Día: 26 septiembre, 2019

IRZA

CHILPANCINGO. El ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Eliseo Villar Castillo, insistió en que tiene información del paradero de un grupo de normalistas desaparecidos en Iguala, a quienes sicarios y policías de Guerreros Unidos (GU) los habría asesinado, metido a un autobús y enterrado en algún lugar de la geografía estatal.

Por segunda ocasión en la semana, Villar Castillo dio declaraciones vía telefónica luego de que directivos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, en donde se encuentra recluido, no autorizaran una entrevista en esas instalaciones con el ex dirigente de la CRAC-PC y otros tres reos que afirman tener información del paradero de un grupo de estudiantes desaparecidos.

Aceptó que después de sus declaraciones se ha generado controversia: “Hay mucha polémica porque es algo peligroso”, dijo, e insistió en hacer un llamado “directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé órdenes a las autoridades y nos den garantías, porque estamos desamparados”.

Dijo que es responsabilidad del penal y del jefe de seguridad “de que estemos bien, pero estamos en un ambiente muy canijo con todo tipo de personas y los que están detrás de este gran multihomicidio (de los normalistas) son gentes de mucho recurso, gente peligrosa y son capaces de mandar a acabar con nosotros, así como lo han hecho con otras familias, por eso pedimos la intervención del presidente”.

Manifestó que los cuerpos de los normalistas asesinados yacen no en Tepecoacuilco… “es un punto muy diferente y lejano de Iguala”.

Pero se resistió a dar una pista y menos a decir el lugar o municipio al que se refiere, sólo adelantó: “Desde Iguala se los llevaron en el autobús, asesinados, a los muchachos; están enterrados” en un sitio en el que, sostiene, está controlado por grupos del crimen organizado.

Villar Castillo dio a conocer que luego de sus declaraciones del pasado lunes, lo visitó en el penal -el martes- el abogado de “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales Sierra: “Vino en un plan enojado, tuvimos 15 minutos de discusión. Yo repruebo las actitudes de la organización que representa porque lejos que defienda el caso y que esté interesado porque se esclarezca y se aplique la justicia, quiere empañar el proceso, y me reclamó por qué saqué la información a la luz pública”.

Reiteró que ya pasaron tres meses de que le dieron la información a Alejandro Encinas Rodriguez, subsecretario de Gobernación (federal) para Derechos Humanos; al director de “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, y al propio Rosales Sierra, y que no había ninguna diligencia en el sitio que revelaron. “No toman en cuenta nuestra información y eso le reclamé, y me dijo que no pueden estar bajo mi capricho”.

Eliseo Villar aseveró que Vidulfo Rosales le dijo: “Sabemos que ese lugar está tomado por la delincuencia organizada de diferentes organizaciones y es muy difícil ir. Entonces le dije: ‘Oye, si no tienen capacidad de intervención, que manden fuerzas armadas de la ONU, si tanto miedo le tienen a la delincuencia’… y por eso estamos pidiendo la intervención del presidente directamente”.

IRZA
CHILPANCINGO. Diputados del PRI y del PRD en el Congreso local cuestionaron la dilación en cuanto al esclarecimiento del caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre del 2014 en Iguala, pero dieron un voto de confianza al gobierno federal.

En la sesión de este miércoles, el perredista Celestino Cesáreo Guzmán dio un voto de confianza al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con la polémica investigación.

Mientras que el priista Héctor Apreza Patrón dijo que no puede haber justicia mientras no se descubra la verdad. “Sólo de esa manera podremos avanzar en la reconciliación social de Guerrero”, señaló.

Cabe recordar que este jueves se cumplen cinco años del ataque armado que sufrieron estudiantes de primer año de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, perpetrado presuntamente por el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, en complicidad con policías preventivos de ese municipio, según las investigaciones de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

En esos hechos, tres normalistas resultaron abatidos a balazos, mientras que otros 43 fueron declarados como desaparecidos, pese a que el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, a través de lo que llamó “la verdad histórica”, dijo que los asesinaron y calcinaron en el basurero del municipio de Cocula.

A cinco años, el perredista Celestino Cesáreo dijo que la “indignación persiste” y que “el reclamo de justicia crece, así como la necesidad de conocer la verdad”. Aseguró que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto “buscó responsabilidad” en el PRD y el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Por el contrario, acusó, “desde los círculos que rodeaban al entonces presidente se minimizaron los acontecimientos y pretendieron eludir su responsabilidad, y cuando reaccionaron, atrajeron la investigación y otearon la oportunidad del lucro político”.

“Hoy se investiga al investigador, se juzga al juzgador, y la verdad no llega”, resaltó, y advirtió: “tampoco podemos decir que la solución del caso Iguala se encuentra cerca, pero confío en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, confiamos en que va a garantizar que el reencauzamiento de la investigación, que irá a fondo, castigará a los responsables materiales e intelectuales, y si se pervirtió la investigación, también habrá consecuencias”.

Sigue pendiente la verdad

El priista Héctor Apreza dijo por su parte que en cinco años han pasado diferentes visiones e interpretaciones del caso, pero que “sigue estando pendiente la verdad” y, en consecuencia, “la justicia”.

“Sin verdad es muy complicado hacer justicia; y sin justicia este hecho que abrió y desgarró las venas de México y de Guerrero, no podrá ser saldado”, subrayó, y convocó a sus compañeros a unirse para que el Estado Mexicano “pueda saldar esta deuda”.

Manifestó la disposición total y absoluta del grupo parlamentario del PRI para “impulsar un esquema de diálogo y cooperación, para que podamos contribuir a que se esclarezcan estos hechos”.

Señaló que la 62 Legislatura está en deuda porque no ha creado la comisión especial de seguimiento a las investigaciones del caso de Iguala. “La volvemos a plantear y seguiremos haciendo uso de esta tribuna, no para venir a partidizar, ni a lucrar. Eso lo hemos sostenido hoy y lo seguiremos haciendo siempre. Lucrar con el dolor social, con el dolor humano, es verdaderamente criminal. Queremos la verdad porque queremos justicia, porque sólo de esa manera podremos avanzar en la reconciliación social de Guerrero”.

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CHILPANCINGO. La Coordinación Alemana por los Derechos en México (CADM) aseveró que a cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún queda por aclarar y deslindar responsabilidades por el uso de fusiles de asalto G36 que se utilizaron en el ataque de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en contra de los normalistas, en los trágicos acontecimientos ocurridos en Iguala, cuando también fueron asesinados tres estudiantes y otros tres civiles.

En las horas previas al quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, la CADM) fijó una postura en torno a esos hechos y recordó que aquella noche también fueron asesinadas seis personas. “El paradero de los jóvenes sigue sin aclararse; para las familias, sus compañeros, la sociedad mexicana y para amplios sectores de la comunidad internacional, esto es inaceptable”, dijo Carola Hausotter, integrante de esa organización no gubernamental.

A través de un comunicado, Carola Hausotter hizo una reseña del estado que guarda el caso y de la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, y de los encuentros que ha sostenido con los padres de esos muchachos desaparecidos.

Señaló que la Coordinación Alemana respalda la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) “de reabrir las investigaciones y de procesar a los anteriores investigadores, (porque) ha sido probado que éstos se involucraron en manipulaciones del caso”.

Lamentó que, a cinco años de esta desaparición forzada, hayan sido liberados ya 77 implicados, entre ellos Gildardo López Astudillo “El Cabo Gil”, uno de los principales integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).

Agregó que a cinco años de aquellos hechos, “la voluntad política no es suficiente por sí sola; Ayotzinapa sigue siendo un caso ejemplar de la impunidad sistemática, así como las otras más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en México”, y que para que se esclarezca el caso es necesaria y urgente la asistencia internacional al gobierno federal mexicano.

Carola Hausotter subrayó que también el gobierno Alemán tiene responsabilidad, pues permitió que la empresa Heckler&Coch vendiera a México, y en particular al gobierno de Guerrero, fusiles de asalto G36 que fueron “entregados de manera irregular”.

Recordó que varios de esos fusiles fueron utilizados durante los ataques a balazos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. “Fueron empleados durante el ataque; la empresa Heckler&Coch fue condenada en febrero del 2019 a una multa millonaria”.

No obstante, aseveró que “no pudo demostrarse la culpabilidad de los principales responsables y el papel de los funcionarios alemanes en la operación no fue suficientemente aclarado; con esto el rastro de impunidad llega hasta Alemania”.

De 2006 a 2009, la empresa Heckler&Coch vendió a México y a varios gobiernos estatales mexicanos 4 mil 500 rifles de asalto G36, con un valor de 4.1 millones de euros. De esa cifra, mil 924 rifles de asalto se vendieron al gobierno de Guerrero, que en ese momento encabezaba Zeferino Torreblanca Galindo.

Esos casi 2 mil rifles de asalto fueron entregados a diversas corporaciones policiales de la entidad y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2019 se comprobó que al menos 36 fusiles G36 se utilizaron para agredir en diversos momentos a los normalistas en Iguala.

En aquel momento (2006), en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua fueron modificados sus estatus de problemas en materia de Derechos humanos en el informe final que presentó la compañía Heckler&Coch ante el Ministerio de Exteriores de su país, y que a la postre le valió la aprobación para la venta de esos fusiles a México y a Guerrero en particular.

Tras los hechos de Iguala, el gobierno Alemán inició una investigación por esta venta irregular de armas, y la empresa y varios de sus funcionarios fueron multados con diferentes cantidades monetarias en aquel país europeo, aunque en México o en Guerrero no se hayan deslindado responsabilidades por la compra de ese armamento.