(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Filtraciones de la investigación por el Caso Ayotzinapa volvieron ayer a revivir el horror de aquella “negra noche de Iguala”, en que fueron cazados y desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y hay detalles que nos indican que nunca veremos sus restos, como tampoco el de cientos de personas cuyos familiares aún las buscan, sencillamente porque las técnicas de desaparición de Guerreros Unidos incluían la incineración y el uso de ácidos para deshacer los cuerpos.
Lo que narra un alto mando de Guerreros Unidos que se acogió a los beneficios de ser “testigo de oportunidad” (recordemos que el presidente hizo esa oferta el año pasado), es el horror de un genocidio perpetrado por el Estado, ya que hubo la participación de policías y militares, e incluso se usó una funeraria que el gobierno estatal solía usar como Servicio Médico Forense (Semefo), y donde a pesar de que se sabía de que los narcos de Iguala utilizaban esos hornos para cremar a sus víctimas, el lugar gozaba de protección oficial.
Se revive la teoría de que los muchachos no eran el blanco del ataque de Guerreros Unidos, sino que grupos delincuenciales de la Sierra de Tlacotepec aprovecharon su movilización y su desplazamiento de Chilpancingo hacia Iguala, una vez que la Policía Estatal les impidió tomar camiones en la capital del estado, y se infiltraron entre ellos cuando fueron detectados por halcones de Guerreros Unidos, condenando a los muchachos a la misma suerte de los sicarios de Onésimo Marquina e Isaac Navarrate Celis.
Guerreros Unidos se enteró de la movilización de los estudiantes por la misma Policía Estatal, que se lo comunicó a los halcones que vigilaban la carretera de acceso a Iguala, desde Chilpancingo. Estos mismos fueron los que detectaron que camionetas con hombres fuertemente armados iban detrás de los camiones en que se trasladaban los estudiantes, vehículos que bajaron de la Sierra de Tlacotepec.
Ahora ahora, recordemos, se nos había dicho que los camiones de estudiantes iban infiltrados por gente de Los Rojos, otro grupo criminal rival de Guerreros Unidos, desde su salida de Ayotzinapa, pero en realidad se trataba del grupo que comanda la Sierra central del estado.
Una vez perseguidos y cazados, pues unos 100 sicarios de Guerreros Unidos cercaron la ciudad por 4 puntos, los muchachos fueron divididos en 3 grupos e interrogados unos por narcos, otros por militares y otros por policías, pero todos hallaron finalmente la muerte, aunque en circunstancias distintas, ya que los cadáveres de un grupo fueron disueltos en ácido y sosa cáustica y echados al drenaje, mientras que otros fueron destazados y cremados en una funeraria ubicada en las afueras de Iguala.
Hay un tercer grupo de estudiantes del que todavía no se sabe qué sucedió. Recordemos que hace meses la comisión especial para el Caso Ayotzinapa presentó resultados de estudios hechos en el fragmento de un hueso hallado en la Barranca del Muerto, lugar muy distante de los demás, a menos que los hayan esparcido ahí después de quemarlos, porque el testigo narra que los tiraron por Taxco, cerca de una mina abandonada, así como en un punto de Iguala.
¿Y los del basurero de Cocula? Ahí nunca sucedió nada, con lo que se afianza el dicho del Grupo Independiente que investigó los hechos y determinó que no hay indicios de que en ese lugar hayan incinerado a 43 personas, como lo afirmó la Procuraduría General de la República en sus “verdad histórica”.
Luego entonces, ¿porqué Jesús Murillo Karam, el ex procurador general, se centró en el basurero de Cocula? Todo fue una burda puesta en escena, en la que participaron policías estatales y ministeriales de Guerrero, y obviamente miembros de Guerreros Unidos, para ayudarle al gobierno federal a tejar la “verdad histórica” en corto tiempo.
Para ello necesitaban evidencias, las cuales las proporcionaron los mismos narcos, a principios de octubre de ese año, cuando según el testigo protegido entregaron bolsas con restos a un comandante de la Policía Investigadora Ministerial, identificado como Wenceslao Cempoalteca, quien a su vez lo entregó a sus superiores.
Y fueron policías del estado quienes fueron a “sembrar” los restos al basurero de Cocula, e incluso “sembraron” cartuchos percutidos entre las piedras, siempre según el testimonio del testigo protegido.
Con eso, la PGR pudo demostrar que uno de los muertos en ese lugar era un estudiante vecino de Tecoanapa, una vez que el fragmento de un hueso fue analizado en Europa, y procedió a detener a unos 200 miembros de Guerreros Unidos, así como policías municipales, al alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa (presos aún), pero ningún militar, ni policía estatal, ni ministerial.
Tampoco aparecen los videos del sistema de videovigilancia de Ciudad Judicial, con los que se comprobaría la participación de militares y policías.
Huelga decir que la filtración de estos avances molestó a activistas de derechos humanos, mientras los padres estaban citados hasta el mes de marzo para darles avances de la indagatoria, así como se espera también la detención de 17 militares, además del capitán Crespo, quien ya está detenido.
