Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO. Con modificaciones al artículo segundo
transitorio y la adición de un cuarto, la Cámara de Diputados aprobó en lo
general y particular la reforma a los artículos 116 y 127 constitucionales para
que ningún funcionario público, incluidos los de los organismos autónomos, gane
más que el Presidente.
Las modificaciones al dictamen avaladas por el Pleno
fueron las presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano.
La primera, del panista José Elías Lixa, corrige el
artículo segundo transitorio, el cual establece que el ajuste salarial se
realizará en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del decreto.
El cambio agrega un párrafo que señala que esto será
posible “siempre que se haya dada cumplimiento a la sentencia del 20 de
mayo emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”,
la cual obliga a la Cámara de Diputados a establecer los criterios a partir de
los cuales será determinado el tope salarial”.
La segunda reserva, presentada por el emecista Jorge
Eugenio Russo Salido, establece la adición de un artículo cuarto transitorio
que señala un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del Decreto
para establecer un organismo técnico responsable de los estudios para definir
los parámetros, elementos y procedimientos relativos a la remuneración de los
servidores públicos.
Lo anterior, agrega, para que la Cámara emita una opinión
fundada y motivada.
La reforma, que busca corregir las lagunas que
permitieron a algunos servidores ampararse para evitar dicha disposición, pasa
al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La Oposición en San Lázaro acusó al Mandatario Andrés
Manuel López Obrador de imponer de manera unilateral el tope salarial a
funcionarios.
Al discutir dictamen en materia de remuneraciones, María
Alemán, del PRI, advirtió que esto amplía la intromisión del Ejecutivo en otros
poderes y en los organismos autónomos a través del límite del salario.
“Este dictamen tiene como base el criterio
unilateral y arbitrario que fijó el Presidente sobre su remuneración
mensual”, señaló.
Alertó que votar a favor del dictamen representaría una
validación a esa arbitrariedad de López Obrador y de la falta de objetividad
del Poder Legislativo.
Dijo que fijar el salario del Presidente no es facultad
de éste, sino de la Cámara de Diputados.
“Si renunciamos a esta facultad, estaríamos violando
la Constitución, porque entonces dos poderes se unirían en una sola persona: el
Presidente”, reprochó.
Aseguró que el dictamen busca una puerta lateral para
reparar los errores e inconsistencias legislativas que cometió la mayoría en la
Cámara al aprobar reformas a la Ley Federal de Remuneraciones y que la SCJN ha
señalado que tiene serias lagunas constitucionales.
Marcos Aguilar, del PAN, advirtió que la reforma tiene como
objetivo que se sometan y subordinen quienes no están de acuerdo con los
planteamientos del actual Gobierno.
Sostuvo que la reforma reproduce una práctica que la
sociedad le ha reclamado a los legisladores: la autoasignación de la
remuneración.
Cuestionó qué
pasará si el próximo Presidente decide ganar 500 mil pesos, ya que si se
aprueba la reforma, se le dará al Mandatario la facultad de decidir su sueldo.
