ESTRICTAMENTE PERSONAL

Ayotzinapa, el oscuro teniente

Raymundo Riva Palacio

El 24 de junio de 2013 amaneció Acapulco con perros muertos en las calles con mensajes dirigidos al subsecretario de Prevención y Operación Judicial de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el teniente retirado Leonardo Vázquez Pérez. “Que te quede claro y no se te olvide la mano que te dio de comer. Acuérdate del tío Arturo Beltrán Leyva que te mató el hambre y que te la sigue matando a ti y a tu familia aunque ya no está con nosotros”, decía uno. 

“Ya basta de estar asesinando a nuestra propia gente, a la misma gente que te tendió la mano y te sigue dando de comer. Deja de molestar a las tiendas que de así sale el dinero para que tú tragues. Respétanos. Este atento llamado es para que agarres la línea del Tío como siempre lo has hecho y nos ayudes a limpiar toda la bola de secuestradores y extorsionadores”, señalaba otro.

Cuando esto sucedió, Beltrán Leyva llevaba poco más de cuatro años muerto, abatido por comandos especiales de la Marina que lo cazaron en Cuernavaca. Aquel 16 de diciembre de 2009, tras un operativo de cuatro días, la poderosa organización que comandaba, enfrentada con sus antiguos socios del Cártel del Pacífico, empezaba a ser desmantelada. Los marinos nunca toman prisioneros. Los hermanos Beltrán Leyva eran figuras clave en el narcotráfico, controlaban la seguridad de los jefes y sus familias en el Cártel del Pacífico, y administraban el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco de cocaína y precursores químicos para las metanfetaminas.

A la muerte de Arturo, esa organización se dividió. Una parte creció como GuerrerosUnidos, cuyos fundadores, Alberto y Mario Pineda Villa, que eran pistoleros de Beltrán Leyva, fueron asesinados por órdenes de este capo, cuando descubrió que estaban secuestrando y la extorsionando a sus espaldas. La otra parte se agrupó en Los Rojos, fundado por Jesús Nava Romero, quien murió junto con Beltrán Leyva. La organización de los Beltrán Leyva se fragmentó  y nunca volvió a tener la misma fuerza. 

Vázquez Pérez no estaba ajeno a ellos. Sujeto a una nueva investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una figura de interés para las autoridades. Sinaloense, llegó a Acapulco donde vivía su hermana, que era una de las parejas sentimentales de Beltrán Leyva, sobre la costera de Acapulco en una casa que años antes le habían incautado. Eran los tiempos donde Beltrán Leyva compraba favores y protección. Vázquez Pérez se incorporó como subsecretario de Seguridad de Guerrero, aunque todavía no tienen claro las autoridades cómo entró al cargo. Ahí estuvo casi cinco años, sin que se conozca de una acción policial significativa de su parte.

Cuando aparecieron los perros muertos con los mensajes, su nombre llamó la atención a las autoridades. El rompecabezas sobre su probable relación con el narcotráfico no ha terminado de armarse, pero tras la cadena de eventos en los últimos años, la presunción es que se encontraba más cerca de Guerreros Unidos, donde jugaba clandestinamente un papel importante la hermana de los Pineda Villa, María de los Ángeles, quien era la esposa del alcalde José Luis Abarca cuando desaparecieron los normalistas en Iguala. 

Esa organización controlaba Iguala y seis municipios aledaños en Tierra Caliente, y los policías municipales fueron quienes detuvieron y les entregaron a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, actuando como reacción a lo que pensaban era un ataque de Los Rojos, que tenían influencia en otros municipios de esa región, Chilpancingo y Morelos. Abarca y Pineda Villa fueron protagonistas importantes en el crimen contra los normalistas, aunque siempre lo han negado, y su estructura policial estaba supervisada desde Chilpancingo por Vázquez Pérez, a quien el gobernador Ángel Heladio Aguirre había nombrado secretario de Seguridad el 13 de enero de 2014.

Tras el crimen contra los normalistas, el nombre de Vázquez Pérez siempre estuvo presente, pero no en el primer plano. Cuando el gobierno de Aguirre colapsó, se fue a Estados Unidos, donde ya se encontraba su hermana, y cuando sintió que las cosas se habían enfriado, regresó discretamente a vivir en Guadalajara. Extrañamente, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le prestó suficiente atención, pese a que su nombre apareció en una libreta de contactos que pertenecía a Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos que fue puesto en libertad en julio del año pasado, porque el juez consideró que los dos testimonios donde narraba cómo habían detenido y desaparecido a los normalistas, habían sido extraídos mediante torturas.

Información que han obtenido los investigadores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo regresaron al primer plano de las sospechas sobre el grado de involucramiento que pudo haber tenido en la desaparición de los normalistas, particularmente en omisiones al no haber informado con detalle y rapidez sobre los movimientos que estaban haciendo los estudiantes. La Comisión de la Verdad llamó a declarar la semana pasada el ex gobernador Aguirre, al ex fiscal Iñaki Blanco y, de manera precisa a Vázquez Pérez. Las principales preguntas fueron sobre el papel del ex secretario de Seguridad. La próxima semana, irán a declarar, pero a la Fiscalía General.

Vázquez Pérez ha mantenido un perfil extremadamente bajo durante todos estos cinco años, pero finalmente está en el centro de la investigación. No hay acusaciones formales en su contra, pero las autoridades creen que si habla lo que sabe, podrán entender partes importantes de lo que sucedió aquella noche y lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. Dentro del gobierno de Aguirre había varios funcionarios que le tenían enorme desconfianza y hoy se está viendo porqué.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

Santa Lucía y la seguridad nacional

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval lo sabe muy bien: la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL) que pretende el presidente de la República está lejos de ser un asunto de seguridad nacional. Sabe también que este concepto no puede ser invocado para que la justicia federal le de la razón al habitante del Palacio Nacional.

Es, en todo caso, como todos los puertos aéreos y marítimos, una instalación estratégica. Sobre todo ahora, que, como desde hace 70 años, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, esa institución que en México ha estado subordinada al Ejército de tierra.

Si las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea hasta ahora no han o no habían sido catalogadas en ningún inventario oficial como estratégicas, como lo dice la Presidencia, es una omisión de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional desde que éste se creó en el gobierno de Vicente Fox, en el 2005.

Ese registro fue una obligación que se estableció en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), en cuya confección participó el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, cuando era director del entonces Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero de ahí a parapetarse en la seguridad nacional hay una gran diferencia. La seguridad nacional es mucho más que instalaciones estratégicas, así sean militares. Lo militar es uno de los componentes de ese concepto tan manido políticamente.

La seguridad nacional refiere a todas las condiciones que genera un país para su estabilidad, integridad y permanencia. En razón de ellas se previene de las amenazas y riesgos, preserva su soberanía e independencia, defiende su territorio, mantiene el orden constitucional democrático, la unidad de la Federación y genera las condiciones de desarrollo social, económico y político.

Con esta definición, que el general Sandoval conoce muy bien, es claro que la seguridad nacional no pasa por la ampliación de un aeropuerto al gusto presidencial. Por eso es desproporcionado recurrir a ese concepto para que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México eche abajo las suspensiones judiciales que hay en contra de la obra.

Según los opositores al AISL, aglutinados en el colectivo #NoMasDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le argumentó al juez que la suspensión definitiva de la construcción “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Una revisión de la LSN permite ver que los puertos aéreos y navales, como en cualquier país, deben ser protegidos de ataques que amenacen la seguridad nacional.

Pero no son las únicas amenazas potenciales. La ley menciona también al sabotaje, el terrorismo, el espionaje, la rebelión, la traición a la patria, el genocidio, actos que impidan actuar con la delincuencia organizada, actos de interferencia extranjera para afectar al Estado mexicano, actos en contra de la unidad de la Federación, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas y bactereológicas, bloqueo de las actividades de inteligencia o contrainteligencia o ataques a la infraestructura estratégica de los servicios públicos.

Son escenarios en que la seguridad nacional se puede ver comprometida, pero en cada caso se presupone una respuesta del Estado para neutralizar tal amenaza.

Los gobiernos suelen invocar a la seguridad nacional para conseguir sus propósitos o despropósitos. Uno de los más conocidos fue el del presidente Richard Nixon de enjuiciar a los diarios The New York Times y The Washington Post por revelar los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam.

Cuando se publicaron, la Casa Blanca argumentó que los periódicos ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque la guerra estaba en curso. El caso llegó a la Suprema Corte y los jueces constitucionales estadunidenses resolvieron que se trataba de un asunto de interés público en el que prevalecía el derecho a la información, además de que el gobierno de Nixon no pudo demostrar en qué se afectaba la seguridad nacional.

Si la justicia mexicana declara que la construcción de un aeropuerto es un asunto de seguridad nacional, nos podría alejar más de los Estados modernos.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay un hartazgo persistente en el país por la inseguridad. En la mayoría de las entidades federativas, encabezando la Ciudad de México y el Estado de México, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es demasiado alta.

Y si en algunos lugares, Guerrero entre ellos, podemos presumir que el índice de violencia ha disminuido, eso no significa que el problema está resuelto, y que falta mucho para que los mexicanos nos podamos sentir seguros incluso en nuestra propia casa.

Salir de copras, de antro, de vacaciones, ir al banco, e incluso ir a la escuela por los hijos, se ha convertido en ocasión de estrés por la percepción de violencia.

Mientras hay todavía autoridades que mostrando cada día más alejamiento e insensibilidad social, que se atreven a minimizar el problema de la inseguridad y violencia que tienen asolada a la población, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viene a confirmar que la escalada delincuencial sigue siendo el problema número uno del país, y de muchos estados.

¿Qué es lo que mide esta encuesta? Tiene algunos indicadores, que en suma resultan útiles para medir qué tanto ha cambiado la sensación o percepción de inseguridad entre la gente, lo cual es importante porque es lo que realmente impacta desde el punto de vista político y social.

Esa es la realidad cotidiana y cada vez se tiene mayor cercanía con víctimas de delitos (algo que antes era esporádico), de todos aquellos afortunados que no viven aún la traumática experiencia de ser agredidos o afectados en su patrimonio; o, lo más grave, tener desaparecido o haber perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.

Si somos honestos, esto anula toda credibilidad a cualquier balance gubernamental que diga que están cumpliendo como deberían para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

El gobierno federal sabe que esto apenas comienza. Que la Guardia Nacional es un proyecto todavía inacabado, y que si bien se tienen altas expectativas por este modelo, no significa que será algo fácil, sobre todo si desde los estados y municipios no se hace lo propio; o, lo que es peor, si se hace todo lo contrario, como sucedió en Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República ya investiga un grave caso de la ejecución extrajudicial de 8 personas, en lo que fue una bien planeada puesta en escena para hacerlos parecer como delincuentes.

Guanajuato, Veracruz y Jalisco, están que arden. Y la Ciudad de México y el Estado de México, que antes tenían cifras moderadas, son ahora pasto de grupos antagónicos que se pelean los territorios a sangre y fuego, pero donde también se da el mayor número de feminicidios y desapariciones.

Jalisco es caso aparte. Como estado sede del CJNG, los altos niveles de percepción de inseguridad de 78.9 por ciento que revela la ENVIPE son totalmente comprensibles. Ahí se dan continuos desafíos de las mafias a las autoridades, que van desde ataques orquestados a funcionarios de la Fiscalía, amenazas cumplidas a jefes policiales, la aparición constante de casas del terror en las que se secuestra, se tortura, se mata y se mutila.

Lo más reciente son las fosas clandestinas en Zapopan y Tala, donde se han encontrado en las últimas semanas casi 200 bolsas con restos humanos. Sin dejar de mencionar la aparición diaria de cadáveres por calles de todos los municipios del Área Metropolitana y las ejecuciones a plena luz del día y en los sitios más transitados, luego de los cuales, en rara ocasión hay detenidos.

Producto de toda la ineficiencia policial y de procuración de justicia, atrofiadas por los altos niveles de corrupción que provocan una impunidad casi absoluta, es, según la ENVIPE 2019, que 24.7 millones de mexicanos y uno de cada tres hogares haya sido víctima de algún delito, y que el costo de ello ascienda a 286 mil millones de pesos, que equivale al 1.5 por ciento del PIB y 6 mil 468 pesos per cápita.

El hartazgo por la impunidad se expresa en que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia y que prácticamente todos los actores públicos que tienen que ver en el tema de la seguridad estén reprobados en confianza ciudadana, a excepción de soldados y marinos. Los más corruptos son considerados los agentes de tránsito (76.6), jueces (68.4), policía municipal (67.9), ministerios públicos (62.3), Fiscalías (60.6) y la Policía Federal (55.2).

SISTEMAS METEOROLÓGICOS EN EL PAÍS QUE AFECTAN AL ESTADO DE GUERRERO, ESTE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

• Una línea de vaguada (área que presenta presión atmosférica más baja que la que le rodea), se desplazará a lo largo del interior del país, llegando incluso hasta el Estado de Guerrero, favorecerá un ambiente cálido durante el día y hasta los inicios de la noche en el área de su influencia.
• Una intensa y muy amplia circulación anticiclónica localizada en el Atlántico en el nivel de superficie favorece una muy ligera entrada de aire marítimo tropical hacia la porción oriental del territorio nacional.
• Un sistema de baja presión se localiza al sur de las costas del Estado de Michoacán, se mueve lentamente hacia el noroeste presenta tendencia a disiparse, favorece la entrada de aire marítimo tropical procedente del Pacífico hasta el nivel medio hacia la porción occidental de la entidad, principalmente, se mantiene en vigilancia.
• Indicios de formación de un sistema de baja presión se observan sobre la porción oriental del Golfo de Tehuantepec, debido a que se registran temperaturas del agua oceánica con un valor de 31 °C, presentaría potencial intensificación gradual en los siguientes días y con desplazamiento hacia el noroeste paralelo al litoral, se mantiene en vigilancia.
• La Zona Intertropical de Convergencia (zona donde confluyen los vientos Alisios de los hemisferios norte y sur), se localiza ligeramente al sur de las costas de los Estados de la vertiente del Pacífico Mexicano, refuerza ligeramente la condición anterior.
• Una circulación anticiclónica localizada en el nivel medio con centro sobre el Estado de Durango favorece el aporte de aire frío y seco sobre las porciones .oriental, centro y sur de la República Mexicana.
• Una intensa y muy amplia circulación anticiclónica localizada en el nivel superior con centro sobre el centro del país favorece estabilidad atmosférica limitada en la mayor parte del mismo, refuerza además el aporte de aire frío y seco sobre las porciones oriental, sureste, centro y sur.

Región Costa Grande: Durante las primeras horas de la mañana se registrará cielo nublado por nubes bajas, medias y altas, con probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas sobre la franja costera y tormentas locales aisladas frente a la misma en los inicios de este periodo, nublado por nubes altas, así como medios nublados aislados por nubes bajas y medias hasta mediados de la tarde e incrementándose gradualmente a cielo nublado después de este periodo sobre su porción norte, con probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas y tormentas locales dispersas, condición y potencial que se extenderá hacia su franja costera al final del día. Vientos del sur, variando al sureste de 10 a 15 km/h durante el día. Temperaturas máximas de 30 a 32 ºC, principalmente sobre su franja costera., excepto en el área de Atoyac en donde se registrarán de 32 a 34 °C.

Web: http://bit.ly/2m0qHK2

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