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Chilpancingo, Gro.– La diputada Leticia Mosso Hernández propuso una iniciativa de adición a la Ley 812 para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para establecer un marco legal que obligue a las autoridades estatales y municipales a coordinarse con las federales en materia de cáncer infantil y adolescente, con el fin de garantizar una atención integral, gratuita y de calidad.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 49 Bis a dicha ley, para que la atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer abarque desde la prevención y detección temprana hasta el tratamiento, rehabilitación y apoyo psicológico, así como el suministro de medicamentos y el acompañamiento emocional a pacientes y familias.
Además, prevé la posibilidad de establecer convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la capacidad de respuesta del sistema estatal de salud. También contempla otorgar apoyos en materia de transporte y alimentación a las familias que deben trasladarse desde comunidades rurales a los centros médicos especializados, con el propósito de reducir el abandono del tratamiento por motivos económicos o de distancia.
La legisladora destacó la importancia de tomar acciones al respecto, ya que el cáncer infantil representa una de las principales causas de mortalidad en el mundo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada año se diagnostican alrededor de 274 mil casos de cáncer en menores de 19 años a nivel mundial, de los cuales cerca de 10 mil corresponden a América Latina y el Caribe, donde las tasas de curación son significativamente menores que en los países de ingresos altos. En México, se registran aproximadamente 7 mil casos nuevos anuales de cáncer infantil y adolescente, siendo la leucemia el tipo más frecuente.
Por último, la diputada subrayó que esta propuesta constituye un avance en la construcción de un sistema de salud más humano, equitativo y solidario, que coloca en el centro de las políticas públicas el interés superior de la niñez y la adolescencia, reafirmando el compromiso del Congreso del Estado con la protección integral de los derechos de este sector.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictaminación.
Acuerdos
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD) propuso un punto de acuerdo para que, durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la Junta de Coordinación Política prevea la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno y de los titulares de las 21 secretarías de Estado, de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, los hospitales de la Madre y el Niño Guerrerense e Indígena, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, el Instituto Estatal de Cancerología, la Promotora Turística y Radio y Televisión de Guerrero. Fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó un punto de acuerdo para que, en la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado incluyan partidas específicas y suficientes que garanticen la reconstrucción mamaria de mujeres que han superado el cáncer de mama. La diputada Beatriz Vélez Núñez se adhirió al acuerdo. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que se evalúe y determine la instalación de salas auxiliares del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en las capitales de las entidades federativas que lo requieran, particularmente en el estado de Guerrero; se asignen los recursos presupuestales necesarios para su operación y se promueva la descentralización de los servicios de justicia laboral federal. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
