Lilia Arellano
*Bajo su responsabilidad regresar a clases
*Más peros para reglamentar la revocación
La tercera ola de contagios de Covid-19, impulsada por la variante Delta, satura los hospitales del país. Los casos positivos establecen día tras día nuevas marcas. Se llegó ya a los casi 25 mil mil, la cifra más alta de infectados durante toda la pandemia, y aún no se ha llegado al pico con una población expuesta al coronavirus, pues sólo una quinta parte de los mexicanos ha sido vacunado. Es factible aún muera mucha más gente, pues la estrategia seguida por el gobierno federal no es la más recomendable, sobre todo ahora aferrados a un irresponsable regreso a clases, cuando la población joven del país no ha sido inoculada. Más de 245 mil muertes en cifras oficiales (las reales superan las 600 mil) no logran contener los afanes del régimen para hacernos creer han logrado controlar la pandemia y la vacunación va viento en popa.
Es muy clara y presente la dificultad para lograr, en la situación económica en la cual ya se encontraba el país antes de ser azotado por el coronavirus, encontrar un punto de equilibrio en el cual al tiempo de salvar vidas se mantengan las actividades comerciales y se llegue a la protección de inversiones y empleo. En otros países encontraron la fórmula al no estar altamente afectados en sus finanzas. México además de no estar preparado para sortear profundas crisis, utilizó los fondos con los cuales se contaba para emergencias, los llamados guardaditos, las sumas depositadas en Fideicomisos y otras herramientas financieras y se duda de la existencia de suficiente dinero en las arcas públicas, razón por demás válida para no contar con medicamentos, por ejemplo. Otro elemento es la presencia, sin combate a fondo, de la corrupción.
Ante ese escenario se antoja incomprensible obligar a los niños y padres de familia a regresar a una normalidad cuando nos encontramos en uno de los peores momentos de la pandemia en materia de contagios. Los funcionarios lopezobradoristas sostienen los niños deben regresar a las aulas porque se está afectando profundamente su salud mental, sin medir las consecuencias de estas acciones, no sólo en términos económicos por las cantidades asignadas para salir adelante con los internamientos, medicinas y tratamientos, incremento en nóminas dentro del sector salud, sino en la pérdida irreparable de vidas humanas. Tras tomar estas decisiones, el presidente pudiera ser juzgado, en un futuro próximo, en cortes penales internacionales y deberá responder por sus acciones en contra de la población de México.
Según la titular de la SEP, “debemos regresar a las escuelas porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los meses de pandemia y confinamiento”.
En ese sentido, subrayó, los estudiantes han enfrentado problemas “muy fuertes” de violencia, obesidad y estrés durante el confinamiento por Covid-19. “Yo insisto, si hay afectación, tanto en la físico como en lo emocional y en el aprendizaje. Se ha demostrado que la escuela, si hay una buena disciplina y trabajo en conjunto, puede convertirse en el lugar más seguro para nuestros hijos”, dijo Delfina Gómez Álvarez, quien fue secundada el presidente tras advertir es mucho el daño que se originaría si no se regresa a las aulas. “Vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección. Vamos a actuar, rápido en el caso de los contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela. Todo con el apoyo de madres, de padres de familia, de maestras, maestros y de las autoridades municipales y estatales”.
En el protocolo sanitario contra Covid-19 se establece los padres de familia deberán firmar una carta compromiso en la cual aceptan sus hijos asistan a las escuelas, el próximo 30 de agosto; por lo tanto presentaron un protocolo de 10 acciones para hacerlo de manera ordenada y bajo medias de seguridad. El primer punto establecido es que padres, madres, maestros y autoridades educativas integren el Comité Participativo de Salud Escolar en cada plantel para llevar a cabo el protocolo para el ingreso de los menores, además de contar con un correo para dar seguimiento a posibles casos de Covid.
Para la segunda acción, se pide participar en un filtro de salud en casa y en el de la escuela y el salón de clases, también se establece que para que los menores asistan presencialmente a los colegios los padres de familia deberán firmar una carta responsiva. El resto de los puntos del protocolo sanitario para el regreso seguro a clases presenciales son: lavado de manos constante con agua y jabón; uso de cubrebocas sobre nariz y boca; mantener la sana distancia; mayor uso de los espacios abiertos en los colegios; suspender las actividades con aglomeraciones como las ceremonias; reportar de manera inmediata cualquier caso de sospecha de Covid-19; inscripción de maestras y maestros a cursos de apoyo socioemocional SEP-Salud.
Según el tabasqueño es de suma importancia que cuente con el aval del SNTE, la CNTE no parece dispuesta a exponer a sus maestros a retornar a las aulas cuando el porcentaje de vacunados no es el indicado y carentes de inoculantes están los padres y los menores. ¿Cuánto tiempo han tenido para establecer una estrategia a fin de seguir con las clases por línea pero llevadas a cabo por maestros debidamente capacitados durante todos estos meses? ¿Cuántas semanas para preparar a los de educación física para proporcionar a los infantes tiempo para ejercitarse dentro de sus hogares, en los patios, tal vez hasta en la azotea? ¿Cuántas horas para, con la contratación de quienes se especializan en manualidades entretuvieran a los menores? ¿Acaso se preocuparon por hacer conciencia entre los propietarios de las cadenas televisivas más importantes, a quienes les entregaron tres canales más de TV abierta, para convencerlos de destinar uno de ellos a fin de lograr salvar la educación? ¿Acaso no son concesiones de gobierno las que poseen? ¿Dónde quedó la obligación y el diálogo con los sistemas de comunicación estatales?
Lo cierto y visto, y habrán de reconocerlo, es que se durmieron en sus laureles, toman los caminos más cortos y los de menor responsabilidad para las autoridades y el sainete y el dolor de perder seres queridos es problema de los ciudadanos, de esos que siguen pagando impuestos para contar con autoridades tan impreparadas, incapaces y holgazanas. ¿Y se publicitan como servidores públicos leales al presidente?
Revocación
de Mandato
Con retraso de más de un año, el Senado de la República inició la discusión de la Ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. Desde ahora se ve difícil alcanzar un consenso con las tres iniciativas presentadas por Morena, PAN y PRI. El obstáculo más difícil se encuentra en las diferencias entre la iniciativa panista, en la cual establecen sea a partir de noviembre, cuando se inicie el proceso de recabar firmas para solicitar ese mecanismo de participación ciudadana, y justo en esa fecha deberá iniciarse la veda electoral. En cambio la iniciativa de Morena, plantea la veda comience una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita la convocatoria al proceso de revocación de mandato de López Obrador, es decir a mediados de enero y hasta concluir la jornada de votación, la segunda quincena de marzo.
De acuerdo a la iniciativa del PAN, durante más de cuatro meses el presidente López Obrador, los integrantes de su gabinete y directores de organismos autónomos no podrían difundir la revocación de mandato ni publicitarla. Damián Zepeda, autor de la iniciativa panista reglamentaria de la Fracción IX del artículo 35 constitucional, admitió que una de las diferencias fundamentales con la reforma de Morena, es: “propone que en la etapa de recolección de firmas se pueda difundir y contratar publicidad, pero yo entiendo que no, porque está prohibido en la Carta Magna”. Destacó que el presidente López Obrador no podrá estar opinando sobre la consulta en la que los ciudadanos decidirán si continua con su mandata o se va.
La otra iniciativa analizada en el Senado es la presentada por la priísta Claudia Ruiz Massieu, en donde también norma lo establecido en los transitorios de la reforma constitucional en la materia. Es una modificación que debió aprobarse en julio de 2020, como se mandató al Congreso en la reforma constitucional promulgada el 20 de diciembre de 2019. Ahora, a contrarreloj, deberán aprobarla, a fin de que se cumplan los plazos. En noviembre, los ciudadanos deberán pedir en el INE los formatos para la recolección de firmas, proceso que concluirá el 15 de diciembre. A partir de esa fecha, la autoridad electoral tendrá 30 días para verificar que las firmas sean auténticas; en caso de que se reúna 30 por ciento del padrón electoral en por lo menos 17 estados de la República, emitirá la convocatoria y 60 días después será la votación.
De los pasillos
Los desaforaron y, simplemente, se les pelaron. Ni Mauricio Toledo y menos aún Saúl Huerta aparecieron dispuestos a enfrentar a la autoridad, a demostrar su inocencia; hoy todo los hace ver culpables…
Habrá de montarse un buen circo, con todo y maromas, teatro y elementos que causen simpatía. La frontera no la abrirán en un corto plazo los de EU y menos si el reporte de contagios en menores se presenta tan dramático como el dado a conocer por el diario español El País: más de 60 mil niños infectados y 600 fallecidos…
No hay signos de una auténtica reconciliación entre los dos grupos formados dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en las votaciones para las resoluciones presentadas en cada caso se conocerá la verdad…
