Descarta SEP injerencia

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, subrayó que no habrá injerencia de la dependencia en los resultados de las evaluaciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

“El organismo es autónomo en todo. Tiene por disposición constitucional la autonomía en todos los rubros de su trabajo, pero está diseñado para que trabajemos de manera conjunta”, externó.

“A mí me llama mucho la atención, esa reiteración en la crítica de que sí va a ser autónomo o no va a ser autónomo en función de si eso es lo que hace útil o no hace útil su trabajo. Todas las organizaciones tienen órganos de evaluación, todas las organizaciones tienen órganos de contraloría y son propias de la organización. No son externos de la organización y deben de funcionar todos así”.

Refirió que el extinto INEE demostraba una ruptura entre la SEP, pues no había coordinación y las recomendaciones no eran tomadas en cuenta, lo que aseguró, no ocurrirá en esta Administración.

Publican ‘ley Bonilla’ en Baja California

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno de Baja California publicó esta mañana en el Periódico Oficial del Estado, mediante el número especial 45, la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato del Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

La Secretaría de Gobierno del Estado informó que el documento ya está disponible en Mexicali.

La reforma fue remitida el 15 de octubre por el Presidente del Congreso local, Catalino Zavala Márquez, al finalizar el domingo la consulta a la ciudadanía sobre el número de años que prefería que estuviera Bonilla al frente del Estado.

Francisco Rueda, Secretario de Gobierno, precisó a un canal local que a partir de mañana entrará en vigor, y hasta entonces se podrán interponer las controversias constitucionales.

“Esta reforma la estamos publicando prácticamente bajo protesta porque no estamos de acuerdo con ella”, señaló, “por considerar que atenta contra el Estado de Derecho y más grave aún contra la voluntad ciudadana, porque el 2 de junio votamos por un periodo de dos años”.

Anunció que el Gobierno del Estado iniciará una controversia constitucional, la cual se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta reforma de ampliación de mandato fue votada y ratificada el 8 y 23 de julio por la Legislatura pasada con mayoría panista.

En ella se modificó el periodo de la Gubernatura del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2024, cuando desde el 2014 el periodo estaba definido por dos años solamente.

La millonaria mudanza del TSJCDMX

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ha decidido gastar más dinero de los contribuyentes. Pronto se va a mudar a un nuevo edificio por que el que va a pagar cerca de mil millones de pesos de renta en los próximos cinco años.

Jueces, magistrados y personal del Tribunal tendrán su nueva sede en la Torre Patriotismo, un edificio recién levantado en el número 230 de esa avenida, en la colonia San Pedro de Los Pinos.

El beneficiado de la mudanza será el Grupo Constructor Rouz, que garantizó ya la utilización de su inmueble hasta el 2024.

Tras el sismo de 2017, el TSJCDMX había arrendado dos inmuebles para desalojar edificios que ocupaba y quedaron dañados. La gestión del entonces presidente Álvaro Augusto Pérez rentó los edificios de Calzada de la Viga 1174, en la colonia El Triunfo, en la alcaldía de Iztapalapa, y el de Avenida Juárez 104, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La administración de su sucesor, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ha decidido acabar de forma anticipada esos contratos para ocupar la Torre Patriotismo, que tiene 23 pisos, área comercial y 8 niveles subterráneos para casi 900 vehículos.

El cambio incrementará en 60 por ciento lo que el Tribunal paga al año por arrendar aquellos inmuebles. Si ahora la renta no llega a los nueve millones de pesos, con la torre será de 14 millones 500 mil pesos al mes. En cinco años, el pago será de 870 millones.

El TSJCDMX argumenta que se trata de un buen precio porque según un dictamen de avalúo, la renta máxima de la torre es de 19 millones 400 mil pesos al mes. El costo del arendamiento incluirá la adecuación de los espacios a lo que pida el Tribunal, el equipo y mobiliario de oficina y el mantenimiento durante un año.

El organismo que preside el magistrado Guerra Álvarez habrá de pagar una penalización por terminar de manera anticipada los contratos de arrendamiento, así como los costos de la mudanza.

El traslado fue autorizado el 21 de mayo pasado por el pleno del Consejo de la Judicatura de la CDMX, que preside el propio Guerra Álvarez, como parte del Proyecto de Reordenamiento Inmobiliario, propuesto por el Oficial Mayor del Tribunal, Sergio Fontes Granados.

Exdirector jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Xochimilco, Fontes Granados fue acusado, a principios de año, por empleados del tribunal de supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Como parte de la justificación del cambio de edificio, las autoridades del TSJCDMX argumentan que se trata de una “reubicación estratégica” de sus órganos jurisdiccionales y de administración, incluidos los necesarios para los juicios orales. También mencionan la falta de infraestructura e inseguridad en el caso del edificio de Iztapalapa.

Hace menos de un mes, el 23 de septiembre, la secretaria general del Consejo de la Judicatura local, Zaira Liliana Jiménez, informó de los planes de cambio a la Dirección General y a la Dirección General Jurídica del Tribunal.

Les comunicó que la mudanza se hará cuando sea aprobada por la propia Dirección General Jurídica, la Contraloría y la Dirección de Protección Civil del Consejo de la Judictaura.

Los detalles del cambio están contenidos en esa comunicación interna a la que tuvo acceso la asociación civil México Justo, a través de la plataforma que tiene para recibir denuncias anónimas.

La asociación, que busca la transparencia del Poder Judicial en el país y es presidida por Juan Carlos Pérez Góngora, considera que los recursos se deberían dedicar a mejorar la labor del TSJCDMX, sobre todo después de que en la evalución del año pasado del World Justice Project sobre el estado de derecho en México, quedó como uno de los organismos jurisdiccionales menos eficientes del país.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por cuarto año consecutivo y prácticamente sin problemas, el gobernador Héctor Astudillo acudió al Congreso local para informar del estado que guarda la administración pública estatal, rubro por rubro.

A diferencia, por ejemplo, del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien modificó este protocolo y solamente enviaba a la sede del Poder Legislativo su informe por escrito, para irse a informar región por región, Astudillo optó desde el inicio por este modelo republicano, presentándose ante los diputados -en su papel de representantes sociales-, para detallar lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en el último año, lo que no se ha hecho, y los retos que falta por enfrentar.

La seguridad es, sin duda, uno de los principales activos de este año. A diferencia del primero trienio, Astudillo informó ahora de una importante reducción de los niveles de inseguridad, de 22 por ciento, tomando en cuenta la disminución de los homicidios dolosos, que aunque no son los únicos delitos con los que lidia la sociedad, sí son los de mayor impacto dentro y fuera de la entidad, que por su vocación turística fue duramente golpeada al grado de que desde 2010-2011 se retiró el turismo de cruceros, así como el turismo estudiantil de primavera, conocido como los Spring-Brakers.

Hoy, Astudillo hace un esfuerzo real por resolver esta crisis y los resultados están a la vista. Todavía ayer llegó el Norwegian Joy a playas de Acapulco, el tercer crucero de la temporada, con lo cual se alivia sobremanera la sequía de visitantes en los puertos de la entidad, que tras el verano están en receso en espera del periodo de invierno.

Para los detractores del gobierno astudillista, y para nosotros mismos, que siempre estamos viendo el vaso medio vacío, en lugar de verlo medio lleno, esto quizás no signifique mucho. Pero habría que preguntarle a los ciudadanos de a pie, si todo lo que se haga desde un gobierno para mejorar la situación social y económica les perjudica o les beneficia.

Al contrario, Astudillo ha demostrado que es un gobernador trabajador. No se le seca el sudor. Difícilmente se le ha sabido de borracheras y viajes de placer –que los debe tener, claro, porque no es de palo. Pero lo mismo se le ve en los municipios, que en la oficina de gobierno en Acapulco, que atendiendo a funcionarios y ciudadanos en Casa Guerrero, o en reuniones con funcionarios del nuevo gobierno federal.

Aunque se dice que es de pocas pulgas, el gobernador guerrerense es uno de los pocos que se han mostrado caballeros con el presidente de la República. De los primeros en aplaudir, además, el modelo de seguridad de la Guardia Nacional, algo que sabía era urgente y necesario. De hecho, recordemos que su intención desde su llegada al poder en 2015, fue concretar el Mando Único, pero intereses ajenos al bienestar de Guerrero –hay que decirlo-, lo obstaculizaron.

Vamos, aunque el gobierno federal era priísta, ni siquiera se le permitió nombrar a su propio secretario de Seguridad, y dependió durante casi 3 años de los criterios dictados desde el Grupo de Coordinación Guerrero, el modelito que se inventó Miguel Osorio Chong para tener acotados a los gobernadores, y con un secretario que era además general en activo de la Sedena, Pedro Almazán Cervantes, que dejó el estado peor, en medio de una falsa paz, y que a través de su vocero solamente presumía pequeños logros mensuales, que distaban mucho de ser una verdadera búsqueda de la paz en la entidad.

Imposible no recordar eso. Almazán incluso acusó a sus subordinados de ser miembros del crimen organizado, y los despidió sin derechos, sólo porque se rebelaron contra su forma de dirigir la corporación.

Afortunadamente son tiempos de cambio, y aunque se sabe que la Policía Estatal no está en óptimas condiciones, la ruta viene marcada desde la Federación, y al estado únicamente le compete fluir con esta nueva visión.

No olvidar tampoco que “Orden y Paz”, fue la gran promesa de Astudillo durante su campaña.

Tiene aún 2 años para consolidar lo que ya comenzó desde enero pasado. Hacemos votos, por el bien de todos, que eso se cumpla y que el gobierno que comience en 2021 tenga otra historia que contar. Pero, sobre todo, que Astudillo pase a la historia como el gobernador que pudo sacar al estado de sus deshonrosos primeros lugares de todo lo malo.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

A quién le hará caso Zaldívar?

Raymundo Riva Palacio

¿El 23 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia mostró su nueva cara hipergarantista. A juicio de la Primera Sala, Florence Cassez, una ciudadana francesa sentenciada a la cárcel por secuestro, determinó que se le habían violado sus derechos y decidió su libertad inmediata. No se repuso el proceso, como varios expertos dijeron posteriormente que era el camino, sino que se le abrió la puerta, la subieron a un vehículo rumbo al aeropuerto y tomó el vuelo de Air France directo a París, donde fue recibida 13 horas después como heroína. La Primera Sala había resuelto a partir del dictamen presentado por el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia. Zaldívar es hoy el juez del poder, que va a quedar atrapado entre su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlo impulsado al cargo que hoy detenta, y el criterio jurídico que implantó.

El alegato de Zaldívar fue conocido como “el efecto corruptor”, aplicable cuando “la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo material probatorio”, y que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de la defensa y lo deje en estado de indefensión. Es decir, si se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el o la acusada no recibiría un juicio justo. “De nada sirven estos derechos -enfatizó Zaldívar en su criterio-, cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.

El criterio que le permitió la salida de la cárcel de Cassez en forma automática es de alta relevancia hoy en día en varios casos paradigmáticos cuya interpretación política son vistos como una cacería de brujas en contra de quienes acompañaron al abogado Juan Collado a la boda de su hija. En la cárcel están Collado, por el presunto delito de lavado de dinero, Rosario Robles, ex secretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto –quien también asistió a la fiesta-, acusada por la llamada “Estafa Maestra”, e investigados por la Fiscalía General, señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el ex ministro de la Suprema Corte. Eduardo Medina Mora, y el ex líder petrolero, Carlos Romero Deschamps.

En todos los casos, la forma como los ha procesado el gobierno, los coloca en el terreno de la interpretación del “efecto corruptor”. El propio presidente López Obrador ha dado a conocer detalles de las investigaciones –lo que es un delito tipificado en el Código Penal sobre pesquisas en curso-, y el jueves se congratuló de la salida de Romero Deschamps del sindicato, porque “no es posible que líderes sindicales vivan colmados de atenciones y privilegios, muy ricos”. No importa el juicio –aunque tuviera razón-, pues ya lo sentenció. En el caso de Medina Mora, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sugirió que sus fallos judiciales beneficiaron a narcotraficantes de drogas y personas. Igualmente, colocó el manto de la culpabilidad en un presunto culpable.

Las declaraciones son grandilocuentes, pero ponen en entredicho la decisión mayoritaria en la Suprema Corte de Justicia sobre el amparo directo 517/2011 de Cassez. La ponente en la sesión pública de 2013 que la liberó fue Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, quien se apegó al criterio establecido que “se ha reconocido que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, como regla de trato, exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada por todas las autoridades como inocente durante el trámite del procedimiento e incluso desde antes de que se inicie”.

Las declaraciones de los funcionarios contradicen el criterio de Zaldívar, y si se aplicara a la letra la jurisprudencia del Caso Cassez, tendría que sobreseerse los casos una vez que lo presenten. El criterio del ministro Zaldívar no da margen a duda. “Dada la trascendencia de una acusación en material penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio en su contra”, escribió. “Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.

El presidente prácticamente llamó “corrupto” a Romero Deschamps. Nieto exhibió a Medina Mora como un delincuente, aún antes de que la Fiscalía General presentara una denuncia para iniciar el proceso en su contra. Cuando renunció a la Corte, aparecieron las pancartas y los gritos de los legisladores de Morena en el Congreso, afirmando “¡vienen más!”, acompañados de denuncias orales de corrupción. Collado es visto en la opinión pública como testaferro de los poderosos y ladrón como sus clientes. Robles es tratada como culpable aunque aún no inicia su juicio. En todos los casos, en medios y redes sociales, se les ha linchado. 

Para efectos de opinión pública, es irrelevante el curso que siga el caso, si en algún momento se le procesa, porque está popularmente juzgado. Si uno se atiene a la forma como mediáticamente se les ha tratado, se puede argumentar que se ha dado “el efecto corruptor” al violarse sus garantías para que se le garantice un juicio justo bajo la presunción de inocente. Política y popularmente, son culpables, con sentencia previa, daño moral y daño reputacional. El hipergarantismo defendido por Zaldívar y respaldado por Sánchez Cordero se confronta con la realidad de satisfacer al patrón, o al padrino, como quieran verse las cosas.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa 

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

*Disminuyó la inseguridad en México: INEGI

*Federación presume cifras alegres en Turismo

“Los tiempos de los gobiernos son muy cortos y los de la delincuencia largos y azarosos.” Álvaro Uribe Vélez.

Mis estimados, de plano sorprendió a los mexicanos la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El sondeo subraya que la percepción de inseguridad es menor a las registradas hace tres meses, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la administración en septiembre todavía del gobierno de Enrique Pena Nieto.

Según el INEGI, el porcentaje representa un cambio significativo respecto al mes de junio de 2019 y a septiembre de 2018, pues señalan que un 71. 3 por ciento de los mexicanos mayores de edad consideran que vivir en su ciudad es inseguro; es decir la cifra representa 2.6 menos respecto al pasado mes de junio.

Asegura el INEGI que ésta es la segunda baja en percepción de inseguridad que se reporta desde que inicio el gobierno de AMLO; sin embargo, sin el afán de desdecir al organismo, la percepción de inseguridad no baja en México, sobre todo por los sucesos sangrientos que vivimos en estados y municipios, y que relatan una desgracia permanente para el país.

Es mentira que están combatiendo la inseguridad y violencia que azota a los mexicanos y que tiene al borde del colapso social a México.

Para no variar, el INEGI señala a dos ciudades con mayor percepción de inseguridad: Acapulco, Guerrero; y Uruapan, Michoacán. Estas están enlistadas como ciudades inseguras y son las que nos incumben a nosotros por la cercanía con Ixtapa-Zihuatanejo, porque son varias las ciudades que engrosan el listado como inseguras y los porcentajes son altísimos, de 73.2 a 80.9 por ciento, pero nos ubicaremos en lo local.

Por cierto, tanto hombres como mujeres señalaron que se sienten inseguros en su ciudad, y marcan los lugares que más temen y que son cajeros automáticos, transporte público, bancos y caminar por las calles.

Sin embargo, la encuesta revela a la ciudad insegura pero no da datos de las personas secuestradas o asaltadas, aunque en los últimos meses se han elevado las cifras enormemente; y eso también es inseguridad.

No vamos a ningún lado escondiendo la realidad que vivimos los mexicanos; es mentira que bajaron los índices de percepción de inseguridad y violencia en el país, sobre todo por los hechos que agitan a los ciudadanos en Guerrero y Michoacán, esta semana, vivimos sucesos horribles pero no todos se divulgan en medios impresos.

Los únicos que se atreven a publicarlo son perfiles falsos del Facebook y eso no lo revela el INEGI.

Aunque el organismo asegura que es la segunda baja en la percepción de inseguridad durante el gobierno del presidente AMLO, no es cierto. La inseguridad cada día gana terreno, violentando con fuerza a la sociedad mexicana. Sin duda, que estos son de los sucesos que no se pueden esconder, pues los ríos de sangre corren diariamente por avenidas de ciudades y municipios, y no los pueden ocultar.

Es terrible la situación que viven los mexicanos en materia de seguridad, al igual que en materia de turismo, pues si no hay seguridad tampoco hay turismo en México.

Aunque el mandatario insiste que sí hay inversión en el país, que el tema de la seguridad está pendiente pero la inversión garantizada. “Vamos ir avanzando en esa materia pero hay signos de confianza, vamos a resolver los problemas de inseguridad, pues si no hubiera seguridad no habría inversión”, refirió el presidente.

Reiteró que en Acapulco están trabajando en las colonias del puerto. “Se trabaja en Renacimiento con la inversión de 600 millones, mejorando las colonias populares; y se van a destinar 600 millones más, en total mil 200 millones de pesos. Lo mismo en Cancún, con 600 millones con ese propósito de combatir la inseguridad. No deja de haber problemas pero soy optimista”, expresó el mandatario.

Ahí mismo dio la palabra al secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien insiste que el país va viento en popa en materia turística. Primero el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que se sigue invirtiendo en materia de turismo y expreso que el sector turístico no sólo crea riqueza, sino que distribuye riqueza y reactiva por completos la economía.

Destacó el mandatario la inversión en la Riviera Maya, en Cancún, y que esos destinos crecieron en un 8 por ciento. Que fueron los únicos que crecieron en el periodo neoliberal. Y afirmó el presidente AMLO que en Cancún tienen las playas más limpias en general en Quintana Roo y ahí siguen llegando millones de turistas.

“Cancún y la Rivera Maya son el mejor centro turístico del mundo y se va a completar con el Tren Turístico Maya”, presumió.

Sin embargo, en la vida real en materia turística en México no hay resultados positivos, no se ven por ningún lado, y Cancún hace meses que lo inundan ríos de sangre, que lo tienen muy lejos de las cifras que señala el mandatario federal.

Donde no podemos negarle es que Cancún y Rivera Maya son el destino más hermoso del mundo, en eso tiene razón el presidente AMLO; no obstante, cuando un destino de playa se tiñe en sangre, pierde su hermosura.

Lo grave del tema es que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, continúa presentando cifras alegres de inversión turísticas que ni ellos las creen. Presentó en la mañanera del presidente números que se han dado en los últimos años; es decir, el titular de la Sectur presume cifras que no son de su gobierno; de hecho, hace meses que Torruco Marqués viene presumiendo cantidades en esa materia por demás alegres.

Por ejemplo, dijo que han visitado al país 29.8 millones de turísticas internacionales, que representan una derrama de 17 mil 250 millones de dólares, y que se generaron 4 millones 326 empleos y que cerraran el año con 53 millones 300 mil turistas internacionales y 34 mil 400 millones de dólares.

El prometer no empobrece, dice el dicho popular; lo cierto es que no hay resultados en el sector turístico internacional y menos nacional, que son los que siempre llegan a los destinos aunque están toreando la muerte.

El panorama para México y sus destinos turísticos no es halagador para la próxima temporada de invierno, y no porque lo deseemos así, sino porque no hay publicidad a nivel internacional y el gobierno de Estados Unidos no para de dar alertas a sus connacionales para que no viajen a México, especialmente a los destinos turísticos más violentados del país; y tristemente son casi todos los puertos turísticos los que padecen de grave inseguridad y violencia; los azota con furia la violencia desde hace ya varias lunas y las autoridades no garantizan seguridad al turista. Esto es lo grave de la trama. 

Y lo peor del cuadro es que no hay un organismo que se ocupe de la publicidad para los destinos mexicanos y de limpiar la imagen de ellos. Por eso decimos que no habrá turismo en la próxima temporada, pues como nunca se ha manchado la imagen del país en el extranjero con el tema de la violencia.

Insisto también que la economía en México sigue estancada. Aunque no lo quieran ver los funcionarios, estamos en problemas los mexicanos; y si dudan que no habrá turismo la próxima temporada, ya no falta mucho para corroborarlo. Al menos el turismo internacional no vendrá a los destinos de playa, por los sucesos de inseguridad y violencia que se han desencadenado en distintos destinos turísticos del país, no sólo de Guerrero, también Cancún y su Riviera Maya están sufriendo embates de la delincuencia organizada, así como los destinos de Colima, Manzanillo, incluso de Jalisco.

No es mi intención quitar el buen ánimo del secretario de Turismo, Torruco Marqués; pero se requiere más que positivismo para alcanzar las cifras que dio ayer el titular de Sectur.

 Aunque El presidente AMLO, insiste que no tienen descensos, no hay estancamiento.

“La economía nacional tiene buen desempeño en cuanto a la entrada de divisas en comercio exterior, sobre todo en la industria automotriz, manufacturas, y la llegada de remesas y el turismo, otra actividad muy importante fundamental” puntualizó el presidente.

En discurso se escucha muy bonito todo esto, pero en la vida real no se divisa el crecimiento. Con todo, deseo que alcancemos al menos la mitad de las cifras en turismo que presumió el secretario de Turismo.

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