El Presidente del país ha anunciado que no promoverá el aumento de impuestos como se comprometió en su campaña. Lo anterior no significa que esta opción este cancelada ya que el Poder Legislativo pudiera hacerlo considerando las condiciones excepcionales que enfrentamos en las que es necesario y vital que el estado cuente con recursos suficientes para salir adelante.
Se plantea la necesidad de aumentar los impuestos a quienes concentran la riqueza, incluso, un grupo importante de multimillonarios han apoyado esta propuesta, para lograr una mayor distribución de los recursos fortaleciendo la inversión en salud, educación, vivienda.
Los impuestos a estos productos, llamados “determinantes comerciales de la salud”, se dirigen a cubrir parte de las externalidades que generan y a reducir su consumo. Esto ha sido ampliamente probado desde hace años con las medidas fiscales al tabaco y al alcohol mostrando un éxito en los dos sentidos: dando recursos al Estado y reduciendo el consumo, de manera especial en los sectores más vulnerables. Cuando los gobiernos han transparentado el destino de esos recursos a la salud o al financiamiento de programas a poblaciones vulnerables han mostrado no sólo un beneficio doble, también han generado un fuerte apoyo ciudadano a estas medidas fiscales.
El caso del impuesto a las bebidas azucaradas se ha convertido en otro ejemplo del éxito de estas medidas fiscales en el doble sentido de bajar el consumo y dar recursos a los gobiernos para políticas de salud o de apoyo a comunidades vulnerables. México fue el primer país en establecer un impuesto a estas bebidas en un grado que pudiera tener efectos en reducir su consumo. La experiencia de México sirvió de motivación para que diversas naciones y ciudades impulsaran esta medida y lo hicieran de manera mucho más efectiva. En México, desgraciadamente, el Gobierno de Peña Nieto estableció el impuesto a la mitad del mínimo propuesto, mientras la OMS recomendaba que fuera al menos de 20 por ciento se estableció en solamente 10 por ciento. Además, ni el Gobierno ni el Legislativo etiquetaron los recursos obtenidos por este impuesto para la prevención y atención de la salud o a programas dirigidos a sectores vulnerables.
El impuesto a bebidas azucaradas se ha extendido al Reino Unido, Portugal, Noruega, India, Bélgica, Hungria, Irlanda, Estonia y Filipinas, entre otras naciones, mientras en Estados Unidos se ha establecido en las ciudades de Albany, Berkeley, Boulder, Chicago (Condado Cook), Filadelfia, Oakland, San Francisco y Seattle. Después de México, en varios de estos países y ciudades se estableció el impuesto por 20 por ciento o más, como es recomendado, y se ha etiquetado el recurso para salud o programas sociales.
Las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos y en las que encontró un buen caldo de cultivo la pandemia de la COVID-19 no pasarán con una vacuna, costará mucho más erradicarlas y sus daños son mucho mayores, ocurren año con año, mes con mes, día con día. Sin embargo, a diferencia del virus, estas epidemias tienen detrás un poder económico y de cabildeo que bloquea con muy diversas estrategias las políticas para enfrentarlas. Y empresas como Coca-Cola lo saben muy bien, los documentos internos lo han revelado, las medidas fiscales son las más efectivas para reducir el consumo de sus bebidas.
