MARY LOUIE DOBLADO
Ante el anuncio de la emergencia sanitaria y el grave riesgo que implica el coronavirus, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó que extenderán la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 5 de mayo.
Asimismo, anunciaron que durante el periodo comprendido a partir del 20 de abril hasta la fecha en que se reanudarán labores, no se celebrarán audiencias ni correrán plazos procesales. No obstante, se llevarán a cabo sesiones remotas por el pleno y las salas del Alto Tribunal y se mantendrá la guardia para recibir controversias constitucionales en las que se solicite la suspensión.
Aunque han llovido críticas y reproches por la decisión tomada por el máximo órgano judicial, el abogado litigante en materia penal, Noel Valenzo Rodríguez expresó al respecto que “Desde la perspectiva humanitaria hay que privilegiar la vida. Entre el escepticismo y la realidad es mejor prevenir que lamentar.”
Sobre los efectos de esta pandemia dijo que está afectando porque estamos entrando en una recesión económica “nos afecta en materia de ingreso familiar; de todas las personas que nos valemos por si mismos, que somos independientes.”
“Nosotros como abogados siempre dejamos los espacios de las vacaciones, nos programamos porque sabemos que van a suspender los juzgados, pero esta eventualidad surgió de la nada y nos cayó como un balde de agua fría a quienes vivimos de esta hermosa profesión.”, agregó.
Comentó que sus procesos están detenidos, y les afecta porque aun tienen que cubrir gastos de primera necesidad, inclusive cuestiones imprevistas. “Es un gasto y si se te acaba ese dinero guardado, empiezas a tratar conseguir, pero la economía no está activa, hay un receso.”.
Para finalizar dijo que es necesario que haya desde estímulos fiscales hasta condonaciones de algunos pagos. “El gobierno debe ser empático, se eligió para procurar, para que tutelen y administren los derechos de la manera mas adecuada. “
Otro abogado, que decidió mantenerse en el anonimato señaló que “el derecho a la salud debe ponderarse por encima del derecho civil y laboral por la contingencia del covid-19, ya que pone en peligro la vida, consecuentemente la prioridad en estos momentos a nivel mundial es acatar la alerta sanitaria.”
