Nayeli Rubí Pérez Ochoa
Las personas de 30 años y más, entre sus recuerdosposiblemente podrán encontrar una tienda que abastecía de alimentos básicos a los hogares de poblaciones rurales apartadas, la cual vendía a precios muy accesibles: atún, galletas, frijol, leche, maíz, entre otros productos, su nombre era Comisión Nacional de Suministros Populares (CONASUPO), una empresa mexicana del sector paraestatal, cuya finalidad fue regular el precio de la canasta básica y la distribución de la misma.
Con mucho cariño se rememora lo vivido antaño, en especial en una época en la que la difusión de información caía a cuentagotas después de pasar por diversos filtros a conveniencia del partido que estuviera en el poder, que por supuesto, fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante 70 años lo mantuvo de manera ininterrumpida.
Este organismo paraestatal se vio envuelto en diversos escándalos que pusieron en tela de duda la fiabilidad de quienes lo manejaban y del cumplimiento del más importante fin, que era el bienestar social; fraudes, importación de maíz contaminado y diversas denuncias ocurrieron desde la creación hasta su desaparición en el año de 1999.
Pero esa desaparición no implicó el cese en las afectaciones de quienes confiaron en un organismo que debía procurar un óptimo desarrollo mediante una sana y completa alimentación, porque para el momento del cierre el daño ya estaba hecho, se produjo años atrás, se ocultó y sigue hasta pareciendo un mito urbano cuyo fin es desprestigiar a un partido político.
En el año de 1987 se produjo un accidente nuclear que causó estragos en Ucrania, parte de la ex Unión Soviética, los que no se limitaron al espacio de esa nación, sino que ciertas partículas radioactivas se desplazaron, contaminando aguas y suelos, a países europeos como Irlanda, que era uno de los que abastecían de leche a la CONASUPO, la cual tenía el control de la distribución de ese líquido en todos los rincones de la República.
Los funcionarios mexicanos, sin importarle la salud de la población y con conocimiento de las advertencias internacionales acerca de la peligrosidad de la adquisición de ciertos productos contaminados, decidieron que el precio a pagar, con el descuento por radiación, era razonable, descuento que, por cierto, no se vio reflejado en el bolsillo de los consumidores, quienes siguieron comprando la leche al mismo precio.
La leche en polvo importada desde Irlanda contenía Cesio 137, un isótopo radioactivo que puede ocasionar diversas afectaciones en la salud, una de las peores y más letales, el cáncer, enfermedad que se agudizó en niñas y niños tras la distribución y consumo. Y la que puso en la mira a la distribuidora, la que fue objeto de “investigaciones” cuyos resultados no satisfacían a nadie, y que dejaban entrever la poca consideración de los gobiernos para con la ciudadanía.
Se han creado diversas comisiones para la búsqueda de la verdad histórica de esos hechos tan dañinos, sin haberse llegado a la verdad aún, y es que es un entramado tan bien realizado el de los funcionarios del partido que estuvo en el poder durante el desagradable episodio, que hasta este año se está pudiendo ver la luz acerca de la cooperación entre el organismo paraestatal y la Secretaría de Salud.
Es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el que hasta 25 años después, está obligando a la Secretaría de Salud a proporcionar informes de la supuesta orden de devolución de la leche contaminada, pues éste, liberaría al Gobierno de la responsabilidad imputada, de que a sabiendas de la peligrosidad del consumo del producto, lo distribuyó sin vacilar y sin dar a conocer el riesgo que conllevaba la compra.
La supuesta devolución de la leche proveniente de Irlanda afirma que se sabía contaminada al momento de adquirirla, que hubo por lo menos distribución parcial, la cual ocasionó malestares, seguidos de indagatorias y que culminaron con el conocimiento de la peligrosidad por las autoridades de salud.
Así que no se trata de sucesos supuestos, se ha confirmado la llegada del producto y su contenido, aduciendo en defensa, una supuesta devolución para la protección de la población, la que está por confirmarse, o no.
