(Misael Tamayo Hernández,
in memóriam)
En la difícil tarea de corregir la grave corrupción e impunidad
que padece México, en todos los ámbitos desde el gobierno, la empresa y ahora
también la cultura y las universidades, el gobierno federal se ha ido
entrampando, cediendo a la tentación de centralizarlo todo, o bien modificando
reglas de operación de los programas sociales para evitar que el recurso pase
por muchas manos, y que se haga lo más directamente posible desde el gobierno central
hasta las manos de los beneficiarios.
Pero en este caminar se han ido cometiendo algunos errores que
vale la pena revisar, pues no todos los programas pueden aplicarse de manera
directa y más bien se necesita la intervención de organismos de apoyo, como es
el caso de los refugios que organizaciones no gubernamentales han construido
para albergar a mujeres víctimas de violencia, a lo largo y ancho del país.
Y es que a la par que la inseguridad se fue apoderando de
grandes territorios del país, también aumentaron otros males que, si bien
estaban latentes, no eran tan graves, como la violencia doméstica, el maltrato
infantil y el feminicidio, entre otros daños colaterales.
El aumento en el consumo de drogas, así como la participación de
hombres y mujeres en las redes delincuenciales, forzosamente tenían que dar un
fruto perverso, y eso decantó en las familias, donde los hijos golpean a sus
madres, los esposos a sus mujeres, y ambos a los niños, creando un círculo
dantesco muy difícil de resolver.
De ahí que se necesite de la participación de organizaciones
sociales, activistas que han venido esforzándose por asesorar y orientar a las
mujeres que sufren violencia y que no pueden salirse de ese ambiente viciado.
Muchas de ellas están amenazadas de muerte, y no pocas han caído víctimas de
sus locos compañeros; otras son explotadas, sea mediante la prostitución, o
mediante el trabajo.
Todo el falso glamour de la contra-cultura del narco termina en
la violencia intrafamiliar, y esa parte es algo tan lamentable que cualquier
esfuerzo parece en vano, pues constantemente estamos leyendo noticias que
hablan de mujeres asesinadas por sus cónyuges, niños golpeados, y crece el
número de niños y niñas en situación de calle.
Por lo tanto, suena desatinada la propuesta del gobierno federal
para modificar el programa de susidio para la permanencia de refugios, ya que
las mujeres maltratadas están imposibilitadas de recibirlo directamente. Eso,
automáticamente, las expone a una mayor vulnerabilidad, pues al saber sus
maridos que están recibiendo ese dinero, con mayor razón las explotarán.
Este programa no es como el de los adultos mayores, o el de las
becas de estudiantes, donde los beneficiarios son personas sin mayores
conflictos, y pueden acudir a un banco por su remesa.
Ni siquiera se compara con el de las Estancias Infantiles,
porque el apoyo lo recibirán los padres y estos se encargarán de contratar el
servicio.
Entonces, el subsidio para mujeres víctima de violencia debe
dárseles forzosamente a los refugios, y aunque no se duda que haya
irregularidades en ellos –en este país todo puede suceder-, lo que procede es
que el gobierno afine sus redes de vigilancia por un lado; por otro, que actúe
de inmediato ante los actos de corrupción detectados. Sólo así, cuando los
corruptos se vean en la cárcel, cuando los delincuentes de cuello blanco pisen
las infames cárceles mexicanas, servirán de escarmiento para los demás.
Yo creo que, al contrario, este año debe ser de poner la manzana
envenenada en mano de los corruptos, para que caigan en su propia red.
Se entiende el recelo del gobierno federal, pues las
organizaciones no gubernamentales no son blancas palomas. Hay excepciones, pero
en su mayoría medran con los recursos públicos; y si lo duda, preguntémosle a
Martita Sahagún, a Josefina Vázquez Mota, entre otras honorables mujeres que
dirigen organismos de este tipo, si no usaron membretes de ONGs para el hurto y
para engordar sus propias chequeras.
