(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobernador Héctor Astudillo no se había pronunciado
acerca del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que
desde el 1 de enero sustituyó al Seguro Popular, hasta ayer que fue
entrevistado en Iguala, donde dijo que por su parte él dará un plazo de 3 o 4
meses para ver cómo funciona.
Y aclaró que no se opondrá al Insabi, porque tiene “un
origen de buena fe”.
Por el contario, sus homólogos panistas de Baja California
Sur, de Guanajuato, de Querétaro y Tamaulipas, así como el emecista de Jalisco,
Enrique Alfaro Anguiano, ya se pronunciaron en contra de lo que consideran
viene a centralizar los dineros de los servicios de salud, que durante muchos
años recibieron a raudales.
Y así es. El Insabi, que comenzó con hartos tropiezos y poco
dinero, se manejará bajo un esquema centralizado, toda vez que el Seguro
Popular, mediante el cual se transfería el dinero para su manejo en las
entidades federativas, también resultó un fracaso.
Decir otra cosa sería una mentira, pues el desabasto de
medicinas, de insumos médicos y de laboratorio, el deterioro de equipos e
instalaciones, y un rosario de problemas que afectan al sector salud a lo largo
y ancho del país, no es de hoy. No es del 1 de enero a la fecha, aunque así lo
estén denunciando los gobernadores que se oponen a un cambio de programas y
normas.
Cómo olvidar todas las quejas, denuncias y paros laborales
del personal médico y de salud en todos los niveles, en contra de la más
severas carencias que los colocaban al borde de la negligencia médica, por
negar el servicio de atención a cientos y miles de personas, que para cosa de
ser atendidas tenían que comprar los medicamentos y hasta las gasas con sus
propios recursos.
Las carencias llegaron a ser tan graves, que se canceló el
servicio de alimentos para los enfermos, y entonces los familiares deben
comprar la comida, con la realidad de que los que carecen de dinero, pues
simplemente ayunan, mientras se recuperaban de intervenciones quirúrgicas o
enfermedades graves.
Todos estos males persisten, en efecto, porque son tan
graves y generalizados que no se podrían resolver ni por decreto, ni de la
noche a la mañana.
Luego entonces, lo que los gobernadores deben hacer es
exigir que el Insabi marche bajo reglas de operación precisas, y facilitar todo
lo que esté a su alcance para que todo el sistema de salud, sobre todo en el
aspecto laboral, sea centralizado, como ya ocurre con el sistema educativo.
El gobernador Astudillo así lo ha expresado, al reconocer
que si en Educación se tenían a miles de profesores y empleados administrativos
sin techo presupuestal, en Salud es algo peor.
Y para nadie es un secreto que siendo Salud la dependencia
que más dinero recibe de la Federación, tiene un pobre margen de maniobra, porque
90 de cada 100 pesos lo gasta en pago de nómina.
Todo esto preocupa a los gobernadores, que habían venido
usando el dinero del Seguro Popular para resolver problemas de nómina, cuando
el recurso era para atención médica de la población que carece de seguridad
social.
Es este condicionamiento o eventual retiro de recursos que
las entidades reciben hoy para financiar sus respectivos sistemas de salud, lo
que está sustentando la resistencia de Martín Orozco Sandoval, gobernador de
Aguascalientes; de Carlos Mendoza, Baja California Sur; de Diego Sinhue, de
Guanajuato; de Francisco Domínguez, de Querétaro; y de Francisco García Cabeza
de Vaca, de Tamaulipas, todos del PAN; así como el emecista Enrique Alfaro, de
Jalisco.
Falta por definir qué sí cubre y qué no cubre el Insabi,
pues se ha informado que el tercer nivel de salud queda excluido; sin embargo,
es ahí donde se tienen los mayores problemas, por los efectos del cáncer, de la
diabetes y sus complicaciones, y de las enfermedades cardiacas, que afectan a
la población adulta, juvenil e infantil, sindistingos.
Este martes, el gobernador tiene una reunión con los
gobernadores de todo el país, donde veremos de qué cuero sale más correa.
