(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Desde el lunes que comenzó la Jornada Nacional por Ayotzinapa, por el sexto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, advertíamos que las manifestaciones serían violentas y que la entidad tendría que prepararse para esta etapa, que esperamos culminen el sábado 26, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncie los avances de la investigación que se reabrió a su llegada al poder.
Con todo, lo ocurrió ayer en el Congreso local, en el segundo día de la Jornada, no se justifica. Ningún alegato que hayan presentado los padres de los estudiantes, justifica su violenta manifestación, por el simple hecho de que ya está en proceso la investigación que venían reclamando desde septiembre de 2014, fecha de aquellos lamentables hechos.
Que los diputados no mandaron a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que existe una comisión especial para dar seguimiento al caso, a fin de que presente los videos del sistema de vigilancia de la Ciudad Judicial de Iguala, que hicieron perdedizos, dijeron.
“Nos engañaron”, recalcó el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, en un breve mitin antes de que una camioneta “robada” fuera introducida al Palacio Legislativo, donde le prendieron fuego en la puerta del inmueble, mientras los enardecidos jóvenes que participaron en la manifestación -unos 500 según medios locales-, rayaban el inmueble y le lanzaban petardos.
El escenario fue dantesco. Desproporcionado para un reclamo que, de hecho, ya se les está atendiendo por parte del gobierno federal, puesto que, al reabrirse el caso, y al ordenarse una investigación a fondo, es obvio que van por todos los cabos sueltos.
Antes de ahora, como ciudadanos entendíamos su indignación por la falta de justicia, y porque el gobierno federal decidió dar carpetazo al asunto, dando por hecho que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula, y luego echadas sus cenizas al río San Juan.
Entendíamos que, al paso de los años, conforme avanzaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, los casi 200 detenidos por el caso iban quedando en libertad apegándose al principio de que sus confesiones fueron arrancadas bajo tortura, por lo cual ya se busca a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), a quien se le exhibió encabezando un interrogatorio irregular a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, uno de los implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por lo cual éste clamó por su libertad.
Zerón se escondió primero en Canadá y la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba en Israel, país al que pidió no darle protección.
También se abrió una comisión nacional para el Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien se dio a la tarea de recabar toda la información posible, mientras que la Fiscalía General de la República reabría el caso.
Por todo esto, es injustificada la violencia que hemos presenciado en estos dos últimos días, primero en la Ciudad Judicial de Iguala y luego en el Congreso local.
Ojo, estamos hablando del uso de la violencia, en cualquiera de sus formas, no de su derecho a la libre manifestación.
Ahora mal, ¿Quién dirige las manifestaciones de los contingentes de Ayotzinapa? ¿Los padres? ¿Los abogados? ¿A quién le conviene que el estado se convulsione de nuevo? ¿Qué pretenden?
Realmente estas manifestaciones están desfasadas, puesto que pierden de vista que hay otras cosas más importantes por las cuales protestar, como es el hecho de que un juez denegó las órdenes de aprehensión de medio centenar de funcionarios de Guerrero. En ese caso, cuando se conoció la noticia hace dos semanas, ni pío dijeron, ni el vocero, ni los padres, ni los flamantes abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, entre ellos Vidulfo Rosales Sierra, el más visible.
Por fortuna, el gobernador evitó usar la fuerza pública en las manifestaciones, para evitar confrontaciones. Ya hemos visto desenlaces funestos, y parece que la única opción del gobierno es dejar a estos desmanes sigan.
