Adela Navarro Bello
En noviembre de 2018, los doctores Alberto Reyes Escamilla y Alfredo Ornelas, del Hospital General de Tijuana, el primero adscrito en cirugía general y el segundo en oncología, se manifestaron públicamente. Entones gobernaba Baja California Francisco Vega de Lamadrid, y el reclamo de los médicos tenía que ver con el desabasto de medicamentos en el hospital. También carencias de insumos básicos como sondas, mascarillas, catéteres, jeringas, gasas, lo esencial para prestar un buen servicio.
Los médicos normalmente mantienen un bajo perfil, desafortunadamente acostumbrados a trabajar con carencias en el sector salud público, trabajan a la par para conseguir aquello que les hace falta en la iniciativa privada. Pero en 2018 era tal el desabasto que ni con donaciones propias o de amigos era suficiente para sacar adelante el servicio del Hospital General de Tijuana, el hospital que recibe a todos quienes no cuentan con un seguro de gastos médicos, o seguridad social por parte del Estado. Además, a los accidentados, los baleados, los infartados, y todo aquel que requiere un servicio de emergencia o que es canalizado de la Cruz Roja, pues esta benemérita institución, a diferencia de Hospital General, cobra por sus servicios como una clínica privada.
Los reclamos de los médicos del General no fueron debidamente atendidos. Con política más que con habilidad administrativa, el Gobierno panista de Francisco Vega les dio paliativos para acallar la situación, y no abasteció lo suficiente ni de medicamentos ni de insumos.
Así terminaron el 2018 y comenzaron el 2019 los médicos del Hospital General de Tijuana, con desabasto en insumos y en medicamentos, con instalaciones precarias, elevadores un funcionan a veces, pisos que tienen baches, pisos enteros sin camas, y muy pocos aparatos para auxiliar a los enfermos artificialmente a mantener la vida.
Después de la elección a Gobernador del estado en la que resultó ganador Jaime Bonilla Valdez, de Morena, la situación, pensaban, cambiaría en el manejo administrativo de sector salud del estado, al cual pertenece el Hospital General de Tijuana. Pero nada de eso sucedió. De octubre del 2019 a enero de 2020, los médicos continuaron denunciando el desabasto de medicamentos de insumos. Muchos de ellos con cargos y espacios en hospitales privados y ejerciendo la práctica en lo individual, obtienen de ese sector equipo para laborar en el hospital del estado, pero nunca es suficiente.
En diciembre de 2019, el doctor Alberto Reyes Escamilla, fue nombrado, en el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez, director del Hospital General de Tijuana; el doctor Alfredo Ornelas ostenta el cargo de subdirector. Pero poco han podido hacer. En enero de este año, el desabasto en el General era aún una realidad. No hay mucho que puedan hacer. Se notan los esfuerzos de médicos que contribuyen con equipo, donaciones, y áreas de atención a pacientes específicos, pero sin el apoyo total del estado no se dan abasto.
El sector salud de Baja California comprende seis hospitales, un General en cada uno de los cinco municipios, y el Hospital Materno Infantil, que por falta de inversión ha tomado años su activación al 100 por ciento. Además, unos 130 centros de salud. El presupuesto es de poco más de mil 800 millones de pesos, y como suele suceder en las áreas gubernamentales, el 80 por ciento se va en nómina. Del 20 por ciento restante se compran medicamentos, insumos, y se le da mantenimiento a las instalaciones. Poco se puede hacer.
El de Baja California es un sector salud desmantelado por la desatención de los gobiernos, del estatal ante la falta de inversión, y del federal que provee la mayoría del presupuesto asignando en relación a la cantidad poblacional y a los índices de pobreza, mediciones en las cuales Baja California no está en ninguno de los primeros sitios.
En esas condiciones de desabasto y de desatención en el Hospital General de Tijuana llegó la pandemia del COVID-19. El resultado era previsible. Ya los médicos tenían meses alertando de la precaria situación en la que estaban laborando. Pero, así como todavía en marzo el Presidente de la República invitaba a la población de México a no quedarse en casa, a salir de a comer a fondas, el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, no avitualló los hospitales públicos del estado. La relajación de la cuarta transformación frente al coronavirus COVID-19, se dio de arriba para abajo.
La última semana de marzo y la primera de abril, el Hospital General de Tijuana se vio rebasado. Aparte, ante la falta de insumos esenciales para auto protegerse, muchos médicos contagiados del virus, y otros con síntomas, fueron retirados a sus casas para el aislamiento. También los jóvenes estudiantes o pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, unos 120 muchachos, fueron retirados al no poder el estado proveerles de insumos para su protección. Aun así, 18 de ellos dieron positivo al COVID-19, y más de 20 están en calidad de sospechosos.
En esas condiciones, con pocos médicos, con menos insumos, y sin medicamentos, la situación se salió de control. Con todo y que finalmente el Hospital General fue reservado enteramente para el tratamiento de enfermos por contagio del virus, las camas no fueron suficientes y los respiradores tampoco. Todos estuvieron ocupados esas dos semanas, llegaban tres y se requerían, solo tenían uno cuando el paciente fallecía, y así.
Entonces la desesperación de los doctores los llevó a la denuncia social. A través de medios de comunicación, por redes sociales o asociaciones civiles, comenzaron a evidenciar lo que el Gobierno negaba por aquellos días: no contaban con medicamentos, ni con equipo, y las instalaciones estaban en condiciones muy desfavorables, como cuando llegaron más respiradores y no podían encenderlos porque la carga de energía al edificio del hospital no era suficiente y estaba fallando.
La sociedad contribuyó con donaciones de materiales esenciales y medicamentos básicos, tan funcionó, que en los últimos días el Gobernador Bonilla dio a conocer los números de cuentas y asociaciones oficiales para recibir donativos en dinero y en insumos para el Hospital General de Tijuana, exhibiendo así su propia desinformación al haber asegurado que estaban abastecidos, y además, la incapacidad de su Gobierno para proveer recursos extraordinarios para la habilitación eficiente de áreas y la adquisición de medicamentos y material de trabajo para los médicos.
Baja California es un estado con mucha población flotante que no entra en las fórmulas de entrega de recursos, trabajadores del campo, migrantes nacionales e internacionales, población de paso que busca internarse a los Estados Unidos, migración de norte a sur y de sur a norte. Un estado fronterizo que ha estado, lo mismo en gobiernos del PAN como ahora de Morena, en el abandono. Y el Hospital General de Tijuana no fue la excepción.
La crisis por el COVID-19 en México es la mayor prueba para los gobiernos de Morena, para el federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y para el estatal de Jaime Bonilla Valdez, y si por los números de casos positivos, las neumonías atípicas, los sospechosos, las pocas pruebas que se realizan, la falta de mantenimiento en los hospitales, los fallecidos, y lo rebasado de la situación, se califica, van reprobando. No se prepararon pues, andaban de gira, en fondas, en jornadas ciudadanas, sin atender hospitales, sin asumir su responsabilidad con la seriedad y la responsabilidad que la pandemia requiere.
