Lilia Arellano
*Decreto salvavidas para el Ejército
*¿Son en verdad obras de interés público?
*Empoderamiento para dóciles féminas
“El Ejército entiende mejor la idea de la gloria que la idea de la libertad”: Condesa de Ségur
Temibles son las reacciones del Ejecutivo federal. Una vez llega al tope su “tolerancia” hace sentir el poder presidencial y, sin importar cuantas leyes se trastocan ordena, según él, resuelve. Acusan quienes tienen contratos para la realización de obras, éstas se retrasan, aumentan los costos, se enfrentan a manifestaciones de inconformes y quedan paralizadas durante semanas, se llenan de amparos y, no hay manera de llevarlas a cabo en sus tiempos y conforme a sus formas y proyectos. Culpan, por una parte, al burocratismo, pero por la otra su mayor deseo es cumplirle al presidente. Los permisos ambientales son difíciles de obtener cuando se trata de devastar, pero no imposibles y, una vez dada la instrucción desde Los Pinos, todo se autoriza. Las comunidades e inclusive empresarios intentan se cambien los trazos, las rutas, pero quienes llevan a cabo las obras se muestran renuentes a tomar en consideración las afectaciones.
Si bien se encargan los proyectos, su realización cuenta en el presente con dos caminos, el de la contratación de constructoras suficientemente conocidas como las del grupo de Carlos Slim o, el Ejército. Está claramente visto el retraso en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles al deber solicitar permisos por las afectaciones de la obra al medio ambiente, pero también por la serie de adquisiciones de terrenos, la mayoría de ellos ejidales. El Decreto, al mencionar cuentan con tan solo cinco días las dependencias federales para entregar permisos y licencias o, de otra forma, entra en vigor el “Juan te llamas” se llevarán a cabo sin cumplir con los requisitos aparecidos en reglamentos, aunado esto a la utilización de un esquema llamado expropiación consensuada. También a la refinería Dos Bocas, cuya fecha de inauguración no significará su entrada en operación ha logrado reunir decenas de amparos y es de sobra conocido estas dos obras han visto alterado el presupuesto original, agregándose a los costos originales cientos de millones de pesos.
Recientemente los hoteleros de la Riviera Maya quintanarroense, particularmente los ubicados en Playa del Carmen, junto con los del Consejo Coordinador Empresarial, redactaron una misiva dirigida al presidente en donde le solicitan se cambie el trazo del Tren Maya, al provocar el actual divida la ciudad en dos, además de afectarse las entradas a los centros de hospedaje ubicadas a la orilla de la carretera, puntos en los cuales, además, tienen instalaciones hidráulicas y eléctricas. Con la puesta en marcha de este Decreto, ninguna de sus demandas será atendida. La obra continuará según lo planeado en un proyecto, por cierto, alterado en más de una ocasión. Habremos de conocer si tampoco se les dará validez a los amparos ya gestionados y, relacionado con la adquisición de tierras, la consideración de interés público sumada a la seguridad nacional torna en prácticamente imposible llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.
Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó: “orden presidencial mata legalidad”, al tiempo de sostener este acuerdo avasalla las leyes aplicables a los proyectos oficiales aduciendo razones de interés público y seguridad nacional y es a todas luces inconstitucional. Según el profesor de la Maestría en Anticorrupción de la Universidad Panamericana Gerardo Carrasco, no existe un fundamente jurídico válido para el Decreto. Cita el artículo 89, Fracción I de la Constitución, el cual prevé la facultad del presidente para emitir reglamentos con apego a la legislación, pero pretende colocar su voluntad sobre lo establecido en las leyes administrativas. Lo de seguridad nacional no puede ser el pretexto para desobedecer el principio de legalidad, ni el respeto a los derechos humanos. La orden a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para autorizar provisionalmente cualquier obra o proyecto es ilegal, pues desconoce la totalidad de los procedimientos que establecen, los cuales deben cumplirse antes de su ejecución.
La disposición vuelve a poner en jaque las obras insignia de este gobierno. El Aeropuerto Felipe Ángeles es insuficiente, con apenas si 14 puntos para abordaje y desembarco, no es ni la mitad de una de las terminales del ya considerado “viejo” Aeropuerto Internacional de la CDMX. Sin calificar a una obra empequeñecida frente al proyecto cancelado de la terminal aérea en Texcoco, solamente el traslado hasta su ubicación tiene, para los usuarios frecuentes de la capital del país, un costo similar al del boleto adquirido para viajar. Los trazos de carreteras sustituyen la construcción de un tren para llegar a ese punto. ¿Puede ser entonces considerado de interés público cuando ni siquiera significará el desahogo de las terminales existentes? Todos los aeropuertos entran en el esquema de seguridad nacional, sin embargo, su vigilancia sigue concesionada a una empresa particular y, además extranjera.
Dos Bocas ha venido retrasando su terminación y, el dinero empleado en su construcción hubiese permitido la renovación, actualización, modernización de las ya existentes. Esta muy forzada su inclusión en el interés nacional y, todas las instalaciones petroleras son consideradas dentro de la seguridad nacional, ya violada en más de una ocasión por quien entonces mostraba afición por la toma de instalaciones petroleras. Al Tren Maya van encontrándosele otros atributos ligados al desarrollo y el proyecto se manejó integral, pero todo indica les quedó muy grande el saco y han abonado a su retraso los cambios de último momento y la falta de estudios sobre el subsuelo. Existe un interés nacional basado en las posibilidades reales de generación de divisas y empleos a través del turismo, sin embargo, esto no es suficiente como para violar leyes y saltarse reglamentos, menos aún para ignorar a los afectados.
En lo político ya comenzaron los jaloneos en la Cámara de Senadores desde donde se lanzan llamados para promover la controversia constitucional correspondiente. Marko Cortés, dirigente nacional panista advierte la presentación de todos los recursos legales posibles ante la SCJ al considerar inaceptable sentar un precedente peligroso porque evita las licitaciones públicas, entregando los contratos a quien el gobierno elija y al precio que quiera dárselo, dejando fuera de todo escrutinio la realización de las obras. Jaqueline Peschard, ex presidenta del INAI consideró
pasa por encima de la transparencia de acuerdo con el Artículo 6 de la Constitución. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, sostiene que el acuerdo es la culminación de un proceso iniciado con el traslado de la mayor parte de los proyectos estratégicos a las Fuerzas Armadas.
Al respecto, Raymundo Rivapalacio, en su columna Estrictamente Personal expone: “A golpes de puño hemos entrado en una nueva fase política en este país. México se ha erigido en un Estado paramilitar controlado por un civil, que gobierna por decreto en menoscabo de la Constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, argumentando implícitamente razones de Estado o razones de su Estado, encuadró su llamada cuarta transformación, que son sus tres megaproyectos de infraestructura, dentro del marco de seguridad nacional, Arropándolo el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval dejó la institucionalidad al Estado mexicano y optó por la inconstitucionalidad al gobierno de López Obrador, colocando ambos los cimientos de un estado de excepción”.
De los pasillos
El 2021 será el segundo año consecutivo con salidas históricas de capital, que difícilmente podrían ser frenadas con un aumento en el rendimiento ofrecido a los capitales, advirtió Joanathan Fortun, economista senior del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
El analista se refiere a la salida de capitales que ha presentado México desde el cierre del 2020 y hasta el 10 de noviembre de este año; según cifras del Banco de México la fuga asciende a 265 millones 025 millones de dólares. Liquidación que representa 103.6% de la salida histórica registrada en el 2020, el año de la pandemia y la incertidumbre por el confinamiento mundial…
Ahora a las interrogantes surgidas del exterior se suman movimientos relacionados con la paridad peso-dólar al proponerse el nombramiento de la subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. Su tarjeta de presentación habla de la habilidad de no gastar por gastar. Además de ser la primera fémina en alcanzar esa posición, dentro del gabinete es la menos fea…
En tan solo sesenta y tantos días, en Zacatecas, se han registrado 414 asesinatos. Por un lado aparece la figura del gobernador David Monreal a quien visitó el presidente para dar a conocer su Plan de Apoyo para la entidad. La respuesta de los criminales fue colgarle ocho cadáveres en árboles y puentes…
Loretta Ortiz, la recién nombrada ministra de la SCJN, tuvo que presentarse por tercera ocasión para ser aprobada por el Senado. A raíz de su elección comenzaron a circular los antecedentes sobre su trayectoria en los cuales el litigio no aparece y eso es natural. Estando casada con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, le garantizaron su permanencia en la burocracia jurídica…
Por cierto, el fiscal Ortiz es más que un padrino o que un tío para Arturo Herrera, la amistad entre el padre del ex secretario de Hacienda y ex aspirante a convertirse en gobernador del Banco de México con el septuagenario funcionario fue muy fuerte y tal vez logre verse su mano protectora si al hidalguense lo llevara AMLO a ocupar la gubernatura, aunque eso le signifique un retroceso al cual se le unirá el desprestigio ante las aprobaciones a muchos movimientos hechos desde la UIF, con Santiago Nieto, para garantizarse el futuro económico…
El control total en la distribución de los medicamentos estará a cargo de la milicia, tal vez en breve se sepa de las adquisiciones porque se preparan los médicos militares para la realización de esta tarea… El inamovible Carlos Romero Deschamps sigue mangoneando en el Sindicato Petrolero y no hay poder en México capaz de evitarlo y mucho menos de investigar todas y cada una de sus capacidades, robos, abusos. Sólo se espera le entreguen la medalla al huachicoleo.
