Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO. Un juez federal impuso la prisión
preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte a José Antonio Rico Rico, ex
presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y a su compadre José
Antonio Vargas Hernández, en la misma causa penal que tiene en la cárcel a Juan
Collado, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Jesús Eduardo
Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio
Norte, argumentó que el artículo 19 de la Constitución como en la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada tiene prevista dicha medida cautelar para el
ilícito que persigue.
Vázquez Rea
precisó que Rico y Vargas permanecerán presos en el Reclusorio Norte por lo
menos hasta que se determine si quedan o no vinculados a proceso por
delincuencia organizada y lavado de dinero.
“De ser
procesados, seguirá vigente la medida cautelar (…) pero no podrá exceder de
dos años, salvo en las excepciones que marca la propia ley o que la
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa. Si, cumplido este
plazo de dos años el proceso no ha concluido, serán puestos en libertad”,
dijo el juez.
A pedido de Rico y Vargas, el juez determinó duplicar a
144 horas el término legal para resolver su situación jurídica, por lo que
acordó celebrar el próximo domingo a la 9:00 horas la audiencia en la que
decidirá si los vincula o no a proceso por delincuencia organizada y lavado de
dinero.
La defensa de Vargas
pidió duplicar el término legal porque requirieron al juez citar a tres
personas en calidad de testigos, antes de que les definan la situación
jurídica.
Uno de ellos es
Sergio Hugo Bustamante Figueroa, el testigo estrella de la Fiscalía General de
la República (FGR), cuya denuncia del pasado 7 de junio es el origen de la
carpeta de investigación que hoy tiene tras las rejas al abogado Juan Collado
y, de momento, a Rico y Vargas.
Los otros dos
testigos que Vargas requirió son Jesús Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías
Cantú, quienes en el papel aparecían como accionistas de Operadora de Inmuebles
del Centro, la empresa que según la FGR simuló la venta del edificio sede de
Caja Libertad en la ciudad de Querétaro.
Tanto Cárdenas
como Frías ya declararon ante las autoridades que nunca fueron a ninguna
asamblea de la empresa inmobiliaria ni eran accionistas, es decir, desmienten
haberle dado a Vargas un poder de dominio para venderle el inmueble a Caja
Libertad en 156 millones de pesos.
Dichos testimonios
son los que hacen suponer a la Fiscalía que sus identidades fueron suplantadas
para concretar una compra venta fraudulenta.
El juez Vázquez
Rea acordó citarlos para la audiencia del próximo domingo y, aunque estos
últimos viven en Nuevo León y Bustamante en Querétaro, apercibió con imponerles
a los testigos una multa de 8 mil 449 pesos, en caso de que no asistan a la
diligencia judicial.
Por su parte, la
defensa de Rico dijo al juez que presentará como pruebas diversas sentencias de
juicios mercantiles civiles relacionadas con la Caja Libertad.
La audiencia
inicial de este martes inició a las 9:00 horas y culminó a las 15:00 horas,
después de cuatro recesos.
