Agencias
VILLAHERMOSA. El gobierno federal oficializó la desaparición de las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), incluida la de Dos Bocas, Tabasco, investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presuntos millonario fraude en la adquisición del terreno en la que se ubicaría.
Mediante un decreto, publicado ayer martes 19, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador abrogó las declaratorias de las ZEE de Puerto Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán; Progreso, Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca; Seybaplaya, Campeche y Dos Bocas, Tabasco, publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre de 2017 y el 18 de abril de 2018.
El documento establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la dependencia para el desarrollo de las ZEE, deberá realizar las acciones para dar por concluidas las obligaciones o compromisos que contrajo el gobierno federal con las entidades federativas, municipios y particulares.
Los inmuebles del dominio público de la federación destinados a las ZEE, serán puestos a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que, en el ámbito de su competencia, realizará las acciones respecto a su destino, puntualiza el artículo tercero.
Asimismo, se realizarán las gestiones correspondientes para que los inmuebles de Puerto Chiapas y de Coatzacoalcos sean, en el primer caso, destinado a la Secretaría de Bienestar y, en el segundo caso, aportado al patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En los considerandos, se destaca que en los dictámenes emitidos por la autoridad federal para el desarrollo de las ZEE, respecto a la viabilidad de los proyectos, se estableció que el alcance de los objetivos dependía de múltiples factores, entre ellos, inversiones, establecimiento de empresas, participación de los sectores social y privado, así como la suficiencia de recursos presupuestarios, sin embargo, “se advierte que lo aquí previsto no ha podido llevarse a cabo”.
Se resalta que las ZEE no han podido operar, “en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como Administrador Integral por no haberse cumplido los requisitos legales”.
Refiere también que en la sesión del 16 de octubre de 2019, la Comisión Intersecretarial de las ZEE tomó conocimiento y validó el informe presentado por la autoridad federal, “y acordó hacer del conocimiento del presidente de la República que resulta conveniente dejarlas sin efectos”.
Menciona que para impulsar desarrollos regionales, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se incluyen proyectos como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec y la Zona Libre de la Frontera Norte.
El 18 de abril de 2018, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de las ZEE de Seybaplaya, Campeche y de Dos Bocas, Tabasco.
El entonces presidente Enrique Peña Nieto las había anunciado días antes en el puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, donde se construye la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), con asistencia de los exgobernadores de Tabasco y Campeche, Arturo Núñez y Alejandro Moreno.
Sin embargo, en octubre de 2018, ya como gobernador electo, Adán Augusto López Hernández denunció que la compra del terreno de 80 hectáreas para instalar la ZEE en Dos Bocas, estaba “embarrada de corrupción”.
Dijo que el predio fue adquirido en 40 millones de pesos y al final el gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez pagó 100 millones, pues se le “inflaron” 60 millones de pesos.
López Hernández reveló que a tres o cuatro vendedores el gobierno les pagó 40 millones de pesos por los terrenos, pero les pidió que escrituraran al doble del valor, con facturas de empresas domiciliadas en la Ciudad de México.
Con copias de cheques y otros documentos en mano, citó el caso de un vendedor a quien le dijeron que le pagarían 15 millones 153 mil pesos, pero sólo recibió tres millones 76 mil 164.11 pesos de la Comercializadora Genestay Veniega, ubicada en Paseo de los Tamarindos 400 Torre A, Piso 21 y 26, en Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
Además, cobró otros dos millones 109 mil pesos a través de una “Factura MS”, con pago de impuesto de un millón 215 mil pesos, más 333 mil pesos de notario, “o sea que recibió siete millones y repartió ocho”, puntualizó.
Al día siguiente, el gobernador Arturo Núñez anunció que había solicitado a la Contraloría del Estado presentar demanda penal por la denuncia del mandatario morenista electo.
“Conocí las declaraciones del gobernador electo y de inmediato convoque a mi oficina a la secretaria de la Contraloría, a la maestra Lucina Tamayo, a quien instruí que iniciará de inmediato una investigación administrativa sobre el tema e interpusiera denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, se inicia una carpeta de investigación”, manifestó.
“Debo precisar que todo el trámite respecto de ese predio lo realizó la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, entonces yo espero que de ambas investigaciones, la administrativa y la penal, aflore la realidad de este asunto porque no permitiremos corrupción de nadie”, añadió.
Refirió que, en números redondos, en el caso de la adquisición de las 80 hectáreas de terreno, “el costo real fue del orden de los 100 millones de pesos”, sin embargo, registró un sobreprecio de 60 millones.
A más de un año de aquella denuncia y a 11 meses de gobierno de Adán Augusto López Hernández, la FGE no ha informado el estado de las investigaciones.
