Guillermo Arteaga González
La transparencia es un pilar de la buena administración pública, y si algo puede ser criticado fuertemente a esta administración encabezada por MORENA y el presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente la transparencia en su accionar. Es sabido de la guerra en contra de los organismos para estatales y autónomos que ha sostenido el presidente de la república a lo largo de su administración especialmente con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y no es en vano ya que todo su sexenio ha estado colmado de verdadera secrecía y tramites en la penumbra, como si se tratara de ocultar algo o se tuviera miedo de conocer la verdad.
En un movimiento sin precedentes en la historia del Poder Judicial de México, la presidente de la Suprema Corte Norma Lucía Piña ha ordenado una investigación contra 61 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial Federal, incluidos varios jueces, magistrados y un ministro en retiro, entre ellos Arturo Zaldívar, quien actualmente asesora jurídicamente la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, este acto, aunque ha generado cierta controversia, representa un paso crucial hacia la transparencia y la rendición de cuentas en una institución vital para el Estado de Derecho, la orden de investigación se basa en un escrito presentado de manera anónima, si bien es cierto que la utilización de denuncias anónimas puede suscitar preocupaciones sobre la falta de evidencia y la posibilidad de falsas acusaciones, en este caso, debemos considerar el contexto, el Poder Judicial de México enfrenta desafíos significativos en términos de corrupción y falta de transparencia, y en muchos casos, los mecanismos formales para denunciar irregularidades pueden estar comprometidos por presiones internas o miedo a represalias.
Es esencial recordar que la independencia judicial y la imparcialidad son pilares fundamentales de un sistema judicial justo y eficaz, cuando se cuestiona la integridad de los funcionarios judiciales, se socava la confianza del público en la administración de justicia y se debilita el Estado de Derecho en su conjunto, por lo tanto, la presidenta de la Suprema Corte ha actuado en interés de la transparencia y la credibilidad del sistema judicial al ordenar esta investigación, de la misma forma, es importante destacar que la apertura de esta investigación no implica automáticamente la culpabilidad de los implicados, todos los individuos tienen derecho a un debido proceso y a ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, la investigación servirá para esclarecer las acusaciones y determinar si existen pruebas suficientes para justificar acciones disciplinarias o judiciales, la reacción de algunos sectores que critican la apertura de una investigación basada en una denuncia anónima es comprensible, ya que es natural preocuparse por la posibilidad de abusos o manipulaciones, sin embargo, en un contexto donde la corrupción y la falta de transparencia son problemas persistentes, es necesario adoptar medidas extraordinarias para garantizar la integridad del Poder Judicial.
Es necesario un sistema judicial que sea transparente, imparcial y confiable, la investigación ordenada por la presidente de la Suprema Corte es un paso en la dirección correcta para lograr este objetivo, en lugar de criticar la fuente de la denuncia, debemos centrarnos en la importancia de investigar cualquier indicio de irregularidades dentro del Poder Judicial y tomar medidas para fortalecer su integridad y su capacidad para administrar justicia de manera justa y equitativa, en los últimos días, hemos sido testigos de una serie de investigaciones que han sacudido los cimientos del sistema judicial mexicano, estas pesquisas se centran en fallos judiciales que han favorecido a la administración de la 4T, incluyendo decisiones relacionadas con proyectos emblemáticos como el aeropuerto de Texcoco, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y el caso de Emilio Lozoya, de la misma manera, se han señalado litigios con empresas privadas como América Móvil, El Heraldo Media Group y el equipo de fútbol Cruz Azul, entre otros.
La magnitud de estas investigaciones es tal que figuras prominentes del ámbito judicial, como Arturo Zaldívar, Carlos A. Alpizar, Netzaí Sandoval, y diversos jueces y magistrados, se encuentran entre los señalados, esta situación ha generado preocupación en la sociedad mexicana, ya que se percibe como una confrontación de poderes, con la presidente de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, percibiéndose como una “guerra frontal” a las obras emblemáticas de la 4T y a quienes las han apoyado, es comprensible que la sociedad esté inquieta ante estas noticias, ya que la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia sana, no obstante, es importante analizar estos acontecimientos con cautela y considerar los principios que subyacen a la separación de poderes en un Estado de Derecho.
Se debe reconocer la importancia de investigar cualquier indicio de corrupción o irregularidades en el sistema judicial, la integridad y la transparencia son fundamentales para mantener la confianza del público en la administración de justicia, y cualquier acción que socave estos principios debe ser abordada de manera enérgica y diligente, por otro lado, también es crucial proteger la independencia judicial y garantizar que las investigaciones no sean utilizadas como herramientas de persecución política, en un contexto político polarizado como el que estamos viviendo, existe el riesgo de que las pesquisas se conviertan en instrumentos de represalia contra aquellos que han fallado en favor o en contra de ciertos intereses políticos.
Es imperativo que las investigaciones en curso se lleven a cabo con total imparcialidad y respeto al debido proceso, todos los involucrados tienen derecho a defenderse y a ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, conjuntamente, es necesario que los resultados de estas investigaciones sean transparentes y que se tomen medidas con base en evidencia sólida y conforme a la ley, debemos recordar que el objetivo principal del sistema judicial es garantizar la justicia y proteger los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política o económica. Mantener la independencia judicial y salvaguardar la integridad del sistema legal son responsabilidades compartidas por todos los actores involucrados en la administración de justicia en México.
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