(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hoy,
1 de octubre, el Caso Ayotzinapa abre una nueva etapa, con la comparecencia de
autoridades estatales, encabezadas por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero,
quien junto con el ex procurador Iñaki Blanco, y el ex secretario de Seguridad
Pública, Leonardo Vázquez Pérez, tienen cita para presentar su declaración ante
la Fiscalía General de la República.
Entonces,
cuando se suponía que el caso avanzaba, pues se trataba solamente de retomar la
investigación del gobierno anterior y colocar cada pieza en su lugar, sin
pretender hacer un control de daños al gobierno, el caso retrocedió, se
comienza “de cero”, según órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y
eso implica llamar a declarar a las autoridades que en ese momento gobernaban
el estado, y estaban a cargo de la seguridad.
Aunque
el ex gobernador Aguirre dijo alegrarse por este citatorio, la verdad es que
para él no será nada fácil explicar la actuación de las policías en las
interminables horas del ataque a los normalistas, porque estamos hablando de
por lo menos 6 o 7 horas de omisión, cuando los hechos estaban sucediendo a
escasa una hora de la capital del estado.
Pero,
además, porque Iguala es cabecera de distrito y cuenta con una Ciudad Judicial
así como es sede de un C4, un Batallón de Infantería de la Sedena, una
comisaría de la Policía Federal, y una comandancia de la Policía Investigadora
Ministerial.
Sobre
todo Iñaki Blanco y Leonardo Vázquez Pérez tienen muy difícil su defensa. No se
trata de decir qué hicieron una vez que tomaron rumbo las investigaciones, pues
Iñaki Blanco en eso se escuda, de que fue gracias a su indagatoria inicial que
fueron detenidos los primeros involucrados, y fue posible dar con los
cabecillas de Guerreros Unidos.
Eso
no está a discusión, de hecho. Lo que importa saber es qué hacía Iñaki Blanco,
y qué hacía Leonardo Vázquez Pérez, mientras los muchachos estaban siendo
masacrados en Iguala –uno de ellos hasta fue desollado- perseguidos, detenidos
y entregados a un grupo delincuencial demasiado virulento.
Y,
peor aún, leíamos que Leonardo Vázquez Pérez es un personaje incómodo para el
gabinete que encabezó el gobernador Aguirre. Según el columnista Raymundo
Rivapalacio, el ex secretario fue cuñado de Arturo Beltrán Leyva, jefe del
cartel del mismo nombre, que dominó la escena gran parte del estado de Guerrero,
sobre todo el corredor Ciudad de México-Morelos-Acapulco, hasta su asesinato a
manos de elementos de la Marina, en diciembre de 2010, en Cuernavaca, donde fue
acribillado junto con la mayoría de sus lugartenientes, excepto La Barbie.
Lo
que vino después para Guerrero, pero sobre todo para Acapulco, fue lo que ya
sabemos; el cártel de los Beltrán Leyva se desintegró en varias facciones,
todas en pugna las unas con las otras, y es el caso de Guerreros Unidos que se
quedó con la plaza de Iguala, y Los Rojos, que operaban en la Zona Centro y la
Montaña Baja, en cuya pugna cayeron como víctimas los estudiantes de
Ayotzinapa.
En
este contexto también destaca la figura del ex secretario de Seguridad Pública,
un hombre joven, sinaloense de origen, pero que no se sabe cómo de cuñado de
Beltrán Leyva llegó a ser parte del gabinete de Seguridad, hasta el grado de
subsecretario, y quien fue nombrado titular en enero de 2014, unos 9 meses
antes del ataque a los normalistas.
El
gobernador tenía a dos hombres clave en su gabinete de seguridad y procuración
de justicia: Iñaki y Leonardo Vázquez Pérez. Ellos movían los hilos de la
prevención y la investigación de delitos. Pero de entre ambos, el hilo delgado
es el sinaloense, quien según Rivapalacio se fue a Estados Unidos tras la caída
de Aguirre del poder, y posteriormente volvió a México con sigilo, con su
residencia en Guadalajara.
Sin
embargo, el largo brazo de la justicia ya lo alcanzó, y tendrá que presentarse
a declarar, y a justificar la ausencia de apoyo de sus tropas en aquella negra
noche de Iguala.
Sigo
insistiendo en que otro que debe estar siendo citado a declarar es el
secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien se dice fue el que manejó
la agenda del Caso Ayotzinapa, el que controló las reuniones de los padres con
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el que hizo caer al ex
mandatario en diversos errores que le costaron la credibilidad y popularidad de
su gobierno. Entre estos, el no atraer la investigación de inmediato, sino que
la PGR tardó más de un mes en reaccionar. Y en impedir –por razones de
seguridad-, la visita de Peña Nieto a Iguala, recién ocurrido el problema, así
como atender él a los padres en el Palacio Nacional, la primera vez que fueron,
en lugar de que lo hubiera hecho el presidente.
Craso
error, que llevó a la PGR a crear el cuento de la “Verdad Histórica”, diciendo
que todos los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula, para que hoy
el ex procurador Jesús Murillo Karam diga que “al menos dos” de los estudiantes
sí fueron calcinados ahí. O sea, sólo dos de 43, y con eso determinaron que la
misma suerte corrieron los demás.
¿Así
de negligentes o más?
Hoy
hay varias líneas de búsqueda, pues a estas alturas ya se sabe que los
muchachos fueron asesinados. Y aunque hubo varias líneas de investigación, no
las agotaron. Ahora se les busca en Carrizalillo, Mezcala, Tepecoacuilco o
Huitzuco, incluso la Sierra.
