IRZA
– Entre ellos, Evodio Velázquez y Marco Antonio Leyva
– Se trataría de prescripciones premeditadas e ilegales
Chilpancingo, Gro. (IRZA).- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) abrieron una investigación por la presunta prescripción premeditada e ilegal de observaciones millonarias, que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Cuenta Pública 2017 de por lo menos 15 expresidentes municipales por más de 2 mil millones de pesos, entre ellos Evodio Velázquez Aguirre, de Acapulco; y Marco Antonio Leyva Mena, de Chilpancingo.
Documentos consultados por Agencia de Noticias IRZA, revelan que las presuntas observaciones a Evodio Velázquez, tan sólo en ese año, ascendió a 996 millones 585 mil 443 pesos, mientras que la de Leyva Mena a 638 millones 312 mil 877 pesos.
El caso cobró relevancia al detectarse que las probables observaciones no fueron solventadas por los 15 exalcaldes, pero supuestamente sí fueron prescritas irregularmente durante el periodo de Natividad Pérez Guinto, encargada de la ASE de enero a septiembre del 2022.
De acuerdo con los documentos, Pérez Guinto habría autorizado, de manera “anómala y sin atribuciones legales”, 537 acuerdos de prescripción de cuentas públicas del 2010 al 2017, por 13 mil 500 millones de pesos, entre alcaldías y órganos autónomos.
Esas observaciones fueron detectadas por la administración del extitular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, cuyo plazo venció el 20 de julio del 2021. La información consultada refiere que los procesos de solventación debían seguir su curso natural.
Sin embargo, los 15 exalcaldes con pendientes financieros en la Cuenta Pública del 2017 habrían quedado “liberados” meses antes del 8 de septiembre del 2022, cuando el Congreso local aprobó el nombramiento del actual auditor superior, Marco César Paris Peralta Hidalgo.
La presunta anomalía financiera y administrativa en la que habría incurrido Natividad Pérez Guinto fue detectada por el Tribunal de Justicia Administrativa y por el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo cual abrieron una investigación especial.
Abogados consultados explicaron que la prescripción de un delito implica la desaparición de cualquier responsabilidad penal al autor, debido al transcurso del tiempo establecido por ley en cada caso, para castigarlo desde que se cometió el acto.
Los exalcaldes exculpados
Los documentos consultados por Agencia IRZA exhiben el listado de los 15 expresidentes municipales con observaciones financieras del ejercicio fiscal 2017, por monto total de 2 mil 35 millones 387 mil pesos.
El principal monto observado por la ASE corresponde al exalcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, por un monto de 996 millones 585 mil 443 pesos, de los cuales -se enfatiza- no existe registro de solventación.
Le sigue el exalcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, con un monto de 638 millones 312 mil 877 pesos. Así como el exalcalde de Acatepec, Jerónimo Mora Sixto, con 48 millones 48 mil 303 pesos.
También Omar Estrada Bustos, de Ometepec, con 42 millones 503 mil 184 pesos; Juan Carlos Molina Villanueva, de San Marcos, con 42 millones, 667 mil 419 pesos; Jesús Noé Abundiz García, de Tlapa de Comonfort, por 35 millones 211 mil 602 pesos, y Marcelino Ruiz Esteban, de Atlixtac, por 36 millones 773 mil 908 pesos.
Además, Damaso Pérez Organes, de Atoyac de Álvarez, por 33 millones 650 mil 238 pesos, y Rosa Lorenzo de la Cruz, de Cochoapa el Grande, por 30 millones 786 mil 363 pesos.
En esa lista también figuran Gerzain Hernández Casarrubias, de Ahuacuotzingo, con 263 millones 266 mil pesos; Emmanuel Gutiérrez Andraca, de Cuautepec, con 23 millones 123 mil 473 pesos; Javier Escobar Parra, de Coyuca de Benítez, con 28 millones 107 mil 665 pesos; Pablo Higuera Fuentes, de Eduardo Neri (Zumpango), con 24 millones 253 mil 198 pesos, y Francisco Campos Ramírez; de Copanatoyac, con 23 millones 392 mil 775 pesos. Con base a una declaración anterior del titular de la ASE, Marco César Paris Peralta Hidalgo, la exencargada de la ASE, Natividad Pérez Guinto, también cuenta con procesos de investigación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y por el Sistema Estatal Anticorrupción, porque antes de dejar el cargo, durante los primeros días de septiembre del 2022, se autoasignó una liquidación “elevada”, cuyo monto no reveló “por el debido proceso”.
