Analiza Comisión de Justicia del Congreso propuesta para crear el padrón estatal de deudores alimentarios

CHILPANCINGO. Con el propósito de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con la necesario para su pleno desarrollo, en el Congreso del Estado se analizan reformas al Código Penal local para crear un registro o padrón estatal de deudores alimentarios.

Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, aun cuando las resoluciones judiciales se determinan a favor de las y los niños, convirtiéndose en un problema por el que atraviesan muchas familias.

Se menciona que en el país las medidas de protección y regulación del derecho de los alimentos no han sido suficientes para garantizar su pago efectivo, lo que hace necesario que en el estado se implementen mecanismos innovadores como los que se aplican en otros países, para reducir sustancialmente la revictimización de las y los niños que sufren el abandono económico de sus progenitores.

De esta manera, se analiza que, previo procedimiento judicial, se inscriba en el padrón de deudores morosos alimentarios a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio en un periodo de tres meses.

Asimismo, que el padrón o registro de deudores alimentarios esté bajo el encargo y operación de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, mismo que será publicado en el estrado de las oficialías del Registro Civil de cada municipio, además de una base electrónica que será compartida entre estas instancias.

Además, entre las restricciones a los morosos se propone que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular; la prohibición de presentar propuestas, celebrar contratos para la adquisición, arrendamientos o prestación de servicios con los gobiernos estatal y municipal; participar en licitaciones con el gobierno; ingresar al servicio público estatal o municipal; contraer matrimonio, ni realizar trámites de adopción y contratos que por su naturaleza deban inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.

Estas propuestas fueron presentadas por las diputadas Fabiola Rafael Dircio y Celeste Mora Eguiluz, y se analizan en la Comisión de Justicia.

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