se apoderaron de dos camiones torton que circulaban con dirección a Acapulco, uno de la empresa Minsa que transportaba abarrotes, placas SM-58-087, así como cuatro trailers, tres de ellos de doble remolque, uno con productos de la empresa Bimbo; otro con productos de la empresa Coca Cola, matrícula R22754; otro de la empresa Pepsi, y el cuarto con un remolque con abarrotes, con sistema de enfriamiento.

Además de una camioneta Ram color blanco y un auto Nissan tipo Micra, color blanco, con número exterior 38591 de una empresa, de los que bajaron a sus ocupantes con todo y sus pertenencias.

Después, el resto de normalistas se subió a los 19 autobuses y se dirigieron hacia el norte de la capital por los carriles centrales del bulevar, ya en ruta hacia Tixtla.

Había circulado la versión de que los normalistas de Ayotzinapa realizarían una parada en las instalaciones de la 35 Zona Militar, sin embargo esto no ocurrió y continuaron su paso hasta desviarse en el nuevo libramiento a Tixtla, donde se detuvieron por un momento hasta que pasaron los trailers, los camiones torton, la camioneta y el auto que tomaron por la fuerza a la altura del Parador del Marqués.

Durante estos actos no se observó presencia de la Policía Federal ni de la Guardia Nacional.

Los normalistas llegaron sin complicaciones a sus instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa, donde descargaron los productos de las unidades que secuestraron, mismas que mantienen en su poder.

Todo esto ocurrió en esta ciudad capital en el trascurso de la mañana de este martes, en tanto que en la Ciudad de México, la Comisión de Estudios Legislativos, que preside el senador Manuel Añorve Baños, aprobó la minuta con la propuesta de modificar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para incluir el robo de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, como delincuencia organizada.

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CHILPANCINGO. El pleno del Congreso local aprobó la “Ley Olimpia”, que consiste en un paquete de reformas al Código Penal, que, entre otras modificaciones, sanciona con tres a seis años de cárcel a quienes difundan por cualquier medio, fotografías o vídeos con contenido sexual sin el consentimiento de la (presunta) víctima.

La reforma establece también multas económicas que van de los 200 y hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, antes salario mínimo) a quienes incurra en esa falta, misma que quedó asentada como delito.

El dictamen de la Comisión de Justicia fue presentado en tribuna por la diputada de PAN, Guadalupe González Suástegui, el cual fue aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria de este martes.

Al “Capítulo V de la divulgación no consentida de imágenes o vídeos íntimos o sexuales” se le anexó el artículo 187, el cual establece: “Comete el delito de divulgación no consentida de imágenes o videos íntimos o sexuales, quien por cualquier medio publique, transmita, copie, reproduzca, modifique, emplee, difunda o comparta fotografías, imágenes, audios o videos con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento, por medio  de aplicaciones tecnológicas de mensajería y/o plataformas digitales de sistema de mensajería instantánea por mensaje cortos, de mensajería multimedia, redes sociales digitales u otro sistema de mensajería, sea cual fuese su denominación. Utilizando dispositivos electrónicos móviles de comunicación por medio de la red de comunicación denominada internet, o a través de las tecnologías de la información y telecomunicación o cualquier otro medio. Se impondrá prisión de tres a seis años, y multa de doscientos hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

También se advierte que “la pena aumentará hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo”, cuando el autor de la publicación tenga relación de parentesco, consanguinidad, afinidad civil, laboral, política o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima.

“Las penas se aumentarán en una mitad más cuando las fotografías, imágenes, audios con imágenes o videos correspondan a menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho aun con su consentimiento”, indica el decreto.

Pero también cuando el contenido fotográfico o audiovisual persiga lucro, hostigamiento, de extorsión y para obtener beneficios sexuales para sí o para un tercero.

La Ley Olimpia
En 2013 un video íntimo de Olimpia Coral Melo fue difundido sin su consentimiento en sitios (de internet) en su ciudad natal en el estado de Puebla. Miles de personas vieron el material que ella no había querido compartir, y tuvo que pasar por un linchamiento mediático, una revictimización de parte del sistema de justicia y finalmente la hizo darse cuenta de que no existían herramientas legales que castigaran esos hechos ni organizaciones que brindaran apoyo y acompañamiento a las personas que fueron objeto de tales ofensas.

Fue entonces que Olimpia inició su activismo para que en México se legislara y se tipificara como delito la divulgación de imágenes intimas o sexuales por cualesquier medio, lo que ahora es una realidad porque en más de diez Congresos de entidades federativas del país se ha legislado al respecto y, tales ofensas, son ahora un delito que amerita cárcel.

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CHILPANCINGO. El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, no estaba enterado de que la semana pasada, en Chilpancingo, fueron descubiertas en una obra credenciales de elector completas, pese a que el protocolo del Registro Federal de Electores (RFE) establece que deberán “triturarse” antes de ser enterradas en concreto hidráulico al culminar su validez oficial.

“No tengo conocimiento del caso en específico”, dijo este lunes en entrevista tras firmar un convenio de colaboración con el gobernador Héctor Astudillo Flores en la sala “Los Gobernadores” del Palacio de Gobierno.

Reconoció que, por protocolo, los plásticos deben triturarse para evitar que “los datos (personales) de las y los ciudadanos puedan ser expuestos. Hay que checar, porque recuerden también que hay un tema de falsificación de credenciales”.

La semana pasada en la calle principal de la colonia Villas Colibrí, al sur de esta capital, trabajadores del Ayuntamiento que realizaban una obra de introducción de tubería encontraron credenciales de elector intactas.

A simple vista, se pudo verificar que las credenciales pertenecieron a ciudadanos originarios de diversos puntos de Guerrero, principalmente de la región Montaña. Todos los datos de sus propietarios eran legibles.

Lo anterior se contrapone a la protección de los datos personales que el INE, a través del Registro Federal de Electores (RFE), debe garantizar. Cabe mencionar que la destrucción de credenciales es avalada por representantes de partidos políticos.

– ¿Pediría un informe a su junta local? – se le preguntó.

“Sin lugar a dudas, pero además esos temas, seguramente, están ya atendidos y van a llegar a buen puerto. Somos muy celosos de cómo funciona el trato que se le da a la información que los ciudadanos depositan en nuestro resguardo, que nos confían”, aseguró.