El silencio de la 4T y los dueños de la prensa
“El silencio es complicidad”. Con esta frase, la periodista Miroslava Breach Velducea respondió a un político de Chihuahua que le pedía revelar las fuentes de sus investigaciones sobre la narcopolítica en la entidad. Nueve meses después de esa conversación grabada por el interlocutor de la periodista, la mañana del 23 de marzo de 2017, fue asesinada afuera de su casa.
A las pocas semanas, el panista Javier Corral Jurado ganó el gobierno del estado y prometió una investigación que sería “modelo nacional” para dar con los responsables. La promesa quedó en eso y el gobernador se dedicó a desacreditar a la prensa porque, según él, estaba inconforme porque su gobierno ya no repartía dinero entre los periodistas.
Una investigación internacional encabezada por periodistas mexicanos agrupados en el Colectivo 23 de marzo acaba de publicar una serie de tres reportajes en los que documentan aspectos sustanciales que las autoridades estatales y federales han soslayado y con ello evitado el esclarecimiento del crimen.
El proyectomiroslava.org tiene el respaldo de organizaciones periodísticas internacionales de investigación: Forbidden Stories @FbdnStories, Bellingcat @bellincat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística @CLIP_AmericaLat.
De esa manera, periodistas de distintos continentes exhiben ante el mundo lo que las autoridades mexicanas no han querido investigar desde la administración de Enrique Peña.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su llamada Cuarta Transformación no ha alcanzado a la crisis de inseguridad que padece el periodismo en México y que lo hace uno de los países más peligrosos para su ejercicio. Por momentos, incluso, ha exacerbado el ánimo contra la prensa que no le es afecta, que no coopera con su proyecto o de plano para él son “mal portados”.
La comunidad internacional cada vez está pronunciándose más sobre las graves violaciones a la libertad de expresión e información en México, propias de países en guerra y de Estados incapaces de garantizar el respeto de estos derechos universales.
Por eso la dureza del reciente reporte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en México, luego de una visita que hizo en abril pasado al país.
A diferencia de otros países, el asesinato de periodistas no ha movilizado a la sociedad, paralizada de por sí ante el temor de la delincuencia organizada. Los dueños de los medios tampoco han hecho suyo este problema.
No es el único esfuerzo internacional. Están desde hace años organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, que tiene su sede en Nueva York), y Reporteros Sin Fronteras (RSF), de Francia. Pero esta vez es un llamado de propietarios a propietarios de medios.
El silencio es cómplice y el gobierno de López Obrador y los dueños de los medios mexicanos tendrán que asumir que no pueden seguir con una actitud de avestruz mientras el muro atestigua cómo se atenta contra la libertad en México.
