Boletín
Chilpancingo, Gro.- El diputado Juan Valenzo Villanueva presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amnistía del Estado para que se incorpore un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad en su aplicación, incluyendo de manera explícita a las personas con discapacidad como grupo prioritario, a fin de garantizar un acceso justo, incluyente y conforme a estándares internacionales.
En la exposición de motivos, el diputado Juan Valenzo explica que la amnistía es una medida legal que exime de responsabilidad penal, lo cual constituye un beneficio jurídico, pero no necesariamente un reconocimiento moral ni político. En este sentido, la amnistía es una medida extraordinaria de política penal que extingue la acción penal o la pena por determinados delitos cometidos.
Agregó que Guerrero es uno de los estados de la República que cuenta con una Ley de Amnistía local, en concordancia con la Ley de Amnistía Federal expedida por el anterior gobierno federal y, en aras de avanzar en dicha ley, la legislatura pasada expidió la Ley de Amnistía para el Estado de Guerrero, conformándose como uno de los primeros estados en legislar en este tema, seguido de Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala, Durango, entre otros.
Sin embargo, la modificación a la Ley Número 851 de Amnistía del Estado que presentó, tiene como finalidad reforzar los derechos de las personas adultas mayores y en situación de discapacidad, porque, pese a que ha sido un avance importante en la entidad al ser una de las primeras leyes locales de amnistía en el país, aún presenta áreas de oportunidad para garantizar justicia con enfoque social.
Por ello, el diputado por Morena explicó que esta reforma contempla la incorporación de la perspectiva interseccional de vulnerabilidad, que reconozca cómo se combinan factores como discapacidad, pobreza, género, edad u origen étnico para dificultar el acceso a la justicia.
Plantea el reconocimiento explícito de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en el articulado de la ley, superando su mención aislada en el glosario; la modificación del lenguaje legal, sustituyendo el término “beneficio” por uno más técnico y respetuoso, que refleje el carácter jurídico de la amnistía como un mecanismo excepcional para corregir desigualdades en la aplicación de la ley penal.
Además, establece la adopción del enfoque por persona y de derechos humanos, conforme al artículo 1º constitucional, para que sean principios rectores y no solo teóricos, así como la ampliación de las personas legitimadas para solicitar la amnistía, incluyendo a tutores o cuidadores legales, lo cual es crucial para personas adultas mayores o con discapacidad que no pueden ejercer sus derechos directamente.
El legislador convocó a sus homólogos a sumarse y seguir legislando para generar una ley viva, humanista, que vea a las personas más allá del expediente penal y ponga al centro de la ley a las personas, especialmente a aquellas que por décadas han estado históricamente excluidas del acceso pleno al derecho y a la justicia.
A esta iniciativa de reforma se adhirió la diputada Araceli Ocampo Manzanares. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
